Sentencia 41279 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41279

SL4110-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 11

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y se acojan las súplicas de la demanda inicial relativas a la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales de conformidad con la ley.

Con tal propósito formuló un único cargo, así:

Cargo único. Acusa la sentencia por:

Infringir directamente... los artículos 1º y 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 y por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 36 del mismo código, aplicables a los procesos del trabajo cuando se está atacando la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le reconoce una pensión de jubilación a un exfuncionario público por parte de una entidad pública, y en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, por falta de aplicación de dichas normas, así como también viola igualmente la ley sustancial, por aplicación indebida, de la ley sustancial contenida en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social...

En el desarrollo sostiene el censor que el tribunal incurrió en errores de aplicación y de interpretación legal, por cuanto a pesar de tener claro que el demandante fue un funcionario público y que quien profirió la resolución que se ataca como violatoria de la ley es una entidad de carácter público, aplica normas que regulan las relaciones entre particulares con abstracción de la normatividad que por su naturaleza rige las materias propias de los funcionarios que prestaron sus servicios al Estado.

Explica que la circunstancia de haberse asignado a la justicia ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos de la seguridad social de los empleados públicos, no significa que se cambien las reglas del juego para controvertir los actos administrativos.

Agrega que:

... las entidades públicas se dirigen a los particulares por medio de actos y hechos, pero por esos actos y hechos, son actos administrativos y hechos de la administración, y no dejaran de tener tales caracteres, por lo que por más que se cambie la jurisdicción competente para conocer de la legalidad o no de dichos actos de la administración. Puesto que bien puede el legislador radicar en cabeza de cualquier jurisdicción la competencia de conocer de tales litigios que tienen que ver con la legalidad de los actos de la administración, y no por ello dejaran de ser actos administrativos, sino que conservaran su naturaleza jurídica de ser actos administrativos y, por lo tanto es a dichas normas a las que hay que recurrir para darle solución al caso en estudio.

Es de allí, de donde se plasma de manera clara la interpretación errónea y la falta de aplicación de las normas enunciadas en que incurrió el tribunal autor de la sentencia, al plasmar en dicho fallo, de manera errónea, por falta de aplicación, que los artículo 36 y 136 del Código contencioso Administrativo no se aplicaban para solucionar la situación de la hoy demandante en el proceso de la referencia.

Después transcribe el impugnante algunos apartes de la sentencia de esta corporación CSJ SL, 16 nov. 2005, rad. 25.770, y afirma que es claro y craso el error de interpretación del tribunal.

Seguidamente refiere que hubo aplicación indebida de normas del Código Sustantivo del Trabajo, cuando debieron aplicarse los preceptos especiales del Código Contencioso Administrativo. Precisa que:

ese manejo de la determinación de la prescripción, que vale decir, últimamente ha sido materia de debate a nivel judicial, no es posible realizarlo, sin tener en consideración los aspectos que se recogen con la consagración constitucional de una especial protección del Estado al trabajo. Puesto que si bien se determinan las prescripciones de derechos económicos, también es cierto que en ello no podemos dar por incluidos los derechos individuales de la persona. Más aún cuando se refiere a reclamos en contra de entidades públicas de la seguridad social, a quienes siguiendo los postulados del Código Contencioso Administrativo, se les concede un plazo total y sin limitante alguna, para reclamar la revocatoria del acto que reconoció indebidamente o por fuera de la ley una prestación periódica.

IV. Consideraciones de la Corte

Previamente se ha de anotar que en la audiencia de 20 de noviembre de 2006 (fl. 69), donde se decidieron excepciones previas no se le dio prosperidad a la propuesta por la demandada relativa a la falta de jurisdicción y competencia, y ese aspecto no fue controvertido por las partes, ni planteado en el recurso.

1. Refiere el censor que por ser la entidad demandada de carácter público y haber tenido la reclamante la condición de empleada pública, no podían aplicarse las normas del Código Sustantivo del Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino los propios estatutos especiales. Este tema ya ha sido analizado por la corporación que en sentencia CSJ SL, 31 jul. 2012, rad. 41453 dejó plasmados los siguientes razonamientos que resultan plenamente aplicables al sub lite:

Ahora bien, al revisar la situación desde la óptica presentada en el ataque, esto es, que en el sub judice no podían aplicarse los artículos 488 de Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precisa recordar que, al punto, tanto la Corte Constitucional(1) como el Consejo de Estado(2), han adoctrinado tesis opuestas a la que sugiere el recurrente.

Ciertamente, las citadas corporaciones han enseñado que cuando el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las ‘leyes sociales’, debe entenderse que cobija también a los empleados públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes —las sociales—, abarcan el tema laboral, sin importar el estatus de trabajador oficial o de empleado público.

En efecto, dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:

‘(...) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, comoquiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no solo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su estatus.

‘En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código de Procedimiento Laboral y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no solo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales’.

Así las cosas, los ingentes argumentos de la censura tendientes a demostrar el error del juez de alzada por apoyar su decisión en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quedan sin fundamento.

