Sentencia 41766 de mayo 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 41766

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL 340-2013

Acta 15

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

El tribunal, bajo la premisa no controvertida en este estadio por el recurrente, consistente en que la solicitud de nivelación salarial reclamada era por los meses de septiembre a diciembre de 2000, como lo indicaba el hecho 11 de la demanda, negó tal pretensión por encontrar probada la excepción de prescripción, en razón a que estableció que el actor solo la vino a “interrumpir” el 21 de abril de 2004.

La censura le critica al tribunal el no haber tomado en cuenta la comunicación presentada por el trabajador a la empresa de folios 317 a 321, de fecha 5 de agosto de 2003, donde este le reclamaba los derechos pretendidos en el presente proceso; que, de haberla observado, no había declarado la prescripción, pues era evidente, con el acta de reparto del proceso, que para esa fecha no habían transcurrido los tres años.

Tiene razón el recurrente al decir que el tribunal no se dio cuenta que hubo una reclamación anterior. En la comunicación visible a folios 317 y ss., más concretamente al folio 320, se aprecia que, el 5 de agosto de 2003, el actor le pidió a la empresa la diferencia salarial, según el ingreso del cargo de subgerente de gestión operativa de la sucursal Ciudad Salitre, correspondiente al remplazo realizado por él durante el lapso comprendido entre el 12 de septiembre de 2000 al 4 de mayo de 2001, ya que, según su dicho, solo le fueron reconocidos los meses de enero a marzo de 2001, quedando pendientes los meses de septiembre a diciembre de 2000.

Con la presentación de la citada reclamación, evidentemente se interrumpió la prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del CPT y SS. De esta manera, el término prescriptivo de los tres años comenzó a correr nuevamente y este no había vencido para la fecha de la presentación de la demanda, 29 de junio de 2004.

Lo anterior es suficiente, para que prospere el cargo, en cuanto confirmó la absolución por el mencionado reajuste salarial, por haber considerado, el ad quem, tales obligaciones prescritas, según el ordinal primero de la parte motiva del fallo impugnado. En consecuencia, se casará esta absolución.

En lo que atañe a la segunda pretensión, consistente en ordenar el nombramiento del actor, en propiedad, en el cargo de subgerente de gestión operativa a partir del 12 de septiembre de 2000, el juez de alzada la negó, por encontrar que “… tal y como lo indica el hecho Nº 4 de la demanda, para el mes de septiembre el accionante, venía desempeñando el cargo de auxiliar categoría V, solo que olvidó manifestar el adjetivo SUPERNUMERARIO, lo cual hubiera coincidido en su totalidad con la certificación que reposa a folios 368-369 del historial. La cual no fue tachada de falsa, ni desconocida dentro de la oportunidad procesal. Luego no se puede pretender, revivir términos utilizando para ello, el recurso de apelación contra la sentencia del a quo. Mucho menos considerar que la misma es apócrifa, ya que la misma sí identifica el nombre de la persona que la expidió, esto es, la señora Aleida Avellaneda Valenzuela, en su condición de coordinadora del departamento de personal, lo que demuestra que quien ha querido documentar, es el que aparece documentado. Certificación que resulta concordante, con el contenido de la documental visible al folio 370 del mismo cuaderno, lo que respalda la condición de supernumerario del promotor del presente juicio, descartando cualquier otra comunicación, en la cual no se hubiere citado esta condición de supernumerario, ya sea por celeridad, por olvido, por decidia, (sic) etc.”.

En vista de que el citado artículo 5º de la convención colectiva excluía el nombramiento en propiedad en el caso de un reemplazo superior a 60 días realizado por los supernumerarios, el tribunal absolvió, igualmente, de esta pretensión.

Tiene razón la replicante cuando dice que el censor, al formular el yerro 5 en la demanda de casación alude a que su cargo anterior a la comisión era el de “auxiliar de atención al cliente”, en tanto, en el hecho cuarto de la demanda, había dicho tener el cargo de “auxiliar categoría V”, lo cual, en efecto, se trata de un hecho nuevo en casación.

