Sentencia 4151 de abril 26 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Ref.: Exp. 4151

Actor: Julio Cipriano Jo Nazco

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «En el primer cargo, el apoderado del actor considera violados los artículos 1º, 15 y 565 del C. de P.P.; 9º del C.P. y 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, el acto acusado concede la extradición por los mismos hechos que estaban siendo investigados por la justicia penal colombiana y por los cuales fue finalmente condenado el actor.

Sobre el particular, la Sala observa que de acuerdo con las sentencias de 9 de julio y 12 de diciembre de 1996, proferidas, en su orden, por el juzgado regional y por el Tribunal Nacional (fls. 432 y 4 de los anexos núms. 1 y 4 respectivamente), al señor Jo Nazco se le procesó y condenó en Colombia por los delitos de enriquecimiento ilícito (D. 1895/89, art. 1º), uso de documento público falso (C.P., art. 222), falsedad personal (C.P., art. 227) y tráfico y comercialización de estupefacientes (L. 30/86, arts. 33 y 38, num. 3).

A su turno, en la traducción de la nota verbal 900 del 17 de octubre de 1995 de la Embajada de Estados Unidos (fl. 174 del cuaderno núm. 2), se señalan los cargos por los cuales el demandante fue requerido en extradición por el citado país, así:

“... El señor Jo es requerido para comparecer a juicio en el distrito sur de Florida por violaciones a las leyes federales de narcóticos, fraude organizado, y lavado de dinero. Es el sujeto de la resolución de acusación sustitutiva Nº 93-470-CR-Hoeveler (s) (s) (s) dictada el 2 de junio de 1995 en la Corte distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:

Cargo I. Concierto para conducir y operar una empresa ilegal de fraude organizado, en violación del título 18, sección 1962 (d) del código de los Estados Unidos;

Cargo II. Conducir y operar una empresa ilegal de fraude organizado, en violación del título 18, sección 1962 © del código de los Estados Unidos;

Cargo III. Concierto para importar cocaína, en violación del título 21, secciones 963 y 952 del código de los Estados Unidos;

Cargo IV. Concierto para poseer con la intención de distribuir cocaína, en violación del título 21, sección 952 del código de los Estados Unidos;

Cargos V, Vl y VIII. Importación de cocaína, en violación del título 21, sección 952 del código de los Estados Unidos;

Cargo Vll. Intento de importar cocaína, en violación del título 21, secciones 963 y 952; y

Cargo IX. Concierto para lavar ganancias provenientes del tráfico de narcóticos, en violación del título 18, sección 1956 (h) del código de los Estados Unidos”.

Como quedó advertido en la resolución que se acusa, el actor no puede ser juzgado en el país requirente por los cargos III, IV y Vll, por cuanto dichos hechos estaban siendo investigados por la justicia colombiana, para la fecha de expedición de aquella.

Los artículos 33 y 38 numeral 3 de la Ley 30 de 1986 tipifican la conducta por la cual fue investigado y condenado en Colombia el señor Jo Nazco, y su texto es el siguiente:

“ART. 33.—El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa en cuantía de diez (10) a cien (100) salarios mínimos (las negrillas son de la Sala).

Si la cantidad de droga excede la dosis para uso personal sin pasar de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancias estupefacientes a base de cocaína, doscientos (200) gramos de metacualona, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos mensuales”.

ART. 38.—El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:

“1...

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona”.

Tal y como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en su concepto favorable a la extradición del actor, los cargos V, Vl y VIII precisados en la resolución de acusación 93-470-CR-Hoeveler (s) (s) (s) y a los cuales hace referencia la embajada de los Estados Unidos en su nota verbal 900 de 17 de octubre de 1995, cuya parte pertinente fue arriba transcrita, se refieren a la conducta de importar cocaína, modalidad que encuadra dentro de las descritas en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986. Dicha conducta, sin embargo, no se identifica “...con la de haber sacado de Colombia la sustancia según lo afirmó posteriormente el señor Jo ante las autoridades nacionales, porque tratándose de unas actividades progresivas que van desde el cultivo de plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando por toda la gama de producción, almacenamiento, transporte, exportación, porte, comercialización, etc., bastará con demostrar una sola de ellas para que la conducta punible se considere completa, lo que en nada obsta para que en parte esos comportamientos se realicen en un territorio siendo merecedores de su reproche en él, y otra alcance su realización en el exterior, donde igualmente serán objeto de represión autónoma. Para este caso, es evidente que el Estado requirente juzgar a Julio Cipriano Jo no por haber sacado de Colombia una determinada sustancia, sino por haber “importado cocaína” a su territorio..." (las negrillas son de la Sala).

Lo anterior lleva a concluir a la Sala que no es cierto que la resolución demandada concedió la extradición del actor para que fuera juzgado por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en Colombia, pues, en últimas, a aquél se le juzgó aquí por sacar cocaína y en Estados Unidos se pretende juzgarlo por un hecho punible diferente: el de importar cocaína a dicho país, conducta también prevista en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, cuando emplea la expresión “introduzca al país”.

En consecuencia, no fueron violados los artículos que se citan como tal (C. de P.P., 1º, 15 y 565; C.P., 9º y C.P., 29), Los cuales se refieren al debido proceso, al principio de la cosa juzgada, y, particularmente el artículo 565 del CPP que dispone que no habrá lugar a la extradición cuando por el mismo delito la persona cuya entrega se solicita, esté investigada o haya sido juzgada en Colombia, pues, se reitera, existen delitos por los cuales es requerido el actor en los Estados Unidos y por los cuales no ha sido investigado en Colombia.

(...)».

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