2. No pasa desapercibido que incurre el censor en una contradicción al acusar los artículos 1º y 136 del Código Contencioso Administrativo por infracción directa, y los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Estatuto Procesal y de Seguridad Social por indebida aplicación, para luego afirmar de manera genérica que dichos preceptos fueron interpretados erróneamente en el fallo gravado.

El recurso de todas maneras no tiene vocación de prosperidad, por cuanto de conformidad con el criterio mayoritario de esta Sala de Casación, en el sub lite operó el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los factores salariales que debían integrar la base de liquidación de la pensión.

En sentencia CSJ SL, 31 jul. 2012, rad. 41453, la Corte dejó las siguientes enseñanzas:

Esas reflexiones son acordes con la línea jurisprudencial mayoritaria de esta Sala que actualmente impera, según la cual, si bien el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, sí se afecta por el fenómeno de la prescripción trienal la reclamación de la revisión y reliquidación del monto inicial del derecho pensional, a partir de la inclusión de nuevos factores salariales.

Lo anterior, se ha venido sosteniendo por esta Sala, desde la Sentencia 19557 del 15 de julio de 2003, incluso de manera reciente, entre otras decisiones, en las sentencias 39098 del 26 de julio de 2011, 36495 del 7 febrero y 43899 del 20 de junio, ambas de 2012, línea que ahora se ratifica al no tener elementos que lleven a su rectificación.

En efecto, según los supuestos fácticos establecidos por el tribunal y que se entienden admitidos en esta acusación de puro derecho, la pensión fue causada el 20 de abril de 1990 y su disfrute se hizo efectivo a partir del 1º de agosto de 1993 cuando se verificó el retiro del servicio, y la reclamación para la inclusión de nuevos factores salariales se hizo el 4 de enero de 2002, esto es, trascurridos más de los tres años a que hace referencia el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3. En cuanto al último aspecto abordado en el recurso, atinente a que en los eventos en que se discutan prestaciones periódicas de los empleados públicos ante la jurisdicción ordinaria, de todas maneras deben aplicarse las normas del Código Contencioso Administrativo que prescriben que los actos que reconocen dichas prestaciones pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares, de donde deriva el censor que según esa preceptiva en esos casos no procede la prescripción frente a factores salariales, ha dicho la Sala que ese entendimiento es equivocado por tratarse de cuestiones distintas. En efecto, una cosa es que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse sin límite en el tiempo, y otra diferente que por la inacción del aparato jurisdiccional en los términos establecidos en la ley, se configure el fenómeno de la prescripción de los factores salariales que debían integrar la base de liquidación de la pensión.

En sentencia CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 34.414, asentó la corporación:

Es indudable que la censura pretende que se aplique al asunto bajo examen el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los actos que reconozcan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares, respetando sin embargo las prestaciones pagadas de buena fe a los particulares. Con ello intenta, de paso, que no se aplique la prescripción frente a factores salariales, como lo tiene adoctrinado esta corporación, sino de aquellas mesadas que fueron afectadas con el paso del tiempo al no reclamarse oportunamente la inclusión de algunos elementos que eventualmente debieron conformar la base de liquidación.

Sin embargo, el hecho de que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse sin fijación en el tiempo, tampoco es extraño a la jurisdicción laboral ordinaria, pues el derecho público subjetivo de acción puede ejercitarse en cualquier tiempo, sin perjuicio, desde luego, de que aquellas prestaciones no reclamadas oportunamente, puedan verse afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción en caso de que la excepción correspondiente sea propuesta por quien pretenda beneficiarse de ella.

Así lo ha señalado la Corte Suprema, como puede verse, a manera de ejemplo, en la sentencia de casación del 6 de febrero de 1996, radicación 8188, en la que se dijo que expresó lo siguiente:

‘La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva, por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido —como obligación civil, mas no natural— por no haberse ejercido durante cierto tiempo’.

Entonces, no es la posibilidad de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos lo que fatalmente conduce a la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación...

4. Finalmente se ha de anotar, que no se trata de resolver asuntos de naturaleza pública con reglas del derecho privado como lo pretende presentar el recurrente, sino de dilucidar una controversia sobre el servicio público de la seguridad social en pensiones, bajo las reglas que se han venido decantando por la jurisprudencia de la corporación, a la cual la ley instituyó como sala especializada para conocer y resolver las controversias propias de una disciplina en que como bien se destaca en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, no tiene trascendencia la naturaleza del acto que decide sobre el otorgamiento de derechos, y en el que la condición jurídica derivada de las distintas formas de vinculación laboral desaparece para dar paso a categorías nuevas que son por las que se define el estatus de derechos, el de afiliado, vinculado o beneficiario del sistema de seguridad social.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de enero de 2009, en el proceso seguido por CRESCENCIA HINOJOSA DE HURTADO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL EICE.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, referencia: Expediente D-2391, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 165 de 1941. Actor: David López Suárez. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de febrero y julio 1º de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de 1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.