Sentencia 41709 de agosto 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41709

SL 545-2013

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Se debe comenzar por precisar que la demanda laboral que ocupa la atención de la Sala, fue presentada el 15 de octubre de 1999, según constancia obrante a folio 6 del cuaderno principal, momento para el cual la razón social de la entidad demandada era Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Empresa Multinacional Andina EMA, denominación que se adoptó con la escritura pública 86 del 23 de enero de 1985, que aparece inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, según el certificado de existencia y representación legal visible a folios 39 y 45 ibídem. Posteriormente y en el transcurso del proceso se produjo cambio de razón social mediante escritura pública 1.676 del 10 de octubre de 2006, siendo la nueva denominación la de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., que es la que actualmente ostenta, conforme al certificado de Cámara de Comercio que corre a folios 4 a 9 del cuaderno de la Corte.

Por lo anterior, no se accede a lo solicitado por el apoderado del recurrente demandante en el escrito de folios 35 y 36 del cuaderno de la Corte, en el sentido de que no se permita actuar a la demandada opositora bajo su nueva denominación, pues se trata de la misma sociedad, a cuyo apoderado, que en sede de casación se designó, le fue reconocida personería con auto del pasado 27 de enero de 2010 (fl. 28, ibíd.).

Ahora bien, como ambos cargos están orientados por la vía indirecta, conviene recordar, que conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Como puede observarse, en estos dos cargos propuestos por la vía indirecta, la censura plantea dos temas distintos pero ligados entre sí, el primero relativo a la <justificación del despido>, para lo cual sostiene que las pruebas denunciadas muestran que el actor no cometió la falta endilgada por la empleadora. Por tanto, —afirma— no es posible sostener, como equivocadamente lo hizo el tribunal, que la demandada hubiera cumplido con la carga de probar la justeza de la determinación de poner fin al contrato de trabajo por justa causa (segundo cargo); y el segundo relacionado con el derecho que pueda tener el demandante a ser reintegrado al cargo que desempeñaba, por haber sido despedido sin justa causa después de 10 años de servicios, para lo cual pone a consideración de la Corte el tema de la <interrupción de la prescripción de la acción de reintegro>, con sustento en que, contrario de lo concluido por la alzada, la primera demanda laboral que fue interpuesta por el demandante notificada al representante legal de la ahora accionada y que finalizó por haberse declarado probada la excepción previa de inexistencia del demandado, tiene la identidad suficiente para interrumpir en legal forma la prescripción de la acción, frente a lo reclamado en este segundo proceso. Por cuestiones de método en este orden se estudiará la acusación:

1. Prescripción de la acción de reintegro (Primer cargo).

Primeramente cabe anotar, que este cargo presenta deficiencias técnicas que comprometen su prosperidad, las cuales la Corte no puede subsanar por virtud de la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario.

En efecto, resulta inapropiado que en un cargo orientado por la vía de los hechos, se haya indicado como modalidad de violación la “interpretación errónea”, habida consideración que al optarse por la senda indirecta, el submotivo que se ha venido aceptando es el de la <aplicación indebida>, pues cuando tiene ocurrencia un yerro fáctico tal situación conduce normalmente a que el fallador de alzada aplique la norma sobre supuestos de hecho alterados. Es por esto que no es procedente que se invoque la mencionada <interpretación errónea>, que, realmente se presenta cuando el juzgador le da una inteligencia a la norma sustancial que no corresponde, distorsionando o desconociendo así su genuino y cabal sentido; tampoco lo es, la falta de aplicación, que se equipara a la <infracción directa> en la forma que lo plantea la censura, conceptos últimos de violación que son más propios de la vía directa o del puro derecho.

Del mismo modo, lo que propone el censor como errores de hecho y lo argumentado a lo largo de la sustentación del cargo, son aspectos más jurídicos que fácticos y por consiguiente debieron plantearse por separado y por la vía adecuada, que es la directa, en tanto el tribunal no distorsionó ni alteró el contenido de dichos medios de prueba.

