Sentencia 41281 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL 794-2013

Rad.: 41281

Acta: 37

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal, admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto en el ordinal primero decidió “Adicionar” la providencia del a quo y en su ordinal segundo “Modificó” el fallo de primer grado, para que una vez constituida en sede de instancia confirme la del a quo.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y enseguida se estudian.

Primer cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 7º y 8º de la Ley 71 de 1988.

Aduce que las violaciones se produjeron a causa de haber incurrido el tribunal en los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las cotizaciones que figuraban en la historia laboral (fls. 14 al 17) comprendían lo cotizado por el demandante en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

2. No dar por demostrado estándolo, que los aportes realizados en algunos períodos correspondientes a los años 1994, 1995, 1996 y 2002, no son suficientes para determinar el IBL del demandante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que lo cotizado por el accionante en algunos períodos de 1994, 1995, 1996 y 2002, no comprende la totalidad de lo cotizado por el demandante en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993”.

Dice que los anteriores yerros devienen de la equivocada valoración de la historia de cotizaciones obrante entre folios 14 al 17 del cuaderno del tribunal.

Para su demostración afirma el censor, que cuestiona de la sentencia del ad quem, el que haya calculado el IBL con unos cortos períodos de tiempo, no obstante tener claro que era con lo cotizado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993; que el juez plural, liquidó la prestación con los valores correspondientes a los ciclos efectivamente cotizados por el señor Morcillo Celis, correspondientes a los años 1994, 1995, 1996 y 2002, lo que es constitutivo de una equivocación grave, pues el IBL en este caso debía de liquidarse con lo aportado por el afiliado en los últimos 8 años, 6 meses y 16 días, tiempo este que era el que le hacía falta para adquirir el derecho, pues el fallador no se percató, al examinar el historial de cotizaciones del trabajador folios 14 al 17, que al tomar lo cotizado en los períodos 1994, 1995, 1996 y 2002, no se reflejaba lo aportado en los últimos 8 años, 6 meses y 16 días, por lo siguiente:

“En primer lugar, si se observa de manera correcta la historia de cotizaciones, fácilmente se determina que los períodos que tomó el ad quem (1994,1995, 1996 y 2002) no fueron cotizados de manera completa, sino que aparecen por cada año cotizados unos pocos meses, por ello no podía asumirse que el IBL del respectivo año era lo cotizado en esos pocos meses. Por ejemplo, para el año 2002, figuran cotizaciones por 7 meses; para el período 1996, solo figura enero; en el año 1995 aparecen cotizaciones por 4 períodos.

En segundo lugar, también es evidente, que como en la historia laboral no figuraban cotizaciones correspondientes a los años de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, al calcular el tribunal el IBL con lo cotizado en algunos períodos de 1994, 1995, 1996 y 2002, terminó liquidando la pensión con lo cotizado en unos cortos períodos de tiempo, lo cual no refleja lo cotizado por el afiliado en los últimos 8 años, 6 meses y 16 días o lo que es lo mismo, no refleja qué fue lo cotizado por el señor Morcillo, en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

Lo anterior lo condujo a una prestación que no corresponde a la realidad, toda vez, que cálculo el IBL con lo cotizado en unos cortos períodos, por lo tanto, la sentencia debe ser casada en este aspecto”.

Consideraciones de la Corte

Le corresponde a la Corte determinar si el tribunal en su tarea de concretar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor, beneficiario del régimen de transición de que trata el inciso tercero, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quien, para el 1º de abril de 1994, le faltaban menos de diez años para adquirir el derecho, aplicó indebidamente las normas denunciadas.

El ad quem, para los efectos indicados, tomó como base el promedio del salario sobre el que cotizó el actor, de manera ocasional durante algunos ciclos para cubrir el riesgo deprecado, entre el 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y el 20 de octubre de 2002, fecha en la que el demandante cumplió los 60 años de edad, y lo actualizó anualmente de acuerdo con la variación del IPC certificado por el DANE.

Sobre este aspecto, debe decirse, que tal entendimiento del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es atinado en aquellos eventos en que el asegurado ha aportado de manera continua durante ese período, pero resulta equivocado, en casos como el presente en que el afiliado no cotizó ininterrumpidamente durante ese lapso, sino que lo hizo de manera ocasional.

Pues así lo tiene dicho esta Sala de la Corte en las múltiples oportunidades, en las que le ha correspondido pronunciarse sobre este tópico, entre ellas, en las del 24 de abril 2012, radicación 38966, 2 de mayo de 2012, radicación 43068, 25 de septiembre de 2012, radicación 44023, 2 de octubre de 2012, radicación 45942, 24 de abril de 2013, radicación 43663 y en sentencia del 21 de febrero de 2012, radicación 44793, en esta última asentó lo siguiente:

“(...).

Ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que la expresión el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho, es una medida de tiempo de referencia para determinar las cotizaciones que han de integrar el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de las personas en régimen de transición, en una de las dos hipótesis que consagra el artículo 36 de la Ley 100, y que esa medida puede trasponerse más allá de la fecha de estructuración del derecho cuando el afiliado haya continuado aportando para así incluir hasta la última cotización, en los eventos en que ello lo favorezca porque incrementa el monto pensional. Y puede cobijar también, cotizaciones causadas con anterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones, cuando los aportes hechos desde esta última fecha hacia adelante no alcanzan a cubrir el periodo de referencia indicado en la ley, y que se insiste, es la equivalencia del que va entre la entrada en vigor del sistema general de pensiones y el de la estructuración del derecho pensional, esto es, cuando se cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicios.

Una lectura distinta de la previsión legal acusada, conduciría a que se dejara el ingreso base de liquidación de las personas en régimen de transición al acomodo de los afiliados, quienes quedarían con la opción de elegir el término que les conviniese dejando de cotizar o retirándose anticipadamente del servicio.

En sentencia de 29 de noviembre de 2001, radicado 15921, dijo la Corte textualmente:

“El punto objeto de controversia, tiene que ver con el alcance de la expresión ‘el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello’, esto es, para adquirir el derecho pensional, contenido en el inciso tercero del artículo 36 ibídem. Para el Tribunal es el discurrido entre la fecha de entrada de vigencia de la ley y la de retiro de servicio o reconocimiento efectivo del derecho; para el recurrente, el lapso faltante para la adquisición del derecho, esto es, los últimos 18 meses.

Considera la Corte que no es correcto el entendimiento que el ad quem le otorga al señalado precepto, pues si el legislador en él estableció un espacio temporal (‘el tiempo que les hiciera falta para ello’) para efectos de liquidar la pensión a ciertos beneficiarios del régimen de transición, con ello quiso significar que la fecha de cumplimiento de los requisitos debía ser un hito o punto de referencia obligatorio en este aspecto...

...

Ahora, la exégesis que por su parte propone el atacante implica en casos como el presente en que no hay coincidencia entre el momento de reunión de los requisitos y el retiro del servicio, que la fecha de entrada en vigencia del sistema sirve en principio para establecer el período faltante para adquirir el derecho, vale decir, es una simple medida de tiempo, ya que la contabilización de los aportes para liquidar la prestación debe hacerse desde la fecha a partir de la cual se hace efectivo el reconocimiento hacia atrás hasta completar el lapso inicialmente determinado. Dicho en otros términos, es preciso realizar dos operaciones: primero establecer cuántos días, contados desde el 1 de abril de 1994, faltaban al trabajador para reunir los requisitos y, segundo, trasponer luego esa medida o número de días a la fecha del retiro y empezar a contar hacía atrás las sumas devengadas hasta agotar dicho lapso, cuyo promedio actualizado constituiría el IBL para liquidar la pensión.

Ese entendimiento, estima la Corte, es el que consulta el verdadero espíritu de la ley y se ajusta cabalmente a su tenor literal, en tanto acata su exigencia de tomar en consideración únicamente el tiempo faltante para adquirir el derecho y no otro...

De manera que la única hermenéutica que permite acompasar el categórico mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 en el sentido de que el ingreso base de liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición que les faltare menos de diez años para adquirir el derecho será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, con la regla general que dispone tomar en cuenta hasta la última semana cotizada para liquidar la pensión, es la que se dejó descrita, de donde se colige, como atrás se manifestó, que inicialmente hay que determinar cuántos días, contados a partir de la entrada en vigencia del sistema (abr./94) faltaban para adquirir el derecho y esa unidad de tiempo trasponerla después a la fecha de la última cotización o del último salario devengado y empezarlo a contar de ahí hacia atrás, hasta completarla”.

“De conformidad con lo que ya ha adoctrinado esta Sala de la Corte, es claro, que para calcular el IBL en eventos como el presente, se debe tener en cuenta el lapso que va entre la entrada en vigencia del sistema, 1º de abril de 1994, y hasta el momento en que el actor completó los requisitos para adquirir el derecho. Esa medida de tiempo debe trasponerse desde la fecha de la última cotización hacia atrás, independientemente de que incluya cotizaciones anteriores a 1º de abril de 1994. El promedio de lo devengado en esa medida de tiempo es el que debe tenerse en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la demandante.

“(...)”.

