Sentencia 41398 de agosto 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41398

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta 28

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Dada la vía directa seleccionada por el recurrente, no hay discusión en torno a la valoración de las cláusulas convencionales hecha por el tribunal, ni que el despido del demandante se produjo sin justa causa, supuestos que expresamente fueron aceptados por aquel.

La controversia planteada se circunscribe entonces a determinar, si de cara a las anteriores circunstancias, resulta procedente el reintegro convencional peticionado, atendiendo el estado de liquidación obligatoria al que quedó sometida la entidad bancaria.

Para el tribunal, el proceso de liquidación de la accionada no es razón suficiente para desestimar el reintegro del actor, para lo cual cita apartes de la sentencia proferida por esta Sala dentro de la radicación 23028 de 2005, a lo que suma como argumento adicional que “de la prueba documental obrante en el expediente (fls. 66 a 74) se encuentra el Convenio Interadministrativo de Suministro de Servicios de marzo 8 de 2005 suscrito entre el Banco Cafetero en Liquidación y Granbanco S.A. en el cual se dispone que este podrá vincular masivamente, a través de agencias de empleo temporal, a los empleados que haya seleccionado para que le presten sus servicios, lo que muestra que no hubo supresión de cargos y que el banco continuó funcionando con buena parte de los trabajadores del Banco Cafetero en Liquidación”.

Por su parte, la censura estima que en situaciones como la presente, donde el despido del trabajador es consecuencia de un proceso de liquidación forzosa de una entidad financiera estatal decretado por autoridad competente, el reintegro se constituye en una obligación cuyo cumplimiento resulta física y jurídicamente imposible, precisando que esa ha sido la posición que sobre el tema ha mantenido esta corporación en su jurisprudencia, citando algunos precedentes en tal sentido.

Es cierto, tal como lo expone el recurrente, que la postura reiterada de esta Corte, en tratándose de entidades financieras que se encuentran en proceso de liquidación forzosa, es la imposibilidad material y jurídica del reintegro de aquellos trabajadores que han sido desvinculados por esta causa, quedándoles en este caso como opción resarcitoria de los perjuicios que tal decisión pueda acarrearles, el pago de la indemnización correspondiente.

Sobre el tema, valga remembrar la sentencia de esta Sala de la Corte del 4 de febrero de 2005, radicación 23510, reiterada en los fallos del 21 de febrero y 28 de marzo de 2006, radicados 25455 y 26031, respectivamente, donde se dijo:

“Delimitada así la materia jurídica debatida, se entra de inmediato en su examen, para lo cual hay que empezar por decir que efectivamente el adelantamiento del proceso de liquidación de una empresa hace imposible física y jurídicamente el reintegro o el restablecimiento de los contratos terminados por decisión del empleador invocando ese motivo, de tal suerte que si la ley, la convención colectiva o cualquier otra fuente normativa contemplan dicha medida en el evento de despido unilateral no es dable declararla judicialmente, pues en tal caso la reparación de perjuicios se satisface con el pago de una indemnización. Esta ha sido la doctrina expuesta reiteradamente por esta corporación y que el tribunal hizo suya, tesis que se sustenta en el principio de que nadie puede ser obligado a lo jurídica y materialmente imposible”.

Últimamente, en la sentencia del 6 de julio de 2011, dentro del radicado 39325, esta corporación, al estudiar un caso de connotaciones similares al que nos ocupa, en donde la demandada insistió en aquel proceso en la imposibilidad de acceder al reintegro cuando la empleadora se encuentra en proceso de liquidación obligatoria, en esa oportunidad se precisó:

“De entrada observa esta corporación que le asiste razón a la censura en este puntual aspecto, al afirmar que erró el ad quem al revocar la decisión de primera instancia, por cuanto la entidad demandada, al momento de proferirse la sentencia impugnada, no estaba en la posibilidad física y jurídica de reintegrar a la demandante, dado su estado de disolución y liquidación evidenciado en la documental que obra al folio 453 del cuaderno del tribunal, así como tampoco lo está en la actualidad, ya que el 30 de septiembre de 2009 se extinguió del ámbito jurídico, como certeramente lo revela el certificado de la Cámara de Comercio, adosado al folio 35 del cuaderno de la Corte.

