Sentencia 41497 de octubre 27 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41.497

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta Nº 41

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. Se exhibe palmar que el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, “Sintraunicol”, por conducto de abogado titulado, interpuso y sustentó el recurso de anulación contra el laudo arbitral el 2 de julio de 2009 (fls. 193-228, cdno. 1).

Frente a esa incuestionable realidad procesal, no resulta de recibo la solicitud de la Universidad de San Buenaventura —Seccional Cali—, orientada a que se declare desierto el recurso de anulación, en razón de que no fue sustentado ante la Corte.

Precisa puntualizar que el rigor con que la ley rodea la materia de los términos judiciales apunta a garantizar que los procedimientos se desarrollen dentro del marco de las formas legales preestablecidas, sin dilaciones injustificadas y con pleno respeto del derecho de defensa, en el propósito de que los derechos sustanciales alcancen efectividad.

Esa teleología comporta el entendimiento de que la presentación anticipada del recurso de anulación ante el tribunal de arbitramento que profirió el laudo arbitral, lejos está de causar dilación o demora en los trámites del recurso de anulación; distante se encuentra de engendrar sorpresa a la parte contraria y, en tránsito por esa vía, de originar desmedro a su derecho de defensa.

Adicionalmente, la perentoriedad e improrrogabilidad de los términos no persiguen conjurar la anticipación del recurso de anulación, cuanto que su función es la de proscribir su presentación posterior al vencimiento del traslado que, a tales efectos, concede la ley al recurrente.

2. Se recuerda que, con arreglo a la preceptiva contenida en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a la Corte, en el marco de su competencia legal de examinar y resolver el recurso de anulación —antes de homologación—, le corresponde verificar la regularidad del laudo y conferirle fuerza de sentencia si los árbitros no extralimitaron el objeto para el cual fueron convocados, o anularlo, en caso contrario, en relación con los puntos que no fueron materia de acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo.

Le compete también examinar y definir que la decisión del tribunal de arbitramento no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, según lo prescrito en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

Excepcionalmente, puede disponer la anulación de determinaciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas, en tanto que los árbitros, en el horizonte de alcanzar la paz laboral por el sendero de la solución justa del conflicto colectivo de trabajo, disfrutan de un amplio campo de acción, siempre que sus decisiones no contrasten, groseramente, con el espíritu de equidad que debe alentarlas.

Precisamente por ello a la Corte, en sede de anulación, solo le es permitido injerirse en los pronunciamientos de los árbitros, cuando se exhiban abierta, franca y protuberantemente inequitativos, o desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o vulneren derechos constitucionales de las partes. Al respecto, la Sala ha explicado:

“En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que solo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que solo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la ‘manifiesta inequidad’, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas” (sent. de anulación de ago. 5/2004, Rad. 24443).

Importa precisar que la Corte, merced al recurso de anulación, confirmará o anulará el laudo arbitral, total o parcialmente y, excepcionalmente la de modular la decisión, en los casos en que lo ha considerado necesario. Empero, en la segunda hipótesis, esto es, cuando anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos económicos se resuelven en equidad, no en derecho.

La competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigentes o por las normas legales en vigor.

3. Interesa puntualizar que los árbitros no están constreñidos a conceder a los beneficiarios del laudo exactamente los mismos derechos que el empleador haya acordado con sus trabajadores no sindicalizados en un pacto colectivo de trabajo legalmente celebrado.

En ese sentido, esta Sala de la Corte, en sentencia del 18 de abril de 2006 (Rad. 28.770), sostuvo:

“2. En relación con la decisión del tribunal de negar el punto 25 del pliego de peticiones, alusivo al reconocimiento y pago de $ 215.000 a favor de cada trabajador sindicalizado por una sola vez y a título de bonificación por la firma de la convención colectiva, tal y como aconteció a favor de los trabajadores beneficiarios del pacto colectivo de trabajo que agrupa al 93 % de los empleados de la empresa, lo cual, en sentir del sindicato recurrente constituye una afrenta al principio de igualdad, importa a la Corte reiterar que la Constitución Política garantiza a los trabajadores la libertad de no asociarse a una organización sindical. Desde luego, el cabal uso de esa especial atribución no impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, como tampoco, a través del libre ejercicio del fundamental derecho de coalición, el de la contratación colectiva. De ahí que como un claro desarrollo de lo que se ha denominado la libertad negativa de asociación sindical, de antiguo la ley permite que cuando en una empresa el sindicato o los sindicatos no agrupen a la tercera parte de los trabajadores, los empleados que no se hallen sindicalizados estén facultados para celebrar con su empleador pactos colectivos con el fin de regular sus condiciones de trabajo.

