Sentencia 41967 de enero 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41967

Acta: 02

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: « VI. Consideraciones de la Corte.

El ad quem negó la pensión especial con 20 años de servicio, sin importar la edad, que fue solicitada por el actor con base en la Ley 71 de 1961 y los decretos 1372 de 1966 y 1835 de 1994 en razón de haberse desempeñado como técnico aeronáutico, por considerar que esta normatividad no se ajustaba a la definición de régimen que él había efectuado y porque constituía “…apenas requisitos y garantías especiales para algún tipo de trabajadores ligados a la actividad aérea, pero no un régimen que debe respetarse ante una transición”. Además que, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el régimen general de pensiones para los servidores públicos era el regulado por la Ley 33 de 1985. Por tanto, al determinar que el actor, para el 1º de abril de 1993, tenía más de 40 años, concluyó que él era beneficiario de la Ley 33 de 1985 en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100; en consecuencia, le negó la pensión por no tener 55 años de edad a la fecha de presentación de la demanda, 9 de junio de 2006.

El censor refuta la premisa que considera el motivo cardinal de la sentencia, sobre que la Ley 7ª de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966 no contienen un régimen pensional especial que deba respetarse ante una transición, con el argumento de que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para el sector oficial, además del régimen general de la Ley 33 de 1985, existieron varios regímenes especiales de jubilación, al igual que en el sector privado, verbigracia el de la rama judicial. Y que el régimen de transición general está contenido en el artículo 36 de la Ley 100 y el régimen de transición especial de la aeronáutica se encuentra regulado en el artículo 7º del Decreto 1835 de 1994; el régimen de pensión general anterior corresponde a la Ley 33 de 1985 y el régimen de pensión especial anterior, para el caso de la aeronáutica, es el establecido en la Ley 7ª de 1961 y su decreto reglamentario. Y sustenta la naturaleza de régimen especial de pensiones de la Ley 7ª de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966, extrañada por el ad quem, con base en la sentencia número interno 9189-2005, del 14 de junio de 2007, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, donde este tribunal dijo que los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justificaran las excepciones que la ley haya determinado expresamente, o que por ley disfrutaran de un régimen especial de pensiones, no quedaron sujetos a la regla general; y, al punto de la normatividad en comento, se refirió como si fuera un régimen especial de pensiones, para decir que este no había desaparecido cuando se expidió el Decreto 3135 de 1966 (sic) por expresa disposición de su artículo 27, como tampoco cuando se expidió el Decreto1848 de 1969 por expresa declaratoria de inexequibilidad de su artículo 69 que carecía de poder jurídico para modificar una ley, ni con la expedición de la Ley 33 de 1985 por expresa disposición del inciso segundo de su artículo 1º.

Por perseguir la misma finalidad y valerse de argumentos similares, los cargos se estudiaran conjuntamente.

De lo anterior sigue que a la Sala le corresponde resolver, enseguida, si el ad quem se equivocó al interpretar que las normas con base en las cuales el actor reclama su pensión especial de la aeronáutica no son propiamente un régimen de pensiones y, menos aún, uno de carácter especial, consideración puesta en entredicho y que sirvió de fundamento a la sentencia absolutoria.

El actor reclama la pensión especial en razón de haberse desempeñado en funciones de técnico aeronáutico en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, estaba regulada en la Ley 7ª de 1961, sobre pensiones de jubilación de Radio-operadores, Técnicos de Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos (hoy unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) así:

ART. 2º—Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad.

Posteriormente se expidió el Decreto 1372 de 1966, “por el cual se reglamenta la Ley 7ª de 1961 sobre pensiones de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de meteorología”, cuyo contenido pertinente es el siguiente:

“ART. 3º—Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

ART. 4º—Los funcionarios citados en los artículos anteriores que en virtud de ascenso, cursos de especialización o medidas de organización interna en el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, de la Empresa Colombiana de Aeródromos o del departamento Administrativo del Servicio Civil que con anterioridad o posterioridad a este decreto hayan llegado o llegaren a ocupar cargos de dirección, supervisión y vigilancia y preparación o instrucción de personal dentro de sus respectivas especialidades, serán considerados como profesionales, es decir, no perderán en su condición de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de meteorología, para los efectos la ley que se reglamenta.

[…].

ART. 6º—De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7 de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946, el personal de que trata el presente decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios. (Negrillas de esta Sala).

En virtud de las citadas normas, los funcionarios que desarrollan actividades propias de su profesión con fines aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro del organismo aeronáutico al que pertenecen, tiene derecho a una pensión especial de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que sea su edad y será equivalente al 75% del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado en el último año.