En este orden de ideas, pertinente resulta insistir en la doctrina reiterada de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, vertida en la sentencia del 25 de agosto de 2009, radicado 34619, en asunto en el que se debatió un caso de particulares similitudes al ahora estudiado.

Dijo entonces la Corte:

“Con todo, conviene rememorar que frente al tema de la reincorporación de los trabajadores del Banco Cafetero, despedidos en aplicación de lo ordenado en el Decreto 1388 de 17 de julio de 2000, la Sala de Casación Laboral ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, concluyendo en la improcedencia del reintegro, como por ejemplo en el fallo de 21 de febrero de 2005, con radicación 23704:

Sin embargo, respecto de la supremacía de los postulados constitucionales sobre lo previsto en normas convencionales, en punto al mencionado tema del reintegro, la Corte así lo ha venido sosteniendo. En esa dirección, entre otras, obran las sentencias preferidas por esta Sala, el 18 de noviembre de 2002, radicación 1889, 18 de junio de 2003, radicación 20200 y 8 de septiembre de 2004, en que se dijo lo siguiente:

“(...) las razones jurídicas que adujo para considerar improcedente el reintegro deprecado, seguirían subsistiendo al estar soportadas en el criterio jurisprudencial de esta Sala de la Corte, que ese juzgador hizo suyo, relacionado con la prevalencia de las normas especiales dictadas en desarrollo de facultades constitucionales, sobre las simplemente convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo.

“Y ello es así porque el predominio jurídico que sobre las surgidas de convenios colectivos de trabajo tienen las normas legales que guardan vinculación con los fines esenciales del Estado, por estar directamente relacionadas con su estructura, organización y desarrollo de sus funciones, obviamente se presenta en tratándose de situaciones que conduzcan a la supresión de empleos, pero también respecto de aquellas vinculadas con la reducción de la planta de personal de una entidad pública y la adecuación del número de trabajadores a su servicio, que es la situación que regula el Decreto 1388 de 2000, con base en el cual se terminó el contrato de trabajo de la demandante; de tal suerte que ese predominio existe independientemente de la forma como el vínculo laboral termine, en tanto su motivación obedezca a la reestructuración de una entidad Estatal, legalmente ordenada”.

El reintegro deprecado, entones, adquiere la connotación de imposible de efectuarse, puesto que, como puede observarse en el certificado de existencia y representación legal adosado al folio 25 del cuaderno de la corte, mediante Decreto 610 de 7 de marzo de 2005, se declaró la disolución y el estado de liquidación del ente llamado a responder. Es prudente advertir que tratándose de un hecho sobreviniente luego de haberse presentado la demanda, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la integración autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es viable tener en cuenta dicho documento”.

Entonces, parafraseando lo que sentara la Corte en la sentencia citada, en este caso, el reintegro deprecado adquiere la connotación de imposible de efectuarse, puesto que, como puede advertirse en el certificado de existencia y representación legal adosado al folio 453 del cuaderno del tribunal, mediante Decreto 2525 de 2 de julio de 2005 se declaró la disolución y el estado de liquidación del banco demandado. De ahí que sea necesario afirmar que tratándose de un hecho sobreviniente luego de haberse presentado la demanda, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la integración autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es viable tener en cuenta dicho documento”.

