Sentencia 41464 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Revisión 41.464

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta 378

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala declarará fundada la causal de revisión invocada. Las razones son las que siguen:

1. Los jueces de instancia, apoyados en decisiones de la Corte Suprema de Justicia, negaron al sentenciado la rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal (indemnización de los perjuicios causados a la víctima), toda vez que el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 prohibía tal clase de beneficios.

2. En sentencia del 6 de junio del 2012, la Corte varió ese criterio, para concluir que la diminuente resultaba de buen recibo, en tanto regulaba un derecho, no un beneficio, contexto dentro del cual no quedaba cobijada dentro de las prohibiciones de la citada Ley 1121 del 2006.

En ese entonces, luego de razonar desde diferentes aristas para diferenciar si se estaba ante un derecho o un beneficio, consecuencia de lo cual era que había lugar, o no, a conceder la rebaja, la Sala dedujo lo primero y concluyó (rad. 35.767):

“Por vía de control constitucional una Sala de Tutelas de esta corporación reconoció la reducción de pena por reparación en delitos de extorsión no obstante el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Se trata de la sentencia de tutela de 10 de agosto de 2010 radicado 49479, en cuya conclusión se afirma de manera categórica:

“Así las cosas, son equívocos los argumentos sobre los que descansa la sentencia condenatoria para negar al actor la rebaja por indemnización de perjuicios, así como los motivos en los que se apoyó el tribunal a quo para negar el amparo.

Se insiste, por ser esa rebaja un derecho, no incorporado expresamente por el legislador en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, debe ser reconocida siempre que se cumplan los presupuestos exigidos en el artículo 269 del Código penal, con independencia del delito por el que se procede”.

Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término prescriptivo de la acción penal”(1).

Tal postura ha sido reiterada, como puede leerse en los fallos del 14 de noviembre de 2012 (rad. 35.987), 19 y 29 de julio de 2013 (rads. 39.719 y 39.201, respectivamente).

En esas condiciones, en principio, resulta de buen recibo la aplicación de la jurisprudencia de que se trata.

3. Compete, ahora, analizar si dentro de lo actuado se cumplió con las exigencias señaladas en el artículo 269 del Código Penal, esto es, que con elementos de prueba legítimos se hubiese demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que “antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

(I) Sobre el particular, se observa que el 14 de diciembre de 2009 se radicó el escrito de acusación, señalando al acusado como coautor del delito de extorsión.

(II) Agotadas las audiencias de acusación y preparatoria, previo a que se instalara el juicio oral, la Fiscalía allegó, el 4 de junio de 2010, un “Acta de preacuerdo”, la cual fue suscrita por el delegado del ente acusador, el acusado, su defensor y las tres víctimas reconocidas. En el documento se lee:

“... por tratarse de un delito de extorsión {el sindicado} no tendrá derecho a ninguna rebaja por prohibición expresa de la Ley 1121 de 2006, artículo 26... La Fiscalía, la defensa y el imputado... con aceptación de la víctima... preacuerdan que la Fiscalía le formula los cargos... en calidad de cómplice, artículo 30 del Código Penal, por haber contribuido a la realización de la conducta antijurídica.

El imputado acepta los cargos como fueron endilgados en esta acta y que por ello no tendrá derecho a rebaja de pena, de conformidad con lo mandado por el artículo 351 inciso 2º y 352 de las ley 906 de 2004, por lo tanto, al imputado le es aplicable en su integridad el artículo 352 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, sin que sea posible ningún otro reconocimiento en razón de lo mandado por la Ley 1121 de 2006 artículo 26, no podrá tampoco ser favorecido con el subrogado penal artículo 63 del Código Penal en razón de la Ley 1121, artículo 26. En razón de este preacuerdo la pena a imponer... será de 98 meses de prisión, por coincidir circunstancias de mayor punibilidad artículo 58-10 del Código Penal y de menor punibilidad artículo 55-1 por parecer de antecedentes penales, y multa de 2000 salarios mínimos mensuales vigentes. El imputado indemnizó los perjuicios tal como lo señala el documento adjunto de los ofendidos”.

Como se observa, a la realización del convenio fueron convocadas las víctimas, quienes en señal de asentimiento suscribieron el acta respectiva, dejando constancia expresa, en compañía de la Fiscalía, de que aceptaban lo allí pactado y que los perjuicios causados les habían sido indemnizados.

(III) Los ofendidos con el delito confirieron poder a una profesional del derecho y en compañía de esta suscribieron un documento (como anexo al acta del preacuerdo) en donde reza que el sindicado ha cancelado los perjuicios causados con el delito.

(IV) En el acta de legalización del acuerdo, que contó con la presencia de las víctimas y de su apoderada, se dejó expresa constancia respecto de que estas fueron escuchadas en la celebración de aquel y que su apoderada avalaba lo allí plasmado.

La juzgadora explicó a los ofendidos los derechos que les asistían, entre ellos, a la reparación y le pidió a la Fiscalía explicara a las víctimas las consecuencias del acuerdo respecto de ellas. El acusador argumentó que días atrás citó a los afectados y les aclaró todo, pero volvió a reiterar lo allí plasmado. La juez interrogó a cada perjudicado si entendía la situación y todos expresaron tener claridad de los términos del acta y su defensora adujo haber dialogado con sus clientes y estar de acuerdo con el contenido y las consecuencias del documento.

