Sentencia 4109 de febrero 16 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRUEBA DE LAS RELACIONES SEXUALES

MEDIANTE CONFESIÓN FICTA

EXTRACTOS: «1. Sabido es que la Ley 75 de 1968, en tanto fue en esencia concebida como un estatuto destinado a modernizar las normas que desde la expedición de la Ley 45 de 1936 regulaban la reclamación judicial de la filiación paterna extramatrimonial, introdujo cambios de significativa importancia en el sistema probatorio que esta última implantaba en la materia, consistiendo uno de tales cambios en hacer descansar dicho sistema sobre genuinas presunciones legales de paternidad, una por cada “causal” de las seis que en la actualidad señala aquella ley en su artículo 6º. En otras palabras, a raíz de la mencionada reforma pasó a cumplir en este campo una función de primera línea la noción técnica de la “presunción legal”, de suerte que basta en verdad un rápido repaso de la misma y de los principios fundamentales que la informan para concluir que, al haberlos pasado por alto, resultan por completo equivocados los argumentos que constituyen la espina dorsal del cargo en estudio.

a) Siguiendo de cerca a Domat y Pothier, cuyas enseñanzas respecto del tema aparecen por cierto reflejadas con singular claridad en el artículo 66 del Código Civil, es usual decir de las presunciones que son juicios lógicos del legislador o de los jueces por virtud de los cuales, de la existencia de un hecho de antemano reconocido como cierto según los medios autorizados, se deduce en general —si de presunciones legales se trata— o para el caso específico de un determinado pleito —en el evento de las llamadas presunciones simples o de hombre— la existencia de otro hecho distinto que es preciso demostrar. Toda presunción supone, pues, un antecedente conocido, un razonamiento intelectual y un hecho que por fuerza de este último se “deduce”, razonamiento que como acaba de señalarse, puede aparecer realizado previamente en mandatos positivos expresos que “...son de derecho estricto...” (G.J. Tomo LXVIII, pág. 753) en cuanto la presunción no puede desplegar sus efectos sino en la medida en que “precisamente” se den las circunstancias que esos mismos mandatos tomaron como base para establecerla, o bien ofrecerse aquél como fruto del trabajo del juez que, frente a las particulares exigencias de juzgamiento de cada litigio, lleva a cabo inferencias indiciarias a favor o en contra de la verosimilitud de los hechos que son allí materia de prueba.

b) En este orden de ideas, las presunciones son de dos clases, legales y simples o judiciales, al paso que las primeras pueden presentar a su vez dos modalidades diferentes según que admitan o no prueba en contrario, factor este de conformidad con el cual se las divide en presunciones legales en sentido estricto o “iuris tantum” y presunciones de derecho y por derecho (iuris et de iure), con lo que viene a quedar puntualizado que estas últimas más se entrelazan con las ficciones y por lo tanto no guardan relación inmediata con las reglas que gobiernan el peso de la prueba en el proceso civil, mientras que aquéllas es exactamente en este ámbito donde tienen su campo de acción, toda vez que gracias a ellas la parte a quien benefician se libera de la carga que entraña la demostración del hecho presumido, siempre en el entendido que su finalidad no es otra distinta a imprimirle seguridad a situaciones que con justicia y fundamento pueden suponerse existentes, pero sin que de manera tajante quede excluida la posibilidad de probar con variable amplitud contra ese hecho a cuya certeza se llega mediante la presunción.

c) Así, tratándose de las presunciones legales propiamente dichas, relativas o “iuris tantum”, que sin duda encuentran expresivo ejemplo en las consagradas por el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, y en procura de evitar lamentables confusiones respecto del modo como funciona el mecanismo probatorio que en ellas va envuelto, forzoso es distinguir con rigurosa precisión entre los hechos “base” en que la presunción se asienta y aquellos que se “deducen” al aplicarla por obra de un raciocinio del cual es autor el legislador directamente y cuya exactitud no tiene que demostrar quien en su favor la invoca. Los primeros, es decir los antecedentes o circunstancias en que se apoya una presunción legal corriente, ha de probarlos “debidamente” la parte interesada (arts. 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil) pues de lo contrario la proposición enunciada en la ley y que determina el contenido de dicha presunción, quedará eliminada, mientras que de lograrse esta prueba se habrá acreditado así mismo la vitalidad que la ameritada proposición tiene en el marco de un supuesto litigioso concreto, vitalidad que no es de suyo invencible en tanto que, no obstante ser ciertas aquellas circunstancias antecedentes, resulta admisible establecer la “falsedad” de la presunción rindiendo prueba contraria capaz de infirmarla de acuerdo con la ley, esto por cuanto la fuerza de la operación lógica de carácter normativo que a la presunción le es inherente, no es indefectiblemente idéntica en todos los casos; “...La presunción legal —explicaba acerca de este particular el Dr. José Vicente Concha— admite en los casos ordinarios prueba en contrario; es entonces una simple interpretación o una explicación de los hechos que desaparece cuando se llega a demostrar que los hechos mismos no existen. Por lo común, cuando la presunción es sólo de primer grado, el único objeto que la ley se propone es hacer considerar ciertos hechos como la señal aparente del derecho, por ejemplo, la posesión como signo de propiedad; pero sin prohibir la prueba en contrario. A veces, no obstante, sin que se considere la presunción como verdad absoluta, es de tal naturaleza que no es posible admitir contra ella cualquier clase de prueba. En materia de legitimidad, por ejemplo, la prueba contraria a la regla de que el hijo nacido durante el matrimonio tiene por padre al marido, no se admite sino en caso de imposibilidad física comprobada...” (Elementos de Pruebas Judiciales. Cap. XXII).

