Sentencia 41256 de septiembre 25 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41256

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 34

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 11 de marzo de 2009, dentro del juicio que le fue promovido a la recurrente por la señora María Elsy Gil de Ospina.

Antecedentes

La señora María Elsy Gil de Ospina instauró demanda ordinaria laboral con el fin de obtener que se condenara a la entidad demandada a reajustar su pensión, luego de que se actualizara el salario que sirvió de base para la liquidación de la pensión de jubilación de su difunto esposo, así como a pagar las diferencias que por concepto de mesadas pensionales dejó de percibir y los intereses moratorios.

Con tales fines, indicó que su cónyuge José Ramiro Ospina Florez le prestó sus servicios a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero desde el 17 de mayo de 1971 y hasta el 31 de octubre de 1991; que recibía un salario de $ 270.887.67, que equivalía a 5.24 veces el salario mínimo vigente para la fecha de terminación del contrato de trabajo; que a su difunto esposo le fue otorgada una pensión de jubilación por medio de la Resolución 205 del 28 de agosto de 1998, en cuantía inicial de $ 203.826, que fue posteriormente sustituida a su favor por medio de la Resolución 4338 del 2 de febrero de 2006; que el monto inicial de la prestación debió ascender a la suma de $ 1.068.048.24, que equivalían a 5.24 veces el salario mínimo vigente para la fecha de terminación de la relación laboral, por lo que la mesada sufrió una desmejora ostensible ocasionada por la devaluación monetaria, susceptible de ser compensada a través de la indexación, teniendo en cuenta los principios de justicia y equidad.

La demandada se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra. Aceptó como ciertos los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor José Ramiro Ospina Florez y su posterior sustitución a la demandante, en su condición de cónyuge supérstite. Frente a los demás, afirmó que no eran ciertos. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y cosa juzgada.

En su defensa, arguyó que la pensión concedida por la entidad ostentaba un carácter convencional y había sido liquidada de conformidad con los términos del acuerdo que le dio vida. Igualmente que, dada su naturaleza, a la prestación no le podían ser aplicadas las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993.

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C. profirió fallo el 24 de septiembre de 2007, por medio del cual condenó a la demandada a “(...) a reconocer como valor inicial de la pensión de jubilación reconocida a partir del 8 de julio de 1999, al señor Rodrigo Cetina Forero (sic) a la cantidad mensual de $ 465.105.90 cifra con base en la cual se deberá reajustar la pensión de sobrevivientes concedida a la actora María Elsy Gil de Ospina.” Le impuso igualmente el pago de las diferencias que se dejaron de percibir y la absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra.

Sentencia del tribunal

Luego de resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., a través de sentencia del 11 de marzo de 2009, modificó la emitida en la primera instancia y, en su lugar, condenó a la demandada “(...) a reajustar el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación al señor José Ramiro Ospina Florez, en la suma de $1.020.626.27”, así como a “(...) reajustar la mesada pensional de la señora María Elsy Gil de Ospina, en la suma de $719.825 y a pagar las diferencias por pensión a partir del 4 de noviembre de 2005, valor al que debe aplicar los incrementos legales en forma anual”.

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el tribunal estimó que el tema de la indexación de las pensiones de jubilación estaba mediado por un vacío legal, que se había venido supliendo a través de diversas fuentes; que “(...) la indexación de la primera mesada pensional no obedece a razones de mora y tampoco constituye una sanción o indemnización por el incumplimiento sino que obedece como respuesta a un hecho económico exógeno a las partes como es la inflación, que al desencadenar un desequilibrio económico en la relación entre ellas, por razones de justicia, equidad, debe operar.”; que en el interior de nuestro ordenamiento jurídico existían varias disposiciones encaminadas a paliar la devaluación de la moneda y a compensar sus efectos, además de que así lo habían asumido varias corporaciones judiciales. Trajo a colación la sentencia de la Corte Constitucional C-862 de 2006 y concluyó que “(...) resulta viable y ajustado a derecho que un trabajador solicite su actualización de las mesadas pensionales que recibe, cuando vea que el valor de estas va en detrimento de su patrimonio e incluso de sus intereses legales”.

Precisó, finalmente, que “(...) dado que el salario base de la liquidación de la pensión se envileció entre el 31 de octubre de 1991 (fecha de terminación del contrato) y el 8 de junio de 1998 (fecha de cumplimiento de la edad), tiempo que transcurrió para el reconocimiento del derecho, se hace necesaria la actualización de dicho salario con el fin de que la demandante reciba el equivalente a su mesada pensional real”.

El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la entidad convocada a juicio, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

Pretende el recurrente que se case en su totalidad la sentencia proferida por el juzgador de segundo grado y que, en sede de instancia, se revoquen los numerales primero, segundo y tercero del fallo emitido en la primera instancia, a la vez que se declaré probada, en su lugar, la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas.

Con tal propósito, formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.

Cargo único

Acusa la sentencia del tribunal por “(...) ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, error in judicando que llevó al sentenciador a infringir también por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, los artículos 1626 y 1627 del Código Civil”.