Esta pensión especial en razón de las tareas desempeñadas como técnico aeronáutico, tal cual, sobrevivió hasta la expedición del Decreto 1835 de 1994, por el cual se reglamentaron las actividades de alto riesgo de los servidores públicos(1) y se modificaron los requisitos de la pensión especial en razón del cargo, entre otras entidades, en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

El prenombrado decreto fue expedido por el presidente en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 y los literales e) y f) del ordinal 19 del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

No está de más recordar que el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 textualmente dispuso:

“ART. 140.—Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad”.

Con la modificación de la pensión especial por actividades de alto riesgo, el Decreto 1835 en comento estableció un régimen de transición especial para dejar a salvo ciertas condiciones anteriores a quienes estuvieran en determinada situación. Para el caso del sector aeronáutico, la pensión especial y su régimen de transición se fijaron así:

“ART. 2º—Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

[…].

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil de conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución 03220 de junio 2 de 1994 por medio del cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución 2450 de diciembre 19 de 1974 por medio del cual se adopta el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

[…].

CAPÍTULO IV

Actividades de alto riesgo para unos servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

ART. 6º—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4 del artículo 2º de este decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. a) 55 años de edad y, b) 1000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4 del artículo 2º de este decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) de cotización, adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,

2. a) 45 años de edad, y b) 100 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4 de artículo 2º de este decreto.

ART. 7º—Régimen de transición. El régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 10 o más años de servicios prestados o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este decreto,

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico;

Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los funcionarios descritos en los numerales 1 y 2 de este artículo, serán los establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.

Tras el anterior recuento normativo, claramente se desprende que, contrario a lo asentado por el ad quem, la Ley 7ª de 1961 y el Decreto Reglamentario 1372 de 1966 sí contenían un régimen especial de pensiones en razón de la actividad desempeñada, como era desarrollar actividades propias de su profesión en la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, consistente en otorgar la pensión de jubilación con 20 años de servicio en cargos aeronáuticos, equivalente al 75% del promedio de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios. Régimen que fue variado por el Decreto 1835 de 1994, pero que todavía se aplica a quienes reúnen los requisitos del régimen de transición especial consagrado en el artículo 7º ibídem.

Así las cosas, el tribunal no acertó al interpretar que la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966 no correspondían a un régimen pensional, según la definición fijada por él, por lo que estimó que apenas constituían “…requisitos y garantías especiales para algún tipo de trabajadores ligados a la actividad aérea, pero no un régimen que debe respetarse ante una transición”.

El razonamiento del tribunal resulta abiertamente contradictorio; de un lado manifiesta que un régimen especial de pensiones “…se caracteriza por tener, mediante normas expresas, condiciones propias en cuanto a edad, tiempo de servicios y cuantía de la mesada diferentes a la establecida en la norma general”; por otro señala que la normatividad invocada por la parte actora trata apenas de requisitos y garantías especiales para algún tipo de trabajadores ligados a la actividad aérea; de lo que seguidamente concluye, sin más ni más, que dichas preceptivas no corresponden a un régimen que deba respetarse ante una transición; además que deja de lado su propia consideración de que el actor, para el 1º de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad.

Si para el ad quem un régimen especial de pensiones es aquel que fija condiciones diferentes para pensionarse, respecto del régimen general, y, según él mismo, la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966 trae garantías y requisitos especiales para cierta clase de trabajadores ligados a la actividad aérea, las cuales, como se vio al estudiar las citadas normas, no hacen nada distinto de reconocer la pensión con 20 años de servicios en cargo de excepción, sin importar la edad, equivalente al 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, no se entiende como, sin más argumento, descalifica la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966 para ser aplicados frente a la transición del artículo 36 de la Ley 100 y del 7º del Decreto1835 de 1994; menos, si como ya se dijo, él mismo reconoció que el actor tenía más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, presupuesto de la transición prevista en su artículo 36, y en el artículo 7º del Decreto 1835 de 1994.

Es evidente que el ad quem incurrió en la interpretación errónea acusada por la censura, por lo que el cargo resulta fundado y lo procedente es casar la sentencia, con mayor razón si se tiene en cuenta que el pluricitado régimen pensional especial en razón de la actividad también tiene su propio reglamento de transición según el artículo 7º del Decreto 1835 de 1994 atrás examinado, lo cual no deja duda alguna sobre la equivocación que cometió el ad quem al negarle la posibilidad de ser aplicado en virtud de un régimen de transición.

Por lo anterior, se casará la sentencia.

Fallo de instancia.

El a quo condenó a la entidad demandada a reconocer la pensión deprecada por estimar que “… se infiere claramente que le asiste el derecho al actor para que la demandada reconozca el derecho a la pensión de jubilación de los funcionarios y empleados de la Aerocivil-Aeronáutica por cuanto nació el 28 de julio de 1951 —fls. 22 y laboró desde 18 de octubre de 1983— fls.99, deben (sic) ser liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio que se hubiere devengado en el último año de servicio, dando completa aplicación a la norma antes trascrita o régimen especial al cual se encontraba adscrito […].

