Sentencia 42-01 de mayo 5 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TÉRMINO PARA IMPUGNAR EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA

SE CUENTA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL RETIRO DE LAS COPIAS

EXTRACTOS: «Se decide la impugnación formulada contra la sentencia proferida el pasado 17 de marzo, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que negó la solicitud de tutela incoada por Vivian Lempert Ginzburg frente al Juzgado 6º de Familia de esta ciudad.

Antecedentes

1. La accionante, a través de apoderado especial, acusó a la oficina judicial enunciada, de haberle vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, apoyada en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

a) Daniel Picciotto Kassin le promovió, ante el accionado, demanda de exoneración de la cuota alimentaria otrora fijada, que se admitió por auto del 7 de julio de 2003.

b) Que para notificarle dicha providencia judicial, se le envió la pertinente citación y el 27 de septiembre de 2003, recibió el aviso judicial de que trata el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

c) El 3 de octubre siguiente, interpuso reposición contra aquella decisión que “no se tuvo en cuenta por extemporánea” (fl. 102, cdno. 1), decisión que atacó a través del mismo sistema impugnaticio que se resolvió en forma adversa por auto del 30 de enero de 2004.

d) Con la tesis interpretativa, que del indicado artículo 320, sostuvo el acusado para denegar la prosperidad del citado recurso, se incurrió en una vía de hecho que cercena el artículo 29 de la Constitución Política, pues, consideró que el lapso para recurrir debe comenzar a correr luego de expirado el término previsto para retirar las copias de la secretaría.

2. Solicitó conceder el amparo y revocar el auto fustigado para ordenarle al accionado resolver el recurso de reposición interpuesto de cara al auto admisorio.

El fallo impugnado

A vuelta de historiar lo acaecido en el interior del acotado proceso judicial, el Tribunal no acogió el amparo porque, en suma, en el proceder denunciado no se incurrió en vía de hecho. Precisó, en tal sentido, que la extemporaneidad acusada se apuntaló en lo informado por la secretaría del juzgado.

La impugnación

Indicó, como primer aspecto que el fallo dictado no avocó el tema planteado en el libelo tutelar, puesto que el aspecto cardinal de la querella constitucional estriba en la interpretación y el alcance del precepto contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Acotó que en ese laborío el juzgador incurrió en error que le quebranta las garantías cuya protección reiteró.

Consideraciones

(...)

Relieva la Sala que la controversia de ahora se circunscribe a determinar si el juzgado accionado transgredió derechos fundamentales, al “no tener en cuenta el recurso de reposición presentado por la parte demandada, por extemporáneo” (5) (vid fl. 82, cdno. 1), tras considerar que se presentó luego de haber vencido el término de ejecutoria de la providencia atacada, pues en lo toral sostuvo en el proveído del 30 de enero del año en curso (fis. 93 a 97), que los 3 días para recurrir el auto admisorio comenzaron a correr luego de surtida la notificación por el sistema previsto en el artículo 320 del estatuto procesal civil y no, como lo proclamó la parte demandada —aquí accionante—, a partir del vencimiento del plazo para retirar las copias, por tratarse del traslado de rigor en punto al auto admisorio de la indicada demanda.

De modo que si bien lo resuelto por el accionado se cimentó en los motivos aludidos, atendiendo a lo expuesto en precedencia, entiende la Corte que esa interpretación de la norma procesal apuntada al proceso de exoneración de alimentos otrora referido, en la actualidad, no está en estricta y cabal consonancia con la recta hermenéutica de la normatividad que discipline la materia, tanto desde una perspectiva legal, como constitucional, más aún si se tiene en cuenta la prevalencia del derecho sustancial, como ya se anunció y particularmente la imperativa necesidad de respetar el acerado, a la par que cardinal derecho a la defensa, una de las más preciadas garantías imperantes en un Estado de derecho.

5. En efecto, si bien es cierto que la Ley 794 de 2003, introdujo puntuales reformas al Código de Procedimiento Civil patrio, una relativa al tema de las notificaciones personales permitiendo cumplir ese basilar acto procesal a través del sistema del aviso —desde luego si dicha actuación se ciñe a las pautas inmersas en el artículo 315 ejusdem—, hasta el punto que cumplidas las formalidades de rigor, tal diligencia “se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”, tampoco es menos cierto que en relación con el efectivo derecho que indudablemente le asiste al extremo demandado, fuerza preservarlo o, si se prefiere, hacerlo operante, en orden a no socavarlo, mediante una hermenéutica que no consulte con su teleología, ni con el espíritu de la reforma en comentario, en concreto del novísimo artículo 320, dueño de un régimen especial, y de una metodología singular, que amerita ser interpretado en función de su nuevo norte, en manera alguna insustancial.

