Sentencia 41846 de junio 26 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 41846

Acta 22

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

El desacuerdo de Electrolima con las determinaciones colegiadas la conducen a incoar demanda a efecto de que esta Sala de la Corte case de manera parcial la sentencia recurrida, “en cuanto al confirmar la de primer grado condenó (...) a pagar al actor los excedentes por prima de antigüedad, cesantía e intereses e indemnización por despido; reconoció intereses legales a partir del 14 de agosto de 2003 y hasta cuando se cancelen las acreencias reconocidas. Solicito que en sede de instancia se revoquen tales condenas y en su lugar se absuelva a mi representada de las mismas...”.

En acuerdo al anunciado designio emplaza dos cargos de diferente vía, los que encuentran oposición del demandante, respecto a los cuales se harán los siguientes pronunciamientos:

En un primer cargo que denomina único cargo atribuye a la sentencia la violación, por vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, “de los artículos 64, 249 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º del Decreto 2351 de 1965; 6º y 99 de la Ley 50 de 1990, 28 de la Ley 789 de 2003; 1º de la Ley 52 de 1975; 1617 del Código Civil, a consecuencia de la errónea apreciación de unas pruebas, lo que condujo a la comisión de los:

Errores de hecho manifiestos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no se halla dentro de la hipótesis prevista en el artículo 16 numeral 5º de la convención colectiva (...) 2002-2003.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante se enmarca dentro de la hipótesis prevista en el artículo 16 numeral 5º de la convención colectiva (...) 2002-2003”.

En procura de acreditar los enunciados errores reproduce aparte de la reflexión del tribunal en relación con el alcance que fijara a la controvertida disposición convencional conforme a la cual señalaba que “... la prima de antigüedad se causa cada vez que el trabajador completa periodos de 5 años de servicios, y que para cada uno de sus reconocimientos se tiene en cuenta la totalidad del tiempo laborado. En el caso de los primeros cuatro ciclos, el trabajador obtiene la prima alcanzando el 80% del tiempo previsto para cada uno, exigencia que desaparece cuando se supera los 20 años de laborales, pues únicamente se contabiliza el tiempo total de servicios para cuantificar su valor”.

No acierta el tribunal en la deducción trascrita, refiere el casacionista, puesto que, en su criterio, “dicha exigencia desaparece cuando se llega a los 24 años al servicio de Electrolima y no a los 20 años, pues así lo dispone claramente el ordinal 5º del artículo 16, literal c) de la convención colectiva al establecer:

‘c) Prima de antigüedad

Electrolima pagará a sus trabajadores una prima de antigüedad teniendo como base el promedio establecido en el artículo 44 de la presente convención de acuerdo con la siguiente tabla:

(...).

Para los trabajadores que cumplan veinticuatro 24 años al servicio de Electrolima el trescientos veinte por ciento (320%) y solamente se computará como factor salarial en un 75%

(...).

Para el reconocimiento de que trata el numeral 5º, en caso de retiro del trabajador se pagará proporcionalmente al tiempo servido’”.

De lo anterior se establece que para causarse el derecho el trabajador debe haber cumplido 24 años al servicio de la demandada, dice la censura al continuar, situación diferente a la planteada en los ordinales anteriores en los que si se acepta que “se pague la prima proporcionalmente al tiempo servido cuando este sea equivalente a un término no inferior al 80% de lo previsto para los cuatro primeros quinquenios. Es decir para que se cause el derecho a la última prima de antigüedad, el trabajador debe haber cumplido la totalidad del tiempo de servicios, esto es, 24 años, tiempo que el demandante no cumplió”.

De apreciarse en forma adecuada la convención colectiva, prosigue el casacionista, se concluiría que “lo pactado fue un reconocimiento al trabajador, durante periodos quinquenales discriminados en la misma convención colectiva, de una prima de antigüedad que no excediera del 320% del salario promedio en toda la vida laboral del mismo. Los referidos porcentajes previstos dentro de cada quinquenio corresponden a un tope máximo hasta donde debía llegar el reconocimiento de la prima de antigüedad, los cuales no son independientes sino que hacen parte de un todo que es el 320% el salario promedio. Una interpretación diferente conduciría al absurdo de que en toda la vida laboral el trabajador tendría derecho a más del 1000% del salario promedio por concepto de prima de antigüedad”.

El tribunal no hace diferencia alguna, refiere a continuación, entre los requisitos para acceder al derecho a la prima de antigüedad y los factores a tener en cuenta para liquidarla “... es menester aclarar que el tiempo de servicios de toda la vida laboral del trabajador si se tiene en cuenta pero como un presupuesto básico para tener derecho a la prima de antigüedad pues el trabajador bien debía cumplir 5, 10, 15 y 20 años de servicios, o el 80% de los mismos, y 24 años al servicio (de la empresa) para hacerse acreedor de la mencionada prima. Pero para liquidar esa prima de antigüedad lo que se tiene en cuenta es el tiempo laborado dentro del quinquenio entendiéndose cada periodo como independiente del anterior, pues una hermenéutica diferente como a la que arribó el tribunal, llevaría a efectuar un pago doble por el tiempo servido en quinquenios anteriores”.

La réplica

Alude el replicante a “desconocimientos de la técnica del recurso extraordinario, por trascribir normas incompletas que convierte el ataque en un disparatado alegato de instancia...”.

