Sentencia 41165 de julio 31 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado Acta 244

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Corte ratificará el fallo apelado y resolverá la impugnación bajo los lineamientos del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, esto es, se ocupará exclusivamente de los aspectos objeto de inconformidad y, de resultar necesario, extenderá su competencia a los que resulten inescindiblemente ligados a aquellos. Las razones son las que siguen:

1. En principio, la Sala debe precisar que la jurisprudencia ha decantado una línea de pensamiento uniforme, de acuerdo con la cual la acusación, que comprende la imputación fáctica y la imputación jurídica, constituye un acto complejo que, respecto del componente fáctico, debe permanecer inalterable en los actos de imputación, escrito de acusación, formulación de esta y alegatos finales al culminar el debate oral, y, en la jurídica, se conforma como un todo con la fijación hecha en el escrito acusatorio, en la audiencia de formulación de acusación y en los alegatos finales, encontrándose habilitada la Fiscalía a realizar modificaciones a la calificación jurídica, siempre y cuando, al hacerlo, respete el núcleo básico de la imputación fáctica.

2. En ese contexto, la queja relativa a que la acusación no relacionó como normas manifiestamente infringidas las de la Ley 1095 del 2006 no está llamada a prosperar, además de que no coincide con lo realmente acaecido en el trámite judicial.

(I) Lo fáctico, esto es, la expedición por el juez acusado del Auto 1261 del 26 de abril de 2010 con el que, en forma manifiestamente contraria a la ley, concedió la libertad a 13 personas, que, sindicadas de narcotráfico, se encontraban legalmente detenidas, no solamente siempre fue relacionado en esas condiciones, sino que fue el objeto de todos los actos procesales.

(II) La imputación jurídica, que es el centro de inconformidad del recurrente, no obstante que, según acaba de reseñarse, podía ser modificada por el delegado de la Fiscalía, no lo fue y en todas las intervenciones que conforman el acto complejo acusatorio se hizo alusión expresa a las disposiciones que se echan de menos.

Incluso, en la audiencia de imputación el ente acusador señaló como disposiciones desconocidas de manera evidente por el juez acusado las del estatuto que regula la acción pública del habeas corpus, esto es, la Ley 1095 del 2006. Igual, hizo alusión expresa, con cita y análisis, a los artículos 17 y 454 procesales, que el señor defensor dice solamente fueron relacionados en el fallo.

(III) La investigación, el juicio y las sentencias, con las intervenciones de las partes, entre ellas, la defensa, en todo momento versaron sobre la concesión irregular del amparo, habiéndose dado lectura en forma reiterada a la providencia ilícita, la que, de necesidad, se apoyó precisamente en la Ley 1095 del 2006. Por tanto, al relacionarse la decisión, indefectiblemente era señalado ese estatuto, que, además, mal podía desconocer el procesado, no solamente en su condición de abogado y juez de la República, sino por cuanto con fundamento en él adoptó la determinación censurada.

(IV) Tampoco asiste la razón a la defensa respecto de que en el escrito acusatorio no hubo referencia a esa disposición, pues allí se lee que el auto del señor juez sindicado es “manifiestamente contrario a la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006”. Tampoco atina al censurar que los artículos 17 y 454 procesales no fueron relacionados allí, como que en la hoja 7 del escrito se lee:

“Afirmó el juez 21 civil municipal que la funcionaria... vulneró el principio de concentración, y para eso aludió al artículo 454 del Código de Procedimiento Penal vigente. Sobre el punto hay que decir que el principio de concentración consiste en que el juez se dedique a ese determinado caso (principio rector - art. 17 del citado código) y aquí la juez mencionada estuvo con dedicación completa...

El artículo 454 de la Ley 906 de 2004, sustento legal que utilizó el juez de habeas corpus para amparar derechos de los capturados, se refiere a un término de recesos... se trata de una norma específica para hacer comparecer un testigo... tema bien diferente de lo dilucidado en el caso presente...

Ahora, que se diga o se plantee vulneración al principio de concentración por el receso decretado por el juez de garantías a pedido de la defensa, tal afirmación va en contravía del artículo 17 de la ley 906 de 2004 que contempla en citado principio así: (...)”.

En la audiencia de formulación de acusación, que conforma un solo acto complejo con el escrito, la Fiscalía reiteró a espacio esos aspectos e hizo referencia extensa a las disposiciones aludidas, con citas textuales y análisis, lo cual, según acepta el propio impugnante, volvió a suceder en el alegato final (que igual integra el acto complejo acusatorio), contexto dentro del cual la censura queda sin soporte alguno.

