Sentencia 4155 de enero 29 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO INMOBILIARIO

LIBERTAD DE ACCESO A SUS DATOS

EXTRACTOS: «El ciudadano José Eusebio Orjuela, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, presentó demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Instrucción Administrativa núm. 038 de 24 de septiembre de 1996, referente a la “solicitud de información a las oficinas de registro por los particulares”, dirigida a los registradores de instrumentos públicos del país por el Superintendente de Notariado y Registro.

(...).

Consideraciones de la Sala

El acto administrativo acusado prohíbe a los registradores de instrumentos públicos del país suministrar información de datos contenidos en las matrículas inmobiliarias a los particulares, sean personas naturales o jurídicas, que no acrediten el interés legítimo que les asiste, como, por ejemplo, tener o haber tenido un derecho inscrito en el folio, ser hijo, cónyuge o pariente o presentar debidamente poder conferido por las personas a investigar, quienes deben ser o haber sido titulares de algún derecho registrado.

Permite dicho acto que se atiendan las solicitudes presentadas a través de abogados que requieran la información con fines judiciales cuando el poderdante no tenga ni haya tenido derechos inscritos en el respectivo folio, siempre que anexen el poder conferido en la forma que se indica en el mismo.

El acto administrativo acusado autoriza a las oficinas de registro dar trámite a las solicitudes de información de las entidades financieras para adelantar procesos ejecutivos para el cobro de sus acreencias, si se presentan por escrito en papel membreteado, firmado por el gerente de la respectiva entidad o sucursal, con la indicación de la dirección y teléfono y si se anexa además original o fotocopia del certificado que acredite su nombramiento.

Dicho acto administrativo se fundamenta para su expedición en el artículo 15 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental a la intimidad, aduciendo que se ha tenido conocimiento de personas que acuden a las oficinas de registro de instrumentos públicos amparados en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política y la Ley 57 de 1985, pero no con el interés a que hacen referencia tales normas sino por simple curiosidad o para incurrir o facilitar la comisión de hechos delictuosos.

Como lo advirtió la Sala, en el proveído de 30 de enero de 1997 en el proceso núm. 4155, al resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos de dicho acto, y ahora lo reitera, en él no se hace referencia a ley alguna que respalde sus motivaciones sino solamente al precepto contenido en el artículo 15 de la Carta Política.

Si bien es cierto que dicho precepto constitucional protege el derecho a la intimidad de toda persona, el cual por lo demás no está referido necesariamente a los bienes que se poseen, no lo es menos que en los artículos 23 y 74 ibídem se garantiza el derecho de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, las cuales deben ser resueltas oportunamente; y de acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Es decir, que sólo el legislador tiene la atribución de darle el carácter de reservado a un documento público y de establecer las correspondientes limitaciones para acceder a la información contenida en él.

Cabe resaltar, además, que el artículo 57 del Decreto-Ley 1250 de 1970 en parte alguna autoriza al Superintendente de Notariado y Registro para hacer regulaciones como a las que se contrae el acto acusado, sino todo lo contrario: prevé que “los registradores expedirán copias fotostáticas de las tarjetas de los índices y certificaciones, con vista en ellas, a quienes se las soliciten, y permitirán el examen de todos los elementos de su archivo bajo vigilancia eficaz y siempre que con ello no se interfiera el servicio normal de la oficina...”. Es decir, no consagra limitaciones para acceder a la información contenida en las tarjetas, lo cual sí hace aquél, cuando ello, como ya se dijo, es del resorte exclusivo del legislador.

No existiendo ley en tal sentido, forzoso es concluir que el Superintendente de Notariado y Registro transgredió claramente el artículo 74 de la Carta Política, razón esta potísima que conduce a la Sala a declarar la nulidad de la Instrucción Administrativa acusada, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Instrucción Administrativa 038 de 24 de septiembre de 1996, referente a la “solicitud de información a las oficinas de registro por los particulares”, dirigida a los registradores de instrumentos públicos del país por el Superintendente de Notariado y Registro.

Devuélvanse a los actores las sumas de dinero depositadas para gastos ordinarios del proceso que no fueron utilizadas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de enero 29 de 1998. Expediente 4155. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.).

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