Sentencia 41725 de enero 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41725

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta Nº 1

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En el alcance de la impugnación es posible encontrar la pretensión del actor en el recurso extraordinario de casación, que se concreta en lograr la casación parcial de la sentencia recurrida, en cuanto revocó la condena que se había impuesto por concepto de indemnización moratoria, para que, en sede de instancia, se confirme la decisión que en torno a tal aspecto había adoptado el juzgador de primer grado. En ese sentido, no le asiste razón a la réplica en sus objeciones relacionadas con este punto.

El tribunal asumió que el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no era de aplicación automática o inexorable, sino que era su deber indagar si la conducta desplegada por la demandada frente a la omisión o retardo en el pago de las prestaciones sociales había estado revestida de buena fe. Con ello, no incurrió en la interpretación errónea de la norma que se denuncia en el cargo, pues ciertamente, la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala de la Corte ha adoctrinado que “(...) la indemnización moratoria de que da cuenta el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, por el no pago o por cancelación extemporánea o incompleta de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales, que es la vinculada específicamente al proceso y al ataque en casación, no es de aplicación automática ni inexorable puesto que el juzgador, antes de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de buena fe patronal (...)” (sent. de jul. 8/2003, Rad. 20586, reiterada en la de sep. 23/2008, Rad. 33615.)

La Corte también ha aclarado que la norma no consagra una presunción de mala fe para el empleador, como lo hace ver el censor, sino que, se insiste, es deber de los juzgadores de instancia analizar si la conducta del obligado estuvo ceñida a los postulados de la buena fe. En la sentencia del 22 de octubre de 2008, Radicado 33966, se dijo al respecto:

“Pues bien, como primera medida es de recordar que dentro del correcto entendimiento del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, la indemnización por mora no es de aplicación automática o inexorable, dado que para su imposición es menester examinar la conducta del empleador oficial incumplido o moroso, o en otras palabras el móvil del proceder patronal, pues de existir razones atendibles que justifiquen la no satisfacción oportuna de la deuda laboral, ubica el actuar de la entidad obligada en el terreno de la buena fe, quedando exonerada de esa drástica sanción.

Al respecto cabe traer a colación lo adoctrinado por la Corte sobre esta precisa temática, en sentencia del 9 de octubre de 2003, Radicado 20523, en la que se puntualizó:

“(...) se ha explicado por esta corporación que la sanción contenida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 no procede de manera automática, de tal modo que corresponde al juez analizar la conducta del empleador antes de imponerla, y si encuentra que su omisión en el pago de los salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones estuvo fundada en razones serias y atendibles, que evidencien que su proceder estuvo asistido por la buena fe, deberá ser exonerado de dicha sanción.

Así lo explicó en la sentencia del 18 de septiembre de 1995, Radicado 7541:

“No sobra reiterar que la sola circunstancia de que un patrono oficial resulte condenado a pagar una indemnización por despido en razón de no haber encontrado los jueces probado el hecho invocado, no tiene como indefectible consecuencia la condena a la indemnización por mora. La especial circunstancia de que la sanción por la mora en el pago de las acreencias laborales, o su falta de pago, proceda tratándose de patronos oficiales no solo cuando lo adeudado son salarios y prestaciones sociales, sino que también se contemple dicha indemnización si lo debido son ‘indemnizaciones’, conforme lo regula el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 al reglamentar por este aspecto lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, obliga a los jueces del trabajo a examinar con especial detenimiento y ponderación en qué casos realmente al terminar el contrato se obra de mala fe, para distinguirlos de aquellos otros en que existen razones válidas para que el patrono oficial despida, sin que interese que posteriormente en el proceso los jueces no encuentren probado el hecho o les parezca que el mismo no tiene la gravedad suficiente para hacer justo el despido. De no tenerse este cuidado resultaría entonces que inexorablemente y en todos los casos en que el patrono oficial es condenado a pagar la indemnización por despido injustificado, simultáneamente, debería aplicarse la sanción que se ha entendido envuelve la imposición de la indemnización por mora o, como también se le conoce, ‘salarios caídos’, con independencia de su buena o mala fe”.

Por lo mismo, no es dable presumir jurídicamente la mala fe del empleador oficial en los términos propuestos por el recurrente.