(V) Resáltese que en la audiencia de acusación, luego de que la Fiscalía la formulara y por su propia iniciativa hiciera algunas aclaraciones, el juez de conocimiento corrió traslado en dos ocasiones a la defensa para que se pronunciara sobre los aspectos de esa acusación, esto es, sobre la imputación fáctica y jurídica, y en ambas oportunidades de manera expresa el señor apoderado dijo que no tenía observación alguna para hacer, pues “tengo claro la acusación y las aclaraciones del escrito”, de donde surge que tenía conocimiento diáfano sobre las normas infringidas por su representado, pues, en caso contrario, esa era la ocasión propicia para solicitar correcciones, aclaraciones o adiciones.

3. Resulta extraña y, por ello, inadmisible, la queja de la defensa sobre que el contenido de la providencia tachada de prevaricadora aparece ininteligible en algún aparte y que, por eso, no podía ser objeto de valoración.

Tal postura debe ser desestimada, en tanto, de una parte, la razón de ser del juicio, es precisamente lo argumentado en esa decisión judicial pública que jamás se dijo desconocer, y, de otra, que en la estipulación probatoria número 5, suscrita por el señor defensor y la Fiscalía, las partes acordaron y así fue avalado por el juez, “aceptar como un hecho probado la expedición del Auto Interlocutorio 1261 de fecha 26 de abril de 2010 expedido por el doctor Édgar Valderrama Varela juez 21 civil municipal de Cali, dentro del trámite de habeas corpus... Este hecho se pone a consideración... para que... sea admitido como si se hubiese probado en el juicio oral por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

De tal manera que si la defensa admitió como probada la expedición de la providencia tachada de ilegal, mal puede, a partir de que una copia no aparece con la nitidez que se esperaría, pretender su exclusión, sin que quepa hacer las distinciones que a última hora trae el recurrente, respecto de que lo estipulado fue el papel, mas no su contenido, como que lo uno carece de sentido sin lo otro.

No admite discusión que lo acordado entre las partes fue tener por probada la providencia censurada, esto es, su contenido, que además se lee con total nitidez en la fotocopia que se anexó al acta que recoge la estipulación.

4. En cuanto a que la Fiscalía no demostró la manifiesta contrariedad de la decisión judicial con el ordenamiento jurídico, cabe decir que ese desconocimiento palmario de la normatividad se hizo derivar de la confrontación del auto del 26 de abril de 2010 con el ordenamiento que la decisión dijo aplicar, aunado ello a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron las audiencias concentradas de legalización de registro, allanamiento y captura, de imputación y de imposición de medida de aseguramiento, que no solamente surgen evidentes de la simple verificación de los registros, sino que la parte defendida nunca ha cuestionado.

De esas circunstancias deriva incontrastable que la captura de los 13 sindicados fue legalizada dentro del término de ley y que, habiéndose dispuesto la Fiscalía a realizar la imputación y a impetrar la medida de aseguramiento (por los delitos de narcotráfico agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico), por petición reiterada y casi unánime de los 10 abogados presentes, quienes alegaron diversos motivos desde cansancio hasta malestares físicos, además de lo avanzado de la hora y el prolongado tiempo que se requirió dada la cantidad de intervinientes y lo complejo del asunto, la juez se vio obligada a suspender la vista para reiniciarla en la mañana siguiente.

Y en tal oportunidad, de nuevo se presentó dilación por las posturas reiteradas de procesados y defensores (repetición, a cada uno, de la imputación, recursos, aclaraciones), no obstante lo cual el 20 de marzo se realizó la imputación y se decretó la detención preventiva de los sindicados.

Como concluyó el tribunal, esos hechos probados, que la defensa no cuestiona, muestran la ostensible contrariedad de lo reseñado por el juez acusado en su decisión, como que dijo encontrar “preocupante el término de suspensión por más de trece (13) horas”, pero omitió relacionar que la captura fue legalizada en forma oportuna y que esa suspensión que dilató la concreción de los siguientes actos obedeció a pedido expreso de los defensores, eso es, para garantizarles sus derechos, de tal forma que lo que hizo el funcionario acusado fue beneficiar a los detenidos por actuaciones derivadas de su exclusiva culpa, y lo hizo casi que señalando que fue ella, la juez y no los acusados y sus abogados, la responsable del receso.

Por lo demás, como dedujo con acierto el tribunal, el juez acusado dejó de lado que el funcionario judicial llamado constitucional y legalmente a pronunciarse sobre estos temas decretó en forma legítima medida de aseguramiento en contra de los sindicados, y que ello lo hizo el 20 de marzo, esto es, más de un mes previo a su providencia de amparo (abr. 26), determinación que, además, fue objeto de apelación, sin que para ese entonces se hubiese resuelto la alzada.

