Sentencia 4188 de mayo 29 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

REINSTALACIÓN EN EL EMPLEO

AL FINALIZAR LA INCAPACIDAD

EXTRACTOS: «En el asunto sub lite, la controversia gira en torno al “soporte legal de la pretensión en estudió”, que según el ad-quem es el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965, disposición que contiene el derecho sustantivo litigado y que el censor estima vulnerado por el fallo acusado.

(...)

2. La impugnación le atribuye a la sentencia acusada errado entendimiento de la norma mencionada en cuanto ella estima que la reinstalación sólo es procedente en vigencia de la relación laboral y que como había finalizado no era posible su aplicación.

A su vez, el ad quem sostiene que el texto legal acusado, tiene operancia cuando está vigente la relación laboral, que fenecida la incapacidad el empleador tiene el deber de permitir que el trabajador al cesar la incapacidad temporal o parcial retorne a sus labores o a la que esté conforme a sus limitaciones de salud y al no obrar así, trae como consecuencia que la conducta patronal por ser contraria a la ley tipifica un despido injusto, sin alternativa entre reinstalación e indemnización.

Aprovecha la Corte para recordar que con anterioridad a la vigencia del Decreto 2351 de 1965, en el evento de una incapacidad para trabajar, cuya curación no hubiere sido posible durante 180 días, el empleador podía terminar el contrato con justa causa al vencimiento de dicho lapso y sólo estaba obligado al pago de las prestaciones e indemnizaciones derivadas de la enfermedad (art. 63, numeral 5º del C. S. del T.).

En cambio, el artículo 16 del decreto mencionado, que estableció la figura de la reinstalación en el empleo, incluyó una nueva obligación para el empleador consistente en que al terminar la incapacidad temporal debe tener en cuenta si el trabajador está en condiciones de regresar a sus labores ordinarias o a otra dentro de su aptitud para trabajar y si no lo hace, su inobservancia equivale a un despido sin justa causa. Situación similar se da cuando una trabajadora que se encuentra en estado de embarazo y el patrono no solicita el permiso correspondiente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para terminar legalmente el contrato, ese incumplimiento genera su ruptura ilegal y el consecuencial pago de las indemnizaciones asignadas en el art. 239 del C. S. del T.

En consecuencia, considera la Sala que el Tribunal le dio un entendimiento correcto a la norma atacada por cuanto el deber patronal de reinstalar al trabajador en el mismo empleo o en otro de acuerdo a sus limitaciones derivadas de una incapacidad parcial es procedente durante la vigencia del vínculo laboral y no con posterioridad a ello; porque de lo contrario, no tendría razón el numeral segundo del texto indicado, que determina que el incumplimiento de esa obligación se considera como un despido sin justa causa».

(Sentencia de mayo 29 de 1991. Radicación 4188. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

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