Sentencia 41380 de marzo 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41380

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 8

Bogotá, D. C., trece de marzo de dos mil trece.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Cooperativa de Productores de Leche De La Costa Atlántica Ltda “Coolechera”, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Descongestión Laboral, el 31 de octubre de 2008, dentro del proceso ordinario promovido por Jhonis Rafael Ortega Tapia.

Antecedentes

El actor pidió que luego de que declare que el despido “carece de todo efecto jurídico”, se disponga el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, con el pago de todos los salarios, cotizaciones, prestaciones hasta cuando se produzca la reinstalación y las costas.

Precisó que laboró para la demandada entre el 6 de febrero de 1995 y el 2 de agosto de 2004 cuando fue despedido en forma ilegal e injusta, “sin previa autorización del Ministerio”; el 16 de enero de 2001 sufrió un accidente, por lo cual Suratep recomendó ubicarlo “en donde no se requiera un agarre fuerte con las manos o levantamiento frecuente de hombros durante 30 días”; el 30 de enero de 2003, la referida ARP “volvió a indicarle a la empresa demandada las restricciones” que tenía, entre otras, “correr, saltar, posición de pie prolongada, actividades que requiera flexión o rotación de columna dorso lumbar continuas y repetitivas”; el 26 de agosto de 2003, la junta de calificación de invalidez le dictaminó la pérdida de la capacidad laboral del 38.39%, por lo que la ARP le pagó la indemnización “por incapacidad permanente parcial”; el 28 de julio de 2004 la Inspectora del Trabajo, en función de “inspección, vigilancia y control del Ministerio” dejó constancia de que el demandante, quien estaba con su esposa en la parte externa de la portería de la empresa, a las 10:55 a m, le manifestó “que no se le permitía el ingreso a la empresa y que así mismo no se puede desplazar de un lugar a otro sin la ayuda de otras personas por encontrarse en regular estado de salud, sin poder mover la pierna y brazo izquierdo. 3 que al ser requerida la presencia del trabajador en las oficinas de Gestión Humana tuvo que ser alzado y transportado por (sic) una silla por los compañeros” ante lo cual pidió la documentación relacionada con el accidente;el 2 de agosto de 2004 fue despedido “sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social”; el último cargo desempeñado fue el de “Ayudante de Liquidación de Planilla” con salario básico de $638.910 y promedio de $830.000,oo; es beneficiario de la Convención Colectiva suscrita entre el Sindicato y la empresa (fls. 1 a 6).

Al contestar la demanda, “Coolechera” aceptó la relación laboral y sus extremos, el cargo desempeñado, lo del accidente y la incapacidad laboral determinada por Suratep; que acató las recomendaciones impartidas por la ARP y por ello lo reubicó “en un cargo acorde con su disminución física. Sin embargo el actor no cumplió con su obligación de prestar sus servicios personales, dejando de laborar los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 2004 sin justificación”. Igualmente aceptó que la funcionaria del Ministerio de Trabajo levantó acta pero dijo desconocer los términos y las afirmaciones consignadas. Explicó que el 2 de agosto de 2004 le terminó el contrato de trabajo por justa causa, “debido a la inasistencia injustificada a sus labores asignadas en el cargo de Ayudante de Liquidación de Planilla”; destacó que “existen certificaciones expedidas por la ARP Suratep y la IPS punto de salud adscrita a la EPS Susalud, donde consta que el demandante no estaba incapacitado durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 2004”; manifestó desconocer si el actor era sindicalizado. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de derecho para pedir, buena fe, compensación y prescripción. (fls. 213 a 218).

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia de 7 de mayo de 2007, absolvió de todas las pretensiones; no fijó costas (fls. 258 a 262).

El tribunal, mediante auto de 16 de octubre de 2008, declaró la nulidad de lo actuado “a partir de la sentencia proferida por esta Sala el 27 de mayo de 2008”, debido a la incorrecta notificación por estado, del auto que señaló fecha para su celebración. (fls. 333 a 337).