Entonces, resultaba incuestionable que si, a modo de la acción de tutela, la de habeas corpus no está llamada a reemplazar los procedimientos de los jueces comunes ni a suplir los recursos ordinarios, mal podía el acusado concluir en una supuesta prolongación ilícita de la libertad, no solamente porque la medida de aseguramiento acababa de ser adoptada (luego no existía posibilidad de vencimiento de términos), sino porque las partes debían estarse a los instrumentos previstos en el procedimiento común, entre los cuales estaba la apelación ya interpuesta, o acudir ante un juez de control de garantías para reclamar la excarcelación e impugnar su decisión en el supuesto de que fuese adversa.

5. El la providencia censurada, el juez dijo apoyarse en una providencia de la Corte del 1º de octubre de 2009 (Rad. 32.634), pero sucede que el contexto real de esta lo que hace es demostrar que el acto reprochado sí desconoció la ley de manera ostensible. En ese entonces, dijo la Sala:

“De otra parte, es bien claro para la Corte que ante la grave omisión legislativa respecto de la fijación de plazos para ejecutar las dos mencionadas actividades procesales no puede colegirse que respecto de estas se cuente con un término indefinido. No. Procede aquí (y mientras el legislador regula normativamente el tema) imponer criterios de razonabilidad y ponderación (CPP, art. 27) con la mira de protección de la libertad individual y bajo esa teleología fijar hitos temporales para abrirle paso a una invocación del habeas corpus ante una eventual prolongación ilícita de la privación de libertad.

Así, entonces, la interpretación restrictiva de la normatividad; la abierta aplicación que hace la Corte del bloque de constitucionalidad (particularmente las dos convenciones antes reseñadas); la filosofía que guía el nuevo sistema respecto de la privación de libertad; el criterio de ponderación, y finalmente la propia Ley 906 de 2004 en cuanto señala que todos los días y horas son hábiles para adoptar decisiones, entre otras, las atinentes a aquella garantía fundamental, bien para imponerla, sustituirla o revocarla, son ingredientes que —conjugados— permiten a la Sala señalar que las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento deben llevarse a cabo dentro del plazo de treinta y seis (36) horas.

Desde luego que el término anterior cobija que obligatoriamente dentro de él se agote por lo menos la actuación relativa al control efectivo a la restricción a la libertad, para aplicar la sentencia de constitucionalidad condicionada referida al inciso 3º del artículo 2º de la Ley 906 de 2004 (Sent. C-163, feb. 20/08), para dar paso inmediatamente tanto a la formulación de imputación como —de ser procedente— a la solicitud de medida de aseguramiento.

Obviamente que la Corte es consciente que habrá casos en que por su complejidad (número de capturados, número de defensores, cantidad de delitos, naturaleza de estos, etc.) no puedan agotarse las tres actuaciones dentro del señalado plazo de las 36 horas, y que por tales circunstancias ese término se deba prolongar, evento en el cual a ello se puede y debe acudir en lo estricta y razonablemente necesario, pero eso sí —como se dejó sentado— bajo la condición de cumplir con el mandato del citado fallo de constitucionalidad” (lo resaltado no pertenece al texto original).

Nótese que la decisión que utilizó el acusado como soporte para ordenar la libertad, le imponía la carga de aplicar criterios de razonabilidad y ponderación en casos como el analizado que implicaban complejidad, dada la cantidad de procesados y defensores y de sus múltiples intervenciones y peticiones.

Pero lo que se muestra incontrastable es que desde la ponderación y la razonabilidad (que la decisión citada imponía el deber de aplicar) el juez ha debido negar el amparo en tanto esa suspensión (en la que se sustentó el amparo decretado) obedeció única y exclusivamente a garantizar derechos, como la dignidad humana tanto de los propios detenidos como de sus defensores, según súplica insistente y reiterada de casi todos estos.

6. Los lineamientos de la jurisprudencia, para la época de los hechos, tenían suficientemente dilucidado que, restringida la libertad personal de una persona, por mandamiento legal proferido por autoridad judicial competente, no procedía su restablecimiento a través del habeas corpus, sino que la excarcelación se imponía postularla en la actuación judicial respectiva, pues solamente agotados los mecanismos normales dentro del juicio ordinario, habría lugar a considerar la prolongación ilícita de la privación de la libertad. Nada de esto consideró el señor procesado, como bien se dice en el fallo atacado.

En esas condiciones, si, en gracia a discusión, el juez acusado consideraba que el instituto o la ley que lo reglamenta daban lugar a interpretaciones equivocadas, ha debido acudir a los lineamientos de la jurisprudencia, que no dejaban campo a incertidumbre alguna.

