Sentencia 41326 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 1494-2014

Radicación 41326

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

Fue interpuesto y sustentado por el apoderado de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se confirme la emitida por el juzgador de primer grado.

Con tal propósito, formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.

IV. Cargo único

Acusa la sentencia del tribunal por ser violatoria, por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, de los artículos 90 y 150, numeral 7º, de la Constitución Política, así como del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

En el desarrollo del cargo, el censor aduce que el tribunal “... estimó explícitamente que el régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985 aplica a la totalidad de requisitos establecidos en las normas anteriores para acceder a la pensión de jubilación, llámese: tiempo de servicio, retiro voluntario del trabajador que haya estado vinculado más de 15 años y la edad”.

Así mismo, arguye que dicha comprensión de la norma resulta equivocada, puesto que “[e]l régimen de transición establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, denota con claridad que, las normas anteriores a la Ley 33 de 1985 se aplicarán solo para efectos de la edad, mas no, en relación con los demás requisitos para acceder al derecho pensional, como lo sería el tiempo de servicio”.

En línea con dichos argumentos, expone:

Bajo esta perspectiva, el entendimiento dado por el tribunal del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 es erróneo, pues, la aplicación de la normativa anterior, es decir, Decreto 1848 de 1969 y Ley 171 de 1961 respecto del derecho pensional del señor José del Carmen Claro Pérez, se debió abordar única y exclusivamente para efectos de determinar la edad de jubilación, y no para determinar el tiempo de servicio, como lo efectúa el ad quem.

Pues bien, al señor José del Carmen Claro Pérez no le aplica el régimen de transición contemplado en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, para efectos de la determinación del tiempo de servicio necesario para ostentar el derecho a la pensión, conforme a las normas anteriores; en ese sentido, efectuando una interpretación correcta del refreído (sic) régimen de transición, se debió concluir por parte del ad quem que la Ley 33 de 1985, aplicable para afectos (sic) de la determinación del tiempo de servicio, determina 20 años de servicio al Estado, los cuales no cumple el señor Claro Pérez, quien solo tiene 16 años, 9 meses y 25 días, tiempo insuficiente para tener derecho a la pensión de jubilación.

El único elemento, de acuerdo al entendimiento correcto del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, que se le aplica al señor José del Carmen Claro Pérez de acuerdo a las normas anteriores a esta, es el referente a la edad de jubilación.

En suma, a diferencia de lo entendido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, en la sentencia objeto de censura, el entendimiento que debe hacerse de la normatividad transgredida, atiende a lo siguiente:

1. No es plausible aplicar para efectos de la determinación del tiempo de servicio para acceder al derecho de la pensión, las normas anteriores a la Ley 33 de 1985, aplicando su régimen de transición, pues el mismo es sumamente claro en determinar que las normas anteriores se aplican solo para efectos de la determinación del requisito de edad.

2. No es razonable entender que, el régimen de transición del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, al establecer explícitamente que la aplicación de las normas anteriores se refiere al requisito de edad, hace extensivo el beneficio transicional para efectos de la determinación del tiempo de servicio.

3. El tiempo de servicio como requisito para acceder a la pensión de jubilación se determina con base en los (sic) establecido en la Ley 33 de 1985, pues no está contemplado explícitamente dentro del régimen de transición del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

V. La réplica

Afirma que el tribunal no incurrió en infracción jurídica alguna, en tanto el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, el 27 del Decreto 3135 de 1968 y el 74 del Decreto 1848 de 1969, se encontraban vigentes en el momento en el que el actor le prestó sus servicios al Estado. Así mismo, que la interpretación que se acusa como errónea, es la que realmente se ajusta al contenido del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, de manera que el cargo resulta totalmente infundado.

VI. Consideraciones de la Corte

En lo fundamental, el tribunal consideró que resultaba posible aplicarle al actor las previsiones contenidas en los artículos 74 del Decreto 1848 de 1969 y 8 de la Ley 171 de 1961, por virtud del régimen de transición establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. A su vez, el censor denuncia una interpretación equivocada de esta última disposición, en tanto, según lo argumenta, el régimen de transición que allí se prevé permite acudir a las normas anteriores que regulan pensiones de jubilación, pero únicamente en lo que tiene que ver con el requisito de edad, mas no así con el de tiempo de servicios.

