Sentencia 41553 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41553

Acta 9

Magistrada Ponente:

Dr. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Aun cuando los cargos están dirigidos por vías de violación diferentes, se estudian conjuntamente en razón a que existe identidad en la proposición jurídica y en los argumentos que expone para su demostración, tal como lo autoriza el artículo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

El aspecto que controvierte el censor se circunscribe a determinar, si para efectos de establecer el número de semanas cotizadas exigidas para acceder a la pensión de vejez debe tomarse el año de 360 o de 365 días, pues a juicio del recurrente, “como los empleados cotizan treinta (30) días por mes, es decir, trescientos sesenta (360) al año, no se puede desfinanciar al sistema aumentándole al año de servicios días de cotización no sufragadas”. Para ello transcribe el Concepto 1228 del 3 de marzo de 2006, emanado del Ministerio de la Protección Social, en el que se alude a una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

El tribunal para dar cumplido el requisito de las semanas de cotización exigidas, consideró que “que si bien es cierto que la resolución a la que se hace referencia establece que el total de días fue de 6887 días, también lo es que esos días fueron calculados entre el 4 de abril de 1978 y el 20 de mayo de 1997 y haciendo la suma de cuantos días comprende ese periodo contando los 47 de interrupción, corresponde a 6939 días, esto es, 991.29 semanas que sumadas a las cotizadas por la demandante en forma independiente arroja un total de 1012,72 semanas, suficientes para acceder al derecho pensional reclamado”.

El soporte del recurrente para efectos de aseverar que en la contabilización de las semanas para la pensión de vejez, los años son de 360 días y no de 365, lo constituye un concepto del Ministerio de la Protección Social, el cual no obra en el expediente; pero si se admitiera su existencia, no tiene poder vinculante para los jueces, por lo que mal puede servir de sustento para dar por demostrado un supuesto yerro jurídico o fáctico en aras de quebrar una sentencia judicial, pues la misma característica que tiene de no ser obligatorio, conforme lo prevé el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, descarta por completo un desatino capaz de enervar la decisión acusada.

La Corte al examinar un asunto de similares características a las que constituyen el tema de controversia en el sub judice, en el que fungió como demandada la misma entidad de Seguridad Social que ahora recurre en casación, en sentencia del 14 de septiembre de 2010, radicación 36471, precisó:

“En primer término, si el fallador asentó que no había norma jurídica que estableciera que para efectos de la pensión de vejez los años son de 360 días, para derruir ese raciocinio era menester indicar la disposición que lo consagra, así se tratase de una disposición reglamentaria o interna proferida por el propio demandado. En sustento del alegato que contienen los cargos, se afirma que los afiliados cotizan 30 días al mes, pero no se determina de donde surge esa conclusión, pues no se indica el precepto que así lo consagre, del que pudiera concluirse, como se sugiere implícitamente, que no se pueden contabilizar más días que aquellos sobre los cuales se cotiza.

“Ahora bien, en los cargos se trae a colación un concepto del Ministerio de la Protección Social en el que, a su turno se alude una sentencia del Consejo de Estado en la cual se cita al artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, norma legal que no se cita como violada en ninguno de los dos cargos, para concluir que el año que ha de tenerse en cuenta para la jubilación es de 360 días.

“Con ello, lo que hace el recurrente es oponer el criterio jurídico vertido en ese concepto, de aceptarse su existencia, que no tiene fuerza vinculante para los jueces, según surge de lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, con el del tribunal, mas ese raciocinio corresponde a un ejercicio tendiente a demostrar una equivocación hermenéutica, que no se denunció, pero no la aplicación indebida que orienta los cargos.

“Ahora bien, en ese concepto, que en verdad no obra en el proceso, se dice que para efectos fiscales el mes laboral sólo se estima de 30 días, pero el tribunal no pasó por alto que para esos precisos efectos el año se puede considerar de 360 días, sólo que estimó que ello no podía ser de ese modo para la pensión de vejez, respecto de la cual debía tenerse en cuenta el tiempo efectivo laborado.

“Importa anotar que de la norma legal a la que se alude en el concepto, insularmente considerada, no se desprende inexorablemente que al trabajador le deban ser remunerados solamente 360 días al año, pues una cosa es que se le deban pagar los salarios por períodos iguales y vencidos y que el correspondiente a los sueldos no pueda superar un mes, que es lo que allí se establece, y otra, diferente, que en el año solamente se paguen 360 días.

“Con todo, así se concluyera que de la disposición legal citada se desprende la conclusión que alega la censura, se mantendrían vigentes los otros razonamientos del tribunal, fundados, en lo esencial, en la existencia de normas legales que, aplicadas analógicamente, permiten concluir que la pensión debe corresponder con el tiempo efectivo de servicio; en la naturaleza de la prestación por vejez, que retribuye el servicio y no es una dádiva; y en la realidad de que un año civil tiene 365 días.

“En verdad no se derrumba la utilización que de la analogía hizo el fallador, porque no se demuestra que de la norma legal que se cita en el cargo se desprende que no existe el vacío normativo que evidenció el tribunal, como tampoco que, en desarrollo de la integración normativa que utilizó, los preceptos de que echó mano no podían ser utilizados por no gobernar cuestiones análogas a la situación de hecho debatida en el proceso.

“No desconoce la Corte la existencia de normas internas del Seguro Social, como la Circular 191 del 4 de febrero de 1994, que pueden servir de apoyo a lo que alega la censura respecto de los días que se consideran cotizados, pero si sobre ella nada se dijo en el cargo no es posible involucrarla en el análisis jurídico que corresponde efectuar, con mayor razón si, dada su naturaleza jurídica, es una prueba, que, por lo demás, no obra en el proceso, y no una que puede ser tenida como norma sustancial del orden nacional, que pudiera examinarse en cargos dirigidos por la vía de puro derecho, como el primero”.

Por lo visto, los cargos no prosperan.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la entidad recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 20 de febrero de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Bertha Julia Londoño Sánchez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso de casación a cargo del recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»