Sentencia 41435 de julio 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 232

Magistrada Ponente:

Dra. María Del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013).

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, pues la acción penal es ejercida contra un fiscal local, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Quibdó, por actos realizados con ocasión del cargo desempeñado.

La labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

Los reparos formulados por la defensa, material y técnica, se orientan a cuestionar, básicamente, la credibilidad otorgada por el tribunal a quo al testigo José Uriel López Patiño, quien en el juicio oral y público señaló a Adinel Chaverra Durán, fiscal 4 local de Tadó, como una de las personas que le solicitó una “colaboración” a cambió de entregar el automotor y la carga retenida.

En sentido contrario, los impugnantes manifiestan que si bien se presentó la solicitud de dinero, ello ocurrió a espaldas del funcionario, por manera que López Patiño inventó la participación del fiscal en la concusión como retaliación por el hecho de que Chaverra Durán le había imputado cargos el 29 de enero de 2009 por el delito de cohecho por dar u ofrecer, a consecuencia de lo cual fue declarado responsable el 7 de julio de ese año.

Entonces, la controversia se plantea exclusivamente en punto de la ponderación probatoria tendiente a corroborar la intervención de Adinel Chaverra Durán en los hechos ilícitos investigados, no existiendo debate sobre la exigencia monetaria y la entrega de la misma.

En ese contexto, debe precisarse cómo el hecho de que José Uriel López Patiño cuente con un antecedente penal por el delito de cohecho por dar y ofrecer no lo inhabilita como testigo ni hace menos o más creíble su versión, pues ella debe cotejarse con el restante material probatorio a efectos de colegir su veracidad, seriedad y coherencia.

Ello por cuanto de acuerdo con la jurisprudencia decantada de la Sala, resulta contrario a los criterios de la sana crítica, específicamente a las reglas de la experiencia, dar por sentado que quien ha sido condenado por la comisión de un delito no está en condición de concurrir a los estrados judiciales como testigo, máxime cuando, como en este caso, la condena no ha sido proferida por falsa denuncia o falso testimonio, punibles que podrían guardar alguna relación con la credibilidad del relato(2).

En otras palabras, el carácter de condenado del testigo no imposibilita que pueda declarar sobre hechos percibidos o conocidos, pues no existe una regla de la experiencia acorde con la cual resulta probable que los sancionados penalmente mientan ante los funcionarios judiciales. Contrario sensu, opera la máxima general según la cual ha de esperarse delos declarantes que siempre digan la verdad, salvo que circunstancias especiales permitan advertir lo opuesto.

Tampoco la condición social de los testigos constituye argumento válido para pregonar mayor peso de una declaración frente a otra, como lo propone la defensa, pues lo relevante es el conocimiento que de los hechos tenga cada deponente y su respaldo frente al restante material probatorio, por manera que la calidad de funcionario público o la de particular no constituye elemento que brinde más o menos credibilidad a un testimonio.

Y si bien en el evento examinado se ha tratado de significar por los impugnantes que existen condiciones específicas a partir de las cuales se puede deducir la parcialidad de la declaración y el interés del testigo en perjudicar al doctor Chaverra Durán, lo cierto es que las mismas resultan artificiosamente acomodadas para mostrar ánimo vindicativo, cuando la narración vertida por López Patiño en el juicio oral y público evidencia una postura coherente, espontánea y sin ánimo de retaliación.

En efecto, es cierto que el fiscal Chaverra Durán fue el encargado de formular imputación a López Patiño el 29 de enero de 2009 por el delito de cohecho con ocasión de la captura del mismo por parte de la policía de carreteras por ofrecer dinero para que lo dejaran transitar con un permiso vencido. Sin embargo, no es cierto que adelantara todo el proceso en contra de ese ciudadano, pues solo intervino como fiscal de turno y luego se desligó del caso.

Además, la afirmación según la cual el doctor Chaverra Durán fue el encargado de comunicarle a López Patiño sobre la sentencia condenatoria no cuenta con respaldo probatorio, siendo improbable que lo hiciera exactamente el día de los hechos investigados, esto es, el 27 de julio de 2009, pues de esa situación no se dejó ninguna constancia ni se demostró que en esa época el fiscal estuviese enterado de ese fallo, máxime cuando no era el encargado del proceso.

Aún más, la sentencia de condena en contra de José Uriel López Patiño se emitió por el Juzgado Penal del Circuito de Itsmina el 7 de julio de 2009, esto es, 20 días antes de los acontecimientos aquí juzgados, sin que se haya demostrado por la defensa, en apoyo de su tesis, que ya se había surtido la notificación personal a López Patiño o que estaba enterado por algún medio de la misma. Por el contrario, el citado ciudadano declaró en el juicio que conoció la sanción en el año 2012 cuando pretendió actualizar su pasado judicial en la ciudad de Manizales.