En torno a dicho cuestionamiento, la Sala debe decir que es cierto, como lo plantea la censura, que el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 establece un régimen de transición, por virtud del cual es posible aplicar disposiciones anteriores a su vigencia, pero tan solo en lo relativo a la “edad de jubilación”. El error interpretativo del tribunal en este punto proviene de otro yerro de mayor envergadura, que consistió en asumir que dicho régimen de transición era predicable respecto de las pensiones proporcionales o restringidas de jubilación y desconocer, tras ello, que dicha disposición regula exclusivamente la pensión plena de jubilación del sector oficial.

Frente al punto, esta corporación ha clarificado que las pensiones proporcionales o restringidas son diferentes a las pensiones plenas de jubilación y que, por esa razón, no resulta dable sostener que normas como la Ley 33 de 1985, que se refiere a pensiones oficiales de jubilación, las modifiquen en alguna medida, pues tienen sus propios requisitos, finalidades y regulación, definidos, entre otras, en disposiciones como el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 (Ver, entre otras, CSJ SL, 20 oct. 2006, rad. 28295 y CSJ SL, 5 mayo 2009, rad. 33640).

Vale la pena mencionar, igualmente, que la aplicación del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 nunca hizo parte de los fundamentos en los que se cimentaron las pretensiones, ni tampoco de los argumentos del recurso de apelación, de manera tal que fue un recurso al que acudió el tribunal, por su propia cuenta y de una manera abiertamente equivocada. Ello es así porque lo pedido en la demanda fue la pensión restringida de jubilación, gobernada por los artículos 74 del Decreto 1848 de 1969 y 8º de la Ley 171 de 1961.

A lo anterior se debe sumar que, ante el hecho indiscutido que el actor se retiró de manera voluntaria del servicio el 31 de enero de 1977, las disposiciones aplicables a su petición eran las vigentes en ese momento, de manera que no resultaba dable, desde ninguna perspectiva, definir el asunto al amparo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, puesto que, además de que se refería a otro tema, no estaba vigente en el momento del retiro del trabajador. Esta Sala de la Corte ha explicado al respecto que la norma aplicable al reconocimiento de pensiones restringidas de jubilación es la que se encontraba vigente en el momento del retiro del trabajador, pues el cumplimiento de la edad es tan solo una condición para su exigibilidad (Ver, entre otras, CSJ SL, 25 mayo 2008, rad. 32933; CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 34974; y CSJ SL 14 nov. 2012, rad. 45637).

Así las cosas, el régimen de transición consagrado en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, además de que fue inadecuadamente entendido, no estaba llamado a gobernar la situación en disputa, por lo que el tribunal efectivamente incurrió en los errores jurídicos denunciados por la censura.

El cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida.

VII. Consideraciones de instancia

En sede de instancia, en aras de la claridad, la Corte debe resaltar que en la demanda se reclamó el reconocimiento de una pensión proporcional de jubilación, a la vez que se presentaron como pilares básicos de tal petición, el hecho de que el demandante tenía más de 15 años de servicio al Estado, se había retirado de manera voluntaria y había alcanzado la edad de 60 años.

El juzgador de primer grado se apartó de dichas premisas, pues analizó el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adquisición de una pensión de jubilación oficial, regulada en la Ley 33 de 1985, de manera que la encontró improcedente, al no reunirse el presupuesto de 20 años de servicio al Estado.

El recurso de apelación es fundado en cuanto advierte ese distanciamiento entre las pretensiones de la causa petendi y la decisión finalmente adoptada en la primera instancia. Sin embargo, carece de eficacia a la hora de lograr la revocatoria de la decisión y la emisión de una condena por el pago de la pensión de jubilación por retiro voluntario.

Para tales efectos, es necesario tener en cuenta que en el proceso no se discutió que el actor le prestó sus servicios al departamento de Norte de Santander durante 7 años, 9 meses y 25 días, así como al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria por un lapso de 8 años y 10 meses. De igual forma, está debidamente probado que se retiró voluntariamente el 31 de enero de 1977, de manera que su petición de pensión proporcional podía gobernarse por las disposiciones de la Ley 171 de 1961 y del Decreto 1848 de 1969.