La sentencia del tribunal 

Al decidir la apelación de la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Descongestión, mediante fallo de 31 de octubre de 2008, revocó el de primer grado y, en su remplazo, ordenó reintegrar al actor al mismo cargo o a otro de superior categoría con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes y demás acreencias laborales entre el 3 de agosto de 2004 y cuando se verifique el reintegro y a las costas de las dos instancias (fls. 339 a 346).

Después de resumir los antagónicos argumentos de las partes, de aludir al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y al fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible su inciso segundo, precisó que debía “anteponer a este caso lo dispuesto en el numeral Segundo de la parte resolutiva del fallo constitucionalidad C-531/00 es decir, exigir al empleador del acá demandante (Colechera), el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de exequibilidad, o sea que las razones inherentes a las justas causas que se alegaron para despedir al trabajador, fueren verificadas por el Ministerio de la Protección Social, Oficina de Trabajo – para que dictaminase si estaba configurado el móvil alegado, de lo contrario, como lo dice la Corte Constitucional, <…carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato>.

“Y no es como lo expone la parte pasiva cuando aduce que el nexo de trabajo terminó por justas causas y no por la condición física del actor, de ser esta la medida de entendimiento para resolver estas situaciones fácticas, se iría por la borda la protección reforzada que tienen las personas con un grado de invalidez como Jhonis Rafael Ortega Tapia, quedaría en el aire la protección para los discapacitados que otorga el artículo 47 de la Constitución Política, que propende por la ejecución de mecanismos de previsión, rehabilitación e integración social de los inválidos, para que sean personas útiles y productivas a la sociedad, siendo palpable en el sub lite que el demandante es inválido (folios 13 a 16), que el Ministerio de la Protección Social intervino a través de la coordinación grupo prevención, inspección, vigilancia y control en la situación del trabajador días antes del despido, pero no a solicitud de la empresa, sino del Presidente y Secretario de la Organización sindical de la compañía, dadas las condiciones de salud del señor Ortega (folios 25 a 27) donde por más se observan sendas apreciaciones y recomendaciones de la Inspectora del Trabajo, tales como practicar una inspección a Suratep, haber encontrado al actor en la parte externa de la portería, solicitar permiso para el trabajador para que estuviere en las diligencias a realizar en Suratep, en fin, situaciones que le dan un valor agregado al fallo de constitucionalidad atrás referido, revalida la posición de la Corte Constitucional sobre la necesidad de pedir autorización previa a la Oficina de Trabajo para constatar la configuración de una justa causa para despedir, allí estriba la protección de la ley para las personas vulnerables, no es más, pero tampoco es menos, es la única forma en que un trabajador disminuido físicamente pueda afrontar estas circunstancias, acompañado de un veedor que para el caso es el Ministerio de la Protección Social, quien es el encargado de dar la autorización tantas veces mencionada”.

Destacó que la solución que dio el a quo fue la propia del despido con justa causa conforme al artículo 62 del CST y bajo esa óptica era lógica su conclusión “pero las condiciones de invalidez del demandante necesariamente nos llevan a abordar este juicio desde el punto de vista que le dio la honorable Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, razones por las cuales se revocará la sentencia impugnada”.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, confirme la del a quo.

Presenta un cargo que fue oportunamente replicado conforme constancia secretarial de folio 24 C. de la Corte.

Cargo único

Acusa la sentencia de violar “por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 55 y 56, numeral 4 del artículo 60 y 62 (subrogado por el art. 7° del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo de Trabajo, en concordancia con los artículos 27, 30, 1495 1501 y 1603 del Código Civil”.