En este orden de ideas, el tribunal no se equivocó cuando aplicó el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que es el ordenamiento legal que regula el caso para efectos de la indemnización moratoria perseguida, aunque lo fue para concluir con fundamento en la conducta desplegada por el ISS empleador, que en el presente asunto no tenía cabida esa sanción por falta de pago”.

Finalmente, el hecho de que la entidad demandada no hubiera desvirtuado una supuesta presunción de mala fe o que no hubiera comprobado que su conducta estuvo regida por los principios que informan la buena fe, se corresponden con raciocinios fácticos ajenos a la vía por la cual se formula la acusación.

Así las cosas, el cargo es infundado.

Segundo cargo

Acusa la sentencia del tribunal por ser “(...) violatoria de la ley sustancial por infringir indirectamente el artículo 1º del Decreto 797 de 1949”.

Dice que la infracción descrita se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“a). Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada actuó de buena fe.

b). No dar por demostrado estándolo, que la demandada actuó de mala fe al no cancelar oportunamente las prestaciones sociales e indemnizaciones a que tenía derecho la señora Maria Elena Restrepo Posada como trabajadora oficial a su servicio por espacio de más de tres años”.

Para fundamentar el cargo, acude al informe de auditoría realizado sobre la entidad demandada (fls. 31 y ss.) y sostiene que dicho documento “(...) demuestra fehacientemente la mala fe con la que actuó la demandada al desconocer y pretender desnaturalizar la vinculación laboral con la demandante, pues precisamente la auditoria (sic) (ente de control), dentro de sus conclusiones le advirtió que los contratos celebrados como prestación de servicios correspondían a actividades propias de la administración y de su naturaleza, por lo cual podrían acudir ante la jurisdicción en ejercicio de sus derechos y no obstante tales advertencias formuladas por el ente de control, la entidad demandada continúo (sic) con su retorcido actuar con el único fin de eludir el pago de derechos prestacionales a que tenía derecho la demandante y otros servidores”.

Aduce que con posterioridad al informe de auditoría se siguieron suscribiendo contratos de prestación de servicios, con el único propósito de eludir el pago de las prestaciones sociales que le correspondían a la demandante. Cita una decisión de esta Sala de la Corte del 20 de noviembre de 1990 y concluye que “(...) el tribunal en su argumentación se rebela contra el mandato del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, pues tal y como lo manifestamos anteriormente, la entidad enjuiciada actuó con ostensible mala fe durante la relación sostenida con la demandante, desconociendo incluso las recomendaciones y advertencias que le había formulado la auditoría en su informe de julio de 1999”.

La réplica

Indica que el cargo contiene errores de técnica, pues no precisa la modalidad por la cual se habría vulnerado la ley sustancial, ni cuáles fueron las pruebas que valoró inadecuadamente el tribunal, por lo que no existe demostración del cargo, además de que no se desvirtuaron en su totalidad los argumentos sobre los cuales se cimentó la decisión que se ataca.

Consideraciones de la Corte

Tal y como advierte la réplica, el censor no señala la modalidad por la cual se habría incurrido en la violación de la ley que denuncia en el cargo. No obstante ello, la Corte puede entender que corresponde a la de aplicación indebida, que ha sido la “(...) aceptada por la jurisprudencia laboral en el ataque orientado por la vía indirecta, bajo el entendido de que la existencia de un error de hecho o de derecho puede dar lugar a que no se aplique la norma que correspondía al caso” (sent. de mar. 31/2009, Rad. 33402).

De otro lado, a pesar de que el recurrente reprocha al tribunal por haber incurrido en una serie de errores de hecho, no cumple con la carga argumentativa propia de este tipo de ataques, al no individualizar con precisión las equivocaciones que se habrían cometido en el terreno netamente fáctico, al examinar las pruebas recaudadas en el curso del debate probatorio; no explicar por qué dichas falencias tendrían las condiciones características de un error de hecho protuberante y manifiesto; no enseñar cuáles habrían sido los raciocinios que propiciaron un yerro de esa naturaleza, ni cuál fue su incidencia en la confección de la decisión recurrida.

