Sentencia 41508 de agosto 28 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 279

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Del recuento objetivo de la actuación procesal advierte la Sala la concurrencia de una irregularidad que por ser violatoria de las garantías fundamentales debidas al procesado Diego Raúl Rodríguez Ostios, activan la facultad oficiosa de la Corte para controlar la legalidad y constitucionalidad de la sentencia.

Lo anterior, porque al dosificar la pena, el juzgador de primera instancia le impuso la sanción accesoria de prohibición de residir o acudir al lugar de residencia de las víctimas y de aproximarse o comunicarse con las mismas y/o con los de su grupo familiar, “por el mismo término de la pena impuesta”, entendiendo la Sala que hizo alusión al término de la pena principal de prisión, esto es, 254 meses.

La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares, que impide al condenado volver al lugar en que haya cometido la infracción, o a aquel en que resida la víctima o su familia (C.P., art. 50), tiene una duración máxima de cinco (5) años, en los términos del inciso final del artículo 51 ibídem.

Por lo tanto, resulta evidente que al tasar esta sanción accesoria, el fallador de primera instancia desbordó el límite máximo previsto en la ley, error que no corrigió el tribunal.

El derecho fundamental de la legalidad de la pena, ha reiterado la Sala(1), comporta una verdadera garantía para el procesado y también para la sociedad, porque en virtud del mismo no se le podrán imponer al acusado penas o restricciones que no hayan sido establecidas previamente a la realización de la conducta punible, ni tampoco superar los límites cuantitativos y cualitativos consagrados en el ordenamiento jurídico. Y porque de su observancia por parte de la jurisdicción se deriva seguridad jurídica para los asociados, tan necesaria para el logro de la convivencia pacífica que es uno de los fines que persigue el Estado social de derecho al que se refiere el artículo 1º de la Carta Política de 1991.

En materia penal, cuando el artículo 29 de la Carta Política preceptúa que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, está declarando implícitamente que a nadie se le puede imponer una pena no prevista por el legislador para el hecho por el cual fue oído en juicio —legalidad preexistente e irretroactividad de la ley—, axiomas que solo encuentra excepción en casos de favorabilidad.

Por lo tanto, la Sala casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá a cinco (5) años la pena accesoria de prohibición de residir o acudir al lugar de residencia de las víctimas y de aproximarse o comunicarse con las mismas y/o con los de su grupo familiar, impuesta al aquí condenado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR de oficio y parcialmente la sentencia del 22 de marzo de 2013 dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de modificar el numeral 2 del fallo de primera instancia para fijar en cinco (5) años la pena accesoria de prohibición de residir o acudir al lugar de residencia de las víctimas y de aproximarse o comunicarse con las mismas y/o con los de su grupo familiar, impuesta al procesado Diego Raúl Rodríguez Ostios, condenado como autor del concurso de delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años.

En lo demás el fallo se mantiene incólume.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Ver, entre otros, sentencia de casación del 20 de octubre de 2005, radicado 19.511.