Sentencia 41952 de noviembre 20 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 386

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Quedó advertido en la reseña procesal que la sentencia recurrida a través de la impugnación extraordinaria de casación se emitió como resultante de la formulación y aceptación de cargos que con miras al proferimiento de un fallo anticipado se verificó por parte de los imputados Carlos Daniel Merlano Rodríguez el 16 de diciembre de 2010 y Remberto Manuel Álvarez Vertel el 17 de diciembre de 2010, cumpliéndose con rigor en desarrollo de la misma todas las garantías para el adelantamiento de este acto, comprendidas las amonestaciones inherentes a la índole y naturaleza de la aquiescencia, el carácter esencialmente voluntario y libre de apremios con el que en plena disponibilidad los sindicados aceptaron las imputaciones delictivas, precisándose al respecto el marco fáctico y jurídico propio de cada una, la concreta tipicidad de cada punible y la prueba subyacente, en muy extenso y pormenorizado documento acusatorio que los contienen en relación con cada uno, encontrándose por demás asistidos los incriminados por sus defensores de confianza, que avalaron las diligencias sin restricciones ni condicionamientos y son, por demás, los mismos profesionales del derecho que hoy han incoado el recurso extraordinario de casación.

2. Ha señalado la Corte de manera absolutamente profusa y reiterada, que el interés para recurrir constituye un indiscutible presupuesto para el legítimo ejercicio de la impugnación extraordinaria, a partir de su conceptualización como condición procesal del sujeto habilitado para impugnar que resulta indispensable en el propósito de controvertir válidamente una decisión judicial en las oportunidades y por las razones previamente señaladas en la ley.

Se ha dicho igualmente que cuando se fija el contenido y alcance del concepto que corresponde al interés jurídico, el ámbito de su definición resulta predicable tanto de los recursos ordinarios como del extraordinario de casación, emergiendo imperativo que con su ejercicio se procure reparar un perjuicio o agravio que se le haya ocasionado al inconforme y complementariamente, en algunos casos, que el objeto del reparo no esté excluido como motivo de ataque.

3. En relación con este último supuesto y concretamente con miras a dilucidar la legitimación para recurrir en casación, el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, aplicable en este caso atendiendo a la fecha en que se reputan los hechos objeto de imputación, contempló como motivos enervantes para la admisibilidad de una demanda de casación, entre otros, que el libelista carezca de interés.

Precepto inescindiblemente vinculado a esta restricción procesal para impugnar una sentencia anticipada ante la Corte, tratándose de aquellas proferidas cuando quiera que ha mediado solicitud expresa, inequívoca y libre de aceptación de los cargos imputados, previó igualmente el art.40 ibídem, al restringir la viabilidad de impugnar esta clase de decisiones por el procesado y su defensor, restrictivamente en relación a la dosificación de la pena, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción del dominio sobre bienes.

4. No obstante las restricciones para impugnar esta clase de decisiones que en desarrollo de los principios de autocomposición y lealtad en las actuaciones procesales señaló la ley, la Corte, desde la primigenia configuración legislativa de la figura de la anticipación de los fallos en el Decreto 2700 de 1991 y sus postreras reformas contenidas en las leyes 81 de 1993 y 365 de 1997, con sujeción a los parámetros fijados en la Sentencia C-425 de 1996 (que se ocupó de la índole del instituto genéricamente conocido entonces como de “sentencia anticipada”), no fue ajena al advertir, conforme ya lo clarificara en la providencia 9038/94, que aún en dichos casos, el juez no puede declarar la responsabilidad de un procesado exclusivamente fundado en su autoincriminación, toda vez que la misma debe estar acompañada de prueba suficientemente idónea demostrativa de su responsabilidad y por tanto apta para en todo caso desvirtuar la presunción de inocencia que lo ampara.

5. Dijo, a propósito la Corte:

“Aquí no se viola el principio constitucional de la presunción de inocencia ni su correlativo de la carga de la prueba como misión del Estado, simplemente el primero se desvirtúa por parámetros legales diferentes, como son la renuncia del procesado a refutar la acusación y al acopio de otras pruebas, la explícita aceptación de los cargos y la constatación de que no existen los presupuestos para la preclusión o la cesación. En otras palabras, para efectos de estas formas de terminación anticipada, basta verificar y controlar la aceptación de responsabilidad y la seguridad de que no está plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que no es antijurídica, o que el sujeto no es culpable, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse. En presencia de una cualquiera de estas causas negativas de un juicio de responsabilidad penal, a la vez suficiente fundamento para precluir la investigación o cesar el procedimiento, el juez que examine la aceptación de responsabilidad por vía de sentencia anticipada no tiene alternativa diferente a anularla para regresar al procedimiento ordinario, pues sólo así se respeta el debido proceso.