En ese contexto, la presencia activa de los perjudicados con el delito en el acta de preacuerdo, su participación en la audiencia en donde fue legalizado, con explicaciones extensas por parte de la Fiscalía y de la juzgadora y el documento entregado, no generan incertidumbre respecto de que en todo momento, en forma verbal y escrita, hicieron expresa alusión a haber sido indemnizados por los daños y perjuicios causados con la conducta, aspecto en lo cual siempre estuvieron asistidos por su apoderada de confianza, quien igual avaló esas manifestaciones.

Para la Corte, esos elementos son suficientes para generar certidumbre, más allá de cualquier duda, sobre que el acusado indemnizó a las víctimas en razón de los perjuicios causados, lo cual satisface las exigencias del artículo 269 del Código Penal.

4. El artículo 269 penal genera al sentenciado el derecho de una rebaja de la pena, que va de la mitad a las tres cuartas partes (entre el 50 y el 75%). La jurisprudencia ha decantado que ese descuento, por tratarse de un fenómeno que se presenta con posterioridad a la comisión del delito, no afecta los límites punitivos, sino que se aplica luego de dosificada la sanción que corresponde a la conducta ejecutada.

El descuento debe ser establecido por el juzgador de manera discrecional, que no arbitraria, en atención al interés mostrado por el acusado en cumplir pronta o lejanamente, total o parcialmente, con los fines perseguidos por la disposición penal, que no son otros que velar por la reparación de los derechos vulnerados a las víctimas.

En el caso estudiado se observa que el acusado dejó transcurrir un lapso considerable (los hechos sucedieron en septiembre de 2009 y sus actos de reparación son de junio de 2010) y procesalmente permitió agotar las audiencias de imputación, acusación y preparatoria y solamente luego de que la Fiscalía estuviese lista para iniciar el juicio con sus pruebas, optó por la indemnización.

Esas circunstancias significaron un mayor desgaste para los perjudicados, en tanto hubieron de seguir el dilatado trámite, hacerse a los servicios de un abogado, acudir a diversas diligencias judiciales y enfrentarse a una nueva victimización al tener que compartir escenarios con su agresor, todo lo cual significa que si bien el acto de contrición no esperó a los instantes previos a la sentencia (tope máximo legal), sí se alejó de la época de la comisión del delito, en detrimento de los afectados, por lo cual resulta prudente conceder la rebaja alejándose un poco del marco inferior, quedando el mismo en el 60%, que debe aplicarse al castigo señalado por los jueces de instancia, cuyos lineamientos se impone respetar.

Los fallos fijaron 98 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, montos que, reducidos en el 60%, quedan en 39,2 meses (39 meses 6 días) y 600 salarios.

En consecuencia, de conformidad con el numeral 1º del artículo 196 procesal se declararán sin valor los fallos de instancia, exclusivamente en lo que tiene que ver con las penas señaladas, las cuales quedarán en los términos indicados.

5. Por la misma vía de la aplicación de la jurisprudencia posterior favorable, cabría valorar la aplicación del fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, mediante el cual la Corte concluyó que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.

El lineamiento parte de la base de que la Ley 1121 del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en este caso, se trate del delito de extorsión, razón por la cual no se entiende que se aplique el aumento señalado, cuando su razón de ser es la de propiciar una justicia premial.

En el caso en estudio, sin embargo, no hay lugar a la aplicación de la sentencia con el consiguiente descuento. En efecto, si bien en el acta de preacuerdo y en la audiencia de legalización se estipuló que el acusado admitía los cargos sin que hubiese lugar a beneficio alguno, precisamente en aplicación del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, lo cierto es que en el convenio se consignó, y así se admitió en los fallos de instancia, que el grado de participación, que fue deducido como de coautoría en la acusación, se mudaba a complicidad.

Ese cambio, que en la audiencia se dijo obedecía a la admisión de cargos, se ubica dentro de las circunstancias del inciso 2º del artículo 351 procesal, en tanto significó un cambio favorable para el sindicado en relación con la pena a imponer.

De tal forma que, no obstante la manifestación de que no se concedería beneficio alguno por el acuerdo logrado, lo cierto es que sí se hizo ello, en razón de que la degradación de la coautoría a complicidad representó un significativo descuento punitivo. Por tanto, a tono con la nueva jurisprudencia, sí resultaba de buen recibo el incremento de la Ley 890 del 2004, por cuanto el acusado fue premiado por el acuerdo logrado, en atención a lo cual no hay lugar a la rebaja de que se trata.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por la defensora del señor Alejandro de Jesús Cano Yepes.

2. Declarar sin valor, parcialmente, las sentencias del 21 de julio y 20 de septiembre de 2010, proferidas, en su orden, por el Juzgado 36 Penal Municipal y el Tribunal Superior de Medellín, exclusivamente para dejar en 39 meses 6 días y 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa, que debe cumplir el señor Alejandro de Jesús Cano Yepes, como responsable del delito de extorsión agravada por el que fue condenado.

En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Tal como se explica en la sentencia de casación de 26 de septiembre de 2006, radicado 25741, lo cual fue ratificado, entre otras, en sentencia de casación de 3 de diciembre de 2009 radicado 32768.