Sentencia 41567 de junio 20 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41567

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 21

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

El juzgador, para revocar lo relativo a la indemnización moratoria, estimó a partir de un examen de las pruebas del plenario, que en verdad el actor se retiró por mutuo acuerdo y que por ello la entidad demandada procedió al reconocimiento de una bonificación adicional al pago de las prestaciones.

Para asumir esa postura, se atuvo al contenido de la Resolución 22 expedida por el municipio de Jamundí, según la cual “Harold Díaz identificada (sic) con cédula de ciudadanía 6.331.994 expedida en Jamundí (V) mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2001 manifestó a la administración municipal que se acoge a los acuerdos realizados entre el municipio de Jamundí y el Sindicato Único de Trabajadores Oficiales del municipio de Jamundí, celebrado mediante acta extraconvencional firmada el 4 de diciembre de 2001 y por lo tanto le asiste el derecho a que se le cancelen las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho con ocasión de los servicios prestados al municipio de Jamundí (...) que mediante acta de conciliación 023 A de fecha 3 de enero del año 2002 se terminó por mutuo acuerdo el contrato de trabajo a término indefinido existente entre el señor Harold Díaz y el municipio de Jamundí” e indicó que la suma que se insertó como indemnización, era justamente para precaver cualquier tipo de litigio sobre eventuales derechos inciertos y discutibles.

Ello también lo comprobó con la propia afirmación de la demanda en cuanto en el hecho segundo se indicó que “el trabajador mediante acta correspondiente acordó con el municipio de Jamundí acordó el retiro definitivo en fecha tres (3) de enero de 2002”, lo que además, le permitió ratificar su conclusión según la cual existió un acuerdo para que procediera el pago de esa indemnización, pues no de otra manera, ante una terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo, podía emerger la cancelación de una indemnización distinta, a la que el municipio asumiera, para precaver eventuales reclamos.

Aunque es verdad que el tribunal no advirtió la ausencia del acta de conciliación, su razonamiento no constituye un error manifiesto o protuberante, necesario para estructurar el quiebre de la sentencia, pues según consignó, existió una terminación del vínculo por mutuo acuerdo, y de allí que con la indemnización se quiso impedir un litigio referente a la liquidación que efectuó.

Al confrontar la liquidación de las acreencias laborales, de folio 10, que el recurrente enlista como erróneamente valorada, el ad quem consideró que existió convencimiento del municipio de que las acreencias otorgadas a la finalización del contrato de trabajo eran las que correspondían al actor y que, además, esa pluricitada indemnización contenía una suma que le permitió tener la certeza de no deber nada al trabajador, punto que sumado a los anteriores lo llevó a la certidumbre de que existió un acto volitivo dirigido a terminar el contrato que ataba a las partes, mediado por una bonificación, sin que aparezca ostensible un razonamiento en contrario, pues en esa misma liquidación se otorgó al actor $ 10.926.410, que el ad quem tuvo en cuenta para consolidar su apreciación, probanzas que sumadas conducen a indicar que no pudo cometer los errores que con el carácter de manifiestos se le imputan.

De todos modos la Sala, sobre el punto debatido, recuerda que, en todo caso, no basta que se demuestre que el empleador a la terminación del contrato de trabajo resulte deber a su trabajador salarios o prestaciones sociales, para que automáticamente quede obligado a pagar la sanción por mora, sino que se deben analizar las condiciones y circunstancias, pues si de ese examen encuentra buena fe del deudor, lo debe exonerar de la sanción descrita, que fue sin lugar a dudas lo que aconteció, cuando el tribunal estimó que el municipio con el pago de la indemnización a la que ya se hizo referencia, canceló cualquier deuda con el trabajador, razonamiento que no luce disparatado.

En el anterior orden de ideas, no pudo el ad quem cometer los errores con carácter de evidentes que le atribuye la censura y por tanto no prosperan los cargos.

Sin costas dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 15 de mayo de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que Harold Díaz le promovió al municipio de Jamundí.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».