Para fundamentar el cargo, aduce el censor que “(...) el tema de la indexación de la primera mesada pensional y de las subsiguientes, cuando la pensión tiene origen convencional, no se encuentra regulado de manera expresa por norma alguna, ni en el terreno de la normatividad sustantiva laboral ni en ningún otro conjunto normativo que pudiera resultar aplicable.”; que ante la ausencia de un parámetro legal válido, debe tenerse en cuenta el carácter contractual de la prestación y, por ello, acudirse a las normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos, como los artículos 1626 y 1627 del Código Civil, que prescriben de manera diáfana el pago de los derechos allí pactados de acuerdo con el tenor literal del respectivo acuerdo, salvo que exista alguna disposición legal que establezca lo contrario; que “[c]omo quiera que no existen normas especiales sobre el tenor del pago de las mesadas pensionales correspondientes a una pensión de origen convencional, debe acudirse al criterio general del pago conforme al tenor literal, lo cual supone, ipso facto la exclusión de cualquier posibilidad de indexación.” Acude a algunas decisiones proferidas por esta corporación y concluye que “(...) la jurisprudencia ha considerado que el monto de las pensiones de carácter convencional, debe corresponder a lo acordado entre el empleador y los trabajadores en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo; monto que debe respetarse tal como quedó consagrado por las partes, pues fueron éstas quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación de dicho beneficio extralegal”.

La réplica

Manifiesta que el cargo no puede tener alguna vocación de prosperidad en la medida en que esta corporación recogió su posición en torno al tema tratado en el ataque, de manera tal que ahora admite la indexación de pensiones de jubilación pactadas en una convención colectiva de trabajo, causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991. Recalca, por otra parte, que dicha orientación ha sido defendida por la Corte Constitucional en decisiones que son de obligatorio cumplimiento.

Consideraciones de la Corte

El raciocinio fundamental del censor, en el que se soporta el ataque contra la sentencia impugnada, recae en que no resulta posible indexar los salarios tenidos en cuenta para la liquidación de pensiones convencionales, porque no existe alguna disposición legal que así lo establezca y, de cualquier manera, debe primar la autonomía de la voluntad materializada en la Convención Colectiva de Trabajo.

Dicho tema ya ha sido tratado y definido por la Corte en repetidas oportunidades, en el sentido de que, con arreglo a los principios que integran la Constitución Política de 1991, no existen razones válidas para negar la indexación de pensiones extralegales causadas durante su vigencia. En la sentencia del 31 de julio de 2007, Rad. 29.022, la Corte dejó sentada su posición de la siguiente forma:

“Valga recordar que ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta Corte venía disponiendo la indexación de la base salarial de la pensión extralegal y de la restringida de jubilación. Así por ejemplo lo definió en las sentencias del 8 de febrero, radicación 7996 y del 5 de agosto, radicación 8616, ambas de 1996. Sin embargo, posteriormente, dicha doctrina fue recogida, para negarla, principalmente, en la sentencia del 18 de agosto de 1999, radicado 11818.

“Luego, se admitió la reevaluación en comento, por mayoría de los integrantes de la Sala, sólo para los eventos en que se reclamaran pensiones con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, últimamente, también para las pensiones legales causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, según sentencia del 20 de abril de 2007, radicado 29470 y, más recientemente, en sentencia de 26 de junio de 2007 radicado 28452, en las que se utilizaron como soporte básico las decisiones de la Corte Constitucional del 19 de octubre y 1º de noviembre de 1996, radicaciones D-6247 y D-6246, respectivamente. De suerte que, ahora, ante los antecedentes citados, la corporación reexamina el tema propuesto, variando su tesis, por mayoría.

“Pues bien, el fundamento constitucional jurisprudencial referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis —según la cual la omisión del legislador no puede afectar a una categoría de pensiones, y a las que, por consiguiente, corresponde aplicarles la legislación vigente para otras, con el mecanismo de la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada—, es de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no corresponden, en rigor, a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, de la propia naturaleza humana del trabajador o también de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su vida laboral o, incluso, que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar.

“Es que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal, mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones legales.

“El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo anotado.


“Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento, porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.

“Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala reconocer procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los estudios de constitucionalidad efectuados en la Sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás referidos.

“Por consiguiente, el cargo prospera, y en este sentido, por mayoría, se rectifica la anterior posición jurisprudencial”.

Las anteriores reflexiones deben ser reiteradas en vista de que no existen razones válidas que conlleven a su reconsideración. Por ello, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación otorgada al señor José Ramiro Ospina Florez, posteriormente sustituida a la señora María Elsy Gil de Ospina, se causó en vigencia de la Constitución Política de 1991, el tribunal no incurrió en los errores jurídicos que se denuncian en el cargo, al disponer la indexación del ingreso base de liquidación.

Como consecuencia, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($ 6.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de marzo de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora María Elsy Gil de Ospina contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri BuenoJorge Mauricio Burgos RuizElsy del Pilar Cuello CalderónLuis Gabriel Miranda BuelvasCarlos Ernesto Molina MonsalveFrancisco Javier Ricaurte Gómez.