Sin embargo, si la censura lo que perseguía era derribar la condición de supernumerario asentada por el ad quem, para superar el escollo que le impidió el reconocimiento del nombramiento en propiedad en aplicación de la misma convención, advierte la Sala que la demostración del yerro apunta más a la validez de la prueba, en relación a las documentales de folios 368 al 370, pues el impugnante no está planteando contradicción alguna entre su contenido y lo deducido de ellas por el ad quem, propio de la vía indirecta; sino que las descalifica con base en el postulado según el cual “a las partes no les es dable fabricar a su amaño sus propias pruebas” y que “… se trata (sic) de escritos que provienen del empleador, los cuales tampoco fueron reconocidos judicialmente por el demandante…”.

Es bien sabido, como lo tiene enseñado la jurisprudencia, que la validez de la prueba se ha de controvertir por la vía directa. Verbigracia, en la sentencia 42005 del 24 de enero de 2012, señaló esta corporación:

“Ahora bien, el ataque por la vía indirecta en que se enrostra lógicamente, errores de hecho o de derecho en que haya incurrido el juez de apelaciones al valorar un medio probatorio, supone necesariamente que quien acusa asume que se cumplieron todos los requisitos legales para su aducción, producción o validez, lo cual no sucedió en este evento como se pasa a ver.

En el caso que se examina, no se invita a la Corte a escudriñar el contenido del documento ‘formulario para visita familiar’, visible a folio 92, ni de que de su análisis el ad quem derivó hechos que no constan en aquel o que omitió los que sí contiene; dado que no se acusa que el sentenciador de segundo grado le haya atribuido un entendimiento equivocado, ya por cercenamiento o suposición de la prueba, al preterir la realidad que su contenido arroja o al suponer una realidad que no trae, lo que en ambos casos estrictamente puede conducir al error de hecho manifiesto.

El achaque por el contrario, se duele que el colegiado infringió la ley instrumental que gobierna la validez de la prueba, a propósito del mérito que le otorgó al citado formulario de visita domiciliaria, cuando en sentir de la recurrente:

‘es prueba sumaria, y no fue controvertida en juicio (…) y para que alcance pleno valor probatorio, debe ser ratificada dentro del proceso (…) no teniendo entonces la fuerza suficiente para contraprobar (…)’.

Es evidente, entonces, que razonamientos como los elaborados por el sentenciador de segundo grado, ameritan su ataque por la vía directa, como hoy se precisa y se ha venido sosteniendo en otras decisiones en términos como los que siguen:

‘(…) como lo tiene establecido la jurisprudencia cuando los reparos versan sobre los requisitos que la Ley exige para la producción, aducción o validez de un medio probatorio, no se está en presencia de yerros fácticos, sino de violaciones de medio de las reglas procesales que gobiernan tales aspectos, por lo que en tales eventos el ataque debe ser formulado por la vía jurídica’ (sents. de 27 de julio de 2010, 4 de agosto de 2009 y 22 de abril de 2008, entre otras, radicaciones: 39085, 35378 y 33354)”.

Además, en todo caso, observa la Sala que el ad quem también le dio valor probatorio a las documentales de folios 368 y 369 mencionadas, en razón a que no fueron tachadas, ni desconocidas dentro de la oportunidad procesal, aseveración esta que no fue puesta en tela de juicio por el recurrente, por tanto se mantiene incólume.

También dice el recurrente que el ad quem no se dio cuenta que el cargo que aparece en la comunicación visible de folio 370 (donde dicho sea de paso consta la firma de recibido por el actor), era el correspondiente a 23 de septiembre de 1997 y no el que realmente ejerció para septiembre de 2000, el cual, según su dicho, era el de auxiliar de atención al cliente, conforme a los folios 706 y 381.