Y por cuanto aun a la presentación de la demanda no se había producido su desvinculación, según los documentos aportados y las resoluciones de negación del derecho, se desprende que el demandante labora para el Departamento Administrativo de la Aeronáutica desde octubre de 1983 hasta la fecha, por lo tanto y solo hasta el retiro se deducirá el último año de servicios”.

La demandada apeló la sentencia, por varias razones. La primera, por estimar que, de acuerdo con las pruebas recaudadas y las afirmaciones de la parte demandante, el actor “…no completó los 20 años de servicio a la entidad mencionada sin consideración de la edad”, por lo que considera que el derecho a la jubilación lo obtiene cuando cumpla 55 años de edad, según la norma general.

No tiene razón el apelante al formular dicho reparo, por cuanto del certificado visible al folio 23 del plenario, proveniente de la entidad empleadora, de fecha 16 de mayo de 2005, se comprueba que el actor “…es funcionario técnico de esta entidad desde el momento de su vinculación el 18 de octubre de 1983 y que ha desarrollado funciones propias de su profesión de Ingeniero Electrónico con fines exclusivamente Técnico Aeronáutico, como las que se describen a continuación:

1. Instalar, reparar y calibrar equipos de transmisión y recepción de Radio para el servicio de las Comunicaciones Aeronáuticas de Fonía entre las torres de control o entre estas y las aeronaves, para garantizar la seguridad y el control de las aeronaves en el aterrizaje, decolaje y vuelo en ruta.

2. Instales, reparar y calibrar Radioayudas Direccionales VOR y NDB para garantizar que las aeronaves en vuelo se encuentren en todo momento orientadas por Radioayudas en su dirección de vuelo, especialmente en horas nocturnas y en condiciones metereológicas adversas, garantizar separaciones horizontales reglamentarias con otras aeronaves y con las montañas en los procedimientos de llegada y salida de los aeropuertos.

3. Instalar, reparar y calibrar equipos medidores de distancia DME, el cual permite que las aeronaves en vuelo conozcan la distancia precisa a la que se encuentran de una Radioayuda de referencia y poder establecer separaciones con otras aeronaves basándose en datos suministrados por el mismo equipo.

4. Instalar, reparar y calibrar sistemas ILS, el cual permite a una aeronave en procedimiento de aproximación mantener el vuelo hacia la pista y la pendiente de descenso que garantice separación con el terreno hasta la misma pista, esto en condiciones de operación nocturna de malas condiciones de tiempo y visibilidad.

5. Rediseñar y reconstruir sistemas de Radioayudas y Equipos de Aeronavegación que hayan sufrido desperfectos por efectos del terrorismo, descargas eléctricas, derrumbes y restablecer en el mínimo tiempo posible los sistemas afectados para así garantizar la normal operación de las aeronaves en vuelo.

6. Instalar, reparar y calibrar las ayudas visuales a la navegación; luces VASI, Luces PAPI, Luces de Eje de Pista, Luces de Calle de Rodaje para darles a las aeronaves las trayectorias correctas y los ángulos de descenso adecuados para el aterrizaje en operación nocturna y en condiciones adversas de visibilidad y climáticas.

Así mismo se certifica que el señor… Abad Salazar siguió desempeñando funciones Técnicas Aeronáuticas desde el momento en que asumió el cargo de Profesional Aeronáutico II 31-24 el 1º de febrero de 1994”.

De acuerdo con la citada prueba, encuentra la Sala que, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor ya tenía cumplido el requisito de tiempo de servicio en cargo de excepción de acuerdo con el artículo 3º del Decreto 1372 mencionado, pues completó este tiempo el 18 de octubre de 2003. Por tanto, ya había adquirido el derecho a gozar de la citada pensión por desempeñar cargo de excepción y con una mesada equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios en arreglo al artículo 6º ibídem, textos que, para mejor recordación, se trascriben enseguida:

“Artículo 2º de la Ley 7ª de 1961. Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad”.

“Artículo 3º del Decreto 1372 de 1966. Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

Artículo 6º. De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946, el personal de que trata el presente decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios”. (Negrillas de esta Sala).

Dado que, para la entrada en vigencia del Decreto1835 del 3 de agosto de 1994, mediante el cual el Presidente de la República dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 100 sobre la regulación de las pensiones de actividades de alto riesgo y modificó el precitado régimen especial, el actor, evidentemente, ya tenía el tiempo requerido para adquirir la pensión especial con cualquier edad, resulta inane, en el presente caso, la transición especial prevista en el artículo 7º del Decreto 1835 de 1994 (al igual que la general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), pues, según lo probado, desde el 18 de octubre de 2003 el demandante tenía causada su pensión especial.