No obstante, en las citadas disposiciones se estableció una prestación especial por retiro voluntario, que tenía como condiciones precisas: i) que el trabajador hubiera servido durante más de 15 años a “una misma empresa” o a sus sucursales; ii) que se hubiera retirado de manera voluntaria; iii) y que hubiera alcanzado la edad de 60 años. La Corte ha explicado, específicamente en torno al requisito de tiempo de servicios que contemplan las mencionadas normas, que la labor debe haber estado mediada por un contrato de trabajo y debe haber sido cumplida en una misma entidad administrativa, de manera tal que no es posible acumular tiempos de servicios de diferentes entidades, como se propone en la demanda y en el recurso de apelación. En la sentencia CSJ SL, 5 dic. 1995, rad. 7663, se clarificó el tema de la siguiente forma:

No resulta desacertado el entendimiento que el tribunal dio al artículo 8(sic) de la Ley 171 de 1961, pues según lo tiene establecido esta corporación, el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación supone que los servicios sean prestados por el trabajador oficial a una misma entidad administrativa.

Así lo precisó la Corte en sentencia del 25 de agosto de 1980 de la Sala Plena Laboral, Rad. 6020:

“... La Ley 171 de 1961 en su artículo 8(sic) para la pensión proporcional, en sus especies de pensión-sanción y pensión por retiro voluntario, presupone el servicio a “una” entidad y no a “varias” entidades; y exige además, que ese servicio se haya prestado, no en una relación reglamentaria de servicio público, sino bajo la modalidad de un contrato de trabajo...”.

“... Entonces es claro que la antigüedad que debe tenerse en cuenta frente al artículo 8(sic) de la Ley 171, para el trabajador oficial es la de sus servicios en la misma entidad o agencia del Estado que llegue a despedirlo injustamente, después de diez años de labores cumplidos en ella, exclusivamente, para que en esta forma esa entidad quede obligada a pagarle la pensión especial de jubilación derivada del despido injusto. La antigüedad que se tiene en cuenta, para los efectos del dicho artículo 8(sic), es la del despedido en la entidad que prescinde injustamente de sus servicios y no otra.

Se trata pues de una antigüedad relativa y no de la antigüedad absoluta frente a los entes oficiales.

Los servicios prestados a entidades distintas a la que despide no son acumulables al tiempo laborado en esta para efecto de la pensión especial por dos razones: La primera, porque la entidad que despide no tiene fuentes ni bases para conocer que el despedido ha trabajado en agencias estatales distintas, y solo tiene entonces posibilidad de conocer con certeza el tiempo laborado en ella misma por el trabajador. La segunda, porque si todos aquellos servicios fueren acumulables, las distintas entidades beneficiarias de ellos estarían legalmente obligadas a compartir el pago de la pensión; o sea, que entidades inocentes de la ocurrencia del despido injusto compartirían las consecuencias de la culpa de entidad distinta de ellas, tesis que no se compadece con el principio de la individualidad en la asunción de las consecuencias del dolo o la culpa...”.

De otra parte, conviene agregar que el Consejo de Estado en sentencia del 12 de diciembre de 1981 anuló la expresión “o varias entidades” contenida en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, al reglamentar la pensión en caso de despido injusto de los empleados oficiales vinculados mediante contrato de trabajo. En consecuencia, no existe la menor duda que el citado artículo 8(sic) de la Ley 171 de 1961 y el 74 del Decreto Reglamentario mencionado prevén que para el reconocimiento de la llamada pensión sanción solo cuenta el tiempo trabajado para la entidad administrativa que de manera injusta termina el convenio laboral.

Luego, carece de fundamento el argumento del recurrente de ser acumulables los servicios que el demandante prestó a la Policía Nacional y a la demandada EDIS, resultando impróspero el ataque.

En este asunto, el actor acreditó que había llegado a la edad de 60 años y que se había retirado de manera voluntaria, pero no dio cuenta de que hubiera prestado sus servicios en “una misma empresa”, o en sus sucursales, durante más de 15 años, por cuanto, se insiste, laboró con la Gobernación de Norte de Santander algo más de 7 años y con la demandada otros 8, sin que sea dable, se reitera, acumular esos dos tiempos, para los precisos fines de adquirir la pensión por retiro voluntario pedida en la demanda.

Así las cosas, al no estar reunidos los presupuestos necesarios para el nacimiento de la pensión por retiro voluntario deprecada en la demanda, en sede de instancia, la Corte confirmará la sentencia absolutoria impartida en la primera instancia.

Sin costas en el recurso de casación.

Las de las instancias estarán a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor José del Carmen Claro Pérez contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —en liquidación—.

En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el 4 de marzo de 2008.

Sin costas en el recurso de casación.

Las de las instancias estarán a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».