Sentencia 41754 de junio 20 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Radicación 41754

Acta 21

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Sin duda, la cuantía de las condenas cumple el requisito de la cuantía para recurrir en casación, pues el interés económico se determina por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada lo que significa que la oportunidad que tuvieron el tribunal y la Corte para conceder y admitir el recurso, respectivamente, sin que se prevea que ello sea motivo para declararlo desierto, y en segundo lugar, la oportunidad procesal para determinar la viabilidad del recurso extraordinario es el de la fecha del fallo de segunda instancia, y no una posterior.

A juicio de la Sala, para resolver el asunto es necesario hacer algunas precisiones, en torno al tema objeto de controversia: Lo primero se patentiza con la solicitud elevada por el titular del derecho a la entidad de la seguridad social, en el sentido de que satisfizo los requisitos señalados por la ley de seguridad social para hacerse acreedor a la pensión de vejez —generalmente edad y tiempo de servicios o densidad de cotizaciones—. El incumplimiento de la entidad al reconocimiento acarrea al ente consecuencias que se ven reflejadas en el pago de intereses moratorios.

Mientras que la desafiliación o retiro, ya no es exclusivamente al sistema general de pensiones sino al de la seguridad social integral, acorde con una lógica y razonada hermenéutica del artículo 17 inciso 2º de la Ley 100 de 1993, que de paso ha de señalarse no derogó ni sustituyó el 13 del Acuerdo 49 de 1990 o del Decreto 758 del mismo año, pues, apenas lo adicionó o modificó (art. 31, inc. 2º); la desafiliación o retiro, decimos, trae como punto de partida el retroactivo pensional.

Naturalmente, que esta diferencia surge de la comparación de dos normas, artículos 12 y 13 del Acuerdo 49 o Decreto 758 de 1990, cuya aplicación en este evento no ofreció ninguna resistencia, máxime si, como se acaba de afirmar, la aplicación de la última obedece a la previsión del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993.

Sobre la diferencia conceptual entre los fenómenos antes mencionados, esta Sala de la Corte ha enseñado entre otras, en sentencia de 24 de marzo de 2000, radicación 13425 que:

“Tal como lo resalta el impugnante, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su disfrute. La primera ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; en cambio, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez.

“Así lo entendió en lo fundamental el tribunal, al aplicar e interpretar acertadamente el artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que no tiene el sentido pretendido por la censura. Al respecto cabe precisar que, reunidos los requisitos mínimos del régimen de beneficio definido prescritos en los reglamentos o en la ley, puede el asegurado solicitar la pensión de vejez que se ha causado en su favor. Mas, como es lógico, la tramitación de su petición puede requerir de un tiempo prudencial mientras el ente asegurador comprueba que se han cumplido satisfactoriamente las condiciones respectivas. Entretanto continuará el pago de las cotizaciones que muy seguramente aumentarán el valor de la pensión reclamada.

“La desafiliación del seguro de invalidez, vejez y muerte puede disponerla el Instituto de Seguros Sociales por iniciativa del empresario o por petición del interesado en obtener la referida pensión, siempre que haya acreditado los requisitos pertinentes.

“Precisamente una de las finalidades de la pensión es reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de ganancia del mismo.

“Ello tiene su razón de ser en beneficio de los propios afiliados, quienes de adoptar la hermenéutica pretendida por la acusación, verían menguada en muchos casos la cuantía de su pensión, dado que no obtendrían la liquidación de la misma con base en todas las cotizaciones efectivamente sufragadas, sino con las satisfechas hasta el momento en que formularon su solicitud. No debe olvidarse que como lo pregona el mismo precepto del reglamento invocado, para efectos del monto definitivo de la pensión ‘se tendrá en cuenta hasta la última semana cotizada por este riesgo’”.

En consecuencia, existe un enlace temático, por un lado entre: la causación del derecho, el reconocimiento del mismo y el pago de intereses, incluido el período de gracia otorgado a favor de la obligada para responder la solicitud; por el otro están entrelazados: el disfrute pensional, el retiro del sistema y pago del retroactivo, fenómeno éste que se presenta una vez se desvincula el asalariado de la nómina del empleador, pues, como ya lo expresó esta Corporación “Precisamente una de las finalidades de la pensión es reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de ganancia del mismo”, objetivo que evidentemente no cumplen los intereses moratorios, al menos de modo principal.

En este orden, la generación de intereses se puede producir sin que aún se haya dado las condiciones para el pago del retroactivo, el cual penderá de la desafiliación o retiro del sistema y no directamente del reconocimiento pensional al cual responderá a la generación de los primeros sino se reconoce la pensión a tiempo, sin perjuicio, de que también se deban posteriormente por efecto de la mora en el pago de mesadas pensionales, fenómeno que se ofrece una vez reconocida la prestación en los términos del artículo 141 ibídem.

Por consiguiente, si la prestación principal se reconoció oportunamente no hay lugar al reconocimiento de intereses, lo que no es óbice para afirmar que si posteriormente, la deudora se retrasa en el pago de una o varias mesadas, el acreedor tendrá derecho a devengar intereses por la mora.