En relación con el tema, ha precisado esta Sala de la Corte lo que a continuación se trascribe:

Quiere ello decir que en una empresa válidamente pueden coexistir una convención colectiva de trabajo y un pacto colectivo de trabajo, siendo desde luego posible que cada uno de ellos contenga disposiciones diversas pues sus respectivos contenidos normativos y los derechos, obligaciones y beneficios que se establezcan, dependerán de lo que cada grupo de trabajadores haya logrado obtener del real y efectivo proceso de negociación adelantado con su empleador.

Por esa razón, también ha explicado la Sala que si bien es cierto que es objetivo de los árbitros propender a la paz laboral, ese fundamental propósito de su función no puede convertirlos en componedores de todos los conflictos laborales que surjan en una empresa, de suerte que a pesar de que con el objeto de proferir un fallo en equidad puedan apreciar las condiciones laborales de la integridad de los trabajadores, ello no significa que, cuando quiera que en ella coexistan legalmente diferentes regímenes laborales, necesariamente deban equipararlos, pues, como se dijo en precedencia, el desarrollo de la libertad de asociación sindical permite la existencia de razonables diferencias en el que corresponda a cada grupo de trabajadores.

De ahí que al referirse a un razonamiento similar al que ahora plantea el sindicato recurrente, explicó esta Sala de la Corte:

Desde los orígenes del derecho colectivo del trabajo colombiano, las convenciones colectivas celebradas por sindicatos o federaciones sindicales, y los pactos colectivos de trabajo celebrados por trabajadores no sindicalizados en los excepcionales eventos en que la ley los autoriza, han tenido una regulación propia, aunque con matices coincidentes en algunos aspectos.

Dadas las características y fundamentos de estas dos manifestaciones autónomas del derecho y de la libertad de negociación colectiva, el contenido de una y otra normativa, en principio, como lo ha señalado invariablemente la Sala, puede ser diverso, por lo que el establecimiento de un determinado beneficio insular en un pacto colectivo, no incluido en una convención, o viceversa, no constituye per se violación del derecho de igualdad. Naturalmente, cuando apreciado integralmente un pacto colectivo laboral consagre beneficios superiores o más favorables a los de una convención colectiva de trabajo —procedimiento utilizado en ocasiones como mecanismo para restar o enervar la acción sindical— no solo constituye una práctica laboral reprobable sino también una violación del principio de igualdad instituido en el artículo 13 de la Carta Fundamental.

Mas en el caso presente, tratándose de un beneficio aislado, con algunas diferencias en uno y otro ordenamiento colectivo, no existe la pregonada violación al postulado constitucional invocado. Ninguna disposición impone a los árbitros el deber de calcar o copiar en las convenciones colectivas de trabajo idénticas prerrogativas a las contempladas en los pactos colectivos, mientras estos mantengan su constitucionalidad o vigencia. No infringieron entonces los árbitros, al menos por el motivo alegado por el sindicato, ninguno de los derechos tutelados en el artículo 458 del CST, razón por la cual se homologarán los artículos 7º y 8º de su decisión (sent. de ene. 28/99, Rad. 11859).

Como surge del discernimiento jurisprudencial arriba trascrito, esta Sala ha proclamado que la facultad legal que tienen los trabajadores no afiliados a un sindicato para celebrar pactos colectivos de trabajo con su empleador no puede utilizarse por este como estrategia para afectar el derecho a la igualdad y tampoco el de asociación sindical de los trabajadores, a través del censurable mecanismo de establecer unilateralmente en el pacto colectivo, y sin que ello sea resultado de un verdadero proceso de negociación, beneficios o derechos laborales que, sin justificación plausible, resulten exageradamente superiores a los que haya acordado en la convención colectiva de trabajo con la organización u organizaciones sindicales”.

