Sentencia 41848 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41848

SL 720-2013

Acta 31

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. El recurso extraordinario

Interpuesto por la demandada Electrificadora del Caribe Electricaribe S.A. ESP, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia del tribunal, “en cuanto al confirmar en el punto segundo-bis [de] (sic) la sentencia proferida por el juez laboral del circuito de San Juan del Cesar el 8 de febrero de 2007, condenó solidariamente a mi representada al pago de la indemnización moratoria a cargo de Maservig, en los términos referidos en el numeral Segundo (sic) del fallo de primera instancia”, para que, en sede de instancia “modifique parcialmente el numeral Sexto (sic) de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el juez laboral del circuito de San Juan del Cesar el 8 de febrero de 2007, para declarar que Electricaribe no es solidariamente responsable con Maservig respecto del pago de la indemnización moratoria a cargo de Maservig y a favor del demandante, ordenado en el numeral Segundo (sic) de la sentencia de primera instancia, absolviendo consecuentemente a Electricaribe por tal concepto”.

Con tal propósito presentó un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado y en seguida se estudia.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice, condujo a la aplicación indebida del artículo 34 ibídem, en relación con los artículos 1º y 18 de esa misma codificación, 27 y 28 del Código Civil.

En el desarrollo del cargo precisa el censor, luego de transcribir apartes de la sentencia de 13 de diciembre de 1996, Radicado 9191, que “...frente a la solidaridad pretendida por un trabajador de un contratista independiente, es necesario, para aplicar debidamente el artículo 34 (D.L. 2351/65) Código Sustantivo del Trabajo, considerar que la empresa contratante o beneficiaria de la prestación del servicio no tiene la condición de empleadora”, y, destaca que, en tal virtud,

“existen eventuales responsabilidades inherentes a la condición de empleador que no pueden ser endilgadas, por vía de la solidaridad, a quien no tenga tal calidad”, entre ellas, la relacionada con su conducta laboral en orden a establecer su mala o buena fe.

Indica que conforme jurisprudencia reiterada de esta Sala, al interpretar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para los efectos relacionados con la exoneración del pago de la indemnización moratoria o de su condena, debe examinarse si aparece probada o no la buena fe del empleador, de lo que resulta, que la aplicación de dicha sanción no sea automática.

Afirma que “de la lectura del tenor literal del artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo se infiere que el sujeto destinatario de la norma es el empleador”, y estima que se desatiende su tenor literal al condenar solidariamente a un tercero que no tiene tal calidad.

Concluye que “...se hace necesario que esa honorable Corte, revise los alcances del adecuado entendimiento del artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, en los términos que su tenor literal dispone, en la medida en que pretender que el dueño de la obra o beneficiario del trabajo deba salir a responder por la mala fe del empleador, colocándolo en un plano igual al del empleador que no mostró interés en satisfacer obligaciones que estaban directamente a su cargo, vulnera flagrantemente el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 27 CC (sic), porque acude a consultar el espíritu de la norma cuando el sentido gramatical de esta es claro para hacerle decir lo que dicha disposición no establece”.

VII. Consideraciones de la Corte

De acuerdo con el cargo que confronta la sentencia, por vía directa, no son objeto de debate los siguientes supuestos de hecho expresamente admitidos por el extremo recurrente: “a. Que las sociedades Maservig y CRA fueron las empleadoras del demandante. b. Que Electricaribe no era la empleadora de demandante. c. Que Maservig y CRA fueron contratistas independientes vinculados por Electricaribe en calidad de contratante (sic)”.

La controversia planteada se circunscribe entonces a determinar, si de cara a las anteriores circunstancias, resulta procedente la condena solidaria impartida en contra de Electrificadora del Caribe S.A. Electricaribe S.A. ESP, respecto de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, con ocasión del incumplimiento, por parte de las sociedades Manservig Ltda. y CRA Ltda., frente a su obligación de pago oportuno de las prestaciones sociales e indemnizaciones causadas a favor del actor al fenecimiento del vínculo laboral, cuando la recurrente aduce no tener “la condición de empleadora”, para lo cual alude a la Sentencia 9191 del 13 de diciembre de 1996, y concluye, que al aplicar “debidamente” el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se debe considerar que la empresa contratante o beneficiaria de la prestación del servicio no tiene la condición de empleadora, como ocurre en el sub examine, por lo que en su sentir, no puede endilgársele por la vía de la solidaridad cuando no ostenta tal calidad.

