Sentencia 41062 de agosto 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 577-2013

Rad.: 41062

Acta: 26

Magistrada ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil trece.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de Fanny de Jesús Fernández Vásquez y Eleazar de J. Agudelo Arango, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de diciembre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que les promovió Obed de Jesús Aristizábal Giraldo.

Antecedentes

Obed de Jesús Aristizábal Giraldo pidió la declaratoria de que existió contrato de trabajo entre el 22 de diciembre de 2001 y el mismo día y mes de 2004, y que se condene “en forma conjunta, solidaria o separadamente a Fanny de Jesús Fernández Vásquez y Eleazar Agudelo” a pagarle la pensión de “invalidez de origen común, retroactiva al 6 de diciembre de 2004”, con las mesadas adicionales y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; además reclamó el pago de cesantías, reajuste de intereses, primas, sanción por no cancelar las cesantías, el reajuste salarial, dominicales, festivos, horas extras, indemnización por despido injusto e ilegal por no solicitar permiso al Ministerio de la Protección Social. Subsidiariamente solicitó el reintegro, con el pago de los salarios y prestaciones hasta cuando sea reinstalado y las costas (fls. 2 a 10).

Afirmó que laboró como “garitero en el Club de Billares San Antonio” de propiedad de los demandados en el lapso atrás reseñado; fue despedido en forma unilateral e injusta, cumplía horario, devengaba $ 26.000 diarios, pero los domingos y festivos, $ 30.000; no le cancelaron horas extras, dominicales ni festivos; le pagaron sumas inferiores a las que tenía derecho por cesantías, intereses, primas y vacaciones; sin su autorización le descontaron $ 2.125.644, según consta en documento que firmó ante Notario, el 3 de enero de 2005; solo fue afiliado al ISS el 14 de abril de 2004; el 24 de mayo de ese año sufrió un accidente de tránsito por el que estuvo incapacitado 180 días; y la junta regional de calificación de invalidez le fijó una pérdida de la capacidad laboral del 54%; agregó que el ISS le negó la pensión por falta de cotizaciones (21 semanas en los 3 últimos años).

Los demandados aceptaron la existencia del vínculo laboral, pero aclararon que fue a partir del 12 de abril de 2004 y solo por 3 meses, conforme con el contrato de trabajo que anexaron; indicaron que entre el año 2001 y el 9 de abril de 2004, el establecimiento en el que Aristizábal Giraldo prestó sus servicios estaba arrendado a Wilson de J. Agudelo Fernández, “como consta en el contrato que se anexa”; que la terminación de la relación se ajustó a la ley “ya que por una parte la incapacidad laboral se postergó por más de 180 días, obligando a postergar todas sus prestaciones sociales a que tenía derecho hasta el 12 de enero inclusive, es de anotar que el contrato de trabajo inicial ya había terminado durante la incapacidad del demandante”; afirmaron que pagaron todas las prestaciones sociales y el salario era el mínimo legal, en “la forma estipulada en el contrato”; negaron lo de los descuentos en la liquidación de prestaciones; insistieron que la relación se inició “mediante un contrato de trabajo escrito a término fijo por un término inferior a un año (3 meses), desde el 12 de abril de 2004 hasta el 12 de julio de 2004 y lo único cierto es que mis poderdantes lo afiliaron al Sistema de Seguridad Social el 14 de abril de 2004” (lo subrayado es del texto); aceptaron lo del accidente de tránsito y que se le fijó una incapacidad del 54%. Se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones de falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y “temeridad y mala fe” (fls 39 a 46).

El Juzgado Laboral del Circuito de Bello (Antioquia), por sentencia de 22 de enero de 2008, luego de declarar la existencia de contrato de trabajo entre el “22 de diciembre de 2001 y el 12 de enero de 2005” condenó a los demandados a cancelar cesantías, intereses, primas de servicio vacaciones e indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; dispuso “autorizar a los accionados para descontar lo pagado al demandante por prestaciones sociales el 12 de enero de 2005”: Igualmente ordenó pagar la pensión de invalidez a partir del 6 de diciembre de 2004, conforme al salario mínimo mensual, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los incrementos de ley y las costas del proceso en un 90%. Absolvió de lo demás (fls. 99 a 108).

