Sentencia 41267 de octubre 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41267

SL773-2013

Acta 34

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Es protuberante el defecto de técnica que se observa en la presentación del cargo principal en casación, dado que a pesar de que este se orienta por la vía directa, la cual presupone total y completa conformidad con las conclusiones fácticas y probatorias que tuvo en cuenta el tribunal para adoptar la decisión recurrida, el censor sin embargo, alude indebidamente a las pruebas del proceso, tales como las cláusulas de la Convención Colectiva de 1968, entre otras.

No obstante lo anterior, aun si se superara la referida irregularidad, y se asumiera el estudio conjunto de los cargos planteados, las acusaciones no tendrían vocación de prosperidad, en tanto que no se configura ninguna violación por parte del tribunal a las disposiciones legales denunciadas, tal y como pasa a destacarse a continuación.

En efecto, teniendo en cuenta la vía directa por la que se dirige la acusación, no existe discusión alguna en torno a que el demandante prestó sus servicios a las demandadas en calidad de trabajador oficial durante más de 10 años, por el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 1981 y el 1º de julio de 1995; que estuvo afiliado en el régimen de pensiones a la Caja Nacional de Previsión Social durante la vigencia de la relación laboral; que el contrato de trabajo terminó sin justa causa en la última de las fechas mencionadas. De ahí que ante era realidad fáctica, y a la luz de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, no le asiste el derecho al actor a que se le reconozca la pensión sanción pretendida.

Se afirma lo anterior, por cuanto el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, consagró tanto para trabajadores oficiales como particulares la pensión de jubilación, en sus dos modalidades a saber: pensión sanción en caso de despido sin justa causa y más de 10 años de servicio y menos de 20, continuos o discontinuos, y la restringida por retiro voluntario, con más de 15 años y menos de 20 de servicio. Esa normativa fue modificada para los trabajadores del sector privado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, pero se mantuvo para los trabajadores oficiales hasta la entrada en vigencia del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que nuevamente se refirió a unos y otros trabajadores y precisó, que a la pensión sanción tendrían derecho los no afiliados al sistema general de pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa fueren despedidos con 10 años o más de servicios.

En consecuencia, si bien es cierto que el trabajador laboró por más de 10 años y fue despedido injustamente el 1º de julio de 1995, cuando ya estaba vigente el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 por tratarse de un trabajador oficial del nivel nacional, es esta disposición legal la que regula su situación y no otra, tal y como tantas veces lo ha reiterado esta corporación, la cual dispone como exigencia para imponerle al empleador la carga de asumir el pago de la pensión sanción, el hecho de la no afiliación al trabajador al sistema general de pensiones, cuyo supuesto fáctico no se cumple en el sub júdice, por cuanto es un aspecto no controversial que el demandante estuvo en pensiones a la Caja Nacional de Previsión Social.

Ya la Corte en procesos de similares características a las que ocupan nuestra atención, en donde se han planteado situaciones idénticas a las presentes y contra los mismos demandados, en sentencia del 27 de junio de 2012, Radicación 40785, rememorando otras en igual sentido, dijo:

“Más recientemente, en sentencia del 4 de mayo de 2010, Radicado 35623, en proceso adelantado contra otra entidad oficial, en el que la extrabajadora demandó la pensión sanción con fundamento el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, reiteró la Corte:

‘Resulta un presupuesto fáctico de la decisión recurrida, que no cuestiona la censura, pues el único cargo de la demanda está dirigido por la vía directa, el que la actora fue despedida injustamente por la demandada el 27 de junio de 1999, cuando ya estaba vigente la Ley 100 de 1993, de manera que no incurrió en yerro jurídico alguno el tribunal, en cuanto estimó que la norma reguladora del derecho deprecado en el proceso, era el artículo 133 de dicho ordenamiento y no el artículo 74.2 del Decreto 1848 de 1969, pues en el punto específico a la pensión sanción, ha dicho la jurisprudencia de la Sala, no resulta aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la mencionada ley, que específicamente se refiere a la pensión de vejez’.

‘Ha sido consistente en sostener la jurisprudencia de la Corte que, a partir del 1º de abril de 1994, fueron derogadas por la Ley 100 de 1993, ‘todas las disposiciones que le sean contrarias’, y su campo de aplicación en los términos de su artículo 11, comprende: ‘... con las excepciones previstas en el artículo 279.’, a todos los habitantes del territorio nacional independientemente de que sean trabajadores privados u oficiales’.

‘Así las cosas, a la luz de la jurisprudencia antes citada y bajo el supuesto fáctico no discutido, según el cual el contrato de trabajo del actor concluyó el 30 de junio de 1994, cuando ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1993, es claro que el régimen de la pensión sanción se encuentra regulado por el artículo 133 ibídem, que para su reconocimiento y pago exige a más del despido injustificado después de haber laborado para el mismo empleador durante diez o más años de servicios y menos de quince, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la citada ley, la no afiliación al sistema general de pensiones por omisión del empleador, presupuesto este último que en el sub júdice no se cumple, como quiera que es un hecho indiscutido que el actor durante la vigencia de la relación laboral con

las demandadas, estuvo afiliado para pensiones en la Caja Nacional de Previsión Social’”.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de febrero de 2009, en el proceso que Pedro Pablo Sanabria Pardo promovió contra la Nación - Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías - Invías.

Costas como se dijo en la parte motiva. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».