Sentencia 4145 de septiembre 3 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: expediente electoral 4145

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Rad.:11001-03-28-000-2006-00190-01

Actor: Germán Guevara Ochoa

Demandado: César Serrano Sánchez

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el proceso de la referencia, promovido mediante demanda dirigida contra el acto por el cual se declaró la elección del señor César Serrano Sánchez como representante de los egresados ante el consejo superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

I.Antecedentes

1. La demanda.

A.Las pretensiones.

El señor Germán Guevara Ochoa, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, presentó demanda para solicitar la nulidad de la Resolución 3489 del 24 de octubre de 2006, por la cual el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia declaró la elección del señor César Serrano Sánchez como representante de los egresados ante el consejo superior de esa universidad. Así mismo, solicitó “Si hay mérito, compulsar copias a la fiscalía y procuraduría por las razones expuestas en la demanda”.

B. Los hechos.

Como fundamento de las pretensiones, el demandante sostuvo, en resumen, lo siguiente:

1. El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia convocó a los egresados de esa institución para elegir su representante ante el consejo superior universitario, en jornada electoral que tuvo lugar el viernes 20 de octubre de 2006 de 8:30 a.m. a 5 p.m., “día propicio para que el representante de Canapro César Serrano pudiera movilizar a su electorado desde los pueblos en buses”.

2. La secretaría general de la universidad divulgó una cartilla “con el supuesto nombre de todos los egresados de la UPTC hasta ese día, encontrándose que muchos estaban muertos, otros tenían una cédula cambiada, a otros les aparecía el número de carné de estudiante y otros ni siquiera aparecían, teniendo el jefe de admisiones y registro que habilitarlos para que pudieran votar, lo cual indica que la base electoral estaba falseada”.

3. En la primera página del instructivo dado por la secretaría general de la universidad a los jurados, bajo el título “Iniciación”, se lee lo siguiente: “Cuando el sufragante se acerque a votar, se le solicita la cédula de ciudadanía o carné estudiantil (único documento válido para votar), se constata su nombre e identificación en los listados, y si aparece allí, se resalta”. Esa instrucción permite inferir que “se contaminó el proceso con un número indeterminado de sufragantes no egresados y que eran estudiantes. No me refiero a los egresados estudiantes que sí estaban habilitados”.

4. Por instrucciones del secretario general de la universidad se impidió el voto de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades, “por lo cual se alteró el derecho al sufragio de los mismos que tenían todo el derecho, pues donde la ley no distingue, no les es dable al intérprete distinguir. Es claro que los programas desarrollados por la UPTC en convenio con otras instituciones universitarias confieren un título emanado de ambas universidades lo cual erige al beneficiario en egresado de la UPTC en convenio con otra universidad, de la cual también se convierte por obvias razones en egresado”.

5. Al cierre de la jornada electoral muchas personas no pudieron sufragar, a pesar de haber largas filas durante horas.

6. Según varios testigos, “mucha gente fue trasteada en buses desde sus municipios y a otros se les regaló esferos para que votaran por el candidato Serrano, con lo cual se configuró el delito de corrupción al sufragante (C.P., art. 390)”.

C. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante citó como normas violadas las que se indican a continuación, de acuerdo con el concepto de violación que se resume en cada caso, así:

1. Inciso segundo del artículo 68 de la Constitución Política, según el cual “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”. En este caso se excluyó buena parte del conjunto de egresados con derecho a elegir representante ante el consejo superior de la universidad.

2. Literal f) del artículo 8º del Acuerdo 066 de 2005, según el cual, el consejo superior de la universidad está integrado, entre otros, por “Un representante de los egresados de la UPTC”. Esta norma se infringió por varias razones: i) No se permitió el voto de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades; ii) Se autorizó el sufragio de personas que se identificaron con contraseñas, de otros que recibieron habilitación del jefe de admisiones y registro para ese efecto y, también, de estudiantes; y iii) No se depuró el censo electoral de egresados, apareciendo en él personas muertas.

3. Literal e) de los artículos 2º y 6º del estatuto general de la universidad, en cuanto prevén la democracia participativa como principio general de la institución. Tal principio fue vulnerado al impedirse el sufragio de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades.

(...).

II. Consideraciones

Competencia

Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo —modificado por el 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral de la referencia, por cuanto que el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, luego de la modificación que le introdujo el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, señala que esta corporación conocerá privativamente y en única instancia de los procesos de nulidad de elecciones o nombramientos hechos por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.

En este caso, se demanda la nulidad del acto de declaratoria de elección del representante de los egresados ante el consejo superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, institución de educación superior de carácter oficial del orden nacional. Por tanto, es competente la Sala para conocer esta controversia.

