Sentencia 41538 de octubre 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad.: 41538

Acta 38

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, el 27 de abril de 2009, en el proceso ordinario adelantado por MARÍA OLINDE CASTRILLÓN QUINTANA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

I. ANTECEDENTES

La citada accionante, convocó al ISS con el fin de que fuera condenado a reconocer y pagar en su favor la pensión de vejez, por haber cotizado al sistema más de mil (1000) semanas y haber alcanzado la edad de 55 años el 9 de junio de 2003, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, debidamente reajustada, en forma retroactiva hasta el 30 de octubre de 2005, data hasta la que realizó los correspondientes aportes; reconocimiento y pago de intereses moratorios conforme a lo ordenado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Adujo en apoyo de sus pretensiones, que nació el 09 de junio de 1948 y que cumplió 55 años en el mismo día y mes del 2003; que trabajó en el Inurbe entre el 29 de abril de 1974 y el 10 de marzo de 1981, período durante el cual cotizó para pensiones en la Caja Nacional de Previsión Social; que luego, a través de diferentes empleadores del sector privado cotizó en forma interrumpida al ISS hasta el 31 de diciembre de 1998. Narró que posteriormente, entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de mayo de 2001, aportó a la AFP Protección S.A., y que desde esa fecha retornó al ISS al que aportó hasta octubre del 2005; que en total alcanzó 1.020 semanas de cotización.

Afirmó, que por reunir los requisitos de edad y semanas cotizadas, solicitó la ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, prestación que le fue negada mediante las resoluciones 10724 y 18784 ambas del 2006, al decir del demandado, porque solo había aportado un total de 536 semanas, lo que afirma, no es cierto, porque su historia laboral evidencia que para entonces tenía 1020 semanas cotizadas, esto es, más de las 1000 exigidas para el año 2003. (fls. 2 a 5).

II. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El ISS al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó en su defensa, que la accionante solo acreditó 536 semanas de cotización, y que desde el momento en que decidió trasladarse a un fondo privado de pensiones, perdió los beneficios del régimen de transición. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. (fls. 28 a 29).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La primera instancia la conoció el Juzgado Primero de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín y terminó con sentencia absolutoria del 14 de diciembre de 2007 y con condena en costas a cargo de la actora.

Para sustentar su decisión adujo que la normativa aplicable al caso es la Ley 100 de 1993, dado que “la accionante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad el 1º de enero de 1999, perdiendo de esa forma el derecho al régimen de transición, Acuerdo 049 de 1990, artículo 12”.

Que a partir de lo anterior, previa la revisión de las cotizaciones efectuadas a la Caja Nacional de Previsión Social, al ISS y a Protección, concluyó que conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la actora ha debido “aportar un total de 1050 semanas” y tan solo acreditó 1003.84 semanas cotizadas. (fls. 46 a 55).

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de la demandante vencida, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 29 de abril de 2009, confirmó la decisión absolutoria de primer grado, revocó en cuanto a la condena en costas, absolvió por tal concepto y no las impuso en la alzada.

Previo recuento de lo decidido, de entrada asentó la confirmación de la sentencia de primera instancia, efecto para el cual procedió a revisar y trascribir el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; analizó la copia de la partida de bautismo de la actora y, así puntualizó que no tenía derecho a la prestación reclamada porque, de un lado, a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 aún no había alcanzado la edad de 55 años y, de otro, no acreditó el mínimo de cotizaciones requeridas para beneficiarse de la pensión, conclusión a la que arribó, según dijo, porque “[e]llo se deduce del análisis hecho por el Juez de Primera Instancia, respecto a los totales de semanas cotizadas al sistema por cada uno de los patronales a lo que les prestó servicios.”; y agregó:

“De folios 11 a 15 del proceso obra certificación expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA ‘INURBE EN JJQUIDACIÓN’, en la que se dice que la actora laboró al servicio de tal entidad en el periodo comprendido entre el 29 de abril de 1974 hasta el 10 de marzo de 1981, tiempo que aparece cotizado a CAJANAL. Tal período laborado al servicio del INURBE constituye un total de 353.1428 semanas. Igual la demandante cotizó con varias empresas privadas para el I.S.S. hasta diciembre 31 de 1998 en forma interrumpida, para un total de 396.8571 semanas.