Y aunque el testigo reconoció que el fiscal Chaverra Durán intervino en su caso, nunca le atribuyó responsabilidad por su condena como lo aduce la defensa, pues su queja estaba dirigida para los policías de carretas que en esa ocasión lo detuvieron.

De esta forma, el argumento defensivo se enmarca dentro de una estrategia orientada a menguar la fuerza demostrativa del testimonio de López Patiño¸ quien en forma directa, espontánea y sin dubitación narró cómo el doctor Chaverra Durán, junto con Blas Perea y Elkin Valencia, le exigieron una “colaboración” como requisito para disponer la devolución del camión y la carga transportada.

Aún más, la versión de la retaliación, aparte de no encontrar respaldo en las pruebas recaudadas en el juicio, desconoce el real acontecer de los hechos, pues no fue López Patiño quien presentó la denuncia, como debería haber ocurrido si su intención fuera perjudicar al procesado.

Por el contrario, fue José Efraín Restrepo Lodoño quien instauró la queja sin suministrarla identidad de quienes solicitaban dinero, pues, conforme lo declararon los integrantes del CTI Carlos Oiden Pino Cuesta y Héctor Manuel Vélez Correa, simplemente adujo que en la fiscalía de Tadó le pedían plata por la devolución de los bienes sin indicar nombres en concreto. De esta manera, la hipótesis de la venganza se devela como estrategia defensiva, carente de respaldo probatorio, orientada a desacreditar al principal testigo de cargo ante la innegable fortaleza de su dicho.

De otra parte, considera la defensa que se configura un falso raciocinio cuando el tribunal acoge el planteamiento de la fiscalía según el cual el doctor Chaverra Durán, quien había imputado cargos a José Uriel López Patiño, solicitó una “colaboración” para permitir la salida de la mercancía y del camión.

Empero, la Sala encuentra que no se concreta el aludido error de juicio porque esa deducción está fundada en prueba testimonial rendida bajo la gravedad de juramento en el juicio público, donde la defensa tuvo la posibilidad de contrainterrogar al testigo sin que modificara, titubeara o se contradijera en el señalamiento.

Si el conductor sabía, como en efecto lo adujo en su testimonio, que el fiscal Chaverra Durán le había imputado cargos por ofrecer dinero a servidores públicos, no se arriesgaría a repetir esa conducta justo al mismo funcionario que lo había procesado, pues ello le implicaría un nuevo proceso penal. Por ende, la oferta de los trescientos mil pesos se explica en que tenía certeza de su indemnidad, dado que la solicitud provenía del fiscal, a quien, por demás, le resultaba fácil hacer la exigencia, dado su conocimiento dela tendencia de López Patiño a entregar dádivas, situación que también explica por qué la petición se canalizó a través suyo.

Además, fue José Uriel López quien se presentó a las instalaciones de la fiscalía a llevar los documentos correspondientes y a demandar la devolución de los bienes, por manera que era el indicado para recibir la propuesta. Lo anterior, con mayor razón, si se considera su escasa formación académica, condición que no acompañaba a José Efraín Restrepo Londoño, abogado de profesión, siendo, por ende, más problemático formularle la indebida solicitud a este ciudadano.

En cuanto a la supuesta inconsistencia de López Patiño al indicar que la policía de carreteras no le exigió dinero mientras Restrepo Londoño manifestó que sí se presentó tal requerimiento, la Sala observa que se trata de una contradicción aparente en tanto el conductor manifestó que a él no le solicitaron, pero no indicó que al propietario de la carga no le hayan formulado la petición.

Así, López Patiño relató que presentó los documentos que amparaban la carga a los agentes, quienes dijeron que no servían, razón por la cual los comunicó con el dueño de la misma sin conocer el contenido de su conversación, resultando viable que la exigencia se elevara exclusivamente a Restrepo Londoño, quien así lo detalla en la exposición vertida en el juicio.

Sostiene la defensa que la declaración de José Uriel López Patiño no es ratificada por los restantes medios de prueba recaudados, conclusión que se aleja de lo demostrado en el proceso, pues el análisis conjunto de dicho material permite colegir la veracidad de lo narrado.

Lo anterior porque José Efraín Restrepo Londoño corrobora las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos de los días 25 y 27 de julio de 2009 descritas por López Patiño, con la salvedad de que a él no se le formuló en forma directa la exigencia de “colaboración”, aspecto que, como se reseñó, se demostró con la declaración del conductor, a quien sí se le presentó la indebida solicitud, ostentando absoluta credibilidad su dicho en tanto se descartó el interés de perjudicar al fiscal pregonado por los impugnantes.

La defensa considera que, contrario a lo afirmado por el tribunal a quo, la actitud del doctor Chaverra Durán en el operativo de captura de Blas Perea, no buscaba obstruir el procedimiento, pues simplemente trató de obtener una explicación de lo que estaba aconteciendo.