Así, en la Sentencia C-187 del 15 de marzo de 2006, que se pronunció precisamente sobre la exequibilidad del estatuto que regló el habeas corpus, la Corte Constitucional razonó:

“Podría ocurrir que al llegar este momento se dispusieran medidas que tuvieran por finalidad impedir la libertad de la persona beneficiada con la orden del juez de habeas corpus. El texto sub examine precisa que tales medidas son inexistentes. Sin embargo, es pertinente aclarar que el artículo 8º no establece la prohibición absoluta en el sentido de que la autoridad no podrá privar de la libertad a quien resulte beneficiado con la decisión del juez, sino que esta persona no podrá ser afectada con una medida restrictiva de la libertad personal, mientras las condiciones de ilegalidad o de violación de las garantías constitucionales no se restauren.

Acerca de la inexistencia de tales medidas y de la necesidad de restaurar las condiciones legales y las garantías constitucionales violadas, para permitir la privación de la libertad respecto de la persona beneficiada con la orden del juez de habeas corpus, esta corporación ha explicado:

“Desde una perspectiva constitucional, la tardía ‘regularización’ de una situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra lo cual se ha interpuesto el recurso de habeas corpus es inconstitucional.

Los artículos 28 y 29 de la Constitución establecen los requisitos mínimos para que una persona pueda ser privada de su libertad. Entre ellos se destaca la observancia de las formalidades propias de cada juicio. En materia de medidas restrictivas de la libertad es presupuesto legal de su existencia que estas sean dictadas dentro del término y según los requisitos legales, con anterioridad a la presentación de la solicitud de habeas corpus...

En efecto, el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal (D. 50/87), aplicable en este caso en consideración a la época en que ocurrieron los hechos objeto del proceso, establecía:

‘improcedencia del habeas corpus. En los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el habeas corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario’.

A contrario sensu, es procedente el otorgamiento del habeas corpus en el evento de verificarse las condiciones objetivas —captura ilegal o prolongación ilícita— violatorias del derecho a la libertad, si la petición elevada por el afectado es anterior a cualquier medida restrictiva que se dicte para impedir su libertad.

Adicionalmente, la ley establece la inexistencia de las medidas restrictivas de la libertad tendientes a impedir la efectividad del derecho de habeas corpus cuando este es concedido como consecuencia de una captura ilegal. El artículo 463 del anterior Código de Procedimiento Penal (D. 50/87) expresamente disponía sobre el particular:

‘Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del derecho de habeas corpus’” (lo resaltado es ajeno al texto).

No admite discusión que, en este caso, fue legalmente decretada la detención de los sindicados con mucha antelación a la decisión del juez, lo cual le imponía el deber de descartar el amparo.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de mayo de 2003 (Rad. 14.752) dejó en claro que la acción de habeas corpus únicamente puede prosperar cuando la violación a las garantías de la libertad proviene de actuación ilegal extra-procesal, “pues en tanto se controvierta el derecho a la libertad de alguien que esté privado de ella legalmente, tal discusión debe darse dentro del proceso”.

En otras decisiones, proferidas por la Corte con antelación a la aquí censurada, se hizo claridad de que la acción de habeas corpus, no obstante su carácter constitucional en protección de un derecho fundamental, en modo alguno podía ejercerse como un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo del proceso penal normal, de tal forma que no podía utilizarse para reemplazar al juez común (sent. de jun. 7/2007, Rad. 27.660).

Con mayor precisión, la Sala había advertido que, dado su carácter subsidiario, el amparo resultaba improcedente para discutir la libertad de quien había sido privado de ella en una actuación penal, esto es, que si la libertad personal fue afectada por decisión de quien tiene facultad para hacerlo y, ante este, el legislador estableció diversos medios de gravamen para lograr la corrección de sus yerros, surgía evidente que el habeas corpus quedaba por fuera de ese ámbito.

Más claro, la Corte dijo que a partir del momento en que al sindicado le era impuesta medida de aseguramiento, todas las peticiones relacionadas con su libertad debían elevarse y cuestionarse al interior del proceso, en tanto la acción constitucional no fue prevista para sustituir el trámite del proceso común, porque “resulta evidente la impertinencia de la acción interpuesta, pues de por medio está el respeto por la esfera de la jurisdicción penal ordinaria, donde aún se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación que se ha interpuesto contra el auto que denegó la solicitud de libertad”, lo que igual sucedió en el caso resuelto por el doctor Valderrama Varela (providencias de sep. 7/2000, ene. 25 y mar. 26/2007, rads. 14.153, 26.810 y 27.162, respectivamente).

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar, en lo que fue objeto de apelación, la sentencia del 12 de marzo de 2013, mediante la cual el Tribunal Superior de Cali condenó a Edgar Valderrama Varela como autor responsable de la conducta punible de prevaricato por acción agravado.

No procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».