Después de reproducir el precitado artículo 26 aduce que dos fueron las hipótesis del legislador: la protección de los trabajadores con ocasión de su discapacidad, para quienes se exige el permiso previo de la autoridad administrativa y la otra, la de las justas causas en que incurre el trabajador discapacitado sin que en tales eventos se requiera de calificación o permiso previo; luego copia buena parte el fallo acusado y expone que “El alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en los términos en que la Corte Constitucional lo declaró exequible e integrara al ordenamiento jurídico (C-531-00) es inequívoco al ocuparse, exclusivamente, de las terminaciones del contrato de las personas por razón de sus limitaciones sin la autorización previa exigida, precisión distinta e inaplicable en aquellos eventos donde median razones calificadas por el legislador de justa causa, porque la protección ampliada no puede servirle al trabajador limitado de coraza para incumplir sus obligaciones o infringir el ordenamiento legal que sin distinción.

“Al generalizar el Tribunal situaciones sin distinguir cuando corresponde a una de las hipótesis señaladas en la disposición aplicada (terminación de contrato por razón de la discapacidad — por incurrir en justa causa) extralimitó la protección al trabajador llevándolo a la categoría de derecho absoluto, cercenándole de tajo al empleador el derecho a exigir disciplina y a desvincular al infractor que incurre en falta y sin que la decisión a tomar esté precedida ni de mala fe ni de intereses torcidos buscando una desvinculación por razón de la discapacidad”.

Réplica

Sostiene que el recurso debe declararse desierto, porque la sentencia objeto de la demanda “debe ser la fechada el 31 de octubre de 2008 (fls. 339 a 346) y no la del 27 de mayo de 2008” cuestionada por la censura. Insiste que se está “atacando una sentencia que no existe por cuanto fue declarada nula, mediante proveído del 16 de octubre de 2008”, por lo que se acusa “en casación una sentencia que no tiene vida”.

Estima que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no tiene el alcance y contenido que pretende el recurrente, pues desglosa de manera incorrecta dos hipótesis. Aduce que “a estas alturas” no pueden alegarse las justas causas para despedir “por cuanto con anterioridad a la fecha de la carta de despido, esto es, 2 de agosto de 2004, ya sabía que el trabajador estaba limitado físicamente en su salud”. Considera correcta la interpretación dada por el Tribunal al mencionado artículo y por ello debe mantenerse la sentencia acusada.

Se considera

Es verdad que el recurrente citó equivocadamente la sentencia acusada, pero ello es intrascendente, pues la anulada del 27 de mayo de 2008, es textualmente idéntica a la del 31 de octubre de 2008. En esa medida, ese lapsus no conducía a declarar “desierto e improcedente” el recurso como lo pide el opositor.

De conformidad con la vía escogida, no es tema de discusión que el actor, quien por su disminución en la capacidad laboral del 38.39%, es decir, de carácter severa, no debía desarrollar labores que implicaran levantar cierto peso, permanecer mucho tiempo de pie, inclinarse, tenía inmóvil la pierna y el brazo izquierdo y necesitaba ayuda para desplazarse, en líneas generales era “inválido” conforme con los documentos de folios 13 a 16, tampoco se cuestiona “que el Ministerio de la Protección Social intervino a través de la coordinación grupo prevención, inspección, vigilancia y control en la situación del trabajador días antes del despido, pero no a solicitud de la empresa, sino del presidente y secretario de la organización sindical de la compañía, dadas las condiciones de salud del señor Ortega (fls. 25 a 27) donde por más se observan sendas apreciaciones y recomendaciones de la inspectora del trabajo, tales como practicar una inspección a Suratep, haber encontrado al actor en la parte externa de la portería, solicitar permiso para el trabajador para que estuviere en las diligencias a realizar en Suratep (…)”.

En ese sentido, el reproche del recurrente estriba en el discernimiento que el juez de apelaciones hizo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por estimar que según la Corte Constitucional era necesario “pedir autorización previa a la oficina de trabajo para constatar la configuración de una justa causa para despedir, (…) para las personas vulnerables, no es más, pero tampoco es menos, es la única forma en que un trabajador disminuido físicamente pueda afrontar estas circunstancias, acompañado de un veedor que para el caso es el Ministerio de la Protección Social, quien es el encargado de dar la autorización tantas veces mencionada”.