IV. Consideraciones de la Corte

En primer término debe decirse que no se halla fundamento alguno en los reparos de orden técnico que realiza el opositor; de manera opuesta a lo dicho el recurso observa con todo rigor las normas que le son propias permitiendo así su examen.

De otra parte es preciso indicar que el cargo no encuentra prosperidad al no demostrarse error ostensible de hecho en el análisis que respecto a los alcances de la disposición convencional realizara el superior puesto que de forma alguna se acredita que este, en su reflexión hermenéutica, hubiese desnaturalizado o desvirtuado la literalidad del texto del acuerdo colectivo única manera en que podría incurrir el ad quem en el señalado desatino fáctico.

Por el contrario, el análisis interpretativo del tribunal condujo a una conclusión plausible fundada a partir del inciso final del literal c del artículo 16 alusivo al retiro del trabajador a quien se le pagará proporcionalmente al tiempo servido el valor de la prima de antigüedad, conforme a dicha exegesis, “sin imponer ninguna condición en cuanto al cumplimiento de un mínimo de tiempo para que sea viable el reconocimiento”.

Como con frecuencia lo adoctrina esta corporación no es de su competencia fijar el sentido de las normas convencionales que corresponde al juzgador de instancia dentro de la libertad que en materia de análisis probatorio le confiere la ley, así lo diría esta Sala en Sentencia 21235 de 21 de abril de 2004:

“Es deber de la Corte reiterar que el objeto del recurso de casación no es fijarle el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance”.

“Precisamente en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo”.

No prospera el cargo.

Segundo cargo: Acusa a la sentencia de violar directamente y en la modalidad de “aplicación indebida de los artículos 1617 del Código Civil y 1º de la Ley 52 de 1975; en relación con los artículos 64, 249, 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º del Decreto 2351 de 1965; 6º de la Ley 50 de 1990; 28 de la Ley 789 de 2003; 1º de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990...”.

De entrada advierte el casacionista que el tribunal si bien no refirió la fuente sobre la que funda la condena a los intereses legales no queda duda que las normas no son otras que el artículo 1617 del Código Civil y el 1º de la Ley 52 de 1975 las que no proceden para las acreencias laborales sino más bien para aquellas de carácter civil en cuanto a la primera de las citadas y las referentes a los saldos insolutos de cesantías en relación a la otra disposición aludida como, según lo señala, “lo ha determinado esa corporación en innumerables fallos.

De manera que al fulminar la condena a intereses legales a créditos laborales, constituye una aplicación indebida de los artículos 1617 del Código Civil y del 1º de la Ley 52 de 1975, por lo que tal condena quebranta la ley sustancial porque no hay norma alguna en el ordenamiento jurídico colombiano que permita imponerla”.

La réplica

En respuesta al cargo el opositor aduce que “El recurrente incurre en un grave defecto técnico al atacar a sentencia por los medios de la vía indirecta y por la vía directa, máxime que las demandas de casación deben ser atacadas por una sola vía, razón por la cual el presente cargo debe ser desestimado”.

V. Consideraciones de la Corte

De igual manera a lo expuesto en el cargo anterior debe decirse que no cae el casacionista en desacierto alguno de los atribuidos por el replicante; no plantea aquel en su disertación ninguna consideración de carácter fáctico en razón a que la acusación en su formulación y desarrollo se dirige únicamente a establecer y demostrar el quebrantamiento del juez plural a la ley sustancial que para condenar a la demandada a reconocer y pagar intereses sobre las obligaciones insolutas debidas al demandante ninguna disposición de orden laboral lo facultaba sin que en parte alguna sus razonamientos se extraviaran por la senda de los hechos como parece aducirlo, sin sustento, el opositor.

De otra parte y si bien le asiste razón a la censura en cuanto a su alusión respecto a la inexistencia de disposiciones del trabajo que determinen la causación de intereses en relación a las acreencias de tal carácter no podría entenderse que dentro del espíritu de amparo y protección que subyace en el derecho positivo laboral la ausencia de formulación legal permitiera que a las obligaciones no canceladas al trabajador no se les reconociere los réditos que el ordenamiento jurídico consagra a los créditos de distinto orden como resultado de las propias reglas de la economía en cuyo ámbito, obviamente, se encuentran los trabajadores.

En tal sentido no escapa que la regla acogida por el tribunal y a la que el recurrente no alude es la del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo que le permite realizar la operación analógica destinada a integrar a dichos efectos las “normas que regulen casos o materias semejantes” con el propósito de proteger el derecho del trabajador de los efectos que le sobrevengan en razón al incumplimiento del empleador a su obligación de pagar las acreencias laborales de aquel.

No encuentra entonces la Sala reproche alguno en la aplicación del artículo 1617 del Código Civil que realizare el tribunal ante la ausencia de norma positiva de carácter laboral que lo facultara en virtud al implícito procedimiento analógico del que se sirvió a los fines de no menoscabar el derecho que declarara de la prestación pretendida.

No prospera el cargo.

No se casará la sentencia.

Costas a cargo de la entidad recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 6.000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 17 de junio de 2009 en el proceso adelantado por Germán Alfonso Pineda Ramos contra Electrolima S.A. - ESP en Liquidación y la Compañía Energética del Tolima. Enertolima S.A. ESP; la Nación Ministerio de Minas y Energía y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Costas a cargo de la entidad recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».