“Por lo tanto, es claro que cuando a través del arbitramento se soluciona un conflicto colectivo económico suscitado entre el empleador y una organización sindical, no están los árbitros obligados a otorgar a los beneficiarios del laudo exactamente los mismos derechos que el empleador haya convenido con sus trabajadores no sindicalizados en un pacto colectivo legalmente celebrado. Y establecer si por no copiar los beneficios concedidos en ese pacto colectivo la decisión arbitral viola el derecho de igualdad en relación con trabajadores no comprometidos en el conflicto laboral que han obtenido en un pacto colectivo prerrogativas laborales superiores a las del laudo, exigiría necesariamente un análisis de la legalidad de ese acuerdo que se toma como referencia y ya la Sala al resolver asuntos similares al que ahora ocupa su atención ha precisado que ello impone un estudio sobre el origen de los beneficios aplicables a los empleados entre quienes se hace la comparación, lo cual involucra unas funciones demostrativas y decisorias que no son propias del examen que le corresponde hacer al decidir la regularidad de un laudo arbitral.

En consecuencia, en este caso específico a la Corte Suprema no le estaría dado anular el laudo sobre la base de que el tribunal trasgredió el principio de igualdad, porque ese tema, en la forma como lo plantea el sindicato recurrente, constituye en realidad un conflicto jurídico que involucraría a trabajadores ajenos al diferendo laboral, así como convenios colectivos, como el aludido pacto, cuya legalidad no puede estudiar en sede del recurso de anulación”.

4. Los puntos 4, 5 y 6 del pliego de peticiones fueron negados por los árbitros, por considerar que aluden a facultades de las partes, de manera “que se dará aplicación a lo establecido por la ley” y “las partes se remitirán a lo que establezca la ley”.

Al respecto, el recurrente se limita a recabar la anulación de estas determinaciones del tribunal, sin que exponga razón alguna en soporte de su pedimento.

Adicionalmente, los árbitros no tienen vocación legítima de imponerle al empleador una modalidad única de contrato de trabajo, ni la permanencia en el empleo de los trabajadores, como tampoco los traslados y los cambios de horario. Todos estos aspectos corresponden a facultades propias del empleador, que se enmarcan dentro del derecho a la libre empresa, que apareja la potestad de dirección, organización, conducción y manejo empresarial.

Otro tanto cabe predicar del punto 8 del pliego de peticiones, que denegaron los arbitradores por referirse a “un punto de naturaleza estrictamente administrativo, por tratarse de una facultad de la universidad, interna de carácter organizacional”, como que las promociones y los ascensos, en caso de vacantes o nuevos cargos, son de reserva empresarial, sin que los árbitros estén habilitados para inmiscuirse en ella.

5. El laudo arbitral negó el punto 9 del pliego de peticiones, atinente a la tabla indemnizatoria por la terminación unilateral del contrato de trabajo a término indefinido, por considerar que ella está contenida en la ley y que a los árbitros “no le es dado modificar la norma y restringir de esa manera una facultad constitucional y legal a una de las partes”.

Quien recurre estima que esta decisión menoscaba los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a “Sintraunicol”, sin explicar las razones de tal aserto.

Negar el punto, con el argumento de que la tabla indemnizatoria está contenida en la ley, de suerte que a los árbitros no les es dado modificar la norma y restringir de ese modo una facultad constitucional y legal de una de las partes, encierra, en realidad, una omisión por parte del tribunal.

Está envuelto, sin duda, un conflicto económico, en cuanto se persigue lograr, a través de la negociación colectiva, una modificación de las condiciones de trabajo, en el sentido de aumentar la cuantía de las indemnizaciones por terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, es decir, superar las previsiones de ley.

Por tanto, los árbitros sí estaban facultados para pronunciarse sobre este punto del pliego de peticiones, en tanto que no fue objeto de arreglo directo por las partes.