Con vista al recurso, debe decirse que la Ley 361 de 1997 materializó el contenido constitucional, por virtud del cual al Estado le corresponde adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y a su vez incorporó la obligación no solo en cabeza de aquel, sino de los empleadores de “ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud” (C.P., art. 57).

Los motivos que inspiraron al legislador para promover esa disposición se concretaron en la preocupación de incorporar a sectores de la población que, por razón de sus especiales circunstancias, no contaban con la posibilidad de formar parte del mercado laboral, o que requerían de una estabilidad relativa en el empleo, cuando quiera que en la prestación del servicio sobrevenía un estado incapacitante, bien por un origen común o profesional; de allí que encontraron “las disposiciones de esta ley (…) muy convenientes para llevar a cabo el cambio social que ha dispuesto el Gobierno actual y para afianzar la conciencia social que finalmente el pueblo colombiano está asumiendo. No es posible pensar en un salto social si no pensamos en que la sociedad de hoy no está dando cabida a las personas con limitaciones, no está permitiendo que la estructura social sea el entorno en que ellos se desarrollen tal como tienen derecho por el simple hecho de ser parte innegable de ella” (ponencia para segundo debate al proyecto de Ley 163 de 1995 Cámara – Gaceta del Congreso Año V Nº 121).

Esa defensa del postulado normativo que aquel cuerpo colegiado y deliberante hizo, se afianzó en el hecho “de la inocultable realidad de alrededor de cuatro (4) millones de colombianos que calcula actualmente son limitados físicos, psíquicos y sensoriales. Este muy importante segmento (…) que representa más del diez (10) por ciento de la población nacional, ha carecido hasta ahora de una legislación que haga posible su educación, su capacitación y su rehabilitación y obtener así su plena integración social” y bajo el amparo de las disposiciones superiores 13, 47, 54 y 68 estableció una protección reforzada a este contingente de personas, según lo dijo: “Estas cuatro normas constitucionales que inspiran el proyecto de ley en comento son también elocuentes en cuanto establecen una muy expresa y amplia protección a favor de los colombianos con limitación, como sujetos específicos y especiales de esta obligación que se hace recaer en cabeza del Estado. En esto como en la consagración de los derechos sociales, económicos y culturales a favor de otros sectores vulnerables de nuestra población (la mujer, los niños, los jóvenes, la tercera edad, los grupos étnicos, etc.), la Constitución de 1991 mantiene incólume la orientación que la caracteriza de principio a fin: su énfasis en la persona humana, como sujeto y razón de ser. No es el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino la persona en su perspectiva social, en su relacionamiento con la comunidad como la concibe la nueva Carta” (ponencia para primer debate al proyecto de Ley 163 de 1995 Cámara, Gaceta del Congreso Año IV Nº 458).

Esa ley se construyó, conforme lo establece su artículo 3º, bajo la inspiración de “la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU en 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la declaración de Sund Berp de Torremolinos, Unesco 1981, en la declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la Recomendación 168 de la OIT de 1993”, instrumentos que al unísono pregonan sobre el compromiso de eliminar la discriminación, en cualquiera de las formas en la que se presente, respecto de las personas con discapacidad, y en ese norte se estableció el artículo 26 ibídem, que anula, entre otras, la posibilidad del empleador de despedir a un trabajador o terminar su contrato de trabajo “por razón de su limitación”, salvo que medie autorización de la oficina del trabajo.

