Sentencia 41278 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 41278

SP8173-2014

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Aprobada acta 195

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Esta corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la sindicada contra el auto emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal.

2. La labor de la Sala se circunscribirá a examinar los aspectos de la decisión de primera instancia frente a los cuales el impugnante expresa inconformidad y a los tópicos inescindiblemente vinculados al objeto de la alzada, según lo define el artículo 204 del ordenamiento procesal precitado.

3. El problema jurídico a resolver se contrae a establecer si la Fiscalía violó los derechos al debido proceso y defensa que le asisten a la procesada, así como el principio de investigación integral, cuando: i) al cerrar la investigación, dejó de practicar algunas de las pruebas solicitadas por el defensor, las cuales, en su criterio, eran favorables a la sumariada y habrían evitado que se emitiera la resolución de acusación y, ii) haber decidido una petición de pruebas mediante auto de sustanciación.

4. La Corte comparte los argumentos expuestos por el tribunal, razón por la cual la decisión será confirmada, pues la Fiscalía 4º Delegada ante el Tribunal de Cali no incurrió en irregularidad alguna que afecte garantías fundamentales por las siguientes razones:

4.1. El principio de investigación integral o de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba, fue instituido en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia —antes de la reforma del A.L. 3/2002— y consagrado como norma rectora del ordenamiento penal adjetivo (L. 600/2000, art. 20 y 24), por el que se adelantó esta causa.

Dicha prerrogativa constitucional y legal si bien obliga al instructor a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, constituyendo para la defensa, una garantía del derecho a la prueba, por lo que su incumplimiento puede afectar el debido proceso y el derecho a la defensa, no implica que deban practicarse todas las pruebas solicitadas por las partes, sino apenas la necesaria para calificar, salvo aquellas de las que con nitidez y contundencia fluya que al recaudarse incidirían en el sentido de la decisión.

Así, conforme el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, el cierre de la instrucción procede cuando haya transcurrido el término máximo establecido en la ley para dicha etapa o “se cuente con la prueba necesaria para calificar”, valoración asignada por la ley de forma exclusiva y excluyente al Fiscal, sin más condicionamientos que su convicción razonable, sustentada en la evaluación del material probatorio existente, la cual no está supeditada al recaudo de todas las pruebas requeridas, como a continuación lo ha precisado la Corte, por ejemplo, en la CSJ SC, de 6 de marzo de 2008, Rad. 23754:

“El acto de calificación competía adoptarlo al Fiscal, de tal manera que a este, y solo a él, la ley asignó la función de sopesar en qué momento de la instrucción existe ‘la prueba necesaria para calificar’, esto es, para acusar o precluir (...).

De tal manera que si la potestad de valorar en qué momento obra la prueba suficiente para calificar la ley la delegó en el Fiscal, surge obvio que el acto de clausura, adoptado como consecuencia de esa razón, no puede ser tachado de ilegal, de lesivo al derecho de defensa o las formas propias de un proceso como es debido, en la hipótesis de la supuesta ausencia de una prueba, pues la apreciación sobre la existencia de suficientes elementos para calificar es tarea exclusiva y excluyente del Fiscal.

Resáltese que el legislador confirió al Fiscal esa facultad para que determinara la prueba apenas ‘necesaria’. No la totalidad, no la plena, sino la precisa, la esencial, la útil, la estrictamente indispensable con el fin de cumplir las exigencias del acto calificatorio.

La disposición legal tiene sentido, en la medida que la práctica de pruebas debe darse en su escenario natural, el juicio, delante de un juez imparcial” (negrilla fuera de texto).

Lo anterior señala que el cierre puede ser decretado, incluso, sin existir un pronunciamiento relativo a todas las pruebas solicitadas por la defensa, tan solo con las consideradas por el fiscal como indispensables para los fines exigidos en la etapa procesal.

Reiteradamente ha dicho la Corte:

“Conforme lo reconoce el impugnante, el cierre de la instrucción procede cuando se cuente con la prueba necesaria para calificar el mérito probatorio del sumario, o cuando haya transcurrido el término máximo establecido en la ley para dicha etapa del proceso.

Esto significa que no se trata de una decisión condicionada a haberse practicado por el funcionario de instrucción todas las pruebas ordenadas o que hubieren surgido de ellas; mucho menos todas aquellas cuyo recaudo fuere posible; tan solo a que se hubiere recaudado la prueba suficiente para impartir la calificación del mérito sumarial”(11).

Ello no significa que el fiscal, de forma caprichosa y arropado en tal prerrogativa, pueda desconocer el deber que tiene de buscar la verdad material bajo el imperativo de imparcialidad en la labor de recolección, formación y aducción de la prueba, y omita practicar pruebas contundentes para los intereses del procesado, pues vulneraría el artículo 20 de la Ley 600 de 2000 y de paso el debido proceso y al derecho de defensa, si, la prueba dejada de practicar, de forma objetiva y de plano desmiente los hechos atribuidos.

No obstante, tal irregularidad no se observa en este caso, porque los cuestionados testimonios del Dr. Arturo Escallón Bechara abogado de la querellada Marlene Muñoz Cobo, allegado como prueba trasladada, y los de Emma Elisa Urrutia y Carmen Nidia Popayán, recepcionados en la instrucción, respecto de los cuales en algunas oportunidades el recurrente dijo que no se habían practicado y otras veces señaló que estaban en el expediente pero no los pudo controvertir, sí reposan en las foliaturas, sin embargo, no se advierte por parte de la defensa ningún análisis que conlleve a establecer que su ampliación en la instrucción hubiera conllevado a precluir la investigación.

