Sentencia 41882 de 1º de junio de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Rad.: 41882

Acta: 18

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Como se puede observar, el cargo está encauzado a que se determine jurídicamente, que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa, cuando el afiliado no cotizó cincuenta (50) semanas “dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, conforme lo preceptúa el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, así cumpla con la exigencia de las 300 semanas de cotización antes del 1º de abril de 1994, que consagraban los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, habida cuenta que en estos eventos, los requisitos para poder obtener la pensión de sobrevivientes son los señalados en el citado artículo 46 con las modificaciones posteriores.

En efecto, conforme se lee en el desarrollo del ataque, en criterio del recurrente resulta improcedente la aplicación de la denominada “condición más beneficiosa” al asunto bajo estudio, para que con base en ese principio se entren a considerar las exigencias que traían los reglamentos del ISS y así poder la demandante acceder a la pensión de sobrevivientes; en esencia, porque en su reflexión, lo resuelto por el tribunal va en contravía del efecto general inmediato de la ley o normas sobre seguridad social, por lo que la disposición legal a tener en cuenta es la vigente para el momento de la muerte del afiliado, para el caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Vista la motivación de la sentencia acusada, el tribunal para revocar la decisión del a quo y condenar al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, aunque estableció que el precepto legal aplicable al caso en particular era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que prevé como exigencia para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, que el causante mayor de 20 años haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre la edad referida y la fecha del fallecimiento y un total de 50 semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso, estimó que en el sub examine era válida la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa para definir el derecho con fundamento en los requisitos del Acuerdo 49 de 1990, que en el asunto a juzgar se cumplían al tener el afiliado 404.2857 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993.

Pues bien, dada la vía escogida, no son objeto de cuestionamiento y están demostrados en el proceso los siguientes supuestos fácticos: (I) Que el causante Abigail Antonio Quebrada Suárez, estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, habiendo alcanzado a cotizar para el riesgo de pensión un total de 404,2857 semanas antes del 1º de abril de 1994; (II) Que el fallecimiento del asegurado tuvo ocurrencia el 19 de febrero de 2007; (III) Que la demandante María Fanny Gonzalez de Quebrada es la cónyuge del occiso; y (IV) Que el causante no efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento.

Planteadas así las cosas, para la Sala es acertada la imputación que el recurrente le hizo a la sentencia de segundo grado, respecto al marco normativo que se debió acoger en la presente contienda para dirimirla y la no cabida de la “condición más beneficiosa”; pues resulta equivocada la postura del tribunal consistente en que por virtud a este principio, era aplicable el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; por razón de que realmente la norma que rige el asunto es la vigente para el momento de la ocurrencia de la muerte del afiliado y a sus requisitos es que debe ceñirse los beneficiarios del causante.

Ciertamente, para el 19 de febrero de 2007, fecha del deceso de Abigail Antonio Quebrada Suárez, la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y por ende el derecho reclamado lo adquieren los beneficiarios demandantes siempre y cuando acrediten los requisitos allí consignados, que se traducen en que el causante haya “cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, y adicionalmente tenga una fidelidad al sistema equivalente al “veinticinco (25%) por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de fallecimiento”, requisito este último que luego de la sentencia de exequibilidad C-1094 del 19 de noviembre de 2003 quedó reducido al veinte por ciento (20%).

Y como lo pone de presente el censor, en materia de seguridad social debe observarse la aplicación inmediata de la ley; ello por cuanto en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, que como lo ha precisado esta Sala resulta también aplicable a los asuntos de seguridad social, “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato”.

Esta Sala de la Corte, en la sentencia calendada 3 de diciembre de 2007 radicación 28876, reiterada en casación del 20 de febrero de 2008 radicado 32649, en un caso análogo, fijó su propio criterio y consideró que no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que es esta la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, y en esa oportunidad puntualizó:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de Llanos Tole “31 de julio de 2003”, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento - sentencia C-1094 de 2003.

Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”.

De tal modo que, el tribunal erró cuando aplicó los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, para con ello otorgarle el derecho a la demandante, cuando la verdad es que en el sub lite, no se reúnen los requisitos legales vigentes para la data de la muerte del afiliado, que permitiera a su causahabiente acceder a la pensión implorada.

Colofón a lo anterior, el juez colegiado cometió los yerros jurídicos que le endilga la censura, y es por esto que la acusación prospera, siendo innecesario el estudio del segundo cargo por perseguir el mismo cometido, y en consecuencia habrá de casarse la sentencia impugnada.

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiarse el primer cargo, es de anotar, que en el sub lite no quedó satisfecho el requisito de haber cotizado el causante en los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la muerte al menos cincuenta (50) semanas, pues como se dejó sentando en sede de casación en ese período no tuvo aportes, lo cual por si solo hace perder el derecho a la demandante para poder acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada; independiente de que se reúna o no la exigencia de la fidelidad al sistema, que de paso fue declarara inconstitucional en la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009.

Las costas de primera instancia serán a cargo de la parte actora, y no habrá lugar a ellas en la alzada por no haberse causado, ni en el recurso extraordinario por la prosperidad de la acusación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 18 de junio de 2009, en el proceso ordinario adelantado por María Fanny Gonzalez de Quebrada, contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, SE CONFIRMA íntegramente la sentencia absolutoria proferida el 20 de febrero de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.

Se condena en costas de la primera instancia a la parte vencida que lo es la demandante, sin que haya lugar a ellas en la alzada ni en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».