Sentencia 41798 de junio 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 41798

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «El recurso extraordinario

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto modificó la de primer grado para limitar la condena a $ 62.819.000, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo, modificándola en el sentido de la condena allí dispuesta debe indexarse o actualizarse hasta la fecha en que se profiera la sentencia que dirima el litigio.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y enseguida se estudian.

Primer cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 22, 60, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993; 5º del Decreto 1299 de 1994; 27 del Decreto 1748 de 1995; 19, 25 y 76 del Decreto 3063 de 1988; 19 del Decreto 3063 de 1989 y 8º de la Ley 153 de 1887.

Señala que la anterior violación se debió a los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado sin estarlo que el salario del demandante como empleado de Comfenalco que debía ser reportado al ISS para el 30 de junio de 1992, correspondía a $ 495.300.

2. No dar por demostrado estándolo que el salario del demandante como empleado de Comfenalco que debía estar reportado en el ISS para el 30 de junio de 1992 correspondía a $ 897.780.

3. Dar por demostrado sin estarlo que el mayor valor del bono pensional debido por la entidad demandada asciende a $ 62.819.000”.

Dice que los anteriores yerros tuvieron origen en la falta de apreciación de la confesión contenida en la contestación de la demanda, al dar respuesta a los hechos 5 y 6; y en la apreciación equivocada de la constancia emitida por la entidad demandada sobre el salario del demandante (fl. 10) y la respuesta que diera la AFP Protección S.A. al oficio 1867 (fls. 87-93).

Afirma que consecuencialmente el tribunal apreció en forma equivocada el dictamen pericial rendido en el proceso.

En la demostración, básicamente, lo que cuestiona el censor al tribunal es que hubiere desechado el salario de $ 897.780, en que se basó el perito actuario para rendir su dictamen, al considerar que dicha cifra no encontraba respaldo probatorio, ya que, aduce, en el expediente existe prueba idónea que la acredita, que no fue apreciada por el sentenciador de segundo grado, pues, señala, al dar respuesta a la demanda y concretamente a los hechos 5 y 6, el apoderado de la entidad demandada, reconoció que el salario correspondiente al demandante que Comfenalco reportó al ISS para el 25 de junio de 1992 fue de $ 897.780 mensuales.

Dice el censor que si el tribunal hubiere apreciado dicha confesión habría demostrado que el salario acotado estaba debidamente demostrado, lo que le hubiere impedido calcular el bono pensional acudiendo a la respuesta que emitió la AFP Protección S.A., al contestar el Oficio 1871, en donde se efectuó la operación con un salario de $ 495.300; que en la misma certificación de la AFP no se indica si se hace referencia a un salario básico o a un salario promedio, de modo que dicha constancia equívoca e imprecisa no era idónea para desconocer la confesión reiterada en la contestación de la demanda.

Por último, afirma que demostrados los dos primeros yerros se estructura consecuencialmente el tercero.

La réplica

La hace conjunta para los tres cargos. Señala que el tribunal no incurrió en los yerros que le imputa la censura.

Se refiere expresamente a los hechos 6 y 8 de la demanda inicial en donde el actor alude al salario del demandante a 30 de junio de 1992 de $ 495.300 mensuales; al acápite de pruebas de la demanda inicial donde se menciona igual salario al enunciado en los hechos de la demanda; y, por último, dice que la respuesta a los hechos 5 y 6 de la demanda inicial no contienen confesión, pues, dice, allí no se indica que el salario sea de $ 897.780 mensuales, sino que se reportó al ISS un salario promedio por esa cifra, lo que, arguye, no implica reconocer que ella corresponda real y efectivamente al salario del pretensor.

Agrega que es incuestionable que el tribunal, al resolver la alzada, valoró todas las pruebas aportadas, interpretó la demanda y su respuesta y produjo una decisión en derecho.

Consideraciones de la Corte

El tribunal, para tomar su decisión, se apartó del dictamen pericial acogido por el a quo, al estimar primordialmente que la cifra de $ 897.780, que había tomado el perito como ingreso base de cotización al 30 de junio de 1992, no encontraba respaldo probatorio, por lo que más bien se acogió a la tomada por la AFP Protección S.A., de $ 495.300, que estimó corroboraba la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda, en su liquidación (fls. 89 a 93), coincidía con lo aceptado por el demandante en su demanda y ratificaba la documental de folio 10.