Esa aparente ambigüedad que exhibe la disposición, sobre la necesidad de acudir a la citada dependencia administrativa cuando se pretenda finiquitar la relación, por razón de la discapacidad, siendo innecesario cuando el empleador apela a una de las justas causas establecidas en el artículo 62 del CST, fue abordada en la Sentencia de exequibilidad C-531 de 2000, que al analizar el inciso primero consideró:

“En cuanto al primer contenido normativo acusado por los actores, expuesto en el inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que señala que ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo, para la Corte, es claro que en lugar de contradecir el ordenamiento superior, lo desarrolla. Lo anterior pues se evidencia como una protección al trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o síquica, en cuanto impide que esta se configure per se en causal de despido o de terminación del contrato de trabajo, pues la misma solo podrá alcanzar dicho efecto, en virtud de <la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada> (C.S.T., art. 62 lit. a-13), y según el nivel y grado de disminución física que presente el trabajador.

En tal situación, el requerimiento de la autorización de la oficina de trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo, debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal del despido y proteger así al trabajador.

“Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, que la legislación que favorezca a los discapacitados <no consagra derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros>.

“Sin embargo resulta exigible al patrono que adelante una actuación previa al despido del trabajador discapacitado, ajustada a los principios establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política sobre el debido proceso y defensa, en razón del carácter sancionatorio de la medida, permitiendo a las partes participar activamente en la presentación y contradicción de las pruebas, con publicidad de los actos y decisiones, así como en la práctica y valoración de las mismas bajo los principios de la sana crítica, como así se indicó en la Sentencia C-710 de 1996, a propósito del despido con justa causa de la trabajadora embarazada.

“No se aprecia entonces que el ordenamiento constitucional sea desconocido por la norma acusada en la parte examinada, toda vez que permanece el deber del Estado de garantizar que el discapacitado obtenga y conserve su empleo y progrese en el mismo, para promover la integración de esa persona en la sociedad, hasta el momento en que no pueda desarrollar la labor para la cual fue contratado, ni ninguna otra de acuerdo con la clase de invalidez que presenta, debidamente valorada por la autoridad del trabajo. No se puede olvidar que en ese momento se estaría ingresando en el campo de las distintas formas de invalidez que impiden desempeñarse a una persona laboralmente, para la protección en cuanto a su ingreso económico y en su integridad física y síquica, en los términos de la vigente normatividad sustantiva del trabajo.

“Por tales razones los cargos esbozados por los actores contra el aparte legal analizado no tienen fundamento alguno, pues con él no se desconoce la protección especial del trabajador minusválido al establecerse una justa causa de terminación de la relación laboral avalada por la autoridad del trabajo correspondiente, ni se impide la aplicación de las normas de calificación de la invalidez, al permitirse esa clase de desvinculación” (énfasis de la Sala).

Lo propio hizo la Corte Constitucional, en la reseñada decisión, al incursionar en el estudio del inciso 2º de la norma en cita, en la que apareja la situación del discapacitado con la mujer en estado de embarazo e incluso refiere que “la indemnización establecida en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 presenta una constitucionalidad cuestionable, en virtud de la insuficiencia para garantizar la estabilidad laboral reforzada que se predica de los trabajadores discapacitados” (subrayas fuera de texto), solo que consideró que la exclusión de ese aparte era más perjudicial que su permanencia “pues, de un lado pierde la posibilidad de recibir dicho monto y lo que es peor, deja de existir una sanción indemnizatoria para el empleador con la cual se pretende desestimular cualquier actuación en ese sentido”; de allí que la armonizó bajo el entendido “de que el despido de trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de trabajo, no produce efectos jurídicos y solo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria”.

Ese cimiento de la salvaguarda de los destinatarios de la Ley 361 de 1997, por ser sujetos de especial protección constitucional, es el que precede al tratamiento diferencial, que se patentiza cuando el empleador estima que existe justa causa para fenecer la relación, y que lo obliga a acudir a la oficina del trabajo para solicitar el permiso pertinente.

De manera que la teleología del artículo 26 ibídem, que se edifica en lo querido por el legislador y el juicio de exequibilidad al que fue sometido, permiten predicar, a ciencia cierta que para la desvinculación de un empleado que tenga discapacidad de carácter severo comprobada, y de la que tenga pleno conocimiento el empleador, como acontece en el sub lite, se requiere agotar el recurso atrás descrito.