Tampoco señala el censor las pruebas calificadas en casación que habrían sido dejadas de apreciar por el tribunal, o indebidamente valoradas en su contenido, y que habrían conducido a los errores de hecho cuya ocurrencia denuncia.

No obstante las incorrecciones descritas, en el desarrollo del cargo es posible inferir que el recurrente dirige su argumentación a demostrar que el tribunal realizó un indebido análisis del informe de auditoría que obra a folios 30 a 51, pues, de acuerdo con lo que afirma, allí se “(...) demuestra fehacientemente la mala fe con la que actuó la demandada al desconocer y pretender desnaturalizar la vinculación laboral con la demandante (...)”.

En el citado documento consta la realización de una auditoría, entre otras, a la forma de contratación del personal de la entidad demandada durante los años 1997, 1998 y 1999, y se concluye, en términos generales, que:

“(...) en la práctica se viene presentando un abuso con algunos contratos de prestación de servicios por parte de la Promotora Inmobiliaria de Medellín, violando con ello los principios de eficiencia y eficacia. Esto hace que se pierda la esencia del contrato, por lo tanto el contratista podrá impugnar su validez jurídica contractualmente ante la jurisdicción competente, sin que ello signifique la inexequibilidad de la figura contractual. Por lo anterior la auditoría ha observado que al parecer se está desvirtuando y desnaturalizando finalidad de la relación jurídico contractual, ya que en algunos contratos se están dando los elementos de un contrato de trabajo como son: la subordinación, la prestación personal del servicio, la remuneración periódica, y el cumplimiento de un horario, lo que pueden generar una relación laboral, de manera que los contratistas se conviertan en trabajadores oficiales y por ende puedan gozar de sus prerrogativas, generando así un posible detrimento patrimonial para la entidad”.

El tribunal tuvo en cuenta el documento para dar por demostrado el contrato de trabajo, pero le restó importancia a la hora de definir si la entidad demandada había actuado de buena fe. Dicho ejercicio debe entenderse cubierto por el principio de libre formación del convencimiento que contempla el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, de cualquier manera, para la Corte resulta relevante advertir que las conclusiones del informe se refieran en términos generales a las personas contratadas por la entidad y a que en “algunas” de ellas se presentaba una desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, de manera que no es posible identificar plenamente las condiciones de la actora con las allí analizadas y, por lo mismo, que hubiera existido una indebida valoración de tales apreciaciones.

En efecto, del hecho de que una entidad de control hubiera encontrado irregularidades en “algunas” de las vinculaciones de la entidad no puede seguirse incontrastablemente que la contratación de la actora hubiera sido permanentemente irregular. El informe no es preciso en ese sentido, de manera que pudo referirse a la demandante o no.

En dichos términos, el documento en el que se apoya el censor, por sí solo y objetivamente analizado, no permite colegir que la contratación de la actora había sido irregular y que la entidad demandada actuaba a sabiendas de ello. Por ello, el juzgador de segundo grado no incurrió en algún error de hecho manifiesto, al concluir que la conducta de la empleadora había estado dotada de buena fe.

Finalmente, el tribunal fundó su conclusión en otras razones que no son atacadas en el cargo, tales como, i) que en la planta de personal de la entidad no existían sociólogos y era dable acudir a la contratación estatal para adquirir servicios profesionales de esa naturaleza; ii) y que las labores desarrolladas por la actora lo fueron en función de sus calidades profesionales, ya que servían de una óptima manera a la “sensibilización de la comunidad” y, por ello, eran “conocimientos especiales” de los que trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Dichas premisas le sirvieron al ad quem para hacer ver que la demandada había tenido la convicción de que estaba acudiendo a un medio de contratación legítimo y que, por lo mismo, no había actuado con malicia al dejar de cancelarle prestaciones sociales a la actora. Asimismo, tales raciocinios no fueron atacados en el cargo y por sí solos mantienen la presunción de acierto y legalidad de la sentencia gravada.

Por lo anterior, el cargo es infundado.

Costas en el recurso extraordinario de casación a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 19 de marzo de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora Maria Elena Restrepo Posada contra la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU—.

Costas en el recurso extraordinario de casación a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de tres millones de pesos m/cte. ($ 3.000.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».