“Así pues, el sustento de la condena en el juicio especial de sentencia anticipada radica, de un lado, en la posición directa y genuina del procesado de aceptar la acusación y, de otra parte, en la valoración de mérito negativo sobre los requisitos de la preclusión de investigación o cesación de procedimiento”(1).

6. Reafirmar en las condiciones señaladas que la aceptación de cargos con miras a sentencia anticipada no implica claudicar a los principios de un debido proceso y entonces desde luego tampoco a la presunción de inocencia, no significa a contrario sensu que propugnar por su garantía posibilite entender que basta afirmar su quebrantamiento para hacer posible retractarse del asentimiento y consiguiente aprobación de las imputaciones que el Estado jurisdiccional han elevado y en relación con las cuales ha existido allanamiento por parte del imputado.

En este sentido, el principio de no retractación restringe sin duda la posibilidad de que quien ha aceptado cargos soslaye el carácter vinculante de sus actos, expresando a posteriori reparos contra la sentencia que ha declarado su responsabilidad, no precisamente porque su situación se acompase con la excepcionalidad que supone admitir quebranto de garantías dentro de los supuestos a que alude la doctrina de la Corte en mención, esto es, porque se esté frente a un hecho inexistente o atípico, o en el que no ha tomado parte el actor, o carente de lesividad, o sobre hechos ya imperseguibles penalmente, sino rebatiendo la totalidad de los hechos bajo argumentos beligerantes de confrontación probatoria que emergen así inadmisibles.

7. Los actores casacionales, que pese a ser los mismos abogados que asistieron a los procesados en desarrollo de las audiencias de formulación y aceptación de cargos, sin ningún reparo profesional, en forma inaudita por tanto, han pretendido ejercer ante esta sede la retractación, desdiciendo de su propia idoneidad y estrategia frente a las imputaciones delictivas elevadas en contra de sus poderdantes y a la asistencia letrada que consiguientemente les debieron dispensar.

A nombre de Merlano Rodríguez, se han pretextando quebrantos directos de la ley, bajo el entendido que ha sido condenado por delitos que no cometió, argumento insólito de contención probatoria y elocuente deslealtad procesal, máxime cuando compromete juicios de valoración propios, bajo el reiterado argumento que los actos de desplazamiento tuvieron lugar a partir del año 1997 y la intervención del imputado habría sido posterior, mismo fundamento de que se valió el apoderado de Álvarez Vertel, para atacar la sentencia en una de sus censuras.

8. Basta con precisar que los actos configuradores del concierto para delinquir en la modalidad agravada del inciso 2º del artículo 340 del Código Penal imputado a los procesados, por comportar una conexidad ideológica de comisión de delitos tales como el desplazamiento forzado, implica conforme lo precisó el tribunal división material de trabajo delictivo, tal y como se procedió en este caso con miras al agotamiento de la finalidad delictiva, esto es, darle fisonomía jurídica a aquellos actos materiales de desarraigo que durante muchos años se produjeron, sin que puedan entenderse por lo mismo urdidos con solución de continuidad en la multiplicidad de conductas cometidas en desarrollo del objetivo desde un principio trazado de desplazamiento forzado, pues dicha manipulación jurídica pertenece a un ámbito de la misma conducta original y complementario, por realizarse como una empresa criminal y apenas consecuente con la pluriofensividad de bienes jurídicos (que hace concurrente el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica), que trascendieron el espectro meramente material de los actos de desplazamiento originario, hacia la espuria consolidación en el plano legal que se ha atribuido a los procesados.

9. Los reparos de orden probatorio con una perspectiva de confrontación analítica y suasoria o de precariedad en el análisis de cuanto se asume demostrativo de aquello contrario a lo aceptado en el acta de imputación de cargos, o la pretendida irracionalidad carecen de idoneidad en casación.

Finalmente, el proferimiento de la sentencia en ningún momento estaba inhibida por las expectativas que el procesado tuviera de eventuales “beneficios por colaboración” con la Fiscalía, pues no es causa que postergue el fallo (al margen de la favorabilidad que asume el actor procedía frente a la eventual aplicación de los supuestos de la Ley 906 de 2004 a este caso), razón suficiente para afirmar este argumento también deleznable.

10. Finalmente, el procurador judicial de Álvarez Vertel afirmó que su asistido aceptó los cargos con vicios esenciales en el consentimiento, pero en ningún momento explicó en qué radican los mismos, lo que en todo caso emerge inadmisible visto que su defensor no hizo reparo alguno en el acta respectiva y hoy emerge absolutamente carente de interés jurídico ante esta sede, debiendo predicar lo propio de aquellos enunciados que se oponen a la propia tipicidad de la conducta y la responsabilidad, mediante argumentos elocuentes de refutación valorativa probatoria.

En las condiciones señaladas, los libelos deben ser desestimados.

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir las demandas de casación presentadas a nombre de los procesados Carlos Daniel Merlano Rodríguez y Remberto Manuel Álvarez Vertel.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Sentencia de 12 de agosto de 1998, radicación 10524.