La sentencia acusada

Al resolver la apelación de ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo de 18 de diciembre de 2008, confirmó el condenatorio de primer grado, y revocó “en cuanto absolvió de la indemnización especial contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y en su lugar condena a los señores Eleazar de Jesús Agudelo Arango y Fanny de Jesús Fernández de Agudelo, identificados respectivamente con las C.C. 589.386 y 21.543.809 a pagar al señor Obed de Jesús Aristizábal Giraldo con C.C. 8.396.718 la suma de $ 2.289.000”. No impuso costas en la alzada (fls. 180 a 202 cdno. del tribunal).

El ad quem se refirió en forma extensa a las razones de inconformidad de los demandados y del actor. Luego de reproducir el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, de aludir a la Constitución Política de 1991, de mencionar los Convenios de la OIT, de acudir a fallos de la Corte Constitucional y de examinar en detalle el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, precisó que al demandante le fue fijada una incapacidad del 54% de origen común con fecha de estructuración del 6 de diciembre de 2004 y que fue despedido sin autorización del Ministerio de Protección Social “apoyándose en causal legal de despido, porque había sido incapacitado en forma continua por más de 180 días”, en tal sentido revocó “la decisión de primera instancia en cuanto absolvió de la indemnización contemplada en el artículo 26 citado, al haber sido despedido el demandante sin mediar autorización de la oficina de trabajo y no haberse demostrado que dicha limitación como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar y en su lugar se condenará a los demandados al pago de la suma de $ 2.289.000 que corresponden a 180 días de salario, al haber sido el último devengado la suma de $ 381.500”.

Al acometer el recurso de los demandados, quienes plantearon que hubo dos contratos: el primero, entre el 22 de diciembre de 2001 y el 9 de abril de 2004, Wilson de Jesús Agudelo Fernández, arrendatario del local, y el segundo “con los demandados entre el 12 de abril de 2004 y el 12 de enero de 2005”, precisó que los testigos Manuel de Jesús Ramírez Monsalve, Carlos González Cardona, León Augusto Jaramillo Medina, William de Jesús Arboleda Maya, Nicolás de Jesús Cartagena Durando, Guillermo Alberto Agudelo Torres y Fabio Alberto Rodríguez eran coincidentes “en lo relativo a la prestación de servicio del actor en el establecimiento de comercio “Billares San Antonio” desde el año 2001 como “Garitero” y que el dueño de los mismos es el señor Eleazar Agudelo, pero no existe coincidencia respecto al período comprendido entre el 22 de diciembre de 2001 y el 9 de abril de 2004, pues mientras los testigos de la parte demandada aseguran que en ese lapso de tiempo el empleador del demandante Obed de Jesús Aristizábal Giraldo fue el señor Wilson de Jesús Agudelo Fernández,(…) los testigos de la demandante, son acordes en señalar que lo fue el señor Eleazar Agudelo Arango”.

Aludió a la resolución por la cual el ISS le negó la pensión por invalidez, por no reunir las cotizaciones necesarias para ello y al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que le fijó al demandante una incapacidad del 54% con fecha de estructuración de 6 de diciembre de 2004; además reseñó la carta de terminación del contrato, el formulario de afiliación al ISS, el registro mercantil, la copia de la liquidación, el contrato de arrendamiento del local comercial, la liquidación de prestaciones sociales, el certificado de la EPS y el oficio del Ministerio de Protección Social, en punto a que no encontró autorización para despedir al demandante; luego consideró que “examinada en su conjunto la prueba documental y testimonial obrante al plenario, a la luz de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo encuentra esta magistratura que, no hay que entrar en mayores análisis en cuanto a si hay que darle valor probatorio al supuesto contrato de arrendamiento suscrito entre los demandados y su hijo Wilson de Jesús Agudelo Fernández o si hay lugar o no a darle credibilidad a su testimonio, para establecer que efectivamente no existió relación laboral alguna de éste último con el demandante Obed de Jesús Aristizábal Giraldo en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2001 y el 9 de abril de 2004, como lo pretende hacer creer la parte demandada, baste solo mirar que no se aporta documento alguno en que se demuestre vínculo laboral durante el referido período, vale decir, un recibo de pago de salarios, o de prima de servicios o de la liquidación de prestaciones sociales que asegura el señor Agudelo Fernández en su declaración le canceló al actor cuando finalizó la supuesta relación laboral, máxime si se tiene en cuenta que eran sus padres quienes iban a seguir de empleadores; no hay testigo alguno, ni indicio alguno del que se establezca o que se señale pago realizado al trabajador por parte del señor Wilson Agudelo, solo aporta un contrato de arrendamiento con el que se quiere probar una relación laboral, en el cual ni siquiera fue autenticado o registrado en la cámara de comercio, es más, no se aportó documento diferente a este contrato de arrendamiento —como por ejemplo pago de facturas de los productos que se expenden en los Billares San Antonio o de pagos efectuados a Sayco Acimpro, del cual se determine que para dicho período el señor Wilson Agudelo Fernández ejerciera como arrendatario del referido establecimiento del comercio y por tanto deducirse que ejerció como empleador del accionante”.

