Sentencia 4144 de abril 10 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

SUPRESIÓN DE EMPLEOS AUNQUE SE CONSERVEN LAS FUNCIONES

EXTRACTOS: «Al recurrir la sentencia, la inconformidad del actor se centra en que, a su juicio, el empleo que desempeñaba no desapareció de la planta de personal del departamento; que las funciones siguen siendo desempeñadas por los auxiliares de estadística y a través de contratos de prestación de servicios.

Mediante el Decreto 1260 de 27 de mayo de 1997 se modificó la planta de personal de la Secretaría de Educación y Cultura, prevista en el Decreto 4699 de 11 de septiembre de 1996.

Dice la actora que este último decreto la reincorporó a la Secretaría de Educación y por ello la motivación de los actos acusados es falsa. No comparte la Sala esta apreciación pues la facultad para modificar plantas de personal del nivel central puede ser ejercida por el gobernador, en cualquier momento, siempre que ello resulta acorde con las necesidades del servicio y el interés general. Es decir, en desarrollo de las, mismas, es viable suprimir empleos y reubicar a los empleados en aquellos que queden disponibles en la nueva planta de personal.

De acuerdo con la certificación que obra a folio 107, al 4 de junio de 1997, fecha de supresión del empleo de la actora “...quedaron asignados a la Secretaría de Educación y Cultura del departamento 305 plazas del cargo de auxiliar administrativo, nivel 2, grado 3; y continuaron ejecutando su función desde la misma fecha 305 plazas del mismo empleo en el mismo organismo...”.

Aceptando que las funciones del cargo se conservaron luego de la modificación de la planta de personal, ello no implica que tal empleo no se haya suprimido pues es viable que, por efecto de esta decisión, las funciones de un cargo se asignen a otro empleo. Recuérdese que una de las opciones en la modificación de plantas de personal es la fusión de empleos o la reasignación de funciones, entre otros.

El artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. La supresión del empleo ha sido prevista por el legislador desde tiempo atrás, y se prevé este hecho como causal de retiro del servicio por cesación definitiva de funciones la cual se predica respecto de cualquier empleo independiente de su naturaleza y forma como deben ser provistos, trátese de empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

Sobre este aspecto tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han reiterado que el Estado debe asumir la tarea de adecuar su estructura para que ella sea eficiente en el cumplimiento de las múltiples responsabilidades que le competen; que para ello las entidades disponen, entre otros instrumentos, de la supresión de empleos; que si fuera necesario, por razones de esa índole, eliminar empleos de carrera ello sería legal previa indemnización al empleado para no romper el principio de igualdad con las cargas públicas (C.N., art. 13) en razón del derecho a la carrera que le es afectado.

Conforme a lo expuesto no es de recibo la argumentación del recurrente en el sentido de que el solo hecho de que en la planta de personal se hubiese mantenido la función que correspondía al empleo que ocupaba, implica por sí solo falsa motivación. Nada impide al Estado mantener el servicio o, mejor la función, independiente del número de empleos que considere necesario para ello».

(Sentencia de abril 10 de 2003. Radicación 4144-2001. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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