No se discute que dentro del amplio ejercicio del aludido derecho a la defensa, tiene marcada importancia el tema referente a los instrumentos de impugnación o “medios que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto”, en cuanto que “su fundamento reside en una aspiración de justicia”, por manera que “los recursos como dice Carnelutti, no son otra cosa, que el modo de fiscalizar la justicia de lo resuelto” (6) lo que aún cobra mayor relevancia frente a los procesos respecto de los que el control de los llamados presupuestos procesales o formalidades de la controversia, no tienen ya previsto el camino expedito de las “excepciones previas” (7) sino que, por mandato legal, “...los hechos que las configuran deberán alegarse mediante reposición” (inc. 2º del art. 437), tal y como tiene lugar respecto del proceso verbal sumario y también en tratándose de los procesos ejecutivos (actual num. 2º, inc. 2º del art. 509), todo lo cual confirma la resonancia que en este momento inviste el recurso de reposición.

Para ejercer entonces esa posibilidad legal, el recurrente debe contar con todos y cada uno de los elementos informativos y documentales que integran hasta ese momento el “expediente”, de modo que el simple envío de “copia informal de la providencia que se le notifica y de la demanda, sin incluir anexos” (inc. 3º del art. 320 idem), no se considera suficiente, de por sí, pare esos efectos, merced a que aquéllos —los anexos—, de ordinario, son un continente de información de valía, los que pueden revelar una realidad distinta a la planteada por el propio demandante en su demanda.

De donde se sigue que, sin desconocer lo que en el pasado haya podido poner de manifiesto esta corporación, al amparo de una preceptiva diversa, la Corte entiende que una recta y justiciera interpretación del reciente precepto debe conducir a preservar el supraindicado derecho de defensa, lo que implica tener presente que solo a partir del vencimiento del plazo establecido para el retiro de la totalidad de las copias, es que comienza el cómputo del término útil para impugnar el proveído admisorio, objeto de la notificación, y no antes como se proclama en las actuaciones judiciales que se escrutan en esta ocasión por la Corte.

6. Aceptar una tesis contraria, así lo entiende la Sala, sería auspiciar la desprotección del demandado, con todo lo que ello envuelve en la esfera sustancial y procesal, habida cuenta que por esta vía se estaría frustrando la posibilidad de que ejerza una de las más preciadas garantías que, de antiguo, celosa y verticalmente preserva el ordenamiento jurídico, esto es el derecho de defensa, la que se torna infranqueable, según lo proclama la Constitución y la ley, con sólidas razones.

Abrirle paso a ella, sin glosa o reproche alguno, no seria de recibo, como quiera que se erigiría en fuente potencial de equívocos y de frustraciones, en la medida en que cuando —minesterio legis— se obtengan los anexos en comento, y el demandado cuente con la posibilidad que le brinda la ley de auscultar in extenso el caudal documental pertinente, ya no le servirán de mucho, por cuanto habrían transcurrido los tres días a que alude la tesis que la Corte no comparte, de suyo fatales, con las secuelas que ello conlleva.

Ejercer entonces el precitado derecho de defensa “a medias”, o en forma parcial o, incluso por aproximación o por adivinación, que es lo que precisamente sucedería si el demandado tuviera que impugnar la providencia pertinente sin contar con toda la información necesaria, es tanto como conculcarlo o eclipsarlo, en desmedro de tan preciada garantía, a sabiendas, como ya se mencionó, que los anexos suelen incluir preciada información para un efectivo y, sobre todo, panorámico ejercicio de la misma, como sería el caso del supuesto previsto en el numeral 6º del artículo 97 Código de Procedimiento Civil. En este supuesto, efectivamente, cómo podría el demandado sin auscultar los traslados protestar, válidamente, la ausencia de “la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado”, entre otros ejemplos más que ponen al descubierto la extrema dificultad de conocer anticipadamente tales hechos o circunstancias.