En suma, estimó que no se probó como correspondía que hubiera existido relación laboral del actor con el hijo de los demandados y por ello confirmó la determinación de primer grado, “en cuanto estableció que entre las partes existió una relación laboral entre el 22 de diciembre de 2001 y el 12 de enero de 2005”.

Finalmente indicó que como el accidente ocurrió el 24 de mayo de 2004 y el “vínculo laboral de las partes se inició desde el 22 de diciembre de 2001, debiendo de haber afiliado al actor a la Seguridad Social Integral desde esa fecha en ese orden de ideas procede la confirmación de la sentencia del a quo en cuanto condenó a la parte demandada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez”.

El recurso de casación

Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, propone la parte recurrente que se case la sentencia acusada para que en instancia revoque la del a quo y en su reemplazo absuelva a los demandaos de las pretensiones en su contra; igualmente solicitó “se revoque la sentencia de segunda instancia en cuanto revocó la de primera instancia que absolvió a los demandados de la indemnización especial”.

Con fundamento en la causal primera, formula dos cargos que no tuvieron réplica. Se estudiarán en forma conjunta por estar orientados por la misma vía, tener argumentos comunes y por permitirlo así el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Primer cargo

Acusa la sentencia por “violación indirecta, por interpretación errónea de los artículos 13, 230 de la Constitución Política y los artículos 18, 19, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; el parágrafo del artículo 54A del Código Procesal Laboral, artículo 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 252 del Código de Procedimiento Civil, en relación inmediata con los artículos 174, 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil, que rige según lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Le endilga al tribunal los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado sin estarlo, que entre las partes existió un contrato de trabajo que rigió la relación laboral de manera ininterrumpida desde el 22 de diciembre de 2001 hasta el 22 de diciembre de 2004.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante Obed de Jesús Aristizábal Giraldo, comenzó a trabajar bajo dependencia de la señora Fanny de Jesús Fernandez Vásquez, solo el 12 de abril de 2004, mediante un contrato a término fijo, siendo afiliado a la seguridad social el 14 de abril de 2004.

“3. No dar por demostrado estándolo, que el señor Obed de Jesús Aristizábal Giraldo en el periodo comprendido entre el 09 de agosto de 2001 y diciembre de 2003 laboró de manera ininterrumpida en el establecimiento de comercio Club de Billares San Antonio, para el señor Wilson de Jesús Agudelo Fernández, quien era arrendatario de dicho establecimiento”.

Como pruebas erróneamente apreciadas señala el contrato de arrendamiento entre los demandados y Wilson de Jesús Agudelo Fernández, el interrogatorio del demandante y los “testimonios aportados tanto por el demandante como por los demandados”.

En la demostración, luego de copiar en todo su contexto las consideraciones del tribunal, asegura que “la verdad real del proceso es radicalmente distinta a la que creyó establecer dicho sentenciador. El acervo probatorio es diametralmente opuesto a lo que dedujo el ad quem, en cuanto estableció que entre las partes existió una relación laboral entre el 22 de diciembre de 2001 y el 12 de enero de 2005”.

Aduce que el Tribunal en forma equivocada desestimó el contrato de arrendamiento al decir que “ni siquiera fue autenticado o registrado en la cámara de comercio”, porque conforme a lo dispuesto en el artículo 54A. del Código Procesal del Trabajo “en todos los procesos laborales, salvo en los ejecutivos, los documentos presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal”, por lo que es equivocado considerar que para darle validez debió registrarse en la cámara de comercio; indica que el artículo 28 del Código de Comercio, de manera taxativa, refiere los actos jurídicos que deben inscribirse en el registro mercantil y allí no están contemplados los contratos de arrendamiento sobre establecimientos de comercio.