El ad quem, al respecto, dijo descartar cualquier otra comunicación donde no se hubiese citado la condición de supernumerario; de tal manera que es evidente que él sí apreció los folios 706 y 381, donde no se decía la categoría de supernumerario, solo que le dio más peso a la certificación de cargos y salarios pertenecientes al actor durante su relación laboral, proveniente de una funcionaria de la empresa (fls. 368 y 369), y a la carta del folio 370 mediante la cual al trabajador se le hace saber el traslado horizontal en el cargo de supernumerario categoría 5. Adicionalmente, es bien sabido que la condición de supernumerario supone la rotación del trabajador por diferentes puestos, por lo que luce razonable la valoración que el tribunal hizo del mencionado conjunto de documentales.

Por otra parte, aun cuando esta Sala, en principio, considerase que pudiera ser fundada la inconformidad del recurrente de cara a lo dicho por el ad quem sobre que, para el momento de pasar a desempeñar el cargo de superior categoría el actor era “supernumerario”, tendría, en ese caso, que examinar las demás pruebas obrantes en el proceso para resolver en instancia y se encontraría con que, en la diligencia de inspección judicial (fl. 1105), justamente a petición de la parte actora, para constatar el cargo ocupado por el actor en la fecha del otorgamiento de la comisión, septiembre de 2000, se tomó la contestación de la demanda (fl. 357) y el folio 370, y el apoderado del actor estuvo de acuerdo con esta decisión.

Es decir, con base en la inspección judicial, se arribaría a la misma conclusión del ad quem, de que el cargo del actor, para el momento del remplazo, era el de auxiliar supernumerario categoría 5.

Por lo acabado de decir, tampoco habría razón para casar la sentencia de cara a esta pretensión.

A más de lo anterior, para no infirmar la negativa del nombramiento en propiedad, se tiene que la demandada, en la contestación, manifestó que (no por cumplir la convención, sino por su propia decisión) ella nombró al trabajador en el cargo de subgerente de gestión operativa con efectos desde el 1º de enero de 2001; esta afirmación fue aceptada como cierta por el actor, el 11 de mayo de 2005, al absolver el interrogatorio de parte, según se aprecia al folio 708, y así lo corrobora la documental de folio 382 a la que alude el replicante.

En la mencionada carta de folio 382, la empresa le comunicó al actor su nombramiento en el cargo de subgerente de gestión operativa, adscrito a la sucursal Salitre, con una retribución mensual de $ 920.000 más un auxilio especial de vivienda equivalente a $ 45.000, retroactivo al 1º de enero de 2001. Esto concuerda con que el reajuste salarial solicitado es el correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2000, según lo asentado por el ad quem y no controvertido por el recurrente.

Fallo de instancia

El reajuste salarial pretendido por el actor tiene como fundamento el artículo 5º de la convención colectiva del 16 de mayo de 1974, por haber sido designado, en interinidad, en el cargo de subgerente de gestión operativa del 12 de septiembre de 2000 al 4 de mayo de 2001.

Al folio 19 del plenario se lee el texto de la citada norma convencional así:

“En caso de que un trabajador reemplace a otro de categoría superior, por veintidós (22) días hábiles o más, el banco le reconocerá y pagará el sueldo básico correspondiente al cargo de superior categoría, pero únicamente por el tiempo que dure el reemplazo. Es entendido que cuando cese el encargo, por cualquier causa, el trabajador reemplazante se reintegrará a su cargo original y con el sueldo que corresponda a tal cargo original.

Al cumplir sesenta (60) días hábiles en el cargo superior, sin haber recibido orden de regreso a su cargo original, se entenderá que el empleado reemplazante queda, en propiedad, en el cargo que ocupaba interinamente. Esta última norma no se aplicará al personal supernumerario del banco”.

El representante legal de la demandada, al absolver en el interrogatorio de parte, confesó que el banco no había pagado al actor el salario correspondiente al cargo de subgerente de gestión operativa desde septiembre a diciembre de 2000, con el argumento de que este no tenía derecho a lo dispuesto en la citada norma convencional por ser supernumerario (fls. 699 y 700, preguntas Nos.7 y 9).