El tribunal tras atender derroteros jurisprudenciales y examinar diversos medios probatorios, dictaminó responsabilidad solidaria a la empresa Electricaribe S.A. ESP, respecto de las obligaciones laborales adeudadas al actor por las empresas Manservig Ltda., y CRA Ltda., en aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo

Ciertamente, se lee en la sentencia citada en el cargo —9191—, lo siguiente

“En relación con este tema, tiene entendido que el precepto mencionado determina claramente que el contratista independiente es el verdadero empleador, pero que prevé la solidaridad como una especial garantía, derivada de la naturaleza protectora del derecho del trabajo, en el evento hipotético de que este se encuentre insolvente o pretenda substraerse de sus obligaciones patronales, haciendo también responsable por los mismos créditos al usuario de los servicios o dueño de la obra, cuando se trata de labores propias o inherentes al giro normal de sus actividades”.

En ese contexto, observa la Sala que el tribunal al impartir condena solidaria en contra de la recurrente, acogió el criterio jurisprudencial e interpretó con acierto el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto no le otorgó a la Electrificadora la condición de empleadora, sino la de simple beneficiaria de la obra que debe responder solidariamente por las obligaciones del directo empleador, comoquiera que se configuraron los supuestos normativos consagrados en el artículo 34 ibídem, que por tal razón no fue indebidamente aplicado como lo acusa la censura.

Huelga rememorar la sentencia de 1 de marzo de 2010, Radicado 35864, donde se trató el presente tema en un asunto donde precisamente fungían como demandadas CRA, Manservig y Electricaribe:

“En la sentencia del 25 de mayo de 1968, citada entre otras en la del 26 de septiembre de 2000, Radicación 14038, se pronunció la Sala en los siguientes términos:

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.

Para la Corte, en síntesis, lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un contratista independiente para que realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores.

Quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que este adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales”.

En esa misma línea de pensamiento, pueden consultarse decisiones de esta Sala de la Corte como la proferida el 2 de junio de 2009, Radicado 33082 y otras más recientes al interior de los radicados 35938 de 17 de agosto de 2011 y 39714 de 2 de mayo de 2012, en las que se precisó que la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, frente al beneficiario o dueño de la obra, por las obligaciones indemnizatorias a cargo del empleador, opera con independencia de su causa originaria, aun cuando surjan como consecuencia de una conducta atribuible al contratante, por cuanto “la solidaridad que emana de la ley, viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario como un garante de las obligaciones que emanan del empleador”.

De conformidad con lo anterior, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le enrostra la censura, por cuanto esta corporación ha insistido en que la responsabilidad solidaria estipulada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, se predica del “beneficiario del trabajo o dueño de la obra”, no solo en lo atinente al reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales adeudados por el obligado principal —el empleador—, luego de producirse el fenecimiento del contrato de trabajo, sino también respecto de las eventuales indemnizaciones derivadas de aquel vínculo subordinado, entre ellas, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que resulta consecuencial de la omisión patronal de pago completo y oportuno de tales salarios y prestaciones, y si bien jurisprudencialmente se ha admitido que su imposición no surge de manera automática, sino que debe revisarse la conducta del empleador —buena o mala fe—, tal circunstancia no conlleva la exoneración de la condena al beneficiario o dueño de la obra, quien en estos eventos resulta obligado dada su condición de garante, con ocasión del fenómeno de la solidaridad que opera en este caso por ministerio de la ley.

En este orden de ideas, al no existir elementos de juicio que justifiquen un cambio de jurisprudencia, dicha postura se mantiene inmodificable.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de enero de 2008, por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro del juicio ordinario laboral seguido por José Libardo Acosta Villafañe contra Mantenimiento, Suministro y Servicios Generales Limitada Maservig Ltda., Consultores Regionales Asociados Ltda. CRA Ltda., Electrificadora del Caribe Electricaribe S.A. ESP y la llamada en garantía Compañía de Seguros La Previsora S.A.

Sin costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».