Sentencia 4106 de noviembre 11 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

EXAMEN DE LA REGISTRABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS

EXTRACTOS: «Conviene dilucidar también el alcance de las atribuciones de las autoridades de registro, en cuanto al cumplimiento de sus funciones se refiere.

Sobre el particular, la Sala, en sentencia de 5 de noviembre de 1998, expediente 5134, con ponencia del consejero doctor Juan Alberto Polo Figueroa señaló, a propósito del examen de la validez de los actos jurídicos correspondientes a los documentos que sean objeto de registro público, que “la oficina de registro, (...) no puede ir más allá de verificar la naturaleza del acto y su registrabilidad y proceder de conformidad (D. 1250/70, arts. 22 a 38)” (subrayas no son del texto), con lo cual quiso hacerse claridad acerca de que tal examen de validez escapa a las respectivas autoridades de registro y que ello es asunto que debe llevarse ante las autoridades judiciales competentes.

Empero, en cuanto incumbe a las oficinas de registro, en los términos señalados, excluir la evaluación de la legalidad del acto registrado, en modo alguno significa que su actividad sea meramente mecánica o automática, despojada de toda valoración jurídica respecto del acto a registrar.

Por el contrario, la regulación pertinente contiene disposiciones que las habilitan para efectuar una valoración jurídica previa a la anotación respectiva, con miras a determinar precisamente “si la inscripción del título” es “legalmente admisible”, según preceptúa el artículo 37 del Decreto-Ley 1250 de 1970, así como determinar la naturaleza jurídica del acto con miras a su ubicación en la clasificación y columnas pertinente (art. 25, ib.) y, si procede su registro, según los términos del artículo 52 ibídem, de modo que la anotación se debe hacer según los resultados de dicha valoración, que se supone tiene lugar en la etapa de “calificación”, que es una de las cuatro etapas del procedimiento de inscripción descritas en el artículo 22 ibídem.

La Sala ha resaltado la expresión registrabilidad, en la cita precedente, justamente por implicar un juicio o un examen jurídico, habida cuenta de que en lo concerniente al registro de instrumentos públicos, la ley, de una parte, señala taxativamente cuáles son los que están sujetos a este registro (D. 1250/70, art. 2º); y, de otra que, para que tengan este carácter, es decir, para que se les pueda considerar como tales, deben cumplir o satisfacer formalidades o requisitos especiales en cada caso.

Así las cosas, la registrabilidad, entendida como la posibilidad de que un título o instrumento pueda ser registrado por las autoridades pertinentes, se instituye como una condición específica y restrictiva, que cualifica determinados documentos, o sea, no predicable de todos, de allí que ella requiera un examen jurídico, comporta un procedimiento de verificación de la misma.

Como tal, entonces, está sujeta o depende de determinados presupuestos, entre los cuales se encuentra el previsto en el artículo 52 del Decreto 1250 de 1970, atrás citado, consistente en que “para que pueda ser inscrito en el registro cualquier título se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del título antecedente, con los datos de su registro”.

Es tan imperativo el cumplimiento de dicho presupuesto, que el mismo precepto señala que “sin este requisito no procederá la inscripción, a menos que ante el registrador se demuestre la procedencia con el respectivo título inscrito”, aunque admita que “a falta de título, se expresará esta circunstancia con indicación del modo en virtud del cual el enajenante pretende justificar su derecho”.

En este orden de ideas, y en virtud de la “calificación”, a propósito de la cual debe hacerse el examen antes comentado, se hará la anotación en la columna que corresponda, de las seis que se indican en el artículo 7º ibídem, siendo necesario puntualizar para el caso, que la sexta se encuentra prevista para inscribir títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio».

(Sentencia de noviembre 11 de 1999. Expediente 4106. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

__________________________