Sentencia 4150 de febrero 2 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

OBLIGATORIEDAD DEL EXEQUÁTUR

DIVORCIO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor Marín Naranjo

Exp. 4150

Santafé de Bogotá D.C., dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur presentada por el señor José..., destinada a que produzca efectos en la República de Colombia la sentencia Nº 37 del 9 de marzo de 1990, proferida por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, Panamá, dictada en el proceso de divorcio de matrimonio civil que había contraído en ese mismo país el peticionario con la señora Marion..., ambos de nacionalidad colombiana.

Antecedentes

1. En apoyo de su pretensión, el demandante se refirió a la celebración del matrimonio civil, ocurrida el 22 de agosto de 1980 y a la posterior sentencia judicial, sobre la cual recae la solicitud de exequátur, mediante la cual se dispuso el divorcio con respaldo en los artículos 114, ord. 7º y 118 del C. Civil panameño, en cuanto se probó en el respectivo proceso el absoluto abandono de los deberes de esposo por más de un año.

2. Señala, igualmente, que dicho matrimonio se encuentra registrado civilmente en la Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá; que existe identidad entre la causa de divorcio acogida por el juez panameño y la que consagra el artículo 154 del C. Civil colombiano, en lo relativo al abandono de los deberes de esposo; que en tal virtud la sentencia citada no se opone a las leyes nacionales y otras disposiciones de orden público; y que no obstante haber sido el demandado en el proceso en el que se dictó aquélla, se encuentra interesado en la evacuación del presente trámite.

3. El procurador delegado en lo civil, al descorrer el traslado de la demanda, no hace reparo alguno a la solicitud de exequátur, por cuanto encuentra “que la sentencia de disolución del vínculo matrimonial en el presente caso, está debidamente ejecutoriada acorde con las leyes del país de origen, no recae sobre asuntos de competencia exclusiva de jueces colombianos y no se opone a leyes o disposiciones colombianas de orden público pues el proceso de divorcio vincular se halla estatuido en nuestra legislación en la Ley 1ª de 1976...”.

4. Culminado el período probatorio, corresponde a la Corte decidir lo que sea del caso, a lo cual procede de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

1. Como reflejo de la soberanía del Estado, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil consagra que “las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

2. Se traduce lo anterior en que, por regla general, las decisiones judiciales extranjeras no se pueden hacer valer en Colombia y en que, por excepción, cobran vigor siempre y cuando exista con el país extraño un tratado que así lo consagre —reciprocidad diplomática— o a falta de convenio internacional, exista ley, allá mismo, que le otorgue valor a las sentencias proferidas por los jueces colombianos —reciprocidad legislativa—.

3. Por virtud del principio de la carga probatoria que impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil , en cualquiera de las hipótesis de excepción mencionadas, le corresponde al solicitante del exequátur demostrar, previas las formalidades legales pertinentes, la existencia del respectivo tratado o de la ley extranjera, presupuesto indispensable para que pueda la Corte examinar otras condiciones e incidencias propias de la solicitud de la que se trata.

4. En la especie de este proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “entre la república de Colombia y la república de Panamá no existe tratado público vigente en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias” (fl. 46), circunstancia que obliga a examinar el tema con verificación de la reciprocidad legislativa que pueda existir entre las repúblicas citadas.

A ese respecto, se agotaron las diligencias tendientes a obtener la legislación vigente en la república de Panamá, sin resultado alguno, no obstante que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se formularon las peticiones de rigor sin que se haya obtenido respuesta.

No se le puede otorgar valor probatorio a las copias que acompañó el demandante con su escrito introductorio (fl. 8), supuestamente contentivas de la legislación panameña sobre divorcio, habida consideración de que ellas no vienen revestidas de las exigencias previstas en los artículos 188 y 259 del Código de Procedimiento Civil , según las cuales, cuando se trata de demostrar una ley extranjera, el documento contentivo de la misma debe ser expedido por la autoridad competente del país extraño, Panamá en este caso, y autenticado por el respectivo cónsul o agente diplomático, cuya firma debe venir abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, requisito este último que precisamente se echa de menos en las referidas copias. Súmase a lo anterior el hecho de que dichas copias, en apariencia y aún con prescindencia del mencionado requisito formal, no contienen propiamente las normas que regulan los efectos que en ese país se le otorgan a las sentencias de los jueces colombianos, cuya verificación es la que importa para deducir si existe o no la reciprocidad legislativa, como presupuesto sine qua non del exequátur, y también le impide determinar si la sentencia de divorcio no se opone “a las leyes y otras disposiciones colombianas de orden público” (CPC, art. 694-2) y si se encuentra “ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen” (art. 694-3 íb.); impedimentos de los cuales adviene el fracaso de la demanda sub júdice, puesto que en esas condiciones no es posible otorgar el exequátur.