El definir si la presentación de una primera demanda laboral que fue notificada y archivada por haberse declarado probada la excepción previa de inexistencia del demandado, interrumpe o no la prescripción de los derechos reclamados en un segundo proceso, bajo el entendimiento dado al Código de Procedimiento Civil, artículo 91, modificado por el D.E. 2282 de 1989, artículo 1º, num. 42 y la Ley 794 de 2003, que regula lo referente a la interrupción de la prescripción, en concordancia con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil artículo 97 y 99, y que fueron las normas que llamó a operar e interpretó el tribunal para concluir que la prosperidad de una excepción previa que genere la terminación de un litigio entre las mismas partes no interrumpe la prescripción; lleva consigo discernimientos o razonamientos de índole jurídico que son completamente ajenos a la vía escogida. En efecto, la interrupción de la prescripción en estos eventos no se deriva del contenido de la prueba sino de lo regulado por la ley; a más que obsérvese que en este caso el tribunal no desconoce la actuación surtida en el primer proceso, pues de la prueba documental de folios 170 a 192 del cuaderno principal, extrajo lo actuado y decidido en dicha contienda, sin distorsionar su contenido.

En lo, que tiene que ver con determinar desde el punto de vista fáctico, si la sociedad que se demandó en el primer proceso es la misma que ahora se demanda mediante esta acción judicial, de cara a establecer que la acción de reintegro incoada por el demandante no está prescrita, no resulta procedente en su estudio. En efecto, como a continuación se estudiará la censura no logró desvirtuar la conclusión del tribunal sobre la justificación del despido, y por ende al no haber sido despedido el actor injustificadamente no se da uno de los presupuestos para la prosperidad del reintegro impetrado. En estas condiciones es intrascendente que la acción esté o no prescrita.

De suerte que el ataque en la forma como está planteado el cargo no puede prosperar.

2. Justificación del despido (segundo cargo).

Sobre este puntual aspecto, la acusación está encauzada a demostrar que el tribunal se equivocó al inferir que el despido del demandante fue justificado, porque de una parte el día de los hechos, 6 de mayo de 1999, el demandante laboró normalmente en el horario de trabajo establecido, y por consiguiente no se encontraba en las instalaciones de la empresa a las 5:42 p.m., cuando fue enviado desde el computador que tenía asignado el correo electrónico en el que se insultaba e injuriaba a sus jefes y compañeros de trabajo. Por tanto, afirma que no existe prueba de que él hubiera sido quien elaboró y remitió dicho correo utilizando indebidamente su computador. Agrega que se le violó el derecho de defensa, al no seguir la empleadora el procedimiento convencional disciplinario para su desvinculación. Para tales efectos propuso cuatro errores de hecho y denunció la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal para concluir que la sociedad demandada sí había cumplido con la carga procesal de demostrar la justificación del despido del actor, e inferir que existían suficientes pruebas que acreditaban que el correo electrónico de marras, había sido enviado desde el computador de dicho trabajador a través de la cuenta “guanabacoa @ starmedia.com”, y que “el demandante sí utilizó el computador que le fue asignado para su trabajo, para fines diferentes, pues no se limitó en poner en conocimiento los hechos de presunta afirmada corrupción, inmoralidad, impunidad, hechos al margen de la ley como el contrabando, injusticia, en el seno de la empresa, atribuyó tales hechos en general al departamento de materiales, a los directivos que predican pero no aplican, ni sancionan a pesar de estar concientes, sino que concretamente endilgó al señor F. Peña la consecución “de la noche a la mañana de casa, carro, becas, “culo” dólares y finca” expresándose de manera soez e irrespetuosa, vulgar además de ofensiva no solo respecto al citado señor F. Peña, sino a todos los directivos de la empresa, conducta que enmarca en el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado DE 2351 del 1965, artículo 7º, conc. con el num. 8º, artículo 60 ibídem, al igual que en el numeral 2º, del literal a del artículo 62 citado y numeral 4º del artículo 58 del mismo Código Sustantivo del Trabajo”, se fundó o soportó no sólo en la prueba documental que en su mayoría fue denunciada por la censura, sino también en la prueba testimonial que le mereció plena credibilidad.

