Sentencia 41635 de julio 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41635

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Se advierten en la demanda con la que se pretendió sustentar el recurso extraordinario de casación, innumerables defectos de técnica, pues en verdad el censor desconoció la naturaleza que inspira este excepcional medio de impugnación, cuya finalidad está circunscrita a la salvaguardia del ordenamiento jurídico a través de la unificación jurisprudencial, a la defensa de la ley sustantiva y al control de la actividad judicial.

Por ello no es posible su utilización para la composición de un litigio, dado que la sentencia viene revestida de la presunción de legalidad y acierto, y su estudio solo es viable cuando se sujeta a los específicos parámetros que regula la ley, sin que sea posible su utilización para prolongar un debate que culminó en las instancias.

Sin embargo, el recurrente extravió el objetivo del recurso con el extenso memorial del escrito de demandada de casación, (fls. 4-29), como si se tratara de una tercera instancia, con lo cual omitió tener en cuenta que, en sede de casación, la Corte no tiene competencia para juzgar, resolver el pleito y determinar a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia a fin de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley a la que debía recurrir para dirimir rectamente el conflicto.

Así mismo, ignoró la censura que esta Sala tiene por enseñado, que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos, no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de manifiesto. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, derivadas de la equivocada apreciación de los elementos probatorios aportados al proceso, o por la falta de estimación de los mismos.

No basta que el recurrente diga, como aquí ocurrió, que la trasgresión acusada tuvo su origen en la falta de apreciación de unas pruebas y en la errónea valoración de otras, si no cumple la necesaria labor de parangón entre el contenido material de las denunciadas y la decisión del juzgador.

En otras palabras, con la farragosa acusación, la censura deja de lado la obligada explicación de lo que en verdad cada uno de los medios probatorios denunciados evidencia, sobre qué pasajes o apartes específicos de esas evidencias habría recaído el yerro achacado y la incidencia que habría tenido en el sentido de la decisión fustigada, la que como quedó dicho en los antecedentes, se basó en esencia: (i) en la conciliación que suscribieron las partes ante autoridad competente, (ii) respecto de la cual la parte actora no alegó vicios del consentimiento y (iii) en la que conforme al análisis fáctico se conciliaron derechos inciertos y discutibles.

De los tres fundamentos señalados, el impugnante solo acusa en casación, que el tribunal les hubiera otorgado a los derechos reclamados la connotación de inciertos y discutibles y por tanto susceptibles de conciliación, porque en su criterio, tienen incidencia salarial al estar consagrados en la convención colectiva y en el reglamento interno de trabajo, estatutos que en su entender, forman parte de las normas de orden público, y así se constituyen en derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables. A partir de esas premisas afirma, que el colegiado no podía aplicar los efectos de cosa juzgada y, por el contrario, estaba obligado a declarar la nulidad “parcial” de la conciliación.

Pues bien, cuando se parte de una premisa errada, la conclusión también lo es. Ello es precisamente lo que ocurre en el largo discurrir del recurso, dado que la recurrente propone un enfoque conceptual equivocado que asume que todo pago que percibe el trabajador al estar consagrado en la convención colectiva o en el reglamento interno de trabajo, y en tal sentido formar parte de las normas del trabajo “de orden público”, es derecho cierto e indiscutible que no puede ser objeto de conciliación.

Se equivoca por dos razones diferentes.

La primera tiene que ver principios filosóficos y jurídicos, porque si se aceptara la tesis de la recurrente, ello sería contrario a la teleología de la institución de la conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, consagrada tanto en la Constitución como en la ley. Con otras palabras, no es acorde con los principios constitucionales y legales en materia laboral, admitir que los derechos que hacen parte de un estatuto de orden público, consagrados en convención colectiva y en reglamento interno de trabajo, no pueden ser negociados, pese a tener los atributos de ser inciertos y discutibles.

La segunda, tiene que ver con el examen que en cada caso particular debe realizar el juez de los aspectos jurídicos y fácticos propios de cada situación, porque determinar cuáles derechos tienen las connotaciones de ciertos e indiscutibles, exige la concurrencia de especiales circunstancias que permitan concluir con certeza, poseen tal carácter.

Por ello, en este caso, el juez de alzada, una vez revisó el acta de conciliación de la que coligió que la actora declaró a paz y salvo al banco demandado “por todo concepto de salarios ordinarios o extraordinarios...”, procedió a la revisión de cada uno de los conceptos reclamados, con el fin de determinar si efectivamente esa negociación versó sobre derechos ciertos e indiscutibles.

Pues bien, confrontada esa revisión plasmada en la sentencia, con los errores que le achaca la censura, encuentra esta Sala que no erró el fallador de alzada por las razones que a continuación se exponen.