Recuérdese que, en lenguaje jurídico, omitir es dejar de hacer lo que se puede y debe hacer. Por consiguiente, los árbitros no podían escudarse en la ley para abstenerse de pronunciarse sobre un tema que podía y debía ser materia de su decisión.

Lo que procede es ordenar a los árbitros que tomen una decisión sobre este punto, ya para negarlo, efectivamente, ora para concederlo, en los mismos términos pretendidos por la organización sindical, o en una menor entidad, al compás de los criterios de equidad que deben guiar su conducta en la solución del conflicto colectivo de trabajo, de estirpe económica o de intereses.

6. Fueron negados los puntos 18 y 30 del pliego de peticiones, que dicen relación al auxilio de maternidad y a la dotación y vestuario, por razones y limitaciones económicas. Y se agregó, respecto de los últimos, que “dados los reconocimientos económicos que se han incorporado al laudo, no justifican el reconocimiento adicional del punto del presente artículo y por lo tanto se atienen a lo que la ley reconoce en materia de dotación, sin hacer reconocimientos superiores”.

También se denegó el punto 35 del pliego de peticiones, por razones de índole económica, y porque “sobre aspectos similares las partes acordaron beneficios orientados a proteger el riesgo por muerte del trabajador que además está contenido en las normas sobre seguridad social”.

Es decir, la negativa aparece soportada en razones económicas, sin que el recurrente involucre argumentos tendientes a demostrar que esos motivos de índole económica no existieron en realidad o en la entidad que justifique el no reconocimiento de las prebendas laborales pretendidas por la agremiación sindical.

7. En el punto 32 del pliego de peticiones, el sindicato aspiraba a que la universidad lo dotara de una oficina en los predios de la sede principal de esta, sin costo alguno para el sindicato, al igual que la dotación anual de elementos de oficina para su normal funcionamiento.

El tribunal lo negó por creer que no tiene facultades para decidir sobre la destinación de los inmuebles de la universidad.

Por su parte, el recurrente persigue su anulación por cuanto piensa que menoscaba los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a “Sintraunicol”.

De verdad, se está frente a una disposición que forma parte de lo que en doctrina se ha dado en llamar cláusulas obligacionales, que aluden a obligaciones a cargo de las partes que celebran la convención, es decir, empleador y sindicato.

Por no tratarse de una cláusula normativa, llamada a gobernar las relaciones jurídico-contractuales entre el empleador y los trabajadores, la Corte no alcanza a vislumbrar cómo la negativa de este punto termine por causar deterioro a los derechos de los trabajadores afiliados a “Sintraunicol”.

8. Sin duda, extender la garantía del fuero sindical a trabajadores no contemplados en la ley o por un término superior al fijado por los mandatos legales, es una posibilidad jurídica que solo corresponde a las partes. Definitivamente, no es una facultad de los árbitros.

Por lo tanto, el laudo arbitral se exhibe ajustado al ordenamiento jurídico al negar el punto 34 del pliego de peticiones, que contenía la aspiración de que la universidad reconociese a los miembros de la junta directiva de “Sintraunicol” el privilegio del fuero sindical, por el término que dure el mandato y doce (12) meses más, porque, conforme a lo expresado, la superación de las previsiones legales en torno al fuero sindical es una facultad reservada a las partes.

Al respecto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado (Rad. 36926 de jul. 22/2009):

“Si bien la creación de un comité de cultura, recreación y deporte, es un punto de contenido económico, lo cierto es que la posibilidad de extender la garantía derivada del fuero sindical a trabajadores diferentes de aquellos que dispone la ley laboral, es un aspecto reservado a las partes, a través del proceso de la negociación colectiva, por lo que no puede ser el fruto de una imposición derivada de un laudo arbitral. De ahí que no se equivocó el tribunal de arbitramento, al negar el punto del pliego.

