Sentencia 41464 de junio 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41464

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., trece de junio dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Para confirmar el fallo condenatorio de primera instancia, el tribunal no puso en duda que el demandante y su fallecida cónyuge, aunque residían en el mismo inmueble, no compartían lecho, dada la “situación patológica de la causante”; sin embargo, apoyado en una cita jurisprudencial, coligió que “que en circunstancias especiales ajenas a la voluntad de los cónyuges, es posible aceptar, que el sobreviviente pueda acceder a la prestación económica, aún cuando no conviviera con el pensionado fallecido, la lógica y el sentido común nos indica que con mayor razón puede este acceder a dicha prestación económica, cuando a causa del grave estado de salud de su esposa, no podía compartir la misma cama, pero se esmeró por proporcionarle las mejores condiciones durante su enfermedad y muerte”.

De esta suerte, el cimiento fundamental de la sentencia no fue de linaje fáctico, sino eminentemente jurídico, en tanto su reflexión apuntó al entendimiento y alcance del requisito consignado en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, invocado expresamente como punto de partida del análisis.

El impugnante atribuye al tribunal la equivocación de dar por probado, sin estarlo que el incumplimiento del “requisito de la convivencia real y efectiva”, obedeció a “razones justificables y ajenas a la voluntad de los cónyuges”, que no fue el verdadero soporte de la decisión, dado que, como quedó dicho, para el ad quem, bajo el entendimiento que dedujo de un pronunciamiento de esta Sala de la Corte, la convivencia de la pareja quedó acreditada. Por su parte, la censura no discute que entre “los cónyuges formales existió una cohabitación en una misma edificación, pero no una efectiva y real convivencia”, con lo cual lo que reprocha es que el ad quem haya calificado como convivencia, el solo hecho de vivir en la misma “edificación”, sin exigir que compartieran lecho.

Traduce lo anterior, que el recurrente se equivocó en la escogencia del sendero para encaminar la acusación, toda vez que es en el alcance del término “convivencia” en donde radica la discrepancia del instituto, lo cual genera la ineptitud de la acusación y, de contera, lo inestimable de la misma.

De otra parte, lo que el censor llama “declaraciones juramentadas”, no son más que las versiones que la entidad accionada recolectó durante la investigación administrativa que emprendió, vía a establecer la existencia de la convivencia de los esposos, por manera que no se trata de pruebas aptas para estructurar un yerro fáctico en casación, como tampoco lo es el documento que contiene las conclusiones de dicha investigación (fls. 79 a 83), tal cual lo tiene definido esta Sala, al considerar que se trata de documentos declarativos emanados de terceros, asimilables a la prueba por testigos, por ejemplo en las sentencias 31484, de 17 de marzo de 2009, y 36615, de 23 de febrero de 2010.

Tal carácter también lo ostentan, la carta dirigida por la hija de los cónyuges al ISS (fl. 17), en la que pone de presente su extrañeza y rechazo a la negativa de conceder la prestación reclamada; lo mismo puede decirse de las declaraciones de terceros, y la de parte rendida por el actor, conforme lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

La intervención de la Sala como juez de casación, terminaría con la declaración de que no es estimable el cargo; empero, no puede dejar de manifestar su indignación por el tratamiento dispensado por el ente de seguridad social al demandante, al negarle la pensión de sobrevivientes con base en argumentos deleznables en grado superlativo, y luego de una tortuosa “investigación” que consistió en la recepción de la declaración del cónyuge supérstite y otra persona, que se distinguen porque las preguntas formuladas fueron abiertamente sugestivas, y repetitivas, en busca de contradicciones de los declarantes, como puede verse en las actas adosadas entre los folios 88 y 96, a más de extraer conclusiones por entero opuestas a las versiones ofrecidas por el señor Ossa Quirama, y Josefina Mazo de Ríos.

No resiste ninguna crítica, argumentar que por el hecho de que la extinta pensionada no dormía en el mismo lecho con su esposo, no se configura el requisito de la convivencia, cuando está perfectamente demostrado el estado de postración que le ocasionó la muerte, a más de que, si así no fuera, la decisión de no compartir la misma cama de una pareja, pertenece a su esfera privada, y no merece ser ventilada en un escenario que desborde ese marco, a riesgo de comprometer derechos fundamentales de los involucrados. Toda la razón acompañó al juzgador de la instancia inicial, al exponer:

“Es bastante lamentable la posición de la entidad demandada frente a hechos como el presente, aferrándose a la negativa de otorgar las prestaciones económicas por motivos baladíes, como las que se alegan en el presente caso, que el demandante y la pensionada fallecida no hacían vida conyugal al momento del fallecimiento de esta última, cuando del material probatorio arrimado al proceso se desprende que dicha pensionada padeció una enfermedad que la postró en cama y que para un mejor vivir se le consiguió una cama hospitalaria. Ante esta eventualidad era imposible que estos cónyuges pudieran tener vida conyugal por el estado o enfermedad en que se encontraba la pensionada fallecida. Son estos comportamientos los que han llevado a la entidad demandada a la crisis de postración en que se encuentra(s), posiciones tan radicales por interpretaciones tan restrictivas, son las causantes de la congestión que en estos momentos se presenta en la justicia laboral. Basta solamente analizar el material probatorio arrimado a la investigación administrativa adelantada por la entidad demandada, que solamente se contrae al testimonio del mismo cónyuge sobreviviente (fl. 88) y el de la señora Josefina de Jesús Mazo Ríos (fl. 92) y sale a florecer esa terquedad de la entidad demandada de negarse a reconocer las prestaciones económicas sin motivo razonable alguno, pues en esos testimonios se demuestra hasta la saciedad, la convivencia de estos esposos en forma permanente y continua, hecho este que se reafirma con los testimonios jurados de la misma Josefina de Jesús Mazo de Ríos (fl. 63), María Gladys Tapasco Pineda (fl. 64) (...), y no es factible confundir convivencia permanente con falta de relaciones sexuales en esa convivencia debido a enfermedad de uno de los cónyuges”.

Como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, a quien también compete la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, esta Sala de la Corte llama la atención para que no se repitan sucesos como los que quedaron registrados.

Dado que hubo réplica, costas en casación, a cargo de la demandada, con inclusión de $ 6.000.000, a título de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de marzo de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Héctor William Ossa Quirama le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Costas, como se dijo al motivar la decisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase al tribunal de origen».