De ahí que deba imperar una interpretación que antes que sacrificar el anunciado derecho, lo conserve en su justa medida y extensión, que por lo demás consulte los caros intereses en juego, en este caso los del demandado, que de otro modo no tendría posibilidad real de ejercerlo, cabalmente, pues el término a que se refiere el artículo 320 para retirar las copias, se traduce en un arquetípico derecho a favor suyo, por manera que si es así, como en efecto lo es, no puede acortarse o desconocerse, a pretexto de la entronización de argumentos encaminados a pregonar una tesis restrictiva, que deje sin explicación el porqué de la concesión del citado lapso, se itera, orientado a que se entere formalmente del contenido de toda la documentación pertinente, con miras a que pueda desplegar cabalmente su legítima defensa, en sentido lato.

Expresado de otra manera, si el artículo 320, en su nueva redacción, otorga un plazo de tres días para el precitado fin, es menester respetarlo, esto es permitir que se desdoble en el tiempo, sin cortapisas o limitaciones, y sin enarbolar el argumento de que si hubiera sido diligente el demandado hubiera podido asistir inmediatamente al juzgado respectivo, pues aun cuando no se puede soslayar la significación de una conducta de ese tenor, tampoco puede desconocerse, a ultranza, que en su favor se instituyó tal término, el que no se puede obstruir, o erosionar, sino acatar. Al fin y al cabo, por una razón atendible, a fuer que potísima, lo estableció el legislador.

Por lo tanto, algún efecto útil hay que conferirle al otorgamiento del mencionado tempus, que de otro modo se tornaría en un derecho nominal y, por contera, vacío e incoloro, toda vez que no cumpliría ninguna finalidad trascendente, en contra del espíritu que plausiblemente animó la nueva ley en punto tocante con las notificaciones. Tanto es así que los anexos, en sí mismos considerados, no se entregan con el aviso notificatorio a que se refiere el aludido artículo 320 (“notificación por aviso”), en los casos de ley, sino que podrán ser retirados “...de la secretaría dentro de los tres días siguientes, vencidos lo cuates comenzará a correr el término respectivo”, lo que quiere significar que su conocimiento, como es más que natural, tiene capital importancia para el legislador. Si no fuera así, no hubiera previsto el deber de entregarlos, el que se deriva, correlativamente, de la facultad —ex lege— de retirar las copias (“...el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes...”, se destaca).

7. En este orden de ideas, en el caso sub examine, resulta evidente que cuando el funcionario decidió “no tener en cuenta, por extemporáneo” el memorado recurso de reposición por considerar que el término para interponerlo comenzó —de plano— a correr luego de surtida la notificación por aviso, le dio a la norma en cuestión una inteligencia que no está en consonancia con la cabal interpretación de la misma, conforme se acotó, cercenándole de paso el derecho de defensa de la accionante, quien quedó despojada de toda posibilidad de defensa de sus derechos —en esa específica oportunidad que autoriza la ley—, en cuanto que esa decisión también condujo a señalar “ que la parte demandada no contestó la demanda” (fl. 82, se destaca), vale decir que, in radice, se le consideró silente, a sabiendas de que había protestado airadamente la decisión judicial, mediante la reposición.

Al imponerse, por tanto, una resolución que inhibió la posibilidad material de defensa de la accionante, debe colegirse que con ello se revela la transgresión de sus derechos fundamentales, puesto que por esa misma razón no pudo estar a derecho en el proceso, de donde se desprende que la censura forrnulada traduce un proceder que no está en armonía con el ordenamiento jurídico, particularmente con la nueva normatividad imperante, en cuanto que en el interior de la actuación surtida a continuación de la entrega del apuntado aviso, no se observaron cabalmente las garantías apuntadas que prevé la Carta Política y que refuerza la ley. Muy por el contrario, se le conculcaron, toda vez que no se escuchó su protesta, con prescindencia de cuál hubiera sido su resultado, aspecto que trasciende el presente examen, en cede constitucional.

8. No está demás recordar, por guardar estrecha comunión con lo esgrimido en precedencia, que las funciones atribuidas a los administradores de justicia deben realizarse con apego al nuevo marco constitucional y legal vigente, luego es incontestable que en la labor interpretativa enderezada a brindar la posibilidad de una defensa efectiva y no retórica o nominal, el juez debe actuar en sintonía con los valores, principios y derechos constitucionales y leyes imperantes, antes que rendirle culto a una interpretación que, por exegética y, por ende, ceñida a la literalidad, al mismo tiempo que acentuadamente formalista, socave prerrogativas de indiscutido abolengo constitucional y legal, y que se erigen, como se acotó, en uno de los pilares que estereotipa a un Estado de derecho, y a un sistema respetuoso de las garantías ciudadanas, en el caso que detiene la atención de la Corte, nada menos que el derecho a la defensa, objeto de escrupulosa protección normativa.