En efecto, el ad quem valoró los testimonios recaudados en el curso del proceso y, principalmente de los dichos de los declarantes Rafael Candil Angulo (fl. 86), Rafael Candil (fl. 87), Óscar Antonio Pinto Carta (fl. 92), Farid Alberto Lian Martínez (fl. 93), Óscar Augusto Senior Martínez (fl. 94 y ss.), Carlos Horacio Rodríguez Martínez (fls. 95 y 96), Fernando José Molina Doria (fl. 96), Gerardo Certaín D. (fls. 98 y 99). Concluyó que quedaba demostrada la conducta atribuida al trabajador demandante que configuraba la justa causa de despido invocada por la empleadora, erigiéndose lo extraído de este medio de convicción como uno de los ejes centrales de la decisión recurrida. Incluso, la colegiatura destacó el incidente protagonizado por el accionante en las instalaciones del juzgado de conocimiento en una de las audiencias de trámite, cuando trató a dos de los testigos de “hijueputas” y los “amenazó”, tal como aparece a folio 90 y 91 del cuaderno principal.

Así las cosas, en este asunto era indispensable que se atacara la totalidad de las pruebas en que se apoyó el tribunal, entre ellas la testimonial.

Como bien lo advierte la réplica, el recurrente guardó silencio y no controvirtió los testimonios analizados por la segunda instancia, que aun cuando no es prueba calificada en casación, por virtud de la restricción consagrada en la Ley 16 de 1969, artículo 7º, era necesario que se atacara como antes se explicó, máxime que de quedar demostrado alguno de los yerros fácticos enrostrados con prueba apta en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, la Corte quedaría habilitada para abordar su estudio.

Por consiguiente, los razonamientos y conclusiones del juez colegiado, deducidos con base en tales pruebas inatacadas, o sea, las que giran en torno a la efectiva ocurrencia de la falta o conducta reprochable atribuida al actor como justa causa de despido, se conservan incólumes, con independencia de su acierto, resultando insuficiente cualquier cuestionamiento parcial que el recurrente realice, y sin que se haga necesario abordar el estudio de la crítica que se hizo a la valoración de la prueba documental que se acusó de erróneamente apreciada.

Lo precedente conduce a mantener inalterable la sentencia censurada que goza de la presunción de legalidad que caracteriza toda decisión judicial, en cuanto a que el despido del demandante fue justificado.

En lo que atañe a la alegación del censor consistente en que, así se concluyera que el accionante fue quien remitió desde su computador el correo electrónico en comento, su despido de todos modos fue “ilegal”, por habérsele violado su derecho de defensa, al no seguir la demandada el procedimiento disciplinario consagrado en la convención colectiva de trabajo que no se apreció, ella no es de recibo, en la medida que a la Sala no le es posible verificar la transgresión de la ley sustancial por la inobservancia de una estipulación convencional. El recurrente omitió frente a este punto denunciar como violada la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de beneficios o derechos convencionales, esto es, el Código Sustantivo del Trabajo artículo 467, ya que no se incluyó dentro de la proposición jurídica del cargo ni se menciona en el desarrollo del mismo.

Ciertamente, el citado precepto legal de alcance nacional, consagra el derecho que tienen los trabajadores y sus empleadores de celebrar convenciones colectivas de trabajo, a fin de fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia; y por ende como tal mandato legal le da el carácter normativo a dicho acto jurídico, resulta forzosa su invocación al pretenderse discutir como en este asunto acontece la aplicación de una prerrogativa, para el caso la aplicación de un procedimiento disciplinario convencional.

En este orden de ideas, la acusación en el punto que se está tratando no puede salir triunfante.

En definitiva, los cargos son infundados y no prosperan.

Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de copias peticionada por el apoderado del recurrente demandante, para adelantar la investigación por un eventual delito de “fraude procesal” por parte de los apoderados de la empresa demandada, contenida en el escrito de folios 35 y 36 del cuaderno de la Corte, por secretaría expídanse las mismas, para que si a bien lo tiene dicho profesional del derecho inicie la correspondiente acción penal.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo del demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica. Se fijan en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, calendada el 19 de diciembre de 2008, en el proceso adelantado por Armando Riveira Molinares contra la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Empresa Multinacional Andina EMA, hoy Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

Costas del recurso de casación a cargo del demandante.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.»