Sentencia 41579 de octubre 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Rad.: 41579

Acta 38

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Debe la Sala determinar si las partes estuvieron ligadas por una relación laboral dependiente y subordinada, conforme lo asegura el recurrente, o si, por el contrario, lo que existió fue un contrato de prestación de servicios profesionales, ejecutado en forma autónoma e independiente por la demandante y regido por normativas ajenas al derecho laboral, como lo dedujo el tribunal.

En el proceso no se controvirtió que la actora prestó sus servicios personales para la Fundación demandada entre el 1º de febrero de 2004 y el 20 de octubre de 2006, como especialista en “Odontopediatría”, para lo cual suscribió con la demandada un “Contrato de prestación de servicios médico asistenciales”, supuestos fácticos que además, se corroboran con lo consignado en el documento que obra a folio 9 a 13 del expediente.

Ahora bien, no obstante la naturaleza jurídica que las partes le asignaron al referido contrato y el contenido de las cláusulas que allí se insertan, en las que se destaca que las actividades desarrolladas por la demandante se hacen como una contratista independiente, el sometimiento del mismo a las normas del Código Civil y la expresa manifestación de que “No genera relación laboral”, las demás prueba que denuncia la recurrente si logran demostrar una inferencia diferente de aquella que obtuvo el Tribunal, en cuanto los servicios prestados sí se ejecutaron por la actora bajo la continuada subordinación y dependencia de la demandada.

Así, de las diferentes cartas que le remitió la demandada a la actora, visibles a folios 79, 82, 85, 96, 101, 104 a 105, 107, 114 y 146, se refleja una realidad completamente diferente de aquella que se consignó en el contrato de prestación de servicios, y que contrasta con la supuesta autonomía e independencia que tenía la actora en el desarrollo de sus actividades, como equivocadamente lo dedujo el tribunal, pues lo que emerge de esos medios probatorios es una verdadera subordinación jurídica propia de un nexo contractual laboral.

En efecto, el documento de folio 85 da cuenta de la instrucción a la demandante sobre el número de pacientes que correspondía atender en el mes y la programación de los días en que debía evacuar las citas con la respectiva distribución de su número. Así mismo, las otras probanzas demuestran que la trabajadora fue requerida en varias oportunidades para que adecuara el diligenciamiento de las historias clínicas al nuevo formato establecido (fls. 79), enviara los reportes mensualmente, cumpliera las normas mínimas de Bioseguridad (fl. 82), y corrigiera las irregularidades detectadas en la auditoría de historias clínicas, diseñando un plan de mejoramiento que debía remitir en un término de 5 días calendario (fl. 96 y 107).

Las documentales de folios 101, 104 y 105, contienen los informes de productividad que le entregaban a la actora y en los que califican su desempeño como “muy regular” y “muy deficiente”, por haber obtenido un resultado del “50%, el 50.4% y el 29.2%”, respectivamente, por lo que le sugieren realizar “un análisis y plan de mejoramiento con el objetivo que cumpla con los estándares de atención según la contratación”. De igual forma, mediante el oficio del 2 de junio de 2006, remitido a la demandante por la Coordinadora Odontológica de la demandada, se le fijan unas tareas específicas para el citado año, y textualmente le dicen que “son de obligatorio cumplimiento”.

Surge con claridad que las instrucciones que le daban a la actora para el cumplimiento de sus actividades, la asignación de tareas y responsabilidades específicas con el mandato perentorio de ser de “obligatorio cumplimiento”, los constantes comunicados que le enviaban sobre las irregularidades en que incurría en la ejecución de las labores para que estas fueran corregidas, la programación de los días en que debía atender los pacientes y el número de consultas que le correspondía cumplir, así como las calificaciones que le hacían de su desempeño, son características que resultan ajenas a la autonomía e independencia que estimó el sentenciador de alzada; por el contrario, encuadran en el sometimiento que le es propio a la prestación de unos servicios subordinados, en los que el empleador ejerce el poder o facultad de impartir órdenes, dar instrucciones y asignar tareas, que identifican la existencia de una relación de naturaleza laboral.

En consecuencia, le asiste razón al recurrente en los desaciertos fácticos que se denuncian, los cuales aparecen corroborados con la prueba testimonial que también es objetada, en cuanto reafirman la subordinación jurídica a la cual estuvo sometida la demandante en el desempeño de sus labores, pues las versiones suministradas por Juan Carlos Calderón Calderón (fls. 179 a 182), Javier Casadiego Ríos (fls. 183 a 186), Arianne Mercedes Morales (fls. 186 a 188) y Tania Milena Moya Yepes (fls. 189 a 191), coinciden en afirmar que la actora estaba sujeta al cumplimiento de un horario de trabajo, recibía órdenes y llamados de atención de los coordinadores, le calificaban sus servicios y que no era autónoma respecto de las actividades prestadas a la demandada.

Por lo visto, el cargo prospera.

En instancia, con fundamento en las mismas consideraciones que se dejaron consignadas al despachar la acusación, es dable concluir que existió un contrato de trabajo entre las partes, cuyos extremos temporales se extendieron entre el 1º de febrero de 2004 al 20 de octubre de 2006, fecha en que fue terminado unilateralmente por la demandada, a pesar de que se había fijado para su finalización el 31 de diciembre de 2008, con una remuneración mensual de $848.000; tales situaciones aparecen demostradas con los documentos que obran a folios 9 a 13 y 145 a 148 del expediente.