Además, porque la prueba que valoró la Fiscalía como necesaria para calificar es abundante, pues sumada a la anterior se contó con: i) las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia emitidas por el Consejo Seccional y Superior de la Judicatura; ii) copia de la queja suscrita por Emma Elisa Urrutia con destino a la Dirección Seccional de Fiscalías; iii) copia del acta de conciliación celebrada el 13 de enero de 2005 por la doctora Edith Muñoz Rodríguez; iv) copia de la Resolución 16 del 13 de enero de 2005 mediante la cual la Fiscal cuestionada dictó resolución inhibitoria y el archivo provisional de las diligencias; v) copia del dictamen de medicina legal realizado a Emma Elisa por las lesiones personales causadas que la incapacitó con 20 días definitivos y secuelas permanentes en el rostro y cuerpo; vi) fallo de tutela a favor de Emma Elisa Urrutia declarando nulidad de lo actuado a partir de la conciliación a fin de que la Fiscalía 46 Local restablezca el debido proceso; vii) indagatoria a Marlene Muñoz Cobo por el delito de lesiones personales siendo víctima Emma Elisa Urrutia; y la x) indagatoria a Edith Muñoz Rodríguez por el delito de prevaricato por acción.

En consecuencia, la Corte no observa irregularidad alguna, por el contrario, debe continuarse el camino procesal previsto en la ley, el cual cuenta con la etapa probatoria dentro del juicio, cuya función básica es permitir la discusión dialéctica sobre el marco fáctico, jurídico, conceptual y probatorio que se fijó en la resolución de acusación, en un plano de igualdad entre el funcionario que la había formulado, el fiscal, que en dicha fase adquiere la calidad de sujeto procesal, y la defensa.

Al respecto precisó la Corte:

“No discute la Sala que si se decreta una prueba dentro de la fase sumarial el ideal es que sea realizada. Pero cuando por cualquier razón ello no sucede, como pasó en el presente caso, esa circunstancia no le impide al instructor cerrar la investigación. Esta decisión es procedente cuando se cuenta con la prueba necesaria para calificar o se encuentra vencido el término de la instrucción, lo que sin duda alguna significa que legalmente no está previsto el absurdo de condicionar el cierre de la investigación a la producción de todas las pruebas ordenadas y de las que surjan de ellas. De todas formas, en la fase del juicio se cuenta con una nueva etapa probatoria, en la cual los sujetos procesales están facultados para solicitarle al juez que ordene y practique esas pruebas dejadas de realizar en la instrucción”.

De esta forma se concluye que por la censura arriba expresada no es dable retrotraer la actuación.

4.2. En cuanto al reparo conforme con el cual, mediante auto de sustanciación del 2 de febrero de 2012, el instructor rechazó las pruebas testimoniales solicitadas, sin darle la posibilidad de impugnar, contrariando el artículo 235 de la Ley 600 de 2000, irregularidad que afecta el derecho a la defensa y a la publicidad, motivo adicional para decretar la nulidad, es del caso advertir:

Que el auto no niega la práctica de los testimonios como lo afirma el recurrente, sino que consideró innecesario repetirlos por cuanto se encontraban anexados como prueba trasladada, veamos:

“En virtud que se han solicitado la recepción de algunos testimonios, el despacho observa que los mismos ya fueron practicados y que reposan en el proceso de la referencia, como pruebas trasladas, así que no es necesario repetir los mismos”.

Que si para el defensor tal decisión constituye una negativa, debió recurrir aunque el auto fuera de cúmplase, por cuanto la naturaleza de las providencias la define la ley y no el funcionario que la profiera.

Sobre el tema la Corte dijo:

“La naturaleza de las providencias la fija la ley y no el funcionario judicial que las profiera. Por consiguiente, contrario a lo conceptuado por el Ministerio Público, es claro que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 204, literal b), numeral 1º, del Código de Procedimiento Penal, la resolución que deniega la admisión o práctica de alguna prueba solicitada oportunamente, es susceptible de los recursos ordinarios, lo que implica necesariamente que es de carácter interlocutorio, ya que en ella se resuelven aspectos sustanciales atinentes a los medios de convicción (art. 179.2, ibídem).

Por lo tanto, si el fiscal o el juez, al denegar la práctica de un medio de prueba, lo hace mediante una providencia en la cual, en su parte final, consigna el término “cúmplase”, tal circunstancia no puede desconocer la naturaleza de la decisión ni, por ende, impedir a los sujetos procesales expresar su inconformidad mediante los recursos” (CSJ AP, 10 ag. 2000, rad. 12304).

Lo anterior denota que no se está en presencia de una irregularidad sustancial, sino de una simple e intrascendente informalidad, sin virtualidad para afectar el derecho de defensa.

En suma, el Tribunal Superior de Cali con su decisión no violó el debido proceso, defensa e investigación integral como lo alegó la defensa, motivo por el cual ha de confirmarse la decisión y ordenar se continúe con la actuación procesal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de fecha 17 de abril de 2013 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que negó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación inclusive, dentro de la actuación adelantada contra la ex Fiscal 46 Local de Cali EDITH MUÑOZ RODRÍGUEZ, acusada del delito de prevaricato por acción.

Contra la anterior decisión no procede recurso alguno.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Comuníquese y cúmplase».

(11) En el mismo sentido, sentencias de 29 de agosto de 2002, radicación 10863, y 29 de junio de 2005, radicación 17478. Así mismo, autos de 19 de enero de 2006, radicación 11773, 19 de agosto de 2009, radicación 27313, 28 de octubre de 2009, radicación 30097, y 15 de marzo de 2011, radicación 28436, entre otros.