Respecto al auxilio de alimentación reclamado, dijo el ad quem “no puede hablarse de un derecho adquirido” porque conforme a los textos convencionales que valoró y a los testimonios que al efecto analizó, la actora, mientras estuvo laborando en la jornada nocturna, “siempre” devengó un auxilio de cena” que se suspendió, cuando cesó la obligación al haber sido trasladada a la jornada diurna, y que el auxilio de alimentación convencionalmente consagrado bajo ciertas reglas a las que se refirió, se otorgaba a quienes pertenecieran a las escalas 1 a 7, y que la demandante no acreditó pertenecer a alguna de esas categorías. Tales reflexiones no fueron objetadas por la recurrente; su discurso se centró en aspectos ajenos a la verdadera conclusión del tribunal, de manera que se mantienen incólumes.

En lo que corresponde al pago del recargo por trabajo nocturno del 40 %, o del 35 % por haber sido trasladada la accionante a la jornada diurna, se entiende que el juez de alzada, analizó e interpretó la norma convencional que los consagra, y razonablemente coligió que no se había demostrado en el proceso que tuvieran la connotación de derechos ciertos e indiscutibles.

La recurrente no atacó la intelección que el tribunal le diera al texto convencional. Al respecto en su larga alegación, tan solo expuso que en la sentencia quedó sentado que en “Colombia es lícito, legal y constitucional violar los derechos de los trabajadores bajo una simple interpretación maquinea (sic) de la fuente creadora del derecho”. No dijo más. Desvió su ataque a cuestiones diferentes tales como la violación del debido proceso, el principio de consonancia, errores en la aducción de los medios probatorios, aplicación de los principios constitucionales de in dubio pro operario, aplicación de la norma más favorable, condición más beneficiosa, cuestiones todas estas que implican discernimientos de índole jurídico, propios de la senda directa y ajenos al error de hecho que le atribuye a la sentencia.

En esas condiciones, entiende la Sala, que los aludidos recargos constituyen derechos inciertos y discutibles, lo que significa a la luz de lo consignado en el acta de conciliación, que las eventuales diferencias que se hubieran presentado en sus pagos, fueron objeto de conciliación, conforme se lee a folios 542 y 543, y tal y como expresamente quedó consignado en el texto de la sentencia acusada (fls. 683 y 684).

En punto a las pretensiones relacionadas con las primas extralegales (vacaciones y antigüedad) consagradas en la convención colectiva de trabajo y/o en el reglamento interno de trabajo, a las que el juez de apelaciones no les atribuyó incidencia salarial y las catalogó como derechos inciertos y discutibles, basta decir para dar al traste con la acusación, que esta corporación en decisiones por demás recientes ha definido de manera contundente, en asuntos adelantados contra el mismo banco aquí demandado, en procesos en los que se ha pretendido que judicialmente se determine el carácter salarial de las primas en cuestión, que no tienen tal connotación.

Ciertamente en sentencia del 5 de junio de 2012, dijo la Sala que, conforme al texto de la convención, “no es posible concluir que las referidas primas están concebidas como una contraprestación directa del servicio, esto es, que con ellas se estuviera retribuyendo de manera inmediata la actividad laboral...”.

En esa decisión, también se afirmó que “su reconocimiento para el caso de la ‘prima de vacaciones’, está relacionado con el descanso remunerado, que como es sabido, no tiene naturaleza salarial, porque durante el mismo, obviamente, no hay prestación del servicio, lo que ratifica que es un derecho accesorio o consecuencial que no puede tener la connotación de salarial, a menos que las partes del contrato de trabajo o de la convención pacten en sentido distinto, lo que en esta oportunidad no acontece”.

Y en esa misma y reciente oportunidad, la Sala reiteró lo adoctrinado en sentencia del 27 de mayo de 2009, Radicado 32657, en la que se puntualizó:

“... Por ende, no cabe duda de que el reconocimiento de la prima en comento no tenía como propósito retribuir el servicio, en la medida en que se pagaba precisamente en relación con un momento en la vida laboral de la demandante en la que no prestaba ningún servicio, es decir, no trabajaba por disfrutar de un descanso legal remunerado.

Y el hecho de que su causación requiriera de la prestación de servicios durante cierto lapso, no significa que estuviera retribuyendo ese trabajo, que se remuneraba de otras maneras y a través de otros pagos, estos sí claramente salariales.

En consecuencia, no tenía derecho la promotora del pleito a que las sumas que recibió, por concepto de prima de vacaciones, se le tomaran en cuenta como factor de salario para efectos de liquidar sus prestaciones sociales...”.

En relación con la prima de antigüedad, en la misma providencia se adujo:

“Del mismo modo, la ‘prima de antigüedad’ existente en el banco, no tiene el carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, ya que según el texto convencional se cancela por arribar el trabajador a cierto número de años de servicio, valga decir, 10, 15, 20 y 25 años (fls. 153 y 154, cdno. 2), como un estímulo a su permanencia en la entidad demandada”.