No obstante, la revisión de los audios correspondientes permite colegir cómo, aunque el procesado no se opuso de forma abierta a la captura, sí expresó la necesidad de detener el operativo, tal como lo testificó el investigador Carlos Oiden Pino Cuesta quien indicó que Adinel Chaverra Durán dijo “por qué no paramos esto” y “por qué le haces esto a Blas”(3), situación ratificada con el testimonio de Héctor Manuel Vélez Correa quien también participó en la captura(4), por manera que la consideración del Tribunal no se aparta delo demostrado en el proceso.

En un último acápite la defensa predica la inexistencia de constreñimiento por el hecho de que el fiscal haya negado inicialmente la salida del vehículo por considerar ausente un permiso reglamentario, pues se trataba de un asunto que demandaba estudio detallado.

Con todo, en el evento de la especie la imputación no se centra en la corrección o incorrección de la determinación adoptada ni en la complejidad de la misma sino en el hecho de que el servidor público solicitó una “colaboración” para permitir la salida del rodante y de la mercancía, situación que, sin lugar a dudas, actualiza el verbo rector constreñir, máxime cuando la petición se acompañó de la indicación según la cual, de no obtenerse dicha contribución, los bienes se dejarían a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes donde podrían permanecer por un lapso de 5 a 6 meses, lo cual comportaba un grave perjuicio para los interesados.

Recuérdese que el tipo penal de concusión se materializa cuando concurren los siguientes elementos: i) un sujeto activo cualificado, a saber, servidor público; ii) el abuso del cargo o de la función; iii) la ejecución de cualquiera de los verbos rectores, constreñir, inducir o solicitar una prestación o utilidad indebida; y, iv) la relación de causalidad entre el acto del funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o utilidad no debidos, requisitos que en el evento examinado se satisfacen, tal como se precisó en el fallo de primera instancia.

Así mismo, debe concurrir el denominado metus publicae potestatis que hace relación al miedo y angustia originada por el constreñimiento, inducción o solicitud indebida efectuada por el servidor público, dadas las consecuencias que produce la petición corrupta en el particular(5).

La solicitud indebida realizada con abuso del cargo o de la función, entraña un acto arbitrario, que infunde en el destinatario de la exigencia, la obligación de dar o prometer dinero u otra prestación que legalmente ni debe, ni tiene por qué prestar. No se requiere, por tanto, que la persona que recibe la ilícita solicitud se someta finalmente a la voluntad del amedrentador, pues la consumación de esta modalidad delictual se concreta con el impacto capaz e idóneo para viciar o alterar su voluntad por el desconcierto, la confusión, molestia o repudio dada la desventaja en que resulta colocada la persona que desea acceder a la justicia en condiciones de equidad.

En ese contexto, la tesis del procesado según la cual no se configura el delito de concusión por cuanto la víctima denunció el hecho como alternativa para no acceder a la exacción ilegal, resulta verdaderamente infundada.

En efecto, nótese cómo la solicitud de “colaboración” se dirigió en primer lugar a José Uriel López Patiño quien ante el temor de prorrogar por un largo periodo de tiempo la recuperación del automotor ofreció primero cincuenta mil y luego cien mil pesos. Pero como esa cifra no satisfizo las expectativas de quienes formulaban la exigencia, le sugirieron que se contactara con los propietarios del camión y de la mercancía para que contribuyeran con el pago. Así, una vez José Efraín Restrepo Londoño es enterado por el conductor de esa proposición decide denunciar el hecho.

El anterior recuento evidencia cómo fueron dos las víctimas del constreñimiento. En primer lugar, José Uriel López Patiño quien, ante la exigencia de “colaboración” como condición para acceder a la entrega del camión y la carga, ofreció una cifra de dinero que no llenó las expectativas de los aludidos servidores y, en segundo orden, José Efraín Restrepo Londoño, quien, motu proprio, denunció el delito.

Pues bien, considera la Sala que frente a cada una de ellas se concretó el metus publicae potestatis, pues la coacción fue idónea y producto de ella López Patiño ofreció una suma de dinero y Restrepo Londoño acudió a la autoridad para obtener la protección de sus derechos que veía vulnerados ante el ilícito proceder. Por ello, la tesis defensiva carece de soporte y, además, comporta la absurda teoría según la cual, en los eventos de concusión, si se formula denuncia no se concreta constreñimiento, inducción o solicitud indebida, dada la falta de capacidad de la conducta para generar temor en el ciudadano afectado. Por el contrario, el razonamiento correcto impone afirmar que es tan fuerte el temor de la víctima que se ve compelida a solicitar protección de las autoridades pertinentes.