El estudio de los cargos

La legalidad de ese acto se controvierte por razón de los siguientes hechos que, según plantea el demandante, ocurrieron en el marco del proceso electoral que culminó con la expedición del acto acusado: i) traslado de algunos electores “desde los pueblos en buses”; ii) regalo de esferos a los electores para que votaran por el entonces candidato César Serrano Sánchez; iii) irregular conformación del censo electoral de egresados; iv) sufragio de personas no incluidas en el censo electoral de egresados, pero que fueron habilitados por el jefe de admisiones y registro; v) instrucción a los jurados en el sentido de que el único documento de identificación válido para votar era el carné estudiantil, posibilitando así el sufragio de un número indeterminado de estudiantes en una jornada electoral propia de egresados; vi) instrucción a los jurados en el sentido de impedir el voto de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades; y vii) imposibilidad de que, a pesar de haber hecho fila durante horas, muchas personas pudieran depositar su voto, al cierre de la jornada.

Al respecto, la Sala encuentra razón suficiente para concluir en la denegación de las pretensiones de la demanda en relación con todos los cargos propuestos, como lo anota el apoderado del demandado y la Procuradora Séptima Delegada (e) en su concepto de fondo, porque fueron formulados de manera general, ambigua e imprecisa.

En estas circunstancias, no resulta procedente el estudio orientado a verificar si, considerados en abstracto, los hechos planteados dan lugar a la violación de las normas jurídicas invocadas (inc. segundo del art. 68 de la Constitución Política, lit. f) del art. 8º del Acu. 066 de 2005 y lit e) de los artículos, 2º y 6º del estatuto general de la universidad) y si tales infracciones, objetivamente analizadas, son motivo de nulidad del acto declaratorio de la elección.

A continuación, la Sala presenta de manera detallada las razones de dichas imprecisiones.

1. Traslado de algunos electores “desde los pueblos en buses”.

Afirmó el demandante de manera general que el día de los comicios fue propicio “para que el representante de Canapro César Serrano pudiera movilizar a su electorado desde los pueblos en buses” y agregó que “Según varios testigos (...) mucha gente fue trasteada en buses desde sus municipios”.

El demandante incurre, al menos, en las siguientes imprecisiones: No indicó el nombre de los electores que, según plantea, fueron irregularmente trasladados desde sus municipios. Tampoco señala la sede (Tunja, Yopal, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso), ni la respectiva mesa de votación hacia donde fue trasladado el electorado. Menos aún, la sede (municipio) y correspondiente mesa de votación en donde cada uno de los electores trasladados debía depositar su voto.

Lo anterior, por cuanto, según se aprecia en las actas parciales de escrutinio allegadas al proceso, la jornada electoral en cuestión tuvo lugar en las sedes de Tunja —8 mesas—, Sogamoso —5 mesas—, Duitama —5 mesas—, Chiquinquirá —4 mesas— y Yopal —1 mesa— (fls. 52 a 75).

Conviene aclarar que las pruebas testimoniales en cuyo decreto insistió el demandante mediante escrito presentado con posterioridad al cierre de la etapa probatoria (fl. 112) no permitirían entender satisfecha la exigencia procesal en cabeza del demandante de precisar los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo.

2. Regalo de esferos a los electores para que votaran por el entonces candidato César Serrano Sánchez.

El demandante se limitó a indicar que “Según varios testigos (...) a otros [electores] se les regaló esferos para que votaran por el candidato Serrano”, sin ofrecer más información ni detalles al respecto y, así, no concretó ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar relevante para efectos de establecer si efectivamente se produjo algún acto violatorio de la libertad del elector y sus efectos sobre el resultado de los comicios.

3. Irregular conformación del censo electoral de egresados.

A juicio del demandante el censo electoral de egresados fue irregularmente conformado, por varias razones: i) inclusión de personas fallecidas, ii) equivocada identificación con que aparecen relacionados algunos egresados y iii) exclusión de personas con derecho a sufragar como egresados.

No obstante, ninguna información aporta el demandante que permita establecer el nombre de las personas que fueron irregularmente incluidas, identificadas o excluidas del censo electoral de egresados. Tampoco se indica en la demanda la incidencia que esta presunta irregularidad o vicio pudo tener, concretamente, en el resultado electoral. Omisión grave que es predicable para cada uno de los cargos propuestos.

4. Sufragio de personas no incluidas en el censo electoral de egresados, pero que fueron habilitadas por el jefe de admisiones y registro.