Basta una lectura de la mencionada cláusula 5ª convencional para establecer que esta contiene dos normas; la primera referente al reconocimiento del salario del cargo de superior categoría que es objeto de remplazo por 22 días hábiles o más; y la otra que dispone el nombramiento en propiedad cuando se cumplen 60 días hábiles en el cargo superior sin haber recibido orden de regreso al puesto original. Por tanto, la condición de tener la calidad de supernumerario no excluye el derecho a devengar el salario del cargo de superior categoría, como equivocadamente lo entendió la empresa, pues tal limitación, según el mismo texto convencional, corresponde es a la última norma, de la cual hace parte.

No podría ser otra la interpretación, en atención al principio de a trabajo de igual valor, salario igual, como manda el artículo 143 del CST, independientemente de que el cargo original sea el de supernumerario.

Conforme a lo anterior, el actor sí tiene derecho a la nivelación deprecada, pero, en relación con el salario asignado al cargo, pues así se desprende, en principio, de la propia convención; más aún cuando el demandante no acreditó un desempeño en las mismas condiciones del servidor que lo venía desempeñando en propiedad, como para acceder a la petición en estos términos.

Se tiene la certeza de que el inicio del remplazo en cuestión ocurrió el 22 de septiembre de 2000, conforme a la contestación del hecho 5 de la demanda, folio 357, y a la carta suscrita por el trabajador de folio 317, pues la fecha que dice el actor en la demanda es la de la comunicación del encargo. Por tanto, se reconocerá 8 días de nivelación salarial por el mes de septiembre y 30 días por cada mes siguiente hasta diciembre de 2000. Tampoco se observa diferencia salarial insoluta de los meses siguientes del 2001.

La demandada aceptó que le reconoció al actor, para el año 2000, el salario de $ 692.890, el correspondiente a la categoría 5; y que, a partir del 1º de enero de 2001, le reconoció el salario del cargo de subgerente de gestión operativa equivalente a $ 920.000, más 45.000 de auxilio de vivienda, folios 15 y ss. Es decir, al no haberse allegado prueba de sumas distintas, la nivelación será por los meses antes dichos correspondientes al año 2000 y equivaldrá a la diferencia entre el salario devengado en el 2000 y el reconocido a partir del 1º de enero de 2001 que es el perteneciente al cargo de superior categoría objeto de remplazo.

Salarios a nivelar del 2000Salario reconocidoSalario del cargo de superior categoríaDiferencia a favor del trabajador
Septiembre (8 días)$ 692.890,00$ 965.000,00$ 72.562,67
Octubre$ 692.890,00$ 965.000,00$ 272.110,00
Noviembre$ 692.890,00$ 965.000,00$ 272.110,00
Diciembre$ 692.890,00$ 965.000,00$ 272.110,00
Total  $ 888.892,67

 

No se solicitaron las sumas indexadas. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia del a quo que negó la nivelación salarial en cuestión, y, en su lugar, se condenará a la demandada a pagar al actor la suma de $ 888.892 por este concepto del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2000.

Sin costas en el presente trámite, dado que prosperó parcialmente el recurso. En las instancias, costas a cargo de la parte demandada que resultó vencida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 29 de mayo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que inició Carlos Alfredo Rada Cabezas contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., en cuanto confirmó la absolución por concepto de nivelación salarial por remplazo en un cargo de superior categoría del 22 de septiembre a diciembre de 2000.

En sede de instancia, se REVOCA parcialmente el ordinal primero de la sentencia del a quo en cuanto negó la nivelación salarial antes mencionada, para en su lugar CONDENAR a la demandada a reconocer al actor la suma de $ 888.892 por concepto de nivelación salarial del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2000. Igualmente, se revoca el ordinal segundo que condenó en costas a la parte demandante.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».