6. No obstante lo anterior, suficiente de por sí para despachar negativamente el exequátur solicitado, debe la Corte examinar cuál es el alcance del artículo 13 de la Ley 1ª de 1976, en cuanto dispone que “el divorcio de matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal”, puesto que es preciso establecer si en la hipótesis allí contemplada se establece una eximición del requisito del exequátur, habida cuenta de que en ese precepto se reconoce de antemano y sin más, la aplicación de las normas del país extraño.

En el punto tienen cabida las siguientes reflexiones:

a) El principio de la aplicación al divorcio de matrimonio civil de las normas propias del domicilio conyugal, a que se contrae el precepto en comento, además de ser específico en la materia, toca únicamente con la aplicación de la ley extranjera y es ajeno en un todo a otro principio con perfil propio y de índole procesal, de orden público y de obligatorio cumplimiento, según el cual, por regla general, las sentencias extranjeras no producen efectos en el territorio patrio. O sea, que una cosa es la relación jurídica sustancial que se somete a definición de una autoridad jurisdiccional y las normas que ésta debe aplicar para decidir lo pertinente, y otra diferente el valor en sí de la sentencia que finalmente se profiere al efecto cuando su autoría proviene de un juez foráneo.

Más exactamente, la sentencia extranjera que resuelve sobre una pretensión es en un todo diferente a la que provee sobre la solicitud de exequátur, puesto que éste obedece a la necesidad de un trámite inspirado en el principio de la soberanía estatal, hasta el punto de que en él no se discute las justicia o el acierto del fallo extranjero, sino que, de modo exclusivo, se verifican o controlan otros aspectos de ese proceso que puedan llegar a afectar el orden jurídico nacional; verificación o control tanto más explicables y justificables cuando la sentencia extranjera ha sido dictada en un proceso de declaración constitutiva que, en esencia, como ocurre en el caso del divorcio de matrimonio civil, genera un estado jurídico nuevo y, por ende, determina la modificación de los propios registros del estado civil en el país donde se quiere que aquélla produzca efectos.

b) El artículo 13 de la ley 1ª de 1976, que corresponde al artículo 163 del Código Civil Colombiano, es una típica norma de derecho internacional privado, que debe ser entendida como una excepción al principio de la extraterritorialidad de la ley colombiana que contempla el artículo 19 del Código Civil, consistente, entre otras hipótesis, en que “los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero, permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles en lo relativo al estado de las personas...”.

En efecto, si no existiera el artículo 13 de la Ley 1ª de 1976 que, en casos como el presente, atañe a dos nacionales colombianos domiciliados en Panamá, su divorcio debería estar regulado únicamente al amparo de las normas colombianas relativas al estado civil que con él se genera y no de las panameñas, como consecuencia del principio de la extraterritorialidad de la ley colombiana, conocido como “estatuto personal”, consagrado en el citado artículo 19 del Código Civil.

En contraste, al existir dicha norma, que habilita aplicar al divorcio de matrimonio civil la ley del domicilio conyugal, brota que su alcance no es otro que el de permitir, como excepción al principio de la extraterritorialidad, la aplicación de la ley extranjera en esa materia específica, para definir el conflicto suscitado entre los casados; es decir, que en el caso del que se trata, se permite, para el divorcio mismo, la aplicación de las leyes panameñas, en lugar de las colombianas, circunstancia que, de otra parte, debe ser verificada con base en el exequátur, cuando ello sea posible, dado que, al menos en hipótesis, podría suceder que el juez extranjero aplicara la ley de un tercer país, evento en el cual se contravendría el orden jurídico nacional, específicamente en el artículo 13 de la Ley 1ª, que autoriza la aplicación de la ley extranjera pero sólo la del domicilio conyugal.

