Sentencia 41637 de junio 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 41637

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

SP6946- 2014

(Aprobado Acta Nº 169)

Bogotá, D. C., cuatro de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si en este caso, antes de iniciarse la acción penal, debía intentarse la conciliación, y si la omisión de ese trámite constituye nulidad procesal.

En la sistemática procesal penal regulada en la Ley 906 de 2004 la conciliación preprocesal se concibe como un mecanismo de justicia restaurativa que tiene como propósito resolver en forma consensuada el conflicto jurídico puesto a consideración de la autoridad judicial.

Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 518 ibídem, la Sala ha dicho que la justicia restaurativa es el procedimiento en el que participan la víctima y el infractor de una conducta punible, con miras a obtener un resultado concreto que atienda las necesidades y responsabilidades de las partes y su reintegración en la comunidad, bien sea a través de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad (CSJ AP, 9 de sept. de 2009, rad. 32196).

La figura de la conciliación preprocesal está regulada en el artículo 522 de la disposición legal en cita, cuyos incisos primero y segundo señalan lo siguiente:

“La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal.

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación”.

De acuerdo con la citada norma, en el procedimiento penal seguido bajo los trámites de la Ley 906 de 2004 la conciliación constituye requisito de procedibilidad cuando se trata de delitos querellables, de manera que debe intentarse de manera obligatoria como condición para ejercer la acción penal.

Al declarar exequible algunos de los apartes del citado artículo 522, la Corte Constitucional refirió acerca de la conciliación preprocesal lo siguiente:

“En tal sentido, por tratarse de delitos querellables y por ende el contenido de justicia afecta solo la esfera de la víctima y en tal medida admiten desistimiento, consideró el legislador como una medida de política criminal que surtieran una etapa de conciliación, sin que se oponga al nuevo esquema procesal penal que ella se surta ante un fiscal, a fin de que si hubiere acuerdo entre el querellante y el querellado, proceder a archivar las diligencias; y en caso contrario, ejercer la correspondiente acción penal, caso en el cual no podrá ser utilizado en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo conciliatorio”(1).

La Sala de Casación Penal de esta Corporación también se ha pronunciado en torno a la comentada figura, y así en AP, 9 de sept. de 2009, rad. 32196 expresó:

“(…) tratándose de delitos querellables, el ejercicio de la acción penal se activa una vez agotado el mecanismo preprocesal de la conciliación, bien sea porque el querellado no asistió, o las partes no llegaron a un acuerdo, o porque convinieron en el arreglo pero este no se cumplió. En tal caso, el instructor tiene la obligación de seguir adelante con la investigación y, si es del caso, acusar a los infractores de la ley penal”.

La Sala ha dicho, igualmente, que la no realización del referido trámite reviste la capacidad de generar la invalidez de la actuación por afectación al debido proceso en aspectos sustanciales, por cuanto para el ejercicio de la acción en relación con los delitos querellables es requisito de procesabilidad la celebración de una audiencia de conciliación preprocesal en los términos señalados por el artículo 522 de la Ley 906, en la que bien podrían las partes llegar a un acuerdo que pusiera fin a las diligencias (CSJ AP, 2 de dic. de 2008, rad. 29959).

Pues bien, en el caso materia de análisis, las constancias procesales indican que producto de la colisión sucedida entre los vehículos automotores de placas BDH 755 y TQC 027 resultó lesionada la señora Zoila Rosa Gallo de Giraldo, quien viajaba en el primero de esos rodantes, por cuya razón el Instituto de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad definitiva de 35 días, sin secuelas.

Cuando ocurrieron los hechos, 21 de abril de 2007, estaba vigente el original artículo 74 de la Ley 906 de 2004, en cuyo numeral 2 incluyó las lesiones personales culposas como delito que requiere querella de parte para la iniciación de la respectiva acción penal, punible en el cual se encajó el comportamiento del procesado Jhon Fredy García Nieto, conductor del vehículo de placas TQC 027.

De todas maneras, es necesario señalar que el mencionado artículo fue modificado por la Ley 1142 de 2007, el cual entró a regir el 28 de junio de dicho año. Esa disposición legal, en su artículo 4º, estableció que en lo relacionado con las lesiones personales culposas solamente se requería querella de parte cuando se tratara de incapacidad para trabajar o enfermedad que superare treinta (30) días. Esa exigencia también se cumple en el presente evento, pues, como quedó visto, la incapacidad fijada a la señora Zolia Rosa Gallo de Giraldo ascendió a 35 días, sin que se le hubiese dictaminado secuela alguna.

