Sentencia 412-08 de abril 17 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Rad. 110010327000200700025 00

Número interno: 0412-08

Magistrado Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Nelson Enrique Daza Ladino

Bogotá, D.C, diecisiete de abril de dos mil ocho.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el ciudadano Nelson Enrique Daza Ladino, solicitó que se declare la nulidad del Decreto 2800 de 2003 en su artículo 6º, por considerar que la base de cotización exigida a los trabajadores independientes vulnera el principio de igualdad.

Para resolver se

CONSIDERA:

Por reunir los requisitos legales habrá de admitirse la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpone el actor contra el artículo 6º del Decreto 2800 de 2003.

Como en capítulo separado se solicita la suspensión provisional de dicha norma a su estudio se procede.

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, son requisitos de la suspensión provisional: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda, o en escrito separado, presentado antes de que se admita esta. 2. Tratándose de acción de simple nulidad, debe acreditarse solamente una violación palmaria de disposiciones superiores invocadas, como fundamento de la acción, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

Se requiere pues, para la procedencia de la medida cautelar que prima facie, con el simple cotejo con las normas en que se ha debido fundar el acto, aparezca una violación, sin necesidad de extensas elucubraciones o razonamientos, que son propios de la decisión de mérito y no de una etapa preliminar como la que ocupa a la Sala.

Con base en lo anterior, se entra al estudio de la medida solicitada.

El Decreto 1295 de 1994, determinó la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales, incluyendo como beneficiarios en forma obligatoria a:

“1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos;

2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, y

3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para el cumplimiento de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, con la reglamentación que para el efecto se expida”.

Incluyó igualmente a los trabajadores independientes, como beneficiarios voluntarios, defiriendo la reglamentación en este aspecto al Gobierno Nacional.

En cumplimiento de la anterior disposición, se expidió el Decreto 2800 de 2003, el cual, en su artículo 6º, estableció la base de cotización para riesgos profesionales, en los siguientes términos:

“ART. 6º—Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes no será inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a veinticinco (25) veces dicho salario”.

Considera el actor, que con la anterior norma, se vulnera en forma flagrante el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, en cuanto esta última establece una base de cotización inferior a la señalada en la norma acusada.

Para efecto de decidir se tiene lo siguiente:

Es necesario aclarar en primer término, que si bien el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, está contenido dentro del capítulo relativo a las cotizaciones para el sistema general de pensiones, por remisión expresa del artículo 17 del Decreto 1295 de 1994, esas mismas bases de cotización son aplicables al sistema general de riesgos profesionales.

En efecto, dicha norma dispone:

“ART. 17.—Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones del sistema general de riesgos profesionales, es la misma determinada para el sistema general de pensiones, establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios”.

En las anteriores condiciones, es procedente la comparación entre una y otra norma, con el objeto de determinar si como lo precisa el actor, se incurrió en un exceso en la potestad reglamentaria.

El artículo 19 de la Ley 100 de 1993, que se considera vulnerado, estableció que en ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

Por su parte, la norma acusada ya trascrita, dispuso que la base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes, no sería inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las anteriores condiciones, a simple vista, se observa que el decreto acusado contradice lo previsto en la norma reglamentada, en cuanto al pretender establecer la regulación ordenada por la misma, excedió la facultad, fijando un mínimo que está por encima del que señaló la Ley y en esas condiciones procede su suspensión provisional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

RESUELVE:

1. Admítese en acción de nulidad la demanda presentada por Nelson Enrique Daza Ladino.

2. Notifíquese personalmente al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3. Notifíquese personalmente al señor procurador delegado ante esta corporación.

4. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.

5. Decrétase la suspensión provisional del artículo 6º del Decreto 2800 de 2003.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Jaime Moreno García—Alfonso Vargas Rincón.

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