Y, entre el 10 de enero de 1999 y 31 de mayo de 2001 cotizó a PROTECCION S.A. un total de 115.7142 regresó al I.S.S. cotizando como trabajador independiente y como empleado de COMPACTO y de OLGA MARGARITA OLGUIN, para un total de 138.1357. Con un gran total de 1003.84 semanas cotizadas.”

Siendo importante significar que la accionante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad el 1º de enero de 1999, perdiendo de esa forma el derecho al régimen de transición, -Acuerdo 049 de 1990, artículo 12.

Se concluye entonces que no le asiste derecho a la demandante a recibir la prestación que reclama, pues para el año 2005, fecha en la cual obtuvo los requisitos para obtener la pensión, debía aportar un total de 1050 semanas, como lo establece el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, -y como se dijo solo alcanzó a cotizar 1003.84 semanas …”. (fl. 53)

Con las anteriores reflexiones, confirmó la absolución de primer grado, revocó la condena en costas y no las impuso en la alzada (fls. 100 a 107).

V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo propuso la demandante con fundamento en la causal primera, con el cual pretende que se CASE totalmente la sentencia proferida por el ad quem, para que en sede de instancia se revoque la de primer grado y, en su lugar, se condene a las pretensiones de la demanda y se decida en costas como corresponda.

Con tal propósito propuso un cargo, que con vista a la réplica, procede la Sala a resolver.

VI. CARGO ÚNICO

Dice el recurrente:

“La sentencia (sic) Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, es violatoria de la Ley sustancial por la VÍA DIRECTA, en la modalidad de interpretación errónea (falta de Aplicación) de los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con los artículos 33, 36 de la Ley 100 de 1993, 6,7,8,10 de la Ley 797 de 2003, artículos 48 y 53 de la constitución (sic) Nacional, y acto Legislativo 01 del año 2001, que modificó igualmente el artículo 48 de la Constitución Nacional”.

Al sustentar la acusación, comienza por advertir que no discute las cuestiones fácticas que dio por establecidas el Tribunal, esto es: a) que la actora nació el día 9 de junio de 1948 y cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2003; b) que completó más de 1.003 semanas para los riesgos de I.V.M. durante toda su vida laboral, incluyendo el tiempo laborado al servicio del INURBE, el cotizado a la AFP Protección S. A., así como el directamente aportado al ISS; c) que se trasladó a la AFP Protección S.A. el 1º de enero de 1999 y realizó aportes a dicha entidad hasta el 31 de mayo de 2001; d) que Castrillón Quintana retornó al ISS el 1º de junio de 2001 y realizó aportes para los riesgos de IVM hasta el mes de octubre de 2005 y; e) que la A.F.P. Protección S. A., trasladó con destino al ISS todo el ahorro efectivo en dicho fondo.

Manifiesta que lo que es objeto de discusión, es que el Tribunal hubiese concluido que la actora perdió los beneficios del régimen de transición, “por el mero hecho” de haberse trasladado del régimen de prima media al de ahorro individual.

Para apoyar sus argumentos, acude a la sentencia C-754 de 2004 de la Corte Constitucional, que al efecto en extenso trascribe, y concluye:

“Pues bien de acuerdo a la citada jurisprudencia, a mi mandante, no se le puede desconocer su Derecho adquirido a beneficiarse del régimen de Transición el cual se puede definir ‘Como Aquella Facultad o prerrogativa que tienen los afiliados al sistema de seguridad social que cumplen determinados requisitos para que se le apliquen al reconocimiento y liquidación de su pensión de vejez, la normatividad vigente anterior a la Ley 100 de 1993’”.