Expone que el referido contrato de arrendamiento “es un documento auténtico, al tenor del artículo 252 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 54A del Código Procesal Laboral, habida cuenta que fue reconocido y ratificado su contenido en el proceso por el arrendatario Wilson de Jesús Agudelo Fernández y por ende se constituye en una prueba calificada susceptible de control de legalidad en sede de casación”.

Sostiene que también se equivocó “en la apreciación de la prueba testimonial allegada por el demandante, al tomar solo lo favorable a éste y desconocer lo favorable a las excepciones de los demandados, lo cual se deriva de las propias y protuberantes contradicciones de los testimoniales”. Enseguida se refiere y reproduce en lo pertinente las declaraciones de Carlos González Cardona, Manuel de Jesús Ramírez Monsalve, Fabio Alberto Rodríguez Zapata, Nicolás de Jesús Cartagena Durango, Wilson de Jesús Agudelo Fernández, León Augusto Jaramillo Medina y William de Jesús Arboleda Maya para concluir que “el ad quem, hizo pues, una apreciación errónea de las declaraciones de los testigos y del documento contentivo del contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio Billares San Antonio, allegado al proceso por los demandados y además cometió la grave e inexcusable omisión de no cotejar dichos medios probatorios con otros documentos que reposan en el expediente, que son el contrato a término fijo inferior a un año suscrito entre Obed de Jesús Aristizábal y Fanny Fernández de A., ante dos testigos (fl. 47), copia del formulario de afiliación al ISS en pensiones (fl. 28) contratos de arrendamiento suscritos entre los accionados y Guillermo Alberto Arboleda Torres (fls. 49 y 50 a 55), certificado de Salud EPS (fl. 82) y oficio 28501 expedido por el ISS (fls. 83 a 85), en donde se corrobora gran parte de lo referido en dichas pruebas, y de manera principal lo expuesto por los demandados tanto al contestar la demanda como al absolver el interrogatorio de parte”.

Segundo cargo

Formula la acusación por violación indirecta de la ley, bajo la modalidad de “aplicación indebida” de idénticos preceptos a los contenidos en el primer cargo; los errores de hecho son exactamente iguales a los plasmados en aquel y por ende no hay necesidad de repetirlos.

La demostración básicamente es similar a la ya exhibida en punto a demostrar que el juzgador de segundo grado “no hizo esfuerzo alguno por analizar la fuerza o alcance probatorio que tenía cada una de las pruebas, lo cual es comprensible respecto de algunas, no siéndolo respecto de las mencionadas, que contrariamente a lo afirmado por el tribunal si dan cuenta de que apenas en abril 12 de 2004, se celebró un contrato de trabajo entre el accionante y la señora Fanny Fernández de A., siendo afiliado a la seguridad social en mayo 14 de 2004 y desmienten lo asegurado por el señor Obed Aristizábal de que había ingresado a laborar al servicio de los demandados desde el 22 de diciembre de 2001 hasta el 22 de diciembre de 2004”. Bajo ese entendido, no se repetirán los argumentos consignados.

Se considera

El alcance de la impugnación en parte, es impropio porque si se casa la sentencia como lo pide la censura, ésta desaparece jurídicamente, por lo que no es posible pedir a la vez que “se revoque la sentencia de segunda instancia en cuanto revocó la de primera instancia que absolvió a los demandados de la indemnización especial”.

La “interpretación errónea” es una de las modalidades propias de la vía directa, en la que se debe partir de la total conformidad del recurrente con los hechos que encontró probados el tribunal; en esa medida, el primer cargo “por violación indirecta” bajo la modalidad indicada, no es viable en la forma propuesta en tanto mezcla fundamentos jurídicos con críticas en la evaluación probatoria. Es más, se debe recordar que los testimonios señalados por la parte recurrente por su equivocada apreciación, no son pruebas calificadas en casación del trabajo para evidenciar un error de hecho, al tenor del artículo 7º de la Ley 16 de 1968, salvo que previamente se hubiera demostrado el o los errores con pruebas aptas para ello.