c) En fin, aún suponiendo disputables los razonamientos precedentes, de lo que sí no queda duda alguna es de que el requisito del exequátur pedido por el artículo 694-7 del Código de Procedimiento Civil tiene por finalidad abrirle paso a la ejecución de los fallos de carácter jurisdiccional proferidos en el exterior, previa la verificación de precisas condiciones requeridas al efecto, y de que fue dispuesto para que “las sentencias extranjeras y otras providencias que revistan tal carácter” (art. 693 íb.) acarreen efectos en Colombia, sin que a tal exigencia escape ninguna sentencia foránea, ni por razón de la materia sobre la cual recae ni por causa de la nacionalidad de las partes que intervinieron en el respectivo proceso. Es obvio que no le está permitido al intérprete de los preceptos que así lo ordenan elaborar distinción alguna.

7. En conclusión, la sentencia extranjera sometida a conocimiento de la Corte requiere del exequátur, mas por las razones que ya se expusieron no se puede conferir el solicitado por el demandante.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CONCEDE EL EXEQUÁTUR a la sentencia Nº 37 del 9 de marzo de 1990, proferida por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, Panamá, dictada en el proceso de divorcio de matrimonio civil en el que fueron partes José... y Marion...

Sin costas. Notifíquese.

Pedro Lafont Pianetta, aclaración de voto—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra.

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «1. El suscrito Magistrado manifiesta que comparte la parte resolutiva desestimatoria del exequátur solicitado, pero, con todo respeto disiente de su motivación, por cuanto estima que la denegación no ha debido basarse en la falta de prueba, sino en el carácter innecesario del exequátur para hacerle producir efectos a la sentencia extranjera del caso sub examine. Luego, mientras la decisión mayoritaria de la Sala, parte del supuesto de que el exequátur es indispensable para toda sentencia extranjera, incluso la del caso sub lite, para el suscrito Magistrado esa sentencia en concreto no lo requería para efecto de hacer valer exclusivamente el divorcio extranjero en Colombia, y, por lo tanto, debió ser objeto de inscripción en el registro del estado civil. Por consiguiente, se impone la aclaración de voto en ese sentido por las razones que a continuación se exponen, que, por lo demás, se aguarda sean consideradas en las futuras reformas legislativas o jurisprudenciales pertinentes.

2. En efecto, es bien sabido el principio universal de que las providencias judiciales, en razón de la soberanía de los Estados, tienen una eficacia y ejecutabilidad limitada al territorio del correspondiente Estado, de tal manera que para que adquiera dicha eficacia y ejecutabilidad en un Estado extranjero, se requiere la autorización judicial de este último mediante el exequátur. Sin embargo, la exigencia de este último es también relativa en Colombia, por cuanto tiene sus excepciones.

2.1. Así las cosas, por regla general las sentencias y otras providencias que revisten tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tienen efectos en Colombia cuando lo admitan los tratados existentes con ese país, o la reciprocidad legislativa pertinente, y se haya obtenido, con sujeción a los requisitos legales, el exequátur correspondiente (CPC, arts. 693 y 694).

2.2. Sin embargo, existen algunas providencias judiciales proferidas en el extranjero que producen directamente efectos dentro del territorio colombiano, sin necesidad de la concesión del exequátur mencionado, o de intervención judicial en tal sentido.

2.2.1. En efecto, dicha exención acontece cuando así lo disponen los tratados y las legislaciones civiles unilaterales del Estado en que ha de ejecutarse o hacerse valer dicha sentencia. Ello ocurre, por ejemplo, con las adopciones decretadas en cualquiera de los Estados que han suscrito y aprobado la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores (art. 5º, Ley 47 de 1987, aprobatoria por Colombia de dicho tratado); así como con las sentencias de nulidad de matrimonios católicos decretadas por autoridades eclesiásticas extranjeras, tal como, sin distinción alguna, lo prescribían los artículos 17 y 18 de la Ley 57 de 1887. Precisamente en torno a estas normas la Corte Suprema de Justicia, en auto de 2 de abril de 1984, expresó que, luego de la vigencia del Concordato de 1973, “el artículo 17 de la Ley 57 de 1887 está aún en vigor”, lo que no ocurre respecto del artículo 18 de la misma ley, pues ella se refería a “los procesos de divorcio no vincular, o lo que era lo mismo, de separación de lecho, mesa y habitación” (separación de cuerpos de Lucía Toro de Córdoba contra David Córdoba Rocca), doctrina esta que tanto respecto de la vigencia del artículo 17 de la Ley 57 de 1887 como de la derogatoria del artículo 18 de la misma ley, se reiteró en auto de 2 de abril de 1984, que aparece publicado en la Gaceta Judicial, tomo CLXXVI, Nº 2415, págs. 142 y 143 y que, además se ratificó posteriormente en auto de 24 de agosto de 1984 (separación de cuerpos de Horacio López López contra Blanca Lilia Galeano de López).