Para abundar en razones, el anterior pronunciamiento jurisprudencial ratificó lo adoctrinado en sentencia del 20 de octubre de 2010, Radicación 42333, proferida en un proceso adelantado contra la misma demandada por similares razones, en la que se dejó sentado:

“... En lo relacionado con la prima de antigüedad, se observa que nació como una gratificación que la demandada concedía a sus trabajadores por haber cumplido determinado tiempo de servicio, según la Resolución de Junta Directiva 9 del 22 de marzo de 1961. En las diversas convenciones colectiva de trabajo aportadas a los autos, aparece pactada en una suma determinada, por una sola vez, con referencia al sueldo devengado por el trabajador y su causación se da al cumplir el tiempo de servicio predeterminado, cuyo mínimo es de cinco años, lo que posibilita entender que en realidad no tiene carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, sino que se cancela por llegar a cierto número de años de servicio, es decir, como un estímulo a la perseverancia del empleado en sus labores, todo lo cual indica que no puede considerarse como factor de salario”.

Luego concluyó:

“De acuerdo con lo expresado, la connotación salarial de las mencionadas primas, no depende de que la convención colectiva de trabajo se aplicara a quien se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, sino de la forma en que está concebida la prestación extralegal y lo que es dable entender de su objetivo, esto es, si su pago está o no remunerando o retribuyendo la labor efectuada por el trabajador”.

En este orden de ideas, no es más lo que tiene que agregar la Sala, para afirmar que no se equivocó el juez de alzada, en el juicio de valor que le imprimió a las pruebas, que le permitieron inferir que las primas extralegales no tienen el carácter salarial, a más de que la impugnante en su largo discurrir, no logró desvirtuar tales inferencias, que por lo mismo mantienen la presunción de legalidad de acierto de la sentencia impugnada.

Ahora bien, como la recurrente para demostrar que las citadas primas constituyen derechos ciertos e indiscutibles, igualmente hace descansar el discurso sobre la base de su carácter salarial, basta con remitirse a lo expuesto en precedencia y a la línea jurisprudencial reiterada, para antar que no erró el juez de alzada al concluir que, “la incidencia salarial en este caso es un asunto discutible y por ende, bien podía ser objeto de conciliación, como efectivamente ocurrió al conciliarse ‘las primas legales y extralegales’”.

En suma, en lo que a las imputaciones fácticas corresponde, encuentra la Corte que el juez de apelaciones valoró de manera razonada el caudal probatorio, conforme al principio de la libre apreciación que consagra el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por manera que no cometió ninguno de los yerros endilgados.

De otra parte, la puntual acusación referida a los efectos de cosa juzgada que el tribunal le atribuyó al acta de conciliación, a la que se refiere la censura en el segundo cargo, tampoco podría prosperar.

Ello es así, dadas las insuperables falencias de orden técnico en su formulación, que le imponen a la Corte reiterar que en la demostración de un cargo por la vía directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones fácticas a que haya llegado el ad quem, pues su fundamentación debe girar en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados, pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya efectuado en relación con las pruebas.

Ciertamente en el sub lite, la censura omitió avenirse a dicha exigencia técnica, porque al desenvolver el cargo parte de los contenidos de la convención colectiva y del reglamento interno de trabajo y centra su disconformidad en la vulneración de esas disposiciones, que son las que consagran “las prestaciones extralegales” reclamadas; se refiere al carácter salarial que en su criterio tienen la prima de vacaciones y el porcentaje de salario por traslado de jornada; a su incidencia tanto en la liquidación final de prestaciones sociales como en la de cesantías y prima de servicios; en los pagos salariales que por diferencias le adeuda la demandada; a la audiencia de conciliación y al acta que al efecto suscribieron accionante y accionada; a la causa ilícita de la conciliación, que por tal razón califica de espuria; etc., por manera que es evidente que el ataque ha sido construido inapropiadamente sobre el terreno de los hechos propio de la infracción indirecta.

El ataque debió desarrollarse de manera puntual y precisa, haciéndole ver a la Corte que el tribunal erró por interpretación errónea de las normas acusadas. Sin embargo, la dialéctica para fundamentarlo no permite avizorar cuáles son las razones que tiene el recurrente para que la Corte infirme la sentencia, pues como se dijo, la exposición plasmada en la acusación, a más de dejar incólumes las reflexiones del sentenciador, es incoherente en la medida que echa mano de los supuestos fácticos que no podía cuestionar en el segundo cargo.

No obstante lo anterior, importa reiterar que la conciliación, adelantada ante autoridad competente, desprovista de vicios del consentimiento y que involucre acuerdos sobre derechos inciertos y discutibles, surte efectos de cosa juzgada.

Por último, en sub lite, de una parte, no es objeto de discusión que la señora Sofía Lorduy Oquendo y el banco demandado, conciliaron ante el inspector de trabajo sus posibles diferencias y que tal acuerdo no tiene vicios de consentimiento. De otra parte, tal y como quedó expuesto en precedencia, fue establecido en las instancias, sin que la actora lograra demostrar lo contrario, que los derechos reclamados tienen la connotación de inciertos y discutibles, por manera que no se equivocó el tribunal al declarar los efectos de cosa juzgada de la conciliación cuestionada.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2008, por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso adelantado por Sofía Lorduy Oquendo contra el BBVA Banco Ganadero S.A. hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.

Costas en el sede de casación, como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.