De acuerdo con lo anterior, es claro que, adicionalmente a la certificación de la AFP Protección y la certificación de la demandada, el tribunal se basó para tomar su decisión en la propia confesión del demandante, contenida en los hechos que sustentan sus pretensiones y que constituyen además su causa petendi, de que el salario real era de $ 495.300. Fundamento este de la decisión que omite atacar la censura y que, por lo mismo, se mantiene incólume.

De lo anterior deviene que, si bien es claro que la entidad demandada al dar respuesta a la demanda, a través de su apoderado, se refirió a un salario diferente, lo cierto es que las pretensiones del actor estaban cimentadas en una cifra que fue la que estimó realmente correspondía y que fue la que acogió el tribunal, porque además era la que señalaban otras pruebas allegadas al expediente, de donde sino analizó la confesión contenida en la respuesta a la demanda, de ello no se deriva un yerro con el carácter de evidente, pues, conforme lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, quienes están llamados por el legislador a efectuar el análisis de las pruebas allegadas legalmente a juicio son los jueces de instancia, quienes pueden formar libremente su convencimiento, conforme a los principios científicos que informan la crítica de la prueba y teniendo en cuenta las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes (CPTS , art. 61).

Bajo esta óptica, se ha entendido por esta Sala que si existiendo dentro del proceso unos medios que indican un determinado hecho y otros que lo descalifican o señalan otro diferente, no incurre en yerro fáctico el sentenciador cuando se acoge razonadamente a algunos de ellos en detrimento de los restantes, pues para ello está sometido, como se dijo, a los principios que informan la crítica de las prueba y las circunstancias relevantes del pleito.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, por infracción directa, el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 11, 32 y 33 del Decreto 1748 de 1995, en relación con los artículos 22, 60, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993; 5º del Decreto 1299 de 1994; 27 del Decreto 1748 de 1995; 19, 25 y 76 del Decreto 3063 de 1988; 19 del Decreto 3063 de 1989 y 8º de la Ley 153 de 1887.

En la demostración, lo que cuestiona el censor al tribunal es el haber dispuesto este en forma genérica que la suma de $ 62.819.000, que corresponde al cálculo efectuado hasta el 5 de marzo de 2001, se actualizara a la fecha de pago en la forma que determinara la ley, expresión que considera es equívoca y se puede prestar a confusiones al momento de darle cumplimiento a la sentencia, motivo por el cual solicitó la aclaración de la sentencia, lo que fue negado por el ad quem; que, de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, las condenas en abstracto no son de recibo en litigios laborales y acudir a fórmulas como las empleadas por el tribunal de remitirse a “los términos que determine la ley”, sin concretar las disposiciones específicas que han de servir para la actualización de la condena, implica una violación a la regla procesal antes referida.

Por último, señala que el tribunal le debió dar aplicación al artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, que se ocupa de regular la fórmula para actualización de los bonos pensionales.

Consideraciones de la Corte

En lo que tiene que ver con las condenas en abstracto, lo que ha sostenido la jurisprudencia de la Sala es que en materia laboral se encuentran proscritas, por lo que, se ha sostenido, deben los jueces precisar en sus fallos las condenas que impongan, lo que no obsta para que en algunos casos baste con que el juez determine los parámetros bajo los cuales se debe hacer la cuantificación, sin que, en ningún caso, se deje al arbitrio de un tercero o, lo que es peor aún, del propio demandado la determinación de estos para así fijar los alcances de su propia obligación.

En sentencia del 11 de noviembre de 2009, Radicación 33655, dijo la Sala:

“Sobre el tema que plantea la acusación, respecto a la imposibilidad de producir condenas in genere o en abstracto en la jurisdicción del trabajo, ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, como en la sentencia del 31 de octubre de 2002 (Rad. 18452), en donde se dijo lo siguiente, que para el caso resulta aplicable:

‘En cuanto hace a la infracción directa de los preceptos del Código de Procedimiento Civil y del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que en el cargo se denuncia en relación con la circunstancia de haberse proferido en contra del impugnante una condena en abstracto con violación de lo dispuesto por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, de entrada advierte la Corte que aún antes de la reforma que de esa disposición introdujo el Decreto 2282 de 1989, nunca tuvo discusión la improcedencia de la condena en abstracto en materia laboral y así lo señaló reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, por considerar, principalmente, que no tiene carácter accesorio el salario, como tampoco lo tienen las prestaciones sociales y las indemnizaciones, que son las tres categorías básicas a las que pueden concretarse los diferentes conceptos por los que cabe imponer condenas en un proceso laboral.