En consecuencia, no le queda duda a la Sala del derecho pensional del actor y, por tanto, se confirmará su condena impuesta por el a quo.

Las demás inconformidades planteadas en la apelación son bastante confusas y hasta contradictorias, por cuanto para oponerse a la liquidación de la pensión del actor con base en todos los factores otorgados sin el carácter de salario, admite que algunos funcionarios de la aeronáutica gozan del régimen pensional especial previsto en la Ley 7ª de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372, normas que, según él recurrente, se aplicaban para efectos de la liquidación pensional a las personas que ocuparan los cargos clara y expresamente señalados en tales disposiciones, por lo que se consideraban excepcionales, situación que no los eximía de cumplir con las disposiciones legales, es decir, se les amparaba el régimen especial para la liquidación pensional, siempre y cuando que, sobre los factores allí previstos, se cotizara para seguridad social y, específicamente, hicieran los aportes para la respectiva entidad de previsión social; norma que, afirma, estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 1994, por cuanto el 1º de abril entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

Es decir, en esta primera parte del argumento, la especialidad era para la liquidación de la pensión, pero que según las pruebas obrantes en el expediente (no dice cuáles) la entidad nominadora solo cotizó por los factores taxativamente señalados en las leyes 33 y 62 de 1985, por lo que, para él, el actor no tiene derecho a que se le incluyan factores por fuera de los cotizados.

No obstante, a renglón seguido, admite que los funcionarios de cargos de excepción se podían pensionar con 20 años de servicio sin importar la edad, pero que, respecto de la base de liquidación, no se estableció diferencia alguna en relación con los demás servidores públicos. Y que, establecido como estaba, que el actor adquirió el estatus de pensionado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que su último año de servicio fue también antes de entrar a regir la nueva ley de seguridad social, se deben aplicar el Decreto 1848 de 1969, Decreto 1045 de 1978 y la Ley 33 de 1985. Y, para acrecentar la confusión, añade que está probado en el expediente que la “actora” cotizó en el porcentaje y para el sistema de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993, por lo cual esa norma se debe aplicar al estudiar su petición.

Del mar de contradicciones contenidas en la sustentación de la apelación, se puede rescatar que la segunda inconformidad del recurrente frente a la decisión de primera instancia es la de que no se puede liquidar la pensión del actor con todos los factores devengados por el actor en el último año de servicios como lo dispuso expresamente el a quo.

Al respecto el a quo señaló que solo hasta que suceda el retiro se deducirá el último año de servicios, por tal razón dispuso que se debía demostrar para el cumplimiento de la presente sentencia lo recibido por el trabajador como “Salario” en el último año, “…con las demás prestaciones deducidas como las siguientes; y Bonificación por servicios, Bonificación semestral y por Dominicales y festivos, Prima de Vacaciones y de Prima de Navidad”.

De acuerdo con el artículo 6º del Decreto Reglamentario 1372 de 1966 ya citado, “el personal de que trata el presente decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios”.

Por tanto, contrario a lo alegado por la entidad apelante, el ad quem no podía tomar como ingreso base de liquidación únicamente los factores sobre los cuales cotizó el trabajador en el último año de servicios, si estos no son concordantes con todo lo devengado durante este tiempo, pues es claro que la ley dispuso que la pensión del sublite se liquidaría con base en el “promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se arriba al mismo IBL establecido por el a quo, entonces se confirmará; y se adicionará la condena en el sentido de autorizar a la entidad de previsión demandada la compensación, si es del caso, por las diferencias por aportes que resulten insolutas, según el salario base de cotización que se obtenga al aplicar el IBL del citado artículo 6º del Decreto Reglamentario 1372 de 1966.

En lo que respecta a la oposición de la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 manifestada en la apelación, no dirá nada la Sala por cuanto el a quo, en la parte motiva, fue claro en negarlos y, en la parte resolutiva, consecuentemente, absolvió a la demandada de ellos según el ordinal segundo de la sentencia.

Sin costas en el trámite de casación dado que prosperó el recurso. Tampoco se condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 5 de mayo de 2009, en el proceso que instauró en contra de la Caja Nacional de Previsión, ahora Cajanal EICE en liquidación.

En instancia, se CONFIRMA en su integridad el ordinal primero de la sentencia del a quo, mediante el cual condenó a la demandada a reconocer la pensión de jubilación especial con 20 años de servicio, sin importar la edad; se ADICIONA para autorizar a la entidad de previsión demandada la compensación, si es del caso, por las diferencias por aportes que resulten insolutas, según el salario base de cotización que se obtenga al aplicar el IBL del citado artículo 6º del Decreto Reglamentario 1372 de 1966. Y se CONFIRMA en todo lo demás la sentencia apelada.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

 

(1) Este decreto fue derogado por el Decreto 2090 de 2003.