Dijo el demandante que en la jornada electoral cuestionada el jefe de admisiones y registro autorizó el sufragio de personas no incluidas en el censo electoral de egresados, “lo cual indica que la base electoral [censo] estaba falseada”.

Al igual que el caso anterior, se advierte en este tema la falta de señalamiento del nombre de las personas que recibieron del mencionado funcionario autorización para votar. Por otra parte, no se indicaron las sedes y mesas de votación en que cada uno de tales electores, por cuenta de tal habilitación, efectivamente depositó su voto, ni sus efectos sobre el resultado de la elección.

5. Instrucción a los jurados en el sentido de que el único documento de identificación válido para votar era el carné estudiantil, posibilitando así el sufragio de un número indeterminado de estudiantes en una jornada electoral propia de egresados.

Sostuvo el demandante que en la primera página del instructivo a los jurados se lee lo siguiente: “Cuando el sufragante se acerque a votar, se le solicita la cédula de ciudadanía o carné estudiantil (único documento válido para votar), se constata su nombre e identificación en los listados, y si aparece allí, se resalta”. Agregó que esa instrucción permite inferir que “se contaminó el proceso con un número indeterminado de sufragantes no egresados y que eran estudiantes. No me refiero a los egresados estudiantes que sí estaban habilitados”. Y al alegar de concusión señaló que “el simple hecho de establecer en el instructivo que el único documento válido para votar era el carné estudiantil permitió —por ese solo hecho— que estudiantes pudieran votar y fue una prerrogativa que deviene en ilegal”.

Omitió también señalar el nombre de los estudiantes que irregularmente participaron como sufragantes en la elección del representante de los egresados y tampoco señaló la sede y mesa de votación correspondiente en que el voto de cada uno de esos estudiantes fue introducido.

Contrario a lo afirmado por el demandante al alegar de conclusión, tal concreción era necesaria para examinar si el hecho descrito por el demandante —instrucción según la cual el carné estudiantil era el único documento de identificación válido para votar— tuvo alguna incidencia determinante en el resultado y en el acto de elección acusado.

6. Instrucción en el sentido de impedir el voto de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades.

Indicó el demandante que por instrucciones del secretario general de la universidad se impidió el voto de los egresados de programas ofrecidos en convenio con otras universidades.

Pero en la demanda no aparece descrita la manera cómo se materializó la instrucción y ello impide el examen orientado a verificar, no solo la existencia, sino el alcance y legalidad de tal directriz frente a las normas que definen las personas con derecho a elegir al representante de los egresados.

Tampoco hace mención concreta y cuantificada de los egresados a quienes, por cuenta de esa indeterminada instrucción, se les impidió el ejercicio del derecho al voto, lo cual imposibilita la apreciación sobre los efectos frente al resultado electoral obtenido, en términos de votación potencial, de la participación electoral que se esperaba de los egresados a quienes se les impidió depositar su voto.

7. Imposibilidad de que, a pesar de haber hecho fila durante horas, muchas personas pudieran depositar su voto, al cierre de la jornada.

Sobre este último hecho también se advierte falta de concreción similar a los anteriores, comoquiera que el demandante no determinó, cuantitativamente, las personas que se vieron imposibilitadas para votar, ni las mesas de votación en que se presentó el fenómeno descrito.

La falencia anotada impide establecer la relevancia que frente al resultado electoral tuvo la alegada ausencia de participación electoral, en el evento de que, examinadas las circunstancias del caso concreto, tal ausencia de votación se tuviera como derivada de causas no imputables a las personas que no alcanzaron a votar.

En conclusión, es evidente que la falta de concreción, determinación y cuantificación en los aspectos fácticos relevantes de cada uno de los cargos, hacen imposible el análisis de los mismos, menos cuando no existe los mínimos elementos probatorios.

Es carga del demandante concretar en el libelo los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo, al igual que la prueba de los mismos. La demanda fija el marco jurídico y fáctico del litigio a resolver, determinante de la actividad probatoria que incumbe a las partes y la consiguiente función falladora del juez, con las consecuencias negativas que para el ejercicio del derecho de acción implica omitir la concreción de los hechos y sus pruebas.

De manera que la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, sin especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración errónea de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos. El proceso judicial no es la vía para descubrir, mediante investigación oficiosa, hechos irregulares y vicios con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para comprobar y demostrar que efectivamente estos ocurrieron en forma concreta, tal como lo debe manifestar y concretar la demanda.

De esta forma, la falta de concreción en los aspectos fácticos relevantes de las censuras hace imposible el análisis de las mismas y por tal omisión no es viable jurídicamente derivar per se la nulidad pretendida.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Deniéganse las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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