Más aún, como al procesado la Fiscalía le formuló la imputación el 29 de julio de 2011, no sobra reseñar aquí también que el artículo 4º de la Ley 1142 de 2007 fue modificado, a su vez, por la Ley 1453 de 2011, la cual entró a regir el 24 de junio de ese año, es decir, antes de la formulación de la imputación. La reforma, en lo que interesa a este asunto, tuvo como propósito establecer querella de parte para todos los casos de lesiones personales culposas, con lo cual retornó a la regulación inicial expedida al respecto.

Significa lo expuesto que frente a los hechos que generaron la presente actuación la ley procesal siempre ha exigido querella de parte para ejercitar la condigna acción penal.

Como lo menciona el casacionista y lo admite la fiscal delegada que intervino en la audiencia de sustentación del recurso extraordinario, los registros procesales dan cuenta que el ente investigador omitió promover la realización de audiencia de conciliación entre la lesionada y el entonces indiciado. Así lo indica la revisión integral de los discos compactos en los cuales constan las diversas actuaciones judiciales desarrolladas en el curso de la etapa de juzgamiento. Por lo demás, es de advertir, la magistrada sustanciadora, antes de admitir parcialmente la demanda de casación objeto aquí de decisión, solicitó copia del registro magnetofónico de la audiencia de formulación de imputación(2), obteniendo como respuesta que esa diligencia no quedó grabada al momento de su realización y por eso no pudo reproducirse(3).

Quiere decir lo anterior que en este caso la Fiscalía no demostró oportunamente haber cumplido el requisito de procedibilidad objeto de análisis, pese a lo cual solicitó la realización de audiencia de formulación de imputación, iniciándose así la correspondiente instrucción penal con violación evidente de lo dispuesto en el artículo 522 de la Ley 906 de 2004, situación constitutiva de irregularidad sustancial generadora de nulidad, por vulneración del debido proceso, conforme quedó dicho en precedencia.

Dicha invalidación no la dispondrá la Sala a partir del primer acto de investigación, como lo solicita la delegada de la Fiscalía, pues los actos de parte, según criterio pacífico de la Corte, no son susceptibles de ese tipo de decisiones (CSJ AP, 14 de agos. de 2013, rad. 41375). La nulidad se declarará, conforme lo demanda el casacionista, desde, inclusive, la audiencia de formulación de imputación que en el presente caso comportó el primer acto de intervención judicial en la actuación procesal.

Consecuencias de la invalidación:

La decisión que se adoptará implica, conforme lo visto, la desaparición jurídica del acto procesal (audiencia de formulación de la imputación) que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, produjo en su momento la interrupción de la prescripción de la acción penal. Ello, entonces, obliga a la Sala a examinar si, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, transcurrió o no el término necesario para que se consolide dicho fenómeno.

El delito de lesiones personales cuando la incapacidad es únicamente de 35 días se encuentra reprimido en el inciso segundo del artículo 112 del Código Penal. Ese precepto, considerando el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, establece pena de 16 a 54 meses de prisión.

Sin embargo, como se trata de lesiones personales culposas, procede aquí la atenuante prevista en el artículo 120 del mismo estatuto punitivo. La citada norma señala que, en tal eventualidad, el actor se hace acreedor a la respectiva pena reducida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes, siendo la primera de esas proporciones la llamada a ser considerada para efectos de la prescripción de la acción penal por representar un menor descuento, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 60 ibídem.

La quinta parte de 54 meses equivale a 10 meses y 24 días, monto que, por tanto, representa el máximo de la sanción imponible, en definitiva, por razón del delito atribuido al acusado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, sin que en ningún caso sea inferior a cinco (5) años ni superior de veinte (20), salvo excepciones legales que no aplican al caso objeto de análisis.

Lo anterior significa que el término a tener en cuenta en este asunto es el de cinco (5) años, lapso que se cumplió el 21 de abril de 2012, pues lo hechos, se reitera, ocurrieron el 21 de abril de 2007.

