Sentencia 41125 de mayo 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41125

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL 345 -2013

Acta Nº 15

Bogotá D.C., quince de mayo de dos mil trece.

EXRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente debe anotarse que en el trámite del recurso casación, mediante proveído del pasado 6 de febrero de 2013, se tuvo como sucesor procesal del demandado Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” (fls. 77 y 78, cdno. de la Corte).

En segundo lugar, conviene recordar, que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala, que tal como lo expresan las entidades opositoras, el escrito con el que se pretende sustentar la acusación, contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen la prosperidad del cargo propuesto, y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, las cuales se pasan a detallar:

1. El alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda de casación, en el que se debe pedir a la Corte con la mayor claridad posible lo que se pretende de ella, está mal formulado, por cuanto la censura solicita casar las sentencias de primera y segunda instancia, cuando es sabido que en el recurso extraordinario solamente es procedente dirigir el ataque contra la decisión del tribunal, a no ser que se trate del recurso per saltum previsto en el Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social artículo 89, que está orientado al fallo de primer grado, lo cual no es el caso que nos ocupa. Lo anterior no puede tenerse como un lapsus calami del censor, dado que en los errores de hecho propuestos insistió en cuestionar lo resuelto tanto por el juez a quo como por el juez de apelaciones.

Del mismo modo, se está pidiendo que una vez quebradas las sentencias acusadas, entre ellas la del juez colegiado, en sede de instancia se proceda a revocarlas, confundiendo de esta forma la labor que le compete a esta corporación, pues infirmado el fallo de alzada no es posible revocarlo por haber desaparecido jurídicamente, determinación esta que debe orientarse exclusivamente en relación a la decisión de primer grado.

2. Con respecto a lo que el recurrente denominó como “errores de hecho”, el primero relacionado con el reproche de la aplicación que hizo el a quo del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 260, sin tener en cuenta que esa normativa había sido derogada por la Ley 100/1993, artículo 289, que llevó a omitir aplicar los “acuerdos 224 de 1966 artículo 11 y 29 de 1983 artículo 1º” y así otorgar o liquidar la pensión de vejez no solo teniendo en cuenta lo cotizado, sino el tiempo servido a las entidades bancarias demandadas; el segundo referente a que aplicar una norma derogada que desapareció de la vida jurídica, desconoce tanto lo preceptuado en la Constitución Nacional artículos 48 y 53 que consagran el “principio de favorabilidad”, como la Ley 100 de 1993 artículos 11 y 289 que aluden a los “derechos adquiridos”; y el tercero relativo al desconocimiento de la Ley 100 de 1993 artículo 57, que faculta al ISS para ejercer cobro coactivo a los bancos convocados al proceso, debe decirse que, antes que yerros fácticos, comportan discernimientos jurídicos ajenos a la vía escogida, que se debieron plantear por la senda adecuada, que corresponde a la directa.

Aquí resulta pertinente anotar, que en el “error de hecho”, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la colegiatura pero en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que de verdad está acreditado en los autos. Lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial; todo lo cual no se acató en esta oportunidad.

3. La censura relacionó como generadores de los supuestos yerros fácticos endilgados, la pieza procesal que atañe a la sustentación del recurso de apelación de la parte actora (fls. 223 a 236) y la prueba documental concerniente a la Resolución del ISS 000804 del 22 de noviembre de 2001 (fl. 32) y la historia laboral del demandante ante el ISS (fl. 31), respecto de las cuales afirmó que el tribunal no las examinó y por ende las desconoció, o no las tuvo en cuenta.

Empero, sucede que el juez colegiado sí apreció tales medios de convicción, pues vista la motivación de la sentencia impugnada, fueron resueltas las inconformidades del impugnante de acuerdo a lo planteado en la sustentación del recurso de apelación que se sintetizó; igualmente hizo expresa mención a la Resolución 804 de 2001, para colegir el número de semanas cotizadas al ISS por el actor, que consideró insuficientes para poder acceder a la pensión de vejez y de ella también derivó el otorgamiento en su lugar de la indemnización sustitutiva; y así mismo valoró la historia laboral del demandante en el ISS, aun cuando enfatizó en la obrante a folios 199 y 200, por estar más actualizada que la de folio 31 y por contener el total de semanas cotizadas y convalidadas que ascendió a “567.5714”.

Entonces el recurrente se equivocó al enrostrar la inapreciación de la pieza procesal y pruebas documentales en comento, debiendo haber acusado su errónea valoración.