Luego, se refiere a las condiciones legalmente exigidas para que una persona sea beneficiaria del régimen de transición, las que afirma cumple la demandante, y expresa que erró el Tribunal porque pese a ello consideró que, “sólo era beneficiario de una mera expectativa, y no, de un derecho adquirido a su régimen de Transición”, conforme lo indica la jurisprudencia en cita.

Explica que en esas condiciones, por estar amparada por el régimen de transición, la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión, conforme a lo estipulado en los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, dado que tal y como lo dijeron los jueces en las instancias, acreditó “un total de más 1003 semanas durante toda su vida laboral para los riegos de IVM”.

Agrega que una interpretación en sentido contrario, vulnera el artículo 48 de la Constitución Política, el que a su vez utiliza para adicionar, que al tenor de los postulados del Acto Legislativo 01 de 2005, la accionante es beneficiaria del régimen de transición.

VIII. LA RÉPLICA

El ISS se opone a la prosperidad del recurso, y dice en síntesis, que la demanda presenta falencias de orden técnico; que la apelación no impugnó el principal fundamento del fallo de 1ª instancia, referido a la pérdida del régimen de transición y que si se dieran por superadas las anteriores observaciones, en todo caso estaría llamado al fracaso, porque la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y de la Corte Constitucional, ha señalado que el traslado del régimen de prima media al de ahorro individual, hace perder los beneficios de régimen de transición, “salvo respecto de aquellas personas que tuvieran quince (15) o más años de servicios cotizados para el 1º de abril de 1994. Y la actora solo contaba, para el fin del año 1994, con 396.8571 semanas sufragadas al Seguro Social.”

VIII. SE CONSIDERA

En razón de la orientación planteada en el ataque, no son objeto de cuestionamiento y están demostrados en el proceso los siguientes supuestos fácticos: (i) que María Olinda Castrillón Quintana cotizó para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, a la Caja Nacional de Previsión durante el período comprendido entre el 29 abril de 1974 al 10 de marzo de 1981 un total 353.1428 semanas (fls. 11 a 15); al Instituto de Seguros Sociales, desde el 1º de junio de 1981 al 9 de noviembre de 1994, 396.8571 semanas (fl. 19); a la AFP Protección S.A. desde el 1º de enero de 1999 hasta el 31 de mayo de 2001, 115.7142 semanas; posteriormente, al ISS desde junio de 2001 a octubre de 2005, 138.1357 semanas; (ii) que estuvo afiliada al ISS en el régimen de prima media con prestación definida, hasta cuando decidió migrar al régimen de ahorro individual a partir de enero de 1999; (iii) que retornó al ISS en junio de 2001; (iv) que nació el 9 de junio de 1948 y cumplió 55 años de edad en el mismo día y mes del 2003; (v) que el ISS le negó la prestación de vejez mediante las resoluciones 10724 y 18784 ambas de 2006 (fls. 7 a 10), por cuanto perdió los beneficios del régimen de transición, ya que al 1º de abril de 1994, no acreditó 15 años de servicios cotizados.

El juez de apelaciones hizo suyas las reflexiones del a quo, que como atrás quedó dicho, al negar el derecho a la pensión solicitada se fundamentó en dos pilares a saber: (i) que la actora perdió el régimen de transición del que era beneficiaria, al haber migrado del sistema de prima media al de ahorro individual, y (ii) que en virtud de ello el régimen pensional aplicable al caso es el consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que exige al efecto 1050 semanas de cotización, que no fueron acreditadas por la actora.

Por su parte, la censura estima que pese al traslado entre regímenes, la actora conservó los beneficios de la transición consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que por tanto tiene derecho a pensionarse bajo las regalas del Acuerdo 49 de 1990.

En ese contexto, le corresponde a la Sala dilucidar: (i) si como lo asentó el tribunal la actora perdió los beneficios del régimen de transición cuando migró del régimen de prima media al de ahorro individual; y (ii) debe determinar cuál es el régimen pensional que la cobija y cuáles son los requisitos exigidos para que se otorgue la prestación.