2.3. Pues bien, el suscrito también observa que el artículo 13 de la Ley 1ª de 1976, subrogatorio del artículo 163 del Código Civil, también consagró legislativa y unilateralmente otra excepción a la exigencia de exequátur, restringida al “vínculo matrimonial”, cuando defiere integralmente, tanto en lo sustancial como en lo procesal, la regulación del divorcio de cualquier matrimonio civil celebrado en el extranjero, sin distinción alguna de la calidad de nacional o de extranjero de los cónyuges, a la ley extranjera, esto es, a la “ley del domicilio conyugal” o del “lugar donde los cónyuges viven de consuno y, en su defecto, ...el del cónyuge demandado”.

2.3.1. Por lo tanto, el Estado colombiano al deferir la regulación de la “disolución del vínculo por divorcio” a dicha legislación extranjera, adopta anticipadamente y sin requisito judicial alguno, el divorcio de esos matrimonios civiles, bien se produzca administrativa o judicialmente, por una causal contenciosa o por mutuo acuerdo, o por un régimen sustancial o procedimental cualquiera. Por cuanto parte del supuesto de que en dicha materia no se ha afectado el orden público interno colombiano, en vista de que precisamente tanto el matrimonio civil como el divorcio fueron celebrados y decretados en territorio extranjero, donde tenían su domicilio conyugal, bajo la legislación extranjera, en lo cual nada le interesaba a la legislación colombiana. Luego, con esta disposición se le reconoce al Estado extranjero, por medio de su legislación y de sus órganos competentes, regular exclusivamente el matrimonio civil celebrado en su territorio y el divorcio también allí decretado cuando los cónyuges tuviesen allí su domicilio conyugal. Luego, este reconocimiento persigue, de una parte, que sea en el extranjero donde se defina sustancial y procesalmente el asunto relativo a una disolución matrimonial, porque siendo exclusivamente convencional, o con intervención judicial (según la legislación correspondiente), esa solución extranjera en nada afecta los intereses públicos de Colombia, y, por lo tanto, lo lógico sería que no requiera de exequátur ni en uno, ni en otro caso. Pero esta norma también tiene el propósito esencial de facilitar el traslado de esas personas, con su nuevo estado civil, a territorio colombiano, porque llegarían con el estado civil de divorciado, para lo cual no requeriría exequátur. De allí que se afirme, sin ambages, que el precepto del citado artículo 13 de la Ley 1ª de 1976 admite de pleno derecho la eficacia civil de las sentencias de divorcio mencionadas, que, por adopción legal, tienen plena vigencia y aplicación en el territorio nacional (arts. 18 del C.C. y 57 del CRPM).