Como no obra en el proceso medio de prueba que demuestre la existencia de una justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte de la demandada, como que, tampoco se acreditó el pago de las diferentes prestaciones sociales y demás acreencias laborales que son objeto de reclamación, se impone revocar la absolución del juez de primer grado, para en su lugar, disponer el reconocimiento de las siguientes sumas:

Indemnización por despido injusto

El contrato que suscribió la demandada con la promotora del proceso vencía el 31 de diciembre de 2008, pero fue terminado unilateralmente por el empleador el 20 de octubre de 2006, sin aducir una justa causa para su terminación; luego, se adeuda por este concepto el tiempo que faltó para vencer dicho plazo, esto es, los salarios correspondientes a 790 días, que ascienden a la suma de $22.330.666,66, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 64 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002.

Auxilio de cesantía e intereses

Como la remuneración que aparece certificada por la demandada es de $848.000, mensuales durante toda la vigencia del contrato, según el documento de folio 145 del expediente, le corresponde por concepto de auxilio de cesantía la suma de $2.306.088,88 y por intereses $253.300,73.

Prima de servicios

Entre el 1º de febrero de 2004 al 20 de octubre de 2006, se adeuda por concepto de la prima de servicios del primero y segundo semestre de cada año, la suma de $2.306.088,88.

Compensación de las vacaciones

Dicha acreencia por el mismo período al que se hizo mención con anterioridad, arroja la suma de $1.153.044,44.

Cotizaciones al Sistema de Seguridad Social

En cuanto a la petición de pago de aportes a la seguridad social en pensiones, precisa la Sala que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, el empleador debe sufragar para pensiones el 75% de la cotización. En ese orden de ideas, la demandada será condenada a pagar a la entidad administradora que haya escogido la demandante, los aportes correspondientes a pensión del 1º de febrero de 2004 al 20 de octubre de 2006, y estará autorizado para descontar de las acreencias adeudadas la parte que corresponde a la trabajadora.

Frente a las cotizaciones a salud le incumbe al empleador el pago de las dos terceras partes de la cotización, por lo que la demandada deberá cancelar a la empresa promotora de salud a la que hubiese estado afiliada la actora, los correspondientes aportes por el mismo período referido anteriormente.

Pago de los descuentos por retención en la fuente

Tiene precisado la Corte sobre esta reclamación, que por tratarse de una cuestión de índole tributaria, ajena a lo que propiamente constituye el presente litigio, no resulta procedente en este caso acceder a tal petición, en cuanto no es un asunto de índole laboral, para lo cual puede consultarse la sentencia del 29 de junio de 2001, radicación 15499, reiterada en la del 14 de octubre de 2009, radicación 34559.

Indemnización moratoria

No se impondrá condena por la indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni la del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por cuanto considera la Corte que el actuar de la demandada estuvo revestido de buena fe, en cuanto que la falta de pago de las prestaciones sociales deducidas y la falta de consignación del auxilio de cesantía en un Fondo, se sustentó en la firme creencia que tenía la entidad de que la relación contractual que sostuvo con la actora no estaba gobernada por un contrato de trabajo, sino por uno de carácter civil, amén de la calidad que ostentaba como Odontopediatra, del horario flexible de que gozaba y de que realizaba la labor en su consultorio, según dan cuenta los documentos que militan de folios 120 a 128, elementos que, al ponderarse permiten indicar que la actividad desplegada por la demandada no estuvo precedida de malicia, o de la intención de esquivar los derechos de Oñate Oñate.

En efecto per se la celebración de contratos de prestación de servicios no puede conducir, inefablemente, a considerar que hubo ánimo de defraudación de las prestaciones, pues cada caso en particular permite delimitar la actuación de la empresa, y en ese norte es claro que en el sublite no puede predicarse la concreción de esa conducta negativa como para imponer las sanciones indicadas.

Corrección monetaria

A fin de paliar el envilecimiento de las condenas deducidas con anterioridad, resulta procedente su indexación, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor entre el 20 de octubre de 2006 y la fecha de la presente providencia. Es así como, los rubros que se dejaron relacionados con anterioridad con su respectiva corrección monetaria, ascienden a la suma de $36.203.075,50, que es a lo que se condenará en total a la demandada por esos conceptos, según el siguiente cuadro.

ConceptoSuma deducidaIndexaciónTotal
Indemnización por despido$ 22.330.66666$ 6.186.50872$ 28.517.17538
Auxilio de cesantías$ 2.306.08888$ 638.88101$ 2.944.96989
Intereses a las cesantías$ 253.30073$ 70.17467$ 323.47540
Prima de servicios$ 2.306.08888$ 638.88101$ 2.944.96989
Compensación de vacaciones$ 1.153.04444$ 319.44050$ 1.472.48494
Totales$ 28.349.18959$ 7.853.88591$ 36.203.07550

 

En cuanto a la excepción que propuso la demandada y que tituló como “falta de existencia del contrato de trabajo”, no es viable puesto que quedó demostrado el vínculo de esa naturaleza.

Sin costas en el recurso de casación. Las de las instancias serán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 28 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Lorena Esther Oñate Oñate le promovió a la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social Ltda.

En instancia, SE REVOCA la proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, del 29 de octubre de 2007, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones en su contra, para en su lugar, reconocer a favor de la demandante y a cargo de la Fundación demandada, la suma de $36.203.075,50, por concepto de indemnización por despido injusto, auxilio de cesantías, intereses, primas de servicios, compensación de las vacaciones, con sus respetiva corrección monetaria, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Así mismo, se declara no probada la excepción propuesta por la demandada y se absuelve de las demás pretensiones.

Sin costas en casación. Las de las instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».