Recapitulando, se advierte que la cita jurisprudencial que le sirvió de sustento al tribunal para conceder las súplicas de la demanda, correspondiente a un aparte de la sentencia proferida por esta Sala el 4 de febrero de 2005, dentro del radicado 23028, no se acomoda a la situación fáctica que se revisa, por ser lo cierto que, en esa oportunidad, la Corte se limitó a recoger los argumentos esbozados por el ad quem para acceder al reintegro deprecado, que tradujo en que “El recurrente no tuvo en cuenta que para el tribunal el proceso liquidatorio de la entidad bancaria no era suficiente para desestimar el reintegro del actor. Explicó que el hecho de la demandada haber entrado en liquidación, no la eximía “... del cumplimiento de las normas laborales, las cuales, no debe olvidarse, son de orden público, pues la entidad solo desaparece cuando se cumpla finalmente, lo que aún no ha sucedido”. Es decir, que para el sentenciador lo relevante, en el tema del reintegro pretendido en este caso, fue la subsistencia de la entidad, aún por encima de la liquidación iniciada, puesto que estimó que su existencia conllevaba la necesaria aplicación de las disposiciones laborales a los trabajadores”; sin adoptar una posición jurídica frente a dichas conclusiones, limitándose a precisar que los sustentos de la decisión impugnada no fueron controvertidos, por lo que no se adentró en la revisión de su legalidad, y en tal virtud dicho precedente no contradice lo sostenido por esta Corte en punto de la imposibilidad de reintegro frente a entidades financieras en proceso de liquidación obligatoria. Criterio que se reitera, en tanto no se presentan nuevos elementos de juicio que lo hagan variar.

Se evidencia también la existencia de un argumento adicional que llevó al tribunal a acceder a las súplicas del libelo demandatorio, cual fue haber encontrado demostrado, con el acervo probatorio recaudado, específicamente con la documental obrante a folios 66 a 74, contentiva del Convenio Interadministrativo de Suministro de Servicios del 8 de marzo de 2005 al que alude específicamente, involucrando de manera tácita la Circular Reglamentaria 4 del 21 de junio de 2005 que obra a folios 73 a 75, contentiva de la política laboral aplicable a los empleados del Banco Cafetero en Liquidación, instrumentales de las que dedujo “la no supresión de cargos y que el banco continuó funcionando con buena parte de los trabajadores del Banco Cafetero en Liquidación”.

El tribunal expuso a ese respecto que:

“Así las cosas, la entidad demandada no puede aducir como justa causa de terminación del contrato de trabajo, el haber entrado en un proceso liquidatorio, máxime que para la Sala es claro que de la prueba documental obrante en el expediente (fls. 66 a 74) se encuentra el Convenio Interadministrativo de Suministro de Servicios de marzo 8 de 2005 suscrito entre el Banco Cafetero en Liquidación y Granbanco S.A. en el cual se dispone que este podrá vincular masivamente, a través de agencias de empleo temporal, a los empleados que haya seleccionado para que le presten sus servicios, lo que muestra que no hubo supresión de cargos y que el banco continuó funcionando con buena parte de los trabajadores del Banco Cafetero en Liquidación”.

El censor aduce que no comparte tal “aserto jurídico” del sentenciador de segundo grado “porque si bien en verdad existió ese convenio administrativo que dispuso lo que dedujo el tribunal, es igualmente cierto que jurídicamente las “agencias de empleo temporal” como las denominó el tribunal, o lo que es lo mismo, las empresas de servicios temporales, como las denomina la ley, con arreglo a los artículos 77 y siguientes de la Ley 100 de 1993 (sic), son empresas autónomas, independientes, que ejercen un objeto social único, consistente en la prestación de servicios temporales a terceros beneficiarios a través del envío de trabajadores en misión; y además, son verdaderos patronos respecto de sus trabajadores, razón más que suficiente para entender que los trabajadores del Banco Cafetero, una vez iniciado el proceso liquidatorio no continuaban en sus cargos ni con las mismas funciones, sino que dejaban de prestar definitivamente sus servicios o podían ser vinculados a otras personas jurídicas diferentes del Banco Cafetero, como lo serían Granbanco S.A., o las respectivas empresas de servicios temporales”.

