Sentencia 41927 de mayo 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrados Ponentes:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Dr. Luis Javier Osorio López

Sentencia de anulación

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «La cuestión referente a la ilegalidad de la afiliación de trabajadores de la empleadora al sindicato de industria Sinaltrainal es un aspecto que escapa al control de la Corte en sede de anulación, en cuanto involucra, en el fondo, la aptitud jurídica de esa organización sindical para adelantar sus funciones, lo que no puede ser elucidado al estudiarse el recurso de anulación, que, además, no es el medio legal para discutir las irregularidades que eventualmente se hayan podido presentar en las fases preliminares a la convocatoria del tribunal de arbitramento, pues tales aspectos deben ser discutidos en su oportunidad.

Con todo, importa anotar que esta Sala de la Corte, actuando en su función de juez constitucional de tutela ha considerado que mientras no se deje sin efectos la personería sustantiva de una organización sindical, no es posible poner en duda sus actuaciones jurídicas, como tampoco su idoneidad y capacidad para promover un conflicto colectivo de trabajo.

En la sentencia del 15 de septiembre de 2009, radicación 24753 se dijo por la Sala, por mayoría, lo que a continuación se transcribe:

“En efecto, en el asunto bajo examen, el referido organismo gubernamental certificó la existencia y vigencia del sindicato Sintraime y el cambio de su razón social acorde con la reforma estatutaria que fue debidamente depositada. Por tanto, si cualquiera persona interesada o afectada intenta desconocer lo que el ministerio certifica dentro de sus atribuciones, la posibilidad que le queda es la de iniciar las correspondientes acciones, según el caso, en procura de su enervamiento, pero mientras tanto, tales actos jurídicos surten plenos efectos a la luz de la Constitución y la ley.

La verdad es, que el referido ministerio no puede desconocer lo que él mismo acredita, e igualmente, si considera que las actuaciones del sindicato no corresponden con la realidad o por alguna razón no puede desarrollar su objeto social, también tiene expedita la vía judicial correspondiente. De tal manera que mientras no se presente una decisión que desvirtúe esa realidad o se aniquile la personería sustantiva y adjetiva del organismo sindical, debe respetarse su legalidad, precisamente porque se trata de un acto expedido en ejercicio de sus funciones, en la que va envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, que en otras palabras se constituye en eficaz y válido como prueba de cualquier proceso.

En consecuencia, frente a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical inscrita y vigente, certificada como tal por la autoridad competente, como la del asunto de marras, la empresa Fenoco S.A. no podía resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la capacidad y la idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva, y al debido proceso, que como ya se anotó, aquella hace parte del fundamental de asociación sindical conforme a los artículos 23, 25, 29, 39, 53, y 55 de la Carta Mayor, 27 del Decreto-Ley 2351 de 1965, y el Convenio 98 de 1949, de la OIT, con vigencia a partir de julio de 1951.

Tampoco podía el ministerio, bajo el argumento de la existencia de un conflicto jurídico alegando falta de competencia, abstenerse de resolver de fondo sobre la querella administrativa instaurada por la organización sindical, pues de ser así, ello en la práctica haría nugatoria no solo su autoridad policiva de que está investida, sino que llevaría al fracaso el derecho mismo a la negociación colectiva, pues bastaría que frente a la presentación de un pliego de peticiones el empleador expusiera cualesquiera argumentos jurídicos para no iniciar las conversaciones directas, pues por la posición del ministerio, como la adoptada en el asunto bajo examen, la iniciación del conflicto se dilataría indefinidamente, dejando siempre en manos de la justicia ordinaria la decisión sobre la controversia que se plantea, cuando es dicho organismo gubernamental el que por encima de todo debe resolverla en atención a los mandatos superiores que protegen el derecho a la negociación colectiva.

De aceptarse la posición del Ministerio de Protección Social, se estaría violando el debido proceso como derecho fundamental y el derecho a la libertad sindical. Que en cuanto al debido proceso, como lo ha sostenido la jurisprudencia, se vulnera cuando no se cumple con los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, a que están obligados los funcionarios y particulares en los procesos y actuaciones, “sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien, y desconocer o ignorar aquellos que le sean desfavorables”(1).

Es de acotar que esta última posibilidad, lejos de contribuir a una paz social, significaría el desconocimiento del Estado de su deber de procurar la concertación y los demás medios para solucionar pacíficamente los conflictos colectivos de trabajo, como lo ordena la Constitución Política en su artículo 55 y el citado Convenio 98 de la OIT”.

En consecuencia, como en este caso la organización sindical Sinaltrainal goza de personería jurídica, no le asiste razón a la empresa impugnante.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-467 de octubre 18 de 1995.