Sentencia 41333 de enero 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41333

Acta 1

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil trece.

Sería del caso que la Corte se pronunciara sobre la impugnación formulada por Martha Lucía Moncayo Delgado contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el trámite de tutela que instauró la recurrente, contra La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, la gobernación del Cauca y la secretaría de educación departamental del Cauca, de no advertirse configurada una causal de nulidad, por falta de integración del contradictorio, que invalida lo actuado.

I. Antecedentes

Marta Lucía Moncayo Delgado promovió acción de tutela por la supuesta violación de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la salud, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al debido proceso, que consideró conculcados por la secretaría de educación departamental del Cauca, la gobernación del Cauca y la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual se apoyó en los siguientes hechos:

Que fue vinculada a la gobernación del Cauca el 5 de febrero de 1991, como secretaria, código 440, grado 08, y laboró durante más de 21 años, en los cargos de pagadora del Centro Experimental Piloto del Cauca, pagadora del Fondo de Servicios Docentes, secretaria del grupo de estudio y registro de capacitación docente, secretaria de la unidad de recursos físicos y financieros, secretaria del grupo de control interno disciplinario, y secretaria de la oficina jurídica de la secretaría de educación.

Afirmó que el 9 de julio de 2010 fue nombrada en provisionalidad como técnico administrativo; que en esa etapa laboral adquirió enfermedades de origen profesional como: síndrome del túnel del carpio, epicondilitis crónica derecha, y epitrocleitis crónica izquierda, de las extremidades superiores, causándole ostensible disminución de la capacidad laboral, por lo cual se le efectuaron valoraciones médicas y sicológicas.

Agregó que la gobernación del Cauca, secretaría de educación departamental, mediante Resolución 4405 del 29 de junio de 2012, dio por terminado su nombramiento provisional, sin tener en cuenta su estado de debilidad por disminución de la capacidad física; que había participado en la convocatoria 1 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y quedó habilitada para la escogencia de cargo OPEC 36732, grado 08, denominado secretario de la gobernación del Cauca, pero hasta el momento no lo ha podido hacer porque la comisión suspendió la lista, debiendo quedar atenta a la oferta a fin de efectuar esa escogencia.

Señala que no podían desvincularla del cargo de técnico administrativo grado 06, código 367, que desempeñó en los últimos dos años, el cual era uno de ocho con vacancia definitiva y en los cuales nombraron a seis personas de la lista de elegibles, lo que dejaba dos vacantes en donde pudieron designarla.

Alegó su condición de madre cabeza de familia, y que su cónyuge está excluido del mercado laboral, lo que implica que deba asumir los gastos del hogar, incluida la educación de su hijo y la salud del grupo familiar.

Pidió que se ordene a la gobernación del Cauca, secretaría de educación departamental, dé cumplimiento a la sentencia SU-446 de 2011, de la Corte Constitucional y declare la nulidad de la Resolución 4405 del 29 de junio de 2012, por la cual se la desvinculó del cargo sin posibilidad de recurrir, ordene el reintegro al mismo empleo o a uno equivalente, sin solución de continuidad, junto con el pago de las acreencias laborales a que tiene derecho desde cuando fue desvinculada, y la sanción por despido, hasta cuando se defina su situación laboral.

Como medida provisional, pidió que se ordene a la EPS Coomeva, cumplir sus obligaciones para con ella y su grupo familiar y se haga efectiva la continuidad en el sistema de seguridad social integral, “en salud y pensiones”, desde el momento de la desvinculación, mientras judicialmente se resuelve su situación laboral.

II. Trámite impartido

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por auto de 19 de octubre de 2012, avocó el conocimiento y ordenó notificar a las accionadas, para que ejercieran el derecho de contradicción y defensa (fl. 179). Sin embargo, omitió el tribunal informar de la acción a la señora Alma Haydee Chávez Flor, quien fue designada para el mismo cargo y mediante la misma Resolución 4405 del 29 de junio de 2012, por la cual se desvinculó a la accionante (fls. 139 a 141).

III. Consideraciones

Para esta Sala de la Corte, es imperioso observar que, no obstante la característica de sumaria, del trámite de tutela, deben observarse las garantías constitucionales de todo proceso judicial. Si este se ha surtido sin el conocimiento de cualquiera de las partes o de terceros con interés en la decisión que tome el juez de tutela, dicha circunstancia se traduce en una violación del derecho de contradicción y defensa, y por ende, del debido proceso.

Precisamente, el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, ordena que todas las providencias que se profieran en desarrollo de la acción de tutela “se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”.

Queda claro, entonces, que la obligatoriedad de poner en conocimiento la iniciación del trámite de tutela a quienes deben intervenir, no se limita al accionado, sino a todo aquel que pueda resultar afectado con la decisión que se tome.

De acuerdo con lo anterior, y conforme se deduce del expediente que se allega para su estudio y decisión, nada se dijo de citar a la persona que ahora detenta el cargo que tenía la peticionaria, ni hay constancia de la comunicación de la presente acción de tutela a la misma. Es claro entonces que la mencionada empleada puede verse perjudicada con las decisiones de la tutela, y por ello debió ser citada, por lo cual se impone invalidar la actuación viciada, a partir del auto del 19 de octubre de 2012 inclusive, para que se rehaga el trámite, observando el debido proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto de fecha 19 de octubre de 2012 inclusive, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

2. En consecuencia, vuelvan las diligencias a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, para que rehaga la actuación observando lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

3. Comunicar esta decisión a los interesados y a los intervinientes, en la forma prevista en los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.