d) De esta manera y por lo que toca con la presunción de paternidad instituida en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, presunción fundamentada como se sabe en las relaciones sexuales extramatrimoniales sostenidas entre la madre y el presunto padre en la época en que pudo ocurrir la concepción según los términos del artículo 92 del Código Civil, los principios recién rememorados no sufren excepción. Una cosa es el hecho presumido que en la hipótesis viene dado por la filiación paterna objeto de investigación, y otra bien diferente por cierto las condiciones fácticas necesarias para poder apoyar la aludida presunción, es decir la existencia de ese trato carnal concluyente y además ubicado temporalmente que constituye la razón de ser del razonamiento normativo en que dicha presunción consiste y a cuya demostración es factible arribar mediante cualquier forma de confesión judicial atribuible al señalado padre, ello en el entendido que una confesión de este linaje, a diferencia de la “extrajudicial” que contempla en su numeral 3º el mismo artículo 6º de la Ley 75, no versa en realidad sobre el vínculo paternofilial que el progenitor confesante acepta inequívocamente en escrito del que es autor, sino sobre hechos de otra naturaleza que al legislador, ateniéndose al orden normal de los acontecimientos humanos, le bastan para inferir dicho vínculo e imponerlo de modo preceptivo con las consecuencias en el terreno de la carga de la prueba que líneas atrás se dejaron apuntadas. Y es precisamente en consonancia con este criterio que la Corte ha sostenido, contra el parecer del recurrente en la especie de esta litis, que como es apenas obvio suponerlo, “las relaciones sexuales determinantes de una paternidad natural son susceptibles de prueba por confesión...”, evento en el cual agrega, “la confesión puede ser tanto judicial como extrajudicial...” (casación civil de 29 de abril de 1977, sin publicar), luego debe concluirse entonces que la confesión ficta registrada por el tribunal ad quem en la sentencia cuya casación se persigue, cumple la exigencia del numeral 3º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil desde la perspectiva de su admisibilidad.

2. De otro lado es indispensable recordar, frente a la tesis impugnativa planteada, que según lo establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, la confesión es provocada cuando surge del interrogatorio que formule la otra parte o el juez, observando siempre los requisitos legales; este tipo de confesión se torna en ficta o presunta cuando el interrogado se niega a responder las preguntas que se le hacen, da respuestas evasivas, o simplemente no asiste a la audiencia respectiva, eventos estos en los cuales, de no mediar preguntas asertivas admisibles contenidas en un cuestionario escrito, se presumen ciertos los hechos susceptibles de dicha prueba y alegados por la otra parte en la demanda o la contestación según el caso. Sobre los efectos de la no comparecencia al interrogatorio la Corte señaló en sentencia de casación del 24 de junio de 1992 que “cuando la confesión no es espontánea sino que el juzgador, en acatamiento del precepto recién citado —artículo 210 del Código de Procedimiento Civil—, la declara ocurrida respecto del litigante que no obstante haber sido citado en debida forma, deja de comparecer sin justo motivo a absolver el interrogatorio formal cuya práctica se dispuso a instancia del adversario, esa confesión tiene la significación procesal de una auténtica presunción de las que en lenguaje técnico se denominan legales o juris tantum, lo que a la luz del artículo 176 del Código de Procedimiento Civil equivale a decir que invierte el peso de la prueba, haciendo recaer sobre el no compareciente la obligación de rendir la prueba contraria pues de no hacerlo, las secuelas de la presunción comentada, que es presunción acabada y en buena medida definitiva respecto de la verdad de los hechos confesables afirmados por quien pidió interrogar —bien en cuestionario escrito, si lo hubo, o bien en el escrito rector correspondiente (demanda o contestación)—, naturalmente redundarán en contra de aquél”.

Se trata, pues, de un medio artificial de convicción que tendrá la misma fuerza que a las confesiones reales y verdaderas se les atribuye, en la medida en que, de un lado, no exista dentro del proceso prueba en contrario (art. 201 del Código de Procedimiento Civil), y de otro, que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 195 ibídem específicamente para validez de toda prueba por confesión, desde luego junto con los generales que para la producción regular de cualquier medio probatorio trae la ley procesal civil, además de lo cual es preciso tener en cuenta que cuando dicha confesión ficta se produce por la no concurrencia del citado, debe dejarse testimonio escrito de ello en el proceso para que, con apoyo en esa constancia, pueda la parte que acudió a formular el interrogatorio hacerlo valer contra su contradictor como prueba suficiente de los hechos que soportan sus pretensiones o defensas —según el caso—, siempre y cuando, dentro de los tres días siguientes a aquel en que debía concurrir, quien debía absolver el interrogatorio no haya probado siquiera sumariamente que no pudo hacerlo por motivos justificados (art. 209 ejusdem).

Son los anteriores requisitos, junto con la aptitud legal de la confesión para demostrar ciertos hechos, los que constituyen los aspectos determinantes de la eficacia, formalmente hablando, de la prueba consistente en la confesión ficta o presunta».

(Sentencia de casación, febrero 16 de 1994. Expediente 4109. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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