Por ende, debe de decirse, que la razón está de parte del censor, al atribuirle al juez de segundo grado la equivocación evidente en que incurrió al establecer el IBL del accionante, sin tener en cuenta que éste no le aportó al sistema integral de la seguridad social, en forma continua durante el lapso de tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho. Sin embargo, al actuar la Sala en sede de instancia, o sea, al desarrollar en debida forma la fórmula para obtener el IBL del actor, encuentra que el monto del mismo es superior al establecido por el ad quem, por lo tanto aunque el cargo es fundado no prospera porque de entrar en instancia al proferir la decisión de reemplazo se haría más gravosa la situación del único apelante.

Lo anterior se evidencia, si se observa la parte resolutiva de la sentencia del tribunal, donde éste tasó la mesada pensional de jubilación del señor Morcillo Celis, a partir de abril de 2009 en $711.962.50 y de acuerdo a como lo determinó la Corte era la forma adecuada de obtenerla, según el cuadro que a continuación se inserta, nos da para ese mismo mes y año, una mesada de $901.177.41, la que

al rompe, se observa superior a la fijada por el tribunal.

 

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Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea el artículo 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social; por infracción directa el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo; y por aplicación indebida, los artículos 7º y 8º de la Ley 71 de 1988.

En su demostración alude el censor, a que su punto de discusión con la decisión acusada es el relativo a la prescripción, toda vez que, para el tribunal, el reclamo escrito del trabajador puede interrumpir el término prescriptivo más de una vez, cuando, sostiene, la interrupción solo opera por una vez.

Luego de transcribir apartes del fallo recurrido, señala el censor que se ve con claridad que para el ad quem es viable interrumpir la prescripción por más de una vez, lo cual considera desacertado, y explica así:

“En la providencia censurada se observa, que el precepto aplicado en el tema de la prescripción fue el artículo 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que fue interpretada de manera errónea, por cuanto, la interrupción que allí figura solo opera por una vez, independiente de que se trate de prestaciones periódicas, el reclamo escrito del trabajador, solo interrumpirá la prescripción por una sola vez”.

A continuación transcribe el artículo 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, subrayando la frase “interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual” y sostiene que cuando el precepto en cuestión ordena que el reclamo escrito del trabajador interrumpe la prescripción, “pero solo por un lapso igual”, debe interpretarse que es solo por una vez. En apoyo de tal aserto transcribe un aparte de jurisprudencia de esta Sala que no identifica.

Dice que al referirse a la prescripción, es más claro el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, que no fue aplicado por el tribunal, el que deja ver con claridad que el reclamo del trabajador o del afiliado interrumpe el término prescriptivo pero solo por una vez.

Termina diciendo que las anteriores violaciones condujeron en últimas, a la aplicación indebida de los artículos 7º y 8º de la Ley 71 de 1988, toda vez que no era viable el reconocimiento de las mesadas que estos preceptos contemplan a partir de mayo de 2003, sino desde agosto de 2004, por cuanto la demanda se presentó el 28 de agosto de 2007.

Consideraciones de la Corte

Como el ataque viene dirigido por la vía directa, ello supone que el recurrente acepta las conclusiones fácticas e inferencias probatorias que tuvo en cuenta el Tribunal en la sentencia recurrida consistentes en que el derecho pensional del señor Morcillo Celis nació el 20 de octubre de 2002, cuando cumplió los 60 años edad, momento para el cual también reunía el tiempo de cotizaciones; que elevó una primera solicitud pensional el 25 de octubre de 2002 y, la segunda, el 17 de mayo de 2006, presentando la demanda el 28 de agosto de 2007.

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones del Tribunal, a juicio de la Sala éste no se equivocó, pues fue claro en puntualizar que la prescripción solo se podía interrumpir por una sola vez, salvo en los casos que la prestación tuviera una causación periódica, en que se podían presentar múltiples interrupciones, teniendo en cuenta que cada prestación tenía un término de contabilización, lo que es lógico si se tiene en cuenta que, cuando la norma se refiere a que la interrupción se da por una sola vez, debe entenderse que es con respecto a una misma prestación, vale decir, en el caso de las pensiones, respecto a unas mismas mesadas, de manera que efectuada la reclamación, el término se interrumpe respecto de las mesadas causadas hasta esa fecha, no las posteriores, porque aún no se han causado y mal se haría en entenderse interrumpido el tiempo cuando aún no ha empezado a correr, ni ninguna reclamación se ha hecho respecto a su pago. De ahí que sea posible la interrupción del término prescriptivo en un futuro, respecto a estas nuevas mesadas, cuyo concepto es independiente, en la medida que la causación es diferente.