De tal suerte, que el punto medular de la cuestión debatida en este recurso, se reduce a definir los dilemas: i)¿a partir de cuándo correrán los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley100 de 1993?; ii) ¿ se contará a partir del momento en que el empleador o el trabajador comuniquen al ISS el retiro del afiliado del sistema?

En cuanto al primer interrogante, y como tantas veces lo ha puntualizado esta Sala, la cuestión acá debatida hace mención al hecho de que por haberse causado la prestación al colmarse los requisitos que la ley prevé para su reconocimiento, la entidad se retardó no obstante haberse elevado la solicitud, lo cual le genera como sanción el pago de intereses a partir del momento de la satisfacción de tales requisitos, previo el descuento del tiempo que la ley concede al organismo de la seguridad social para que se surtan los trámites internos de la solicitud.

La respuesta al último interrogante no está marcada a partir del día en qué el demandante se retiró del sistema de seguridad social, pues, como ya se dijo este punto se relaciona con la condena del retroactivo pensional que no fue materia del recurso.

Ahí no juega, entonces, ningún papel el retiro del sistema ni el disfrute pensional que constituyó el desarrollo del cargo. En ese orden, no hay norma que prevea que los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 corran a contar a partir del disfrute, sino que la jurisprudencia ha señalado que ellos corren después de la presentación de la solicitud, tal como lo tuvo en cuenta el ad-quem.

Para ilustrar lo dicho se trae a cuento el pronunciamiento de esta Sala, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2077, radicación 31214, posición que ha sido reiterada en múltiples fallos:

“Para desestimar la acusación contenida en el cargo, basta con decir que esta Sala de la Corte ya tuvo la oportunidad de pronunciarse y definir la temática propuesta, es así que en sentencia del 9 de abril de 2003 radicado 19608, reiterada en casación del 15 de agosto de 2006 radicación 27540, se dejó sentado que los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se han de pagar desde el preciso momento en que se dio el retardo, esto es, para el caso, desde cuando se elevó la solicitud ante la entidad de seguridad social de la pensión de sobrevivencia (…) en la medida que su reconocimiento es una de las consecuencias que debe asumir quien controvierte judicialmente ese derecho pensional sin tener la razón de su parte. En la última de las sentencias rememoradas, la corporación expresó:

“(…) la norma cuestionada, artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es del siguiente tenor:

“ART. 141.—Intereses de mora. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

Del texto de la anterior disposición legal se desprende que los intereses moratorios se producen en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, lo cual tiene como propósito reparar los perjuicios que se le ocasionan al pensionado por parte de las entidades de seguridad social encargadas del reconocimiento de la prestación económica, que incurran en mora o retrasen la cancelación de las mismas. Lo anterior está acorde con el mandato del artículo 53 de la Constitución Política que propende por garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones.

Esta Sala de la Corte ha tenido la oportunidad de estudiar y definir el tema, y al respecto ha adoctrinado, que para que nazca el derecho a la cancelación de los intereses de mora consagrados en el citado precepto legal, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación de la entidad llamada a reconocer la pensión a su cargo, y que por tanto tales intereses no están sujetos a miramientos, condiciones o requisitos diferentes a ese mero incumplimiento, es así que en sentencia del 9 de abril de 2003 radicado 19608, puntualizó:

“Para demostrar la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la recurrente afirma, en síntesis, que los intereses de mora no pueden decretarse sino desde el momento en que se declare la existencia del derecho pensional y no antes.

Para la Corte, ese razonamiento resulta equivocado, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo al determinar el momento a partir del cual, en eventos como el presente, se configura el derecho a percibir los intereses en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, consagrado en el citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la causación de ese derecho no está sujeta a condiciones o requisitos distintos al incumplimiento de la respectiva obligación pensional, la cual surge cuando se consolida el derecho prestacional por reunirse los requisitos establecidos en la ley.

El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la “mora” en el pago de la obligación pensional, surgen de manera accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias.

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones en torno a la trascendencia del momento en que surge el derecho pensional con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, exigencias y eximentes no previstos por el legislador.

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se configure el derecho al pago de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo, que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad, tiempo de servicio y demás exigencias legales en particular.

De lo que viene de decirse, se colige que no incurrió el tribunal en el quebranto normativo que se le imputa en el ataque, pues utilizó la norma pertinente a la situación fáctica que encontró acreditada, haciéndole producir las consecuencias previstas por el legislador. Por tal razón, el cargo no es próspero>.

Lo que significa que la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses de mora, no es otra que la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional.

En un asunto como el que ocupa la atención a la Sala, es de precisar, que sólo es dable hablar de retardo una vez los beneficiarios que se consideran con derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, realizan la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando en verdad la entidad ha debido proceder a su pago”.

Por lo visto el cargo no prospera.

Las costas en casación a cargo de la recurrente, dado que hubo réplica.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 10 de marzo de 2009, en el proceso promovido por Luis Hernando Donado Tovar contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, que se liquidarán por secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».