Sentencia 41942 de junio 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 41942

SP 6944-2014

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Aprobado Acta 169)

Bogotá D.C., junio cuatro de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

1. Está claro, en concordancia con la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala desde varios años atrás, que no le es dable al juzgador en la sentencia, al fijar la pena, deducir circunstancias de agravación punitiva, genéricas o específicas, que no hayan sido imputadas expresamente en la acusación y de las cuales, como resulta obvio, haya tenido el procesado la oportunidad de defenderse.

2. La Fiscalía, en la resolución acusatoria, le atribuyó a Benito Quintero Pinto la conducta punible descrita en el artículo 410 del Código Penal. No le imputó, eso es manifiesto, ninguna circunstancia de mayor punibilidad. Y esta situación no se modificó en la audiencia de juzgamiento, en cuyo curso no se dio aplicación, a iniciativa del instructor o del juez, al artículo 404 de la Ley 600 de 2000.

3. En la sentencia de primera instancia, en el capítulo de dosificación punitiva, el funcionario del conocimiento, considerando que concurrían las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 1º y 9º del artículo 58 del Código Penal, definió graduar la sanción dentro de los límites del primer cuarto medio.

4. En el fallo impugnado en casación, el tribunal excluyó la segunda de esas causales por estimar que resultaba lesiva del principio de non bis in idem. Mantuvo la otra en razón de haber recaído la conducta “sobre bienes de uso común”.

5. Es evidente, de acuerdo a la relación procesal anterior, que se lesionó en el caso sometido a consideración de la Corte el principio de congruencia, al atribuirse al procesado en la sentencia una circunstancia de mayor punibilidad no deducida en la acusación. Para corregir la irregularidad, la Sala casará parcialmente el fallo y redosificará la pena privativa de la libertad, desde luego con respeto del criterio establecido en desarrollo de esa labor por el ad quem, que fue el de imponer el extremo mínimo del primer cuarto medio, es decir, 78 meses y un día de prisión.

Así las cosas, en cuanto no proceden agravantes genéricas de punibilidad y sí atenuantes del mismo tipo (los juzgadores reconocieron las contempladas en los nums. 1º y 8º del art. 55 del C.P.), se condenará al procesado Quintero Pinto a 48 meses de prisión, los cuales corresponden al extremo menor del cuarto mínimo dentro del cual debe medirse la pena. La sanción de multa será igualmente la más baja establecida en el artículo 410 del Código Penal, es decir, 50 salarios mínimos legales mensuales.

Se mantendrá incólume la decisión de concederle al condenado el subrogado penal de la prisión domiciliaria, en consideración a que no aplica en su caso la condena de ejecución condicional. En efecto, aunque la nueva sanción privativa de la libertad a imponerle satisface el requisito punitivo establecido en el artículo 63 del Código Penal, modificado por el 29 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, claramente el delito imputado, doloso y contra la administración pública, está excluido de esa posibilidad en concordancia con el artículo 68 A del Código Penal, sustituido por el 32 de la Ley 1709 antes citada.

6. Cuestión final.

La pena de 10 años impuesta al procesado “para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales”, la fundamentaron las instancias en el artículo 58-3 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Los servidores públicos, según esa disposición, como consecuencia de la declaración de responsabilidad civil o penal derivada de las acciones u omisiones que se les imputen en relación con su actuación contractual,

“quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia”, sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política y las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

En el presente caso no procedía la sanción intemporal prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política. No se imputó al procesado el delito de peculado por apropiación y, según la sentencia, no se probó que el municipio de Covarachía haya sufrido perjuicios materiales. En consecuencia, no se condenó civilmente al enjuiciado. No aplicaba la norma constitucional, entonces, porque no se declaró afectado el patrimonio del Estado e igualmente en razón a que la condena penal no es por un delito relacionado con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, uno de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Ahora bien, la conducta punible de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” objeto de la condena impugnada extraordinariamente, tiene establecida como pena principal la “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”. La misma, de conformidad con el artículo 44 del Código Penal, priva al condenado de “la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales”.

No se excluían en el presente caso, la norma general del artículo 58-3 de la Ley 80 de 1993 y la específica del artículo 410 del Código Penal. Por ende, debía el juzgador imponer las sanciones de la primera, como en efecto lo hizo, y las adicionales del artículo 44 del Código Penal no contenidas en ella. Es decir, dentro del lapso legal de 5 a 12 años, las inhabilidades para elegir y ser elegido, para el ejercicio de cualquier otro derecho político y para la obtención de dignidades y honores conferidos por las entidades oficiales.

Se trata de una irregularidad que solo se advierte y que no está al alcance de la Sala corregir pues hacerlo supondría el quebrantamiento de la prohibición constitucional de reforma en peor consagrada en el artículo 31 superior, conforme a la cual el superior no le puede agravar la pena al condenado que sea recurrente único.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR parcialmente el fallo impugnado para excluir la imputación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 58 del Código Penal.

Como consecuencia, se fija en 48 meses de prisión la pena privativa de la libertad al procesado Benito Quintero Pinto y en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes la de multa. Las demás determinaciones adoptadas en el fallo impugnado se mantienen.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».