Como es sabido, el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil en su actual redacción establece, en lo pertinente, que ‘la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin’.

En vigencia ese precepto, ha explicado la Corte que lo allí dispuesto resulta completamente aplicable al procedimiento del trabajo, en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así lo explicó, por ejemplo en la sentencia del 19 de septiembre de 1996 (Rad. 8507) a la que pertenecen los siguientes apartes:

‘Es de aclarar que la circunstancia que los artículos 54, 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo reglen lo concerniente al decreto de oficio de pruebas por el juez y que el contenido literal de esas disposiciones dé a entender que cuando el juez del trabajo las ordena está haciendo uso de una facultad y no de un deber, no es argumento suficiente para aseverar que por esa causa en el proceso laboral no cabe la aplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, so pretexto, en primer lugar, que no hay vacío para llenar y, en segundo término, que habría un enfrentamiento de esta norma con la de estirpe laboral al consagrar ella como un ‘deber’ la actualización de la condena y, por consiguiente, el decreto de la prueba con tal fin.

Y es que para la mayoría de la corporación resulta incontrovertible la afirmación que el Código Procesal del Trabajo, no regula en parte alguna la condena en concreto y, mucho menos, como ya se dijo, la actualización de esa clase de fallo, específicamente el que dispone la indexación. Por tanto, sí hay vacío que llenar, y al estar esa materia tratada por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, a esa disposición debe acudirse por lo dispuesto en el artículo 145 del Código Adjetivo del Trabajo.

Pero es que además, no sobra agregar que así como no podría decirse que los artículos 37-4, 179, 180 y 361 del Código de Procedimiento Civil reglamentan el tema de la condena en concreto y la actualización de la misma, pues ello lo trata es el artículo 307 ibídem, de igual manera tampoco puede aseverarse que el Código Procesal del Trabajo en sus artículos 54, 83 y 84 son los que regulan y, por ende, a ellos debe acudirse, para cuantificar la indexación y actualizar la condena que por ese concepto haya determinado el fallador de primer grado.

De otra parte, la sola consideración que el Código de Procedimiento Laboral aluda al decreto de pruebas de oficio como una facultad y no como un deber, es insuficiente para negar la aplicabilidad del tantas veces citado artículo 307 al juicio laboral, y para descartarse basta con expresar que ese entendimiento literal de tales normas quedó superado con el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial (C.P., art. 228), el que, así aparezca contradictorio, desde el año de 1970, en materia de pruebas, está consagrado legalmente para el proceso civil.

Por último, también hay que puntualizar que en este proceso, como hasta ahora lo ha venido exigiendo la Corte para que sea procedente ordenar la indexación, el interesado solicitó la práctica de prueba con tal fin. Otra cosa diferente es, y sería un culto exagerado al formalismo, sostener que para que el juez de segunda instancia ordene la actualización de la condena por ese concepto, el demandante debió haber solicitado oportunamente que se completara el elemento probatorio allegado con ese objeto.

Por tanto, como el cargo con que se impugnó la sentencia cuya casación se reclama, es por no haberse dado aplicación analógica al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y la Corte concluye que dicha disposición sí debe aplicarse al proceso laboral, se impone casar la providencia recurrida en cuanto limitó la indexación que reconoció, en el numeral 2º de su parte resolutiva, al índice de variación del costo de vida al mes de julio de 1994 conforme al certificado expedido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, obrante a folio 148 del cuaderno de primera y segunda instancia; por tanto, esa decisión será revocada en sede de instancia, y para mejor proveer, habrá de disponerse que por la Secretaría se libre oficio a la entidad gubernamental antes mencionada, a fin de que expida constancia atinente a la variación del índice de precios al consumidor de abril de 1993, mes en que se produjo el despido, y hasta la fecha de la misma’.