4. En la sustentación del cargo, la censura para nada se ocupó de explicar en qué consistió la violación de la ley sustancial, acorde con el sendero por el cual encaminó el ataque, como tampoco indicó de qué manera incidió en contra de lo decidido por el fallador de alzada, la apreciación equivocada o la falta de valoración de la pieza procesal del recurso de apelación o de las dos únicas pruebas documentales que fueron denunciadas. Se circunscribió a argumentar que el tribunal desconoció el principio de favorabilidad, la condición más beneficiosa y los derechos adquiridos del demandante, así como las normas que guían la práctica de la prueba y la aplicación del principio de congruencia, aspectos todos ellos que en la forma como están planteados son más jurídicos que fácticos. Además, el recurrente no realizó ningún esfuerzo, para tratar de demostrar desde el punto de vista fáctico un verdadero error de hecho atribuible al tribunal, que debe ser manifiesto y ostensible.

Lo precedente también deja al descubierto que el desarrollo del ataque contiene una mixtura indebida de géneros de violación de la ley sustancial, que son excluyentes, por razón de que la vía indirecta lleva a la existencia de uno o varios yerros fácticos, mientras que la senda directa a un error jurídico, debiendo ser su formulación tanto como su análisis diferentes y por separado.

5. La censura no cumplió con la carga de controvertir todas las pruebas en que se soportó el tribunal, entre ellas “el historial de ingresos base liquidación que en copia obra a folios 193-194” y que le sirvió para corroborar el número de semanas realmente cotizadas por el actor al ISS.

Tampoco controvirtió por la vía adecuada todos los razonamientos de la segunda instancia, como sería el que atañe a que no era posible considerar para efectos de conceder la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 artículo 12, el tiempo laborado por el demandante con anterioridad a su inscripción o afiliación al ISS que data del 15 de abril de 1968, después de que comenzó la cobertura en la ciudad de Ibagué, por no tener a esa fecha cumplidos los diez (10) años de servicio que refieren los reglamentos del ISS y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral. Al igual que no discutió el raciocinio de que “no hay pensiones compartidas con menos de 10 años de servicios al momento de iniciar su cobertura el seguro”, que se estableció con base en un pronunciamiento jurisprudencial anterior.

En tales condiciones, los razonamientos comentados y los demás que se extraen de las pruebas inatacadas, quedaron libres de ataque, lo cual se erige como suficiente para que continúe con firmeza, claridad y certeza el fallo censurado.

De suerte que, como lo ha sostenido esta corporación en múltiples ocasiones, resultan exiguas las acusaciones parciales, porque los raciocinios y medios de convicción no cuestionados mantienen incólume lo resuelto por el ad quem, al quedar en pie la sentencia impugnada con dichos pilares, conservando la decisión la presunción de legalidad que la caracteriza.

6. Finalmente, conviene agregar, que el censor presenta una argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo, la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (casación de abr. 18/69), lo cual en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención a la Sala no se acató.

Así las cosas, los supuestos fácticos determinados por el tribunal no se lograron desvirtuar, principalmente que el demandante nació el 4 de abril de 1941 y cumplió los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2001; que laboró para Bancolombia S.A. en dos periodos, el primero del 8 de enero de 1957 al 29 de febrero de 1960 y el segundo desde el 25 de agosto de 1961 al 31 de mayo de 1969; que trabajó también para el Banco del Comercio, del 31 de mayo de 1970 hasta el 30 de marzo de 1979; que la cobertura por parte del ISS en la ciudad de Ibagué inició el 28 de marzo 1968; y que la afiliación del citado trabajador al riesgo de IVM o pensión se produjo a partir del 15 de abril de 1968, habiendo alcanzado a cotizar un total de 567,57 semanas.

Por lo anterior, la discusión queda reducida a si es posible para efectos de la aplicación del Acuerdo del ISS 049 de 1990, sumar los tiempos de servicios al sector público o al privado, en relación con los lapsos de prestación de servicios anteriores al 15 de abril de 1968 y que no fueron cotizados por falta de cobertura. Aun cuando el cargo figura orientado por la vía indirecta, de llegar la Corte a actuar con extrema laxitud y rescatara la argumentación jurídica que aparece allí planteada, y decidiera darle curso al ataque bajo el entendido de que está encauzado por la senda del puro derecho, tampoco tendría vocación de prosperidad, por lo siguiente:

Partiendo de que la “pensión de vejez” que se solicita a través de esta acción judicial, lo es conforme a las prerrogativas consagradas en el régimen anterior, por virtud de la transición de que goza el demandante, que corresponde al Acuerdo 049 de 1990 artículo 12, aprobado por el Decreto 758 de igual año, en armonía con la Ley 100 de 1993 artículo 36, se tiene que bajo esta normatividad resulta improcedente acumular cotizaciones con tiempo de servicios, pues los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de prima media con prestación definida, no contemplan tal posibilidad y ello solo vino a ser factible con la expedición de la Ley 100 de 1993, lógicamente con el cumplimiento de los presupuestos del artículo 33, modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 9º.