1. Traslado entre sistemas pensionales vs. beneficios del régimen de transición.

El tema ha sido dilucidado por la Sala en jurisprudencia que ya tiene el carácter de reiterada. Ciertamente, al respecto ha señalado que quienes habiendo migrado al sistema de ahorro individual con solidaridad y posteriormente retornaron al de prima media con prestación definida, mantienen los beneficios del régimen de transición siempre que a la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, el 1º de abril de 1994, tuvieren 15 o más años de servicios cotizados.

En efecto, de manera concluyente lo adoctrinó en la sentencia 27465 del 31 de enero de 2007 en la que dijo:

“Un análisis cuidadoso y, sobre todo, sistemático e integral de los incisos 2, 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lleva a la Sala a concluir que no le asiste razón al impugnante y en cambio sí al Tribunal al sostener que los beneficios del régimen de transición se mantienen para aquellas personas que, a la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, el 1º de abril de 1994, tenían 15 o más años de servicios cotizados, independientemente de su género y edad, así se trasladaran al sistema de ahorro individual con solidaridad y, posteriormente, retornaran al de prima media con prestación definida. 

En efecto, al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los trabajadores ‘antiguos’, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, y además estuvieran ‘afiliados’ al ‘régimen anterior’, conocido como de reparto simple —en el cual las mesadas de los pensionados se financiaban con los aportes de los trabajadores activos—, transformado hoy en el de prima media con prestación definida, no vieran frustradas abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual venían cotizando. Para ello estableció, en el artículo 36, un régimen de transición el cual, en su inciso 2º, contempló tres grupos de personas, de acuerdo con la edad o con el tiempo de servicio cotizado que tuvieran al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema, esto es, en abril de 1994, así: mujeres con 35 o más años de edad; hombres con 40 o más años de edad; y mujeres y hombres con 15 o más años de servicios cotizados, independientemente de su edad.

También se creó un nuevo régimen de pensiones, el de ahorro individual con solidaridad, totalmente distinto y ‘excluyente’ del de prima media con prestación definida, estableciéndose su libre escogencia por parte de los trabajadores. El inciso 4º ibídem, consagró que los dos primeros grupos de personas cubiertas por la transición —mujeres con 35 o más años de edad y hombres con 40 o más—, perderían sus beneficios si optaban por trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad. El inciso 5º previó que tampoco sería aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidieran cambiarse al de prima media con prestación definida.

Sin duda, en términos de claridad, la redacción de la norma no es la más afortunada pues su intelección y propósito ha suscitado distintas posiciones y controversias como la que ahora se resuelve. Sin embargo, estima la Sala que una interpretación sistemática e integral del artículo, y no una exegética y ‘literal’ como lo pretende el recurrente, permite concluir que el legislador quiso referirse en este punto al mismo grupo de personas enunciadas en el inciso 4º —mujeres con 35 o más años de edad y hombres con 40 o más—, para dejar en claro que tales afiliados, aún cuando retornaran al Seguro Social, ya no podrían acceder a los beneficios de la transición, porque los perdieron cuando decidieron trasladarse al régimen de ahorro individual.

La anterior inferencia posibilita arribar a esta otra, que en ninguna parte del artículo 36 expresamente se menciona que las personas con 15 o más años de servicios cotizados al entrar en vigencia la Ley 100, pierden los beneficios de la transición si se trasladan al sistema de ahorro individual con solidaridad y, por el contrario, es el inciso 4 el que los excluye de dicha posibilidad, al no enunciarlos.

El régimen de transición, tal como lo estableció el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, significa que ‘La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez... será la establecida en el régimen anterior...’ (se resalta). Dado que antes de la Ley 100 de 1993 sólo existían sistemas de pensiones de reparto simple, tal como se explicó anteriormente, es claro que las prerrogativas del régimen de transición solo tienen sentido y aplicación en el hoy denominado sistema de prima media con prestación definida, por cuanto fue éste el que conservó la estructura y principios de aquéllos. De ahí se concluye que una persona trasladada de un régimen de reparto simple o de prima media, al de ahorro individual, no puede aspirar, si permanece dentro de este último, a recibir los beneficios de una transición, dada la dicotomía que existe entre las normas y principios de uno y otro régimen, que, de suyo, son totalmente diferentes e incompatibles. 