De lo anterior se colige que la concusión se consumó en el momento en que Chaverra Durán, prevalido de su condición de fiscal encargado de decidir la entrega del automotor, abusando del cargo, solicitó una “colaboración” al conductor José Uriel López Patiño y, por intermedio de este, a José Efraín Restrepo Londoño, a cambio de disponer la devolución impetrada por los interesados.

Así mismo, el procesado aduce la indebida injerencia del tribunal en la formulación de preguntas complementarias sin agotar el ciclo de las partes. Empero, no precisa en relación con qué testimonio en particular se concretó esa situación o si ocurrió con todos.

No obstante, la revisión de los audios permite a la Sala colegir que dicha censura no se ajusta al desarrollo de la audiencia, en tanto el a quo solo formuló cuestionamientos de complemento al testigo José Efraín Restrepo Londoño, pero ello acaeció cuando las partes ya habían finalizado el interrogatorio, situación amparada por la regla contenida en el artículo 397 de la Ley 906 de 2004 y en la cual no se observa ninguna irregularidad, pues los interrogantes se dirigieron a obtener contestación a una pregunta formulada por la defensa a la que el deponente contestó “si y no”(6), constituyendo, además, labor primordial del director de la vista pública velar porque “el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas”, según lo dispone el canon 392 ibídem.

Finalmente, la defensa censura que José Uriel López Patiño no recuerde cuántas veces se reunió con el fiscal ni cómo eran las instalaciones de la fiscalía. Sin embargo, la revisión de dicha declaración permite colegir que el testigo precisó que se entrevistó con el servidor público en tres ocasiones y, aunque no describió al detalle las instalaciones, sí enfatizó en que los encuentros se produjeron dentro de la oficina del doctor Chaverra Durán, quien estaba ubicado en su escritorio(7). Por ende, la censura carece de razón, máxime si se considera que desde la época de los acontecimientos transcurrieron más de 42 meses, siendo factible que el testigo no recordara la distribución interna de la citada dependencia, por tratarse de detalles sin mayor trascendencia frente a la angustia vivida en ese momento por quien era objeto de la indebida proposición.

Pues bien, el análisis conjunto de la prueba acopiada en el debate público impone a la Corte colegir que, tal como lo determinó el tribunal a quo, la fiscalía demostró más allá de toda duda razonable la comisión del delito de concusión y la participación en el mismo, a título de coautor, del doctor Adinel Chaverra Durán, circunstancia por la cual no resulta procedente aplicar el principio de in dubio pro reo subsidiariamente invocado por la defensa.

Lo anterior con fundamento en la contundente declaración del ciudadano José Uriel López Patiño quien, sin dubitación ni contradicción alguna, lo señala como una de las personas que le solicitaron dinero a cambio de la devolución delos pluricitados bienes. Adicionalmente, porque la teoría de la confabulación del conductor para perjudicar al fiscal carece de sustento probatorio y es refutada por el acontecer demostrado en el proceso, en particular porque no fue López Patiño quien presentó la denuncia que desencadenó el operativo origen de esta investigación. Por el contrario, no tenía conocimiento de la notitia criminal, según lo indicó bajo juramento en el juicio, y lo ratificó José Efraín Restrepo Lodoño quien aseveró que fue él quien, motu proprio, decidió denunciar el hecho sin que el conductor tuviese conocimiento de tal situación.

En suma, los argumentos esbozados por los recurrentes no logran persuadir a la Sala de la inocencia del doctor Adinel Chaverra Durán, razón por la cual se impone confirmar la sentencia impugnada respecto de los motivos de inconformidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la condena impuesta en la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Quibdó, conforme con lo expuesto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(2) Cfr. Providencias del 3 de febrero de 2010, Rad. 32863 y del 21 de septiembre de 2011, Rad. 36739, entre otras.

(3) Cfr. Cdno. 1 del juicio, minuto 67:45.

(4) Cfr. Cdno. 2 del juicio, minuto 14:00. El testigo adujo sobre la actuación del fiscal Chaverra Durán en el operativo lo siguiente: “Cuando nosotros iniciamos el procedimiento, intentó llamar a Luis Eduardo, le decía venga hombre paren eso, paren eso. Posteriormente se le arrimó a Carlos Oiden y le dijo Carlos Oiden vení y hablemos invitándolos a que pasaran al despacho de este que para que hablaran pero no tengo conocimiento a que se refería cuando decía que vinieran para que hablaran” (destaca la Sala).

(5) Cfr. Proveídos del 7 de marzo de 2007, Rad. 23732; septiembre 10 de 2003, Rad. 18056; 3 de diciembre de 1999, Rad. 11136, entre otros.

(6) Cfr. Cdno. 4 del juicio oral, minuto 1:39:49.

(7) Cfr. Cdno. 2 del juicio, minuto 1:05:38 en adelante.