La Sala, por tanto, acogiendo la pretensión del actor y la solicitud de la delegada de la Fiscalía, casará la sentencia impugnada para decretar la nulidad de la actuación a partir, inclusive, de la audiencia de formulación de la imputación.

Consecuentemente, declarará la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de lesiones personales culposas atribuido a Jhon Fredy García Nieto y ordenará la preclusión de la actuación.

Es de advertir que, conforme a lo contemplado en el artículo 80 de la Ley 906 de 2004, los efectos de la extinción de la acción penal no se extienden a la acción civil derivada del injusto, ni a la acción de extinción de dominio (Cfr. CSJ AP, 27 de feb. de 2012, rad. 38547).

Cuestión final:

Observa la Sala que después de celebrada la audiencia de sustentación del recurso de casación el representante de la víctima, quien no asistió a la referida diligencia, presentó memorial a través del cual aportó fotocopias sin autenticar de varios documentos, pretendiendo con ellos demostrar que el 12 de octubre de 2007 la Fiscalía intentó realizar audiencia de conciliación con el hoy acusado y la afectada.

Sobre el particular, ha de responderse, como ya se ha hecho en otras oportunidades (CSJ SP, 2 de may. de 2012, rad. 35489), que en sede de casación no existe período probatorio porque la Corte debe resolver los recursos interpuestos con base en las pruebas practicadas válidamente en el juicio oral. Así lo ha entendido esta corporación en cuanto sobre el particular ha dicho:

“Impera señalar que como de tiempo atrás lo ha definido la Sala, en el trámite del recurso de casación el legislador no estableció un periodo probatorio en cuanto se trata de una impugnación extraordinaria ulterior al curso de las instancias, resulta manifiestamente impertinente que adjunto al libelo casacional el defensor allegue un video de un supuesto apoyo de sus planteamientos, circunstancia que impone ordenar su devolución al recurrente.”(4)

“(…) en virtud del principio de suficiencia, a cuyo tenor la demanda debe bastarse a sí misma para demostrar el yerro, pretende [el censor] trasladar a la Corte una imposible tarea de verificación probatoria, pasando por alto no solo que con ello se viola el principio de imparcialidad, sino que el trámite de casación, como incluso sucede con la segunda instancia, repele cualquier tipo de práctica probatoria, precisamente porque lo criticado es la validez y justeza tanto del proceso como de lo decidido allí, para lo cual se hace menester abordar el contenido de la sentencia y la tramitación concreta adelantada”(5).

Por lo anterior, se ordenará devolver los mencionados documentos al representante de la víctima.

Lo reseñado no obsta para que la Sala haga un severo llamado de atención a los delegados de la Fiscalía a efecto de que en lo sucesivo cumplan con su deber de demostrar en el curso de la actuación judicial la realización efectiva de las diligencias necesarias para ejercitar la acción penal, a fin de que casos como el presente no terminen con decisiones como la que aquí se adopta.

También debe llamarse la atención a los jueces de control de legalidad y a los de conocimiento para que se aseguren de grabar todas las audiencias celebradas en el curso de la actuación y luego, cuando sea del caso, los respectivos registros magnetofónicos se remitan en su integridad a efectos de desatarse los recursos de apelación y casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Manizales el 1º de abril de 2013.

2. DECRETAR la nulidad de la actuación surtida a partir, inclusive, de la audiencia de formulación de la imputación.

3. DECLARAR la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de lesiones personales culposas atribuido a Jhon Fredy García Nieto.

4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR la preclusión de la actuación seguida en contra del mencionado García Nieto.

5. COMUNICAR a las autoridades respectivas lo pertinente, con el fin de cancelar las anotaciones que le generó al procesado la iniciación de este proceso.

6. ORDENAR devolver al representante de la víctima los documentos allegados luego de celebrarse la audiencia de sustentación del recurso de casación.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia C-591 de 2005.

(2) Única audiencia preliminar realizada en este proceso.

(3) Folio 9 del cuaderno de la Corte.

(4) Cfr. Auto del 14 de octubre de 2009 (radicado 32.521).

(5) Cfr. Auto del 11 de noviembre de 2009 (radicado 32.640). En el mismo sentido ver, entre otras, las providencias del 15 de junio de 2005, 26 de enero de 2006, 31 de marzo de 2008 y 16 de agosto de 2011 (radicados 22.571, 24.715, 29.342 y 34.679, respectivamente).