SENTENCIA 4192 DE FEBRERO 18 DE 1993

 

Sentencia 4192 de febrero 18 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA

NO ES PRERROGATIVA OMNÍMODA

EXTRACTOS: «Es sabido que la llamada facultad discrecional implica que en frente de los empleos de “libre nombramiento y remoción”, la administración pública no requiere motivar su determinación de retirar del servicio al funcionario respectivo, antes bien, se presume que esta conducta está inspirada en razones del buen servicio. Desde luego, esta prerrogativa no es omnímoda, ni absoluta; esto es, que los entes nominadores no pueden escudarse en ella para atropellar a sus servidores.

La experiencia, la honradez, lealtad y eficiencia del empleado público, deben generarle una cierta garantía de estabilidad en la medida en que el propósito último del aparato estatal es la correcta prestación de la función pública. Mas esa estabilidad, que no inamovilidad, tampoco es absoluta.

Ahora bien, si la administración remueve a un empleado y coloca en su reemplazo a alguien que carezca de esos atributos, y de las condiciones y virtudes que adornan al funcionario retirado, es incuestionable que la justificación de esa conducta no puede ser la del buen servicio, sino otra bien distinta.

A folios 10 y 11 del expediente aparecen sendas certificaciones, expedidas respectivamente por la Secretaría de Educación Pública del Cauca, sobre el hecho del registro del diploma de abogado del actor el 24 de agosto de 1979, y del secretario académico de la Universidad de San Buenaventura, Seccional de Cali, sobre el curso de especialización en derecho de familia a la cual asistió el demandante entre el mes de agosto de 1978 y el mes de junio de 1979 y respecto del que “presentó y aprobó las evaluaciones a que fue sometido”.

Del mismo modo, obra al folio 13 una certificación del tiempo servido en el Ministerio de Educación Nacional, que era para la fecha de expedición del documento de cinco (5) años, un (1) mes y catorce (14) días.

A folios 14 y 15 reposa el formulario de calificación de servicios del demandante, calendado el 21 de julio de 1986, según el cual se le asignan 490 puntos sobre 500 posibles y en el que se dejó consignada la siguiente observación:

“Las altas calidades técnicas, académicas y morales demostradas en el desempeño de su cargo lo hacen acreedor a la calificación dada”.

Esto es, que de conformidad con esas probanzas, se tiene que el actor era un funcionario serio, responsable y eficiente.

Empero, inexplicablemente en la demanda no se pidió ninguna prueba tendiente a demostrar cuáles eran los requisitos del cargo que ocupaba, sus condiciones superiores y las deficiencias personales, profesionales y de carácter laboral de su reemplazo, ni a comprobar si la administración tenía o no motivos para reemplazar al actor, y si éstos, en caso de que existieran, eran inspirados en razones del buen servicio público.

Por eso, se echan de menos la hoja de vida del actor y la de su reemplazo, que indudablemente hubiesen podido aportar datos importantes y fundamentales para la decisión de la litis.

Como no se demostró con los antecedentes administrativos del caso cuáles fueron los motivos aducidos por la administración para retirar del servicio al doctor Astaíza Ordóñez, y tampoco que los que presuntamente existieron fuesen falsos o insuficientes, fuerza concluir que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado y por ende, que es imperativa la confirmación del fallo apelado».

(Sentencia de febrero 18 de 1993. Expediente 4192. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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