“Al efecto, es pertinente traer a colación lo expresado por la Sala en Sentencia de anulación del 14 de junio de 2001, Radicación 16737, donde sobre el tema en estudio precisó:

‘El artículo 39 de la Constitución Política, en su inciso cuarto, reconoce “a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión” y, aún cuando pudiera pensarse que la norma del pliego es un desarrollo constitucional, se desprende que en verdad lo que se pretende es un mejoramiento al querer extenderlo a los miembros que los estatutos establezcan. En ese orden no pueden los arbitradores imponerlo por laudo, razón por la cual resulta acertado que se hubieran abstenido de pronunciarse sobre este aspecto’.

‘No obstante, valga aclarar que las partes, pueden convenir que por vía estatutaria se le conceda fuero a ciertos trabajadores, pero, se repite, ello no es viable de imposición por parte de los arbitradores’.

‘Por lo visto no se anulará este punto del laudo’”.

9. No explica el recurrente a qué obedece su consideración de que el artículo 7º del laudo, atinente a los salarios, “no se compadece a la verdadera situación económica de la universidad, y mucho menos a la de los trabajadores”.

A juicio de la Corte, los incrementos salariales ordenados por el tribunal de arbitramento no se exhiben manifiestamente inequitativos, puesto que la utilización del porcentaje de variación del índice de precios al consumidor, IPC, del año inmediatamente anterior como parámetro de fijación se muestra razonable, en cuanto propende por conservar la capacidad adquisitiva de los salarios.

Cumple advertir que los árbitros no están obligados a ceñirse rigurosamente a los porcentajes de aumento salarial planteados por las partes en el juego dialéctico de propuestas y contrapropuestas propio del conflicto colectivo de trabajo. Aquellos gozan de un generoso marco de acción, en la búsqueda de la paz laboral a través de la solución justa del conflicto, siempre que sus decisiones no riñan groseramente con el espíritu de equidad, como se dijo.

10. Tampoco la Corte encuentra una evidente inequidad en el artículo 8º del laudo, referida a las primas semestrales. Los árbitros no estaban impelidos a atender ciegamente el pedido de aumento planteado por la organización sindical, a espaldas de la realidad económica de la universidad.

11. El laudo arbitral da cuenta de que los temas de la prima de antigüedad, auxilio para anteojos medicados y descanso remunerado de Semana Santa, que aparecen recogidos en los artículos 10, 11 y 21, que corresponden a los artículos 15, 16 y 28 del pliego de peticiones, fueron acordados por las partes en la etapa de arreglo directo. Ese hecho impedía a los árbitros hacer un pronunciamiento, de modo que la anulación pedida no está llamada a prosperar.

Recuérdese que al tribunal de arbitramento corresponde definir, dentro de un marco de equidad, los puntos materia del conflicto colectivo que no pudieron ser solucionados directamente por las partes. De tal suerte, que carece de competencia respecto de los aspectos convenidos en la etapa de arreglo directo.

12. El impugnante recabó escuetamente la nulidad del artículo 18 del laudo arbitral. Se echan de ver las razones de ese pedimento, a lo que se agrega que a la Corte, conforme se dejó anotado en la parte inicial de estas consideraciones, no le está permitido hacer pronunciamiento alguno en reemplazo de la cláusula convencional que declare nula.

13. El recurrente simplemente pide la anulación de los artículos 22, 23 y 24 del laudo, relativos a los auxilios para estudios de pregrado en la Universidad de San Buenaventura —Seccional Cali—, auxilios para especialización que ofrece la universidad y auxilios para maestría, pero no blande argumento alguno que la respalde.

De otra parte, los árbitros no tienen facultad para imponerle al empleador las personas habilitadas para estudiar las solicitudes de dichos auxilios. Es una cuestión que le corresponde únicamente al empleador, dentro del ámbito de la libertad de empresa que reconocen y garantizan la Constitución y las leyes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

1. ORDENAR a los árbitros pronunciarse sobre el punto 9 del pliego de peticiones.

2. NO ANULAR, en los restantes aspectos, el laudo arbitral del 23 de junio de 2009, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo laboral existente entre el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “Sintraunicol” y la Universidad de San Buenaventura —Seccional Cali—.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Ministerio de la Protección Social para lo de su cargo».