Sobre el punto se pronunció la Sala, entre otras, en la sentencia del 31de mayo de 2007, radicación 26506, en donde dijo:

“(...).

“El ad quem, en lo que concierne al fenómeno de la prescripción, adujo que “el fenómeno de la prescripción se interrumpió el 1 de marzo de 1996, día en que se presentó escrito de agotamiento de la vía gubernativa. Entre el 1º de marzo de 1996 y el 21 de mayo de 1999, día en que se presentó la demanda transcurrieron más de 3 años. Luego las mesadas pensionales descontadas de las pensiones de jubilación causadas con anterioridad al 21 de mayo de 1999, no son exigibles judicialmente”.

“Con fundamento en lo previsto por el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el 151 del CPTSS, la exégesis que realizó el Tribunal para declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, resulta equivocada.

“En efecto, si bien es cierto que el actor interrumpió el término prescriptivo con la reclamación administrativa, que hizo el 1º de marzo de 1996, tal fenómeno se produjo respecto de la diferencia en las mesadas pensionales que se causaron con anterioridad a dicha fecha, por lo que las nuevas obligaciones generadas con posterioridad, también podían ser interrumpidas con la presentación de la demanda, como ocurrió en este caso, sin que pueda pregonarse una doble interrupción.

“La Corte Suprema de Justicia en torno a la figura jurídica de la prescripción, ha precisado que en materia laboral es aplicable el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto las acciones laborales pueden ser interrumpidas a través de dos mecanismos distintos que no son excluyentes, esto es, el extrajudicial, que se cumple mediante el escrito que se hace al empleador por parte del trabajador del derecho pretendido, conforme al artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el 151 del CPTSS, y el judicial, que se surte con la presentación de la demanda, en los términos y condiciones a que alude el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Así lo explicó en sentencias de 16 de septiembre y 13 de diciembre de 2001, radicaciones 15791 y 16725, respectivamente, al igual que en la de 7 de marzo de 2003, radicación 18515.

“Resulta claro que tratándose de obligaciones de cumplimiento instantáneo, en una fecha única, la prescripción opera igualmente en un solo momento, esto es, en una fecha cierta contada desde que aquella obligación se hizo exigible. Tal es el caso de la cesantía, la prima de servicios o la compensación de las vacaciones.

“Pero frente a derechos que se causan periódicamente como son las mesadas pensionales, dicho fenómeno prescriptivo se contabiliza también periódicamente, es decir, frente a cada mesada, en la medida de su exigibilidad.

“En esas condiciones, frente al primer tipo de obligaciones la prescripción solo se interrumpirá con un escrito, en los términos del artículo 489 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social; distinto del caso de las segundas obligaciones, de tracto sucesivo, toda vez que, respecto de ellas podrán elevarse varias reclamaciones, obviamente frente a cada derecho individualmente considerado, vale decir, cada mesada pensional.

“Corresponde, reiterar que conforme con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil la interrupción del término prescriptivo opera también con la presentación de la demanda, y por lo tanto, puede aplicarse esa figura jurídica respecto a derechos no reclamados por vía extrajudicial, como en el caso de mesadas pensionales, cuya causación se haya producido en el tiempo transcurrido desde la última reclamación escrita elevada por el beneficiario. La misma consideración cabe frente a cualquier derecho laboral, es decir que presentada la demanda y surtido su trámite acorde con los términos del precepto comentado, se interrumpe la prescripción y en caso de reconocimiento se cumple desde tres años atrás a la aludida presentación.

(...)”.

Conforme a lo anterior, en el caso concreto, si el derecho se causó el 20 de octubre de 2002, el término de prescripción empezaba a contarse a partir de esa fecha por tres años, respecto de las mesadas que se iban causando, mes a mes, el cual fue interrumpido por el actor, inicialmente, el 25 de octubre de 2002, por un término igual, que iba hasta la misma fecha del año 2005. Como la demanda no se presentó en ese lapso, dichas mesadas prescribieron. Ahora bien, respecto a las mesadas causadas con posterioridad al 25 de octubre de 2002, el actor apenas vino a presentar nueva reclamación el 17 de mayo de 2006, por lo que prescribieron las causadas con anterioridad a la misma fecha de 2003, no ocurriendo lo mismo con las posteriores, pues la demanda fue presentada el 28 de agosto de 2007, esto es, dentro de los tres años siguientes.

En síntesis, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, se encontraban prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 17 de mayo de 2003, conclusión que fue a la que llegó el tribunal, por lo que no fue equivocado su razonar en este aspecto.

En consecuencia, el cargo no prospera.

En razón a que el primer cargo resultó fundado, no hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de mayo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Luis Mario Morcillo Celis contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».