Para la Corte resulta claro que, si el convenio interadministrativo celebrado entre Banco Cafetero en Liquidación y Granbanco S.A. y la política laboral contenida en la Circular Reglamentaria 4 de 2005, disponen que Granbanco podrá vincular masivamente, a través de agencias de empleo temporal, a los empleados que haya seleccionado para que le presten servicios, aspecto fáctico que tuvo por acreditado el tribunal, y que resulta inmutable dada la senda de ataque seleccionada, es equivocado inferir de lo anterior la conclusión fáctica obtenida por el ad quem, sobre el entendimiento de que no hubo supresión de cargos y que el banco continuó funcionando con buena parte de los trabajadores del Banco Cafetero en liquidación.

Ello por cuanto, la Ley 50 de 1990, en el artículo 71 define la empresa de servicios temporales como “aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador”.

A su turno, el artículo 74 ibídem, prevé que los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales pueden ser trabajadores de planta o trabajadores en misión; entendiéndose los primeros como aquellos que desarrollan su actividad en las dependencias propias de la empresa de servicios temporales y los últimos como aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por estos.

Es así como, tanto frente a los trabajadores en misión que cumplen sus funciones al servicio de la usuaria, como de los de planta que le prestan servicios directamente a la empresa de servicios temporales, es esta última quien ostenta la calidad de empleadora, y en tal condición es la directa responsable del pago de los derechos laborales e incluso de la salud ocupacional de aquellos.

En este orden de ideas, al permitir el convenio interadministrativo en mientes la vinculación masiva de personal, a través de agencias de servicio temporal, para la prestación de servicios a Granbanco S.A., tal circunstancia por sí sola resulta insuficiente para deducir las consecuencias jurídicas que le atribuyó el ad quem, pues, conforme se dejó visto, en tales supuestos, el verdadero empleador de quienes han sido vinculados bajo esa modalidad de contratación, no es otro que la empresa de servicios temporales, no así Granbanco S.A., como tampoco lo sería el Banco Cafetero en Liquidación, por tratarse de relaciones laborales independientes y autónomas, donde a lo sumo, Granbanco S.A., eventualmente, asumiría la calidad de empresa usuaria.

En tal virtud, el tribunal sí incurrió en yerro jurídico, al conceder el reintegro peticionado por el actor, en claro desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado por esta Corte al respecto, con sustento en una sentencia de esta Sala que no se acomoda al caso en estudio, a más de atribuirle unas consecuencias jurídicas que no se acompasan con el contenido del acuerdo interadministrativo celebrado entre Banco Cafetero en Liquidación y Granbanco S.A. y la Circular Reglamentaria 4 de 2005, en los que apoyó su decisión.

Por estas razones, habrá que casarse la sentencia del ad quem.

En sede de instancia, además de las consideraciones anteriores, sirve a los fines que nos interesan el hecho sobreviniente de la finalización del proceso de liquidación del Banco Cafetero S.A. que culminó el 31 de diciembre de 2010, según lo dispuesto por el Decreto 3592 del 29 de septiembre de 2010, cuya copia fue aportada a las presentes diligencias por el extremo accionante (fls. 56-58), atendiendo también el contenido del memorial remitido por Fiduagraria S.A., en su condición de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fogafín - Banco Cafetero, que da cuenta de la terminación de la existencia legal del banco accionado a partir de esa data (fl. 64), circunstancia que tuvo ocurrencia ya estando en trámite el presente recurso extraordinario, razón adicional para sostener la imposibilidad física y jurídica del reintegro deprecado en el presente asunto.

Por ende, se confirmará íntegramente la sentencia del a quo.

Costas en primera y segunda instancia a cargo de la parte demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta William Elías Gayón León al hoy extinto Banco Cafetero S.A. en Liquidación Bancafé.

En sede de instancia, confirma la decisión proferida por el juez de primera instancia.

Costas en primera y segunda instancia a cargo del extremo demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».