Por demás, nada indica, como lo arguye el censor, que la existencia de un mecanismo, como el administrativo, convierta en inamovible a un trabajador que presenta discapacidad, cuando quiera que media una de las justas causas establecidas en la ley, ni aquel puede aparejarse a una coraza que le permita incumplir las obligaciones, pues lo cierto es que, por el contrario, es plena garantía que se califique si la actuación desplegada es o no con ocasión de un padecimiento, o de la situación de discapacidad, lo que blinda a las partes.

El valor del trabajo tiene dimensiones inconmensurables en la sociedad, no solo alienta al desarrollo de las fuerzas productivas, sino que entraña una resignificación del ser humano frente a su dignidad, que excluye una visión meramente técnica o mecánica como mano de obra, pues lo ubica en el escenario de una serie de relaciones que se construyen alrededor de su tarea, de allí que resulte aun más válido y legítimo que se instituya a favor de las personas con limitación una custodia de su empleo que se concreta a través del control del Estado, tal como lo imponen las normas constitucionales, que fueron referidas con anterioridad.

Este criterio jurisprudencial guarda estrecha armonía con el precedente de esta Sala, radicado 36115 de 16 de marzo de 2010, en tanto indicó que: 

“De una gran sensibilidad social y de una noble carga humana está imbuida la Ley 361 de 1997, en tanto que su designio es el de brindar una adecuada protección a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta y de lograr la rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

“Su articulado consagra un importante elenco de derechos y garantías en beneficio de ese grupo de personas y establece las obligaciones y responsabilidades que les caben al Estado y a la sociedad, en el propósito de facilitar a ese contingente de seres humanos un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, el bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes, al uso del espacio público, al trabajo, etc. 

“Esa plausible filosofía informa su artículo 26, que prescribe: 

‘En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. 

‘No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren’ (las negrillas no pertenecen al texto). 

“Sin duda, este texto legal veda la terminación del contrato de trabajo motivada, única y exclusivamente en la limitación física, sensorial o psíquica del trabajador. Es decir, que la limitación de su empleado sea el móvil, único y exclusivo, que guíe la voluntad del empleador para acabar el nexo laboral. 

“De tal suerte que la repulsa decidida y la sanción severa del legislador se predican del despido o del fenecimiento del contrato de trabajo cuyo solo motor haya sido la disminución física, sensorial o psíquica del trabajador. 

“Claro que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 constituye una valiosa herramienta que propende por garantizar la asistencia y la protección necesarias de las personas con limitaciones significativas, en la medida de reprimir severamente el fenecimiento del vínculo de trabajo que haya tenido causa en esas especiales condiciones que afectan a los trabajadores”. 

Y aunque en esa providencia transcrita se añadió que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no contenía “una inferencia lógica del legislador en el que a partir de un hecho antecedente <se entienda>, <se repute>, <se presume> otro hecho en el sentido de tener por probado este último”, también lo es que equiparó a los discapacitados con otros trabajadores constitucionalmente protegidos, como la mujer en estado de embarazo, y no especificó lo atinente a la extensión de las presunciones por no haber sido objeto de discusión, aspecto que, evidentemente sí abordó aquí el juez de apelaciones, y que al contrastarse con la exposición de motivos del legislador, apunta ineludiblemente a un fuero especial de discapacidad que estima la Sala se presenta cuando se supera el margen de severa, como ya se dijo. 

De manera tal que, contrario a lo que se arguyó en el cargo, la inteligencia que dio el juzgador al compendio normativo acusado, no se advierte desacertada, y por ello no prospera el cargo. 

Costas a cargo de la parte recurrente toda vez que hubo réplica. Se imponen como agencias en derecho la suma de $6.000.000. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 31 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Laboral de Descongestión, en el proceso adelantado por Jhonnis Rafael Ortega Tapia, contra la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. “Coolechera”.

Costas en casación a cargo del recurrente

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.