El juzgador sustancialmente consideró que “no se aportó documento alguno en que se demuestre vínculo laboral durante el referido período, vale decir, un recibo de pago de salarios, o de prima de servicios o de liquidación de prestaciones sociales que asegura el señor Agudelo Fernández en su declaración le canceló al actor cuando finalizó la supuesta relación laboral” y más adelante recabó que “no se aportó documento diferente a éste contrato de arrendamiento – como por ejemplo pago de facturas de los productos que expenden en los Billares San Antonio o de pagos efectuados a Sayco y Acimpro, del cual se determine que para dicho período el señor Wilson Agudelo Fernández ejerciera como arrendatario del referido establecimiento de comercio y por tanto deducirse que ejerció como empleador del accionante”. De ese modo, la censura le correspondía desvirtuar las inferencias del Tribunal, quien dentro de su libertad de valoración probatoria (CPT y SS, art. 61) prefirió unos testimonios y fueron ellos y las demás pruebas “en su conjunto”, las determinantes en la decisión.

De otro lado, debe advertirse que el contrato de trabajo “a término fijo inferior a un año” (3 meses), a partir del 12 de abril de 2004, suscrito entre el actor y los demandados que obra a folio 47, que la censura señala como prueba inapreciada, por si solo no desvirtúa la inferencia del ad quem, quien con fundamento en otras probanzas, en especial los testimonios, concluyó que el demandante laboró para los accionados del 22 de diciembre de 2001 al 12 de enero de 2005. Tampoco tiene esa virtualidad la copia del formulario de afiliación del demandante al ISS, fechado el 14 de abril de 2004, que obra a folio 28, en tanto al estimar que en verdad existió una relación laboral desde el año 2001, era ese aspecto el fundamental para derivar las condenas por virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

En el certificado de la EPS “Saludcoop” consta que Obed de Jesús Aristizábal Giraldo fue afiliado por la empresa “Club de Billares San Antonio” el 6 de abril de 2004 (fl. 82), esto es, 6 días antes de la fecha consignada en el contrato de trabajo precedentemente aludido (12 de abril de 2004), lo que corrobora la deducción del juzgador de segundo grado en punto a que la relación laboral era anterior al día en que supuestamente inició el contrato laboral por 3 meses.

Del contrato de arrendamiento de folio 49 no se extrae error de hecho alguno, pues más bien deja sin soporte el de trabajo por 3 meses, puesto que si los demandados contrataron al accionante para laborar en los billares mencionados a partir del 12 de abril de 2004, no se entiende como ese mismo día dieron en arriendo dicho local a “Guillermo Alberto Arboleda Torres” con C.C. 98.589.347, por el término de 6 meses fijándole entre otras obligaciones la siguiente: “los impuestos de industria y comercio y los de Sayco y Acimpro serán cancelados o pagados por el arrendatario”.

El otro contrato de arrendamiento al que alude la censura como inapreciado (fls 50 a 54) no reviste importancia para el recurso, porque el mismo registra que la demandada “Fanny de Jesús Fernández” le alquiló el local donde funcionan los “Billares San Antonio”, a Guillermo Arboleda Torres por el término de 1 año, a partir del 28 de febrero de 2005; el documento examinado es inane para desvirtuar la inferencia del ad quem ya que está por fuera del límite temporal precisado, muy a pesar de que en la cláusula 12, el tomador del local “Guillermo Arboleda Torres, declara tener otro contrato por el concepto del bar situado dentro del mismo local, firmado el 12 de abril de 2004”.

Tampoco surge desatino alguno del oficio que un auxiliar administrativo del Ministerio del Trabajo remitió al juzgado, informándole que “no se encontró solicitud presentada por Fanny de Jesús Fernández Vásquez y/o Eleazar Agudelo, solicitando autorización de despido del trabajador Obed de Jesús Aristizábal”, pues ello fue lo que señaló precisamente el ad quem.

Los cargos no prosperan.

Sin costas en casación, toda vez que no hubo réplica.

La Sala advierte que en forma equivocada se reconoció personería jurídica para actuar en este proceso al abogado Hermes Robinson Galeano Buenaventura (fl. 9), sin tener en cuenta que el poder hace relación a un proceso diferente al que ahora es objeto del recurso extraordinario. En esa medida, por secretaría de esta Sala, procédase a desglosar los documentos que obran de folios 4 a 8 del cuaderno de la Corte, para que se remitan al expediente que corresponda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 18 de diciembre de 2008, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso instaurado por Obed de Jesús Aristizábal Giraldo contra Fanny de Jesús Fernández Vásquez y Eleazar de J. Agudelo Arango.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.