Por lo tanto, es claro que en materia laboral se halla proscrita la posibilidad de las condenas en abstracto, de suerte que por esa razón están obligados los jueces a precisar en sus fallos las cuantías de las condenas que impongan, pues, como lo ha explicado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al indicar el alcance del citado artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, ‘tan decidido anduvo el legislador en el cambio que se comenta, que no ahorró esfuerzo ni previsión algunos para que en el futuro no hubiere condenas in genere, y así dio en disponer a renglón seguido: / ‘De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la conducta en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiere apelado’ / Ahora bien, reduciendo el examen de la cuestión a lo que aquí es el centro de la controversia, cumple decir que a raíz de tal norma ya no se concibe el proferimiento de una condena que por perjuicios sea abstracta, con las únicas salvedades que expresamente dispone la ley. Porque es evidente que el actual artículo 307 contiene una directriz que se adviene forzosa para el juzgador, toda vez que es contentivo de una regla de construcción procesal dirigida específicamente a servir de encauzamiento de la actividad que el juez despliega cuando se aplica a dictar sentencia. Es patente, pues que el juez está en deber, que no en la facultad, de atemperar su actuación de tal manera que por ningún motivo soslaye el claro mandato legislativo’ (sent. mayo 18/93. G.J. Nº 2461).

Y en este caso acontece que, con total olvido de esa regla, el juez de la alzada ratificó la decisión de primer grado, que no determinó el monto de la condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales, pues de manera vaga e irregular genéricamente ordenó que efectuara las operaciones contables para que se reconozcan y paguen vacaciones y primas de servicio al actor, por cuanto no encontró acreditado el salario por él devengado, dado que recibía uno diferente al de las otras personas que tenían la calidad de trabajadores oficiales.

Por lo tanto, es claro que con esa conducta el juez de la alzada contrarió la disposición legal que prohíbe las condenas en abstracto, razón por la cual el cargo es próspero en esta parte, por demostrar la infracción directa del artículo 307 del Código del Procedimiento Civil, aplicable, como se dijo, al presente asunto por virtud de lo dispuesto en el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como lo explicó el recurrente en la proposición jurídica de este ataque’.

Conforme a las anteriores consideraciones es evidente el yerro jurídico en que incurrió el tribunal al imponer condena a la demandada ‘... a realizar la respectiva consignación de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión del ISS (...) por la cuantía que determine la administradora del sistema correspondiente al interregno reclamado”, pues, como lo dice la censura, su cuantificación se dejó enteramente al arbitrio de un tercero, ya que ni siquiera se determinaron los parámetros bajo los cuales se debía hacer la cuantificación correspondiente, de modo que el cargo es fundado y habrá de casarse la sentencia recurrida en este aspecto’”.

Es pues ostensible el error jurídico cometido por el tribunal, al omitir la cuantificación de la condena y dejar al arbitrio de un tercero, en este caso de la AFP Protección, la actualización de la condena, con la remisión vaga y genérica a los términos que establezca la ley.

En consecuencia, el cargo es fundado y se casará la sentencia impugnada en este aspecto.

Dado que el tercer cargo tiene el mismo alcance del anterior y plantea similar violación de la ley, dada la prosperidad del segundo ataque queda la Corte relevada de su estudio.

En instancia, debe señalarse, en primer lugar, que no se trata de actualizar el bono pensional para su redención, ni de su capitalización, sino simplemente de la actualización a valor presente de la suma dineraria fijada por el tribunal, como compensación a la liquidación deficitaria obtenida por el bono pensional, debido a la omisión del empleador de reportar en debida forma al ISS la novedad de cambio de salario.

Para el efecto, dispone el inciso 1º del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, lo siguiente:

“Actualización y capitalización. Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide por el IPCP de la primera fecha”.

Entonces, conforme a lo anterior, tomando como valor monetario la suma de $ 62.819.000, al 5 de marzo de 2001, para actualizarlo al 30 de septiembre de 2011, se multiplica por el IPCP final de 108.3500 y se le divide por el IPCP inicial correspondiente a 64.7700, lo que arroja un valor presente de $ 105.086.284,55.

Costas como se definió en las instancias. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 13 de agosto de 2008, complementada el 16 de abril de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Álvaro Vásquez Peláez contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en cuanto modificó el valor de la condena impuesta por el a quo, para señalar la suma de $ 62.819.000, según cálculo realizado hasta el 5 de marzo de 2001, y dispuso su actualización a la fecha de su pago efectivo “... en los términos que determine la ley, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”. No la casa en lo demás. En instancia, se fija como valor de la condena, a 30 de septiembre de 2011, la suma de ciento cinco millones, ochenta y seis mil, doscientos ochenta y cuatro pesos, con cincuenta y cinco centavos ($ 105.086.284.55), moneda legal. Costas como se definió en las instancias. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».