De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que se encuentre en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrá derecho a que se le apliquen los beneficios de la transición, sí, y sólo si cumple con dos condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de prima media con prestación definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de 1994, hubiere tenido 15 o más años de servicios cotizados en el régimen de reparto simple al que estaba afiliado, sin consideración a la edad”.

Por manera que, en efecto se equivocó el juez de alzada al hacer suyas las conclusiones del a quo, quien al referirse al tema, afirmó “que la accionante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad el 1º de enero de 1999, perdiendo de esa forma el derecho al régimen de transición; es decir, omitió analizar si Castrillón Quintana, al 1º de abril de 1994 tenía o no 15 o más años de servicios cotizados.

No obstante, aunque el cargo en este puntual aspecto es fundado, no está llamado a prosperar ya que si la Corte hiciera consideraciones de instancia llegaría a la misma conclusión del ad quem, en el sentido de no acceder al reconocimiento de la pensión bajo el régimen de transición.

Ello es así porque al revisar los supuestos de hecho que, por demás no son objeto de discusión en sede de casación dada la vía de ataque escogida, se colige que la actora antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no alcanzó a cotizar, sumados los aportes efectuados en el sector oficial y los realizados al ISS, el equivalente a 15 años de servicios, tal y como se evidencia en el siguiente informativo cuyos resultados se obtienen de la documental que obra al plenario:

 

1. Períodos laborados y cotizados antes de la Ley 100 de 1993.

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 FechasNº de días Nº de semanas
EntidadDesdeHasta 
ISS01/06/198125/07/198155 7,8571
ISS29/07/198108/07/19861.806 258,0000
ISS16/07/198607/04/1987266 38,0000
ISS23/09/199127/05/1992248 35,4286
ISS24/08/199331/03/1994220 31,4286
Cajanal29/04/197410/03/19812.508 358,2857
   5.104 729,1429

 

2. Años cotizados antes de la Ley 100/93 = 13,97

3. Fecha de entrada de la Ley 100/93 = 01/04/1994

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ver tabla
ISS01/04/199408/08/1994130 18,5714
ISS09/11/199431/12/199453 7,5714
Porvenir01/01/199931/05/2001810 115,7142
ISS01/06/200131/10/2005967 138,1357
     280,1356

4. Semanas cotizadas toda la vida laboral = 1.009,2785

 

Con otras palabras, como a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la accionante tan solo tenía 13,97 años de servicios cotizados, no tiene derecho a que se le conceda la pensión bajo las reglas del Acuerdo 49 de 1990, así como tampoco con sujeción a las exigencias consagradas en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aclaración esta última que importa hacer, en cuanto los supuestos de hecho indican que antes del 1º de abril de 1994 efectuó aportes tanto a al ISS como a la Caja Nacional de Previsión Social.

2. Régimen pensional aplicable al caso.

Dilucidado como quedó en el numeral anterior, que la actora no está cobijada por el régimen de transición ya que al primero de abril de 1994 solo tenía cotizados 13, 97 años de servicios, no se equivocó el tribunal al estudiar el asunto bajo la égida del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Así mismo, en el contexto de los hechos que no son objeto de discusión por razón de la orientación del ataque, no erró al hacer suyas las reflexiones del a quo frente a la normativa reseñada, toda vez que conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de enero de 2005, año hasta el cual la actora hizo su último aporte al sistema para tener derecho a la pensión de vejez, se requería que hubiere acreditado 1050 semanas de cotización, requisito que como quedó consignado en la sentencia impugnada no alcanza aún, cuando quiera que tan solo había aportado “1003.84 semanas ...”.

Por lo visto, el cargo no prospera.

Como el cargo fue parcialmente fundado, pese a que el recurso no salió avante, sin costas en sede de casación.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, el 27 de abril de 2009, en el proceso ordinario adelantado por María Olinde Castrillón Quintana contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».