De ahí que las 567 semanas cotizadas por el accionante al ISS durante toda su vida laboral, son insuficientes, pues se requiere para acceder a la prestación por vejez como mínimo 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Igualmente, cabe aclarar, que para que el Instituto de Seguros Sociales pueda compartir el pago de una pensión de jubilación al otorgar la prestación por vejez, es menester que la jubilación hubiere estado a cargo del “empleador”, siendo de (sic) cuenta de este únicamente el “mayor valor”, si lo hubiere, entre la pensión de vejez y la jubilatoria que se venía cancelando (Acu. 049/90, art. 16), mas no le corresponde el pago de un “cuota parte”, como si contribuyera en la financiación de una pensión en proporción a los servicios prestados por el trabajador, pues tratándose de la prestación de tales servicios antes de Ley 100 de 1993 y de la jubilación dispuesta en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 260 a subrogar por el Instituto de Seguros Sociales (CST, art. 259), no se prevé la cancelación de cuotas partes. Al respecto, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 4 de agosto de 2009, Radicado 36599, se reiteró “(...) que antes de la Ley 100 de 1993, existía la pensión de jubilación para trabajadores particulares, dispuesta en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo; la cual fue luego subrogada en el Seguro Social, a partir del 1º de enero de 1967; pero aquella solo se adquiere si se satisface los requisitos y no hay en su texto, la opción de pago de una cuota parte o de la “cuota pensional” a la cual aspiraba el accionante. De allí que no se puedan derivar consecuencias que no prevé el propio precepto legal, cuya aplicación se reclamó, se repite, el Código Sustantivo del Trabajo”.

Por último, es preciso agregar, en lo que respecta a la Ley 71 de 1988, que tampoco tendría aplicación en el sub examine, comoquiera que es también reiterada la posición de la Sala, de que no es posible bajo su regulación sumar tiempos de servicios no cotizados, tal como se dejó sentado en sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 7 de mayo de 2008, Radicado 32615, que se ha venido reiterando en varias ocasiones, en los siguientes términos:

“(...) La denominada pensión por aportes creada por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, fue una institución novedosa que permitió a las personas que acreditaran aportes a la seguridad social privada y a la seguridad social pública, los cuales no le daban derecho a la pensión de vejez o a la pensión de jubilación en cualquiera de los dos sistemas, para que acumularan dichos aportes con el fin de que adquirieran su derecho pensional con veinte años (20) de aportes sufragados y edad de cincuenta y cinco años (55) años si era mujer o de sesenta (60) si era hombre.

Acorde con la ley, es requisito indispensable para adquirir dicha pensión especial, la acreditación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en el Instituto de Seguros Sociales o en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial o municipal.

Lo anterior sin que se deje de tener en cuenta que por aportes debe entenderse aquella parte del salario con que empleadores y trabajadores debían cotizar o bien al Instituto de Seguros Sociales o bien a una o varias de las mencionadas entidades de previsión social con la intención de ir conformando un capital que en el futuro permita el reconocimiento pensional.

Para el asunto de marras, es dable anotar que no se refirió para nada el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotización o pago de aportes, lo que indicaba claramente que la exigencia para acceder a la pensión eran los aportes y no los tiempos de servicios en los cuales no se cotizó.

Ahora, como el mencionado artículo 7º dejó en manos del Gobierno Nacional la reglamentación sobre los términos y condiciones para el reconocimiento de esa prestación, así como también la determinación de las cuotas partes que pudieran corresponder a las entidades involucradas, el Decreto 1160 de 1989, expedido con esa finalidad, fue perentorio en señalar en su artículo 21 que no se computaría como tiempo para acceder a la pensión por aportes, “el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todo los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege”.

La anterior previsión fue reiterada en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, estatuto este que derogó los artículos 19 a 29 —salvo el parágrafo del artículo 22— del Decreto 1160 de 1989, cuyo capítulo II reglamentó inicialmente la denominada pensión por aportes”.

Por todo lo dicho, el cargo se desestima por lo inicialmente expresado.

De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo del demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió triunfante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de marzo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario promovido por Cristóbal Triana López contra el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, respecto del cual operó la sucesión procesal con la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, Bancolombia S.A. y el Banco de Bogotá S.A.

Costas del recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».