Pero tal reconocimiento opera directamente, es decir, sin la intervención de esta corporación para efectos de exequátur, ya que, de un lado, el mencionado artículo 13 de la Ley 1ª de 1976 no lo exige expresamente, y, del otro, tampoco esta disposición y la siguiente dejan a salvo su exigencia, pues su contenido indica lo contrario. En efecto, reconocer ese divorcio extranjero por una ley colombiana, no indica otra cosa que adoptarla directamente para nuestro territorio, ya que lo hace sin condicionamiento alguno (art. 13 citado); lo que no acontece cuando se trata de otra clase de divorcio, como el decretado en el exterior pero respecto de matrimonio civil celebrado en Colombia (no en el exterior, como en el caso anterior), lo cual se hace de manera condicionada a la admisión de la causal por la ley colombiana y a la notificación debida del demandado (art. 14 citado), caso en el cual indudablemente se requiere la intervención de la autoridad judicial competente para hacer tal verificación, lo que, por consiguiente, supone en este caso la intervención judicial correspondiente. Pero ello no ocurre, como se dijo, con la hipótesis contemplada en el mencionado artículo 13 de la Ley 1ª de 1976, pues exigir exequátur, aun en este caso, no sólo sería contrariar el texto y la intención del legislador sino que podría llegar a la circunstancia, absurda en la presente época, de exigirle a toda persona, nacional o extranjera, que ingrese a Colombia para cualquier asunto (sea de domicilio, residencia o tránsito) que, en primer término, venga acompañado de las pruebas de sus sentencias extranjeras sobre divorcio y demás estados civiles, y que, en segundo lugar, también obtenga de esta corporación el exequátur correspondiente, a fin de que en Colombia las autoridades y particulares puedan tenerlo como lo indican dichas sentencias, esto es, como divorciado, ex casado, hijo natural, etc. En cambio, se ajusta más a la realidad actual y, por lo tanto, resulta más ajustada a ello, la interpretación de que en tales casos sea innecesario el exequátur, porque como la persona que ingresa o reingresa a Colombia lo hace con un nuevo estado civil, respecto del cual la legislación y los intereses públicos colombianos lo fueron, no existe razón jurídica, ni práctica para que esas sentencias se revisen en este país mediante el exequátur.

De allí que deba concluirse que para efecto exclusivamente de la disolución del vínculo matrimonial mediante divorcio, no requieran exequátur las sentencias de divorcios proferidas en el exterior de matrimonios también celebrados en el exterior, cuando los cónyuges tuvieron en uno y otro caso su domicilio conyugal en territorio extranjero, porque conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 1ª de 1976 tales sentencias por estimarse que no violan el orden público colombiano, y con mayor razón cuando se comprueba que efectivamente no lo infringen, son reconocidas directamente por la legislación colombiana, con plena eficacia y ejecutabilidad en el territorio nacional, que deben acatar los residentes de la Nación, tanto funcionarios públicos como particulares.

2.3.2. Luego, siendo así las cosas le basta a la Corte la comprobación de que se trata de un divorcio extranjero con relación a un matrimonio también extranjero, para concluir que, por no violar el orden público interno, falta la legitimación para exigir un exequátur de una sentencia que no lo requiere. Por lo tanto, en tales casos la denegación del exequátur ha debido descansar en su no exigencia, en vista de que la sentencia de divorcio mencionada no lo requiere para su plena eficacia y ejecución en Colombia; y por esa misma razón ha debido permitirse, sin la necesidad de exequátur, la inscripción de dicha sentencia de divorcio en el registro del estado civil colombiano, de la misma manera como ocurriera con el matrimonio celebrado en el exterior (arts. 72, 67, inciso 2º, y 22 del Decreto 1260 de 1970).

3.5. Es decir que a nuestro juicio por expreso mandato del legislador colombiano, la sentencia de divorcio a que se refiere esta solicitud de exequátur surte efectos, de pleno derecho, sin más trámites, porque soberanamente así lo dispuso el Estado colombiano, en lo que constituye una excepción a las reglas generales contenidas en los artículos 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil respecto del efecto de sentencias, laudos arbitrales y otras providencias que revistan tal carácter, para las cuales sí se requiere previamente el exequátur, excepción esta que, por lo demás, es de rango similar a la establecida respecto de las sentencias eclesiásticas sobre nulidad de los matrimonios celebrados por los ritos católicos, sin consideración a la sede del Tribunal Eclesiástico, tal como se desprende del artículo 17 de la Ley 57 de 1887, anterior inclusive al concordato celebrado ese año con la Santa Sede, y aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 35 de 1888, lo que significa que esa ha sido la posición autónomamente adoptada por el Estado colombiano, con independencia no sólo del Concordato de 1887 sino, como es fácilmente comprensible del posteriormente celebrado en 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974.

3.6. Siendo así las cosas, fluía como lógica consecuencia de lo dicho que, si la sentencia de divorcio a que se refiere la demanda no requería exequátur por ministerio de la ley, resultaba inocuo el establecer si existía o no reciprocidad diplomática o legislativa sobre el particular con el Estado panameño, pues esta prueba sólo sería indispensable si también lo fuera el exequátur para inscribir en el registro civil la sentencia aludida, lo que, como ya se vio, no se exige por la ley».

Pedro Lafont Pianetta. 

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