Obrar de otra manera, ciertamente, conduce a estimular el sacrificio del adamantino axioma contenido en el artículo 29 de la Constitución, en torno al cual se ha dicho que “...todo trámite debe ajustarse “...al principio de juridicidad propio del Estado de derecho” y “...es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. Es aquel que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho material. Este derecho es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal que pretende dentro de sus fines proteger a los individuos en su dignidad, personalidad y desarrollo...” (Sent. T-0001/93)” (8) .

9. En compendio, la interpretación realizada por el juzgado del conocimiento del proceso de exoneración de alimentos instaurado contra el hoy accionante, en la ahora de ahora, no está acorde con los axiomas que signan la reforma, especialmente con la última parte del artículo 320 ibídem (modificado por el art. 32 L. 794/03), que es justamente el que le concede un término especial de tres días para retirar las copias completas, “...vencidos los cuales, a voces del mismo precepto, “comenzará a contarse el término respectivo” (se destaca), el que de otra manera sería anodino y, par tanto, ayuno de toda eficacia y significación en lo que atañe al ejercicio del derecho de defensa.

De allí que, por las razones esgrimidas, sea menester restablecer el debido proceso, abriéndole paso a la solicitud de amparo formulada por la accionante en tutela, coma quiera que, en las precitadas condiciones, se observa que el señalado recurso de reposición se presentó antes de que expirara el plazo para ese especial propósito.

10. Se ordenará, por ende, retirar el proveído que lesiona la garantía apuntada para restablecer el derecho conculcado, conforme se historió en las consideraciones que anteceden.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia impugnada proferida por la Sala de Familia, de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Concede, en su lugar, la protección incoada a través de la acción de tutela referenciada, respecto de la decisión proferida el 29 de octubre de 2003, dentro del proceso verbal sumario de exoneración de alimentos instaurado por Daniel Picciotto Kassin contra Vivian Lempert Ginzburg.

Ordenar, en consecuencia, al Juzgado 6º de Familia de esta ciudad que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a dejar sin efectos la enunciada decisión, para que tramite y resuelva el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda, de acuerdo con lo expuesto y, claro está, de acuerdo con lo que revele la particular situación fáctica y documental que experimenta el caso litigado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes intervinientes y al funcionario accionado.

Para tal efecto, envíese copia de esta providencia judicial al destinatario de la orden tutelar.

En oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en torno a la eventual revisión».

(Sentencia de tutela, 5 de mayo de 2004. Expediente 110012210000-2004-00042-01. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

(5) Auto del 29 de octubre de 2003.

(6) Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo II, Hugo Alsina, pag. 602.

(7) Artículos 97 a 99 del C. de P. C.

(8) Cfme. Sent. del 16 de abril de 2004, exp. 193-01.

SALVAMENTO DE VOTO

Con la consideración y respeto debidos al criterio que resultó mayoritario en la Sala, debo separarme de la resolución adoptada por ésta, en razón de que estimo que muy lejos está la decisión adoptada el 29 de octubre de 2003, por el señor Juez Sexto de Familia de esta ciudad, y contra la cual enfila sus reproches el accionante, de poder ser tildada como una vía de hecho, como aquí se le califica, pues por el contrario, se trata de una razonable interpretación de la ley procesal, realizada dentro del ámbito de atribuciones que el ordenamiento le confía al juzgador.

Para sustentar la anterior aseveración conviene señalar cómo el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil prescribe que el recurso de reposición debe interponerse, por regla general, mediante escrito presentado “dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto…” recurrido, regla que se enlaza armónicamente con lo previsto en el artículo 331 ejusdem, conforme al cual las providencias judiciales “quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes…” .

Resulta palpable, entonces, que en asuntos como el de esta especie, el recurso de reposición debe proponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que se quiere cuestionar, inclusive si se trata del auto admisorio de la demanda, pues al respecto el legislador no consagró ninguna excepción.

No cabe duda, de otro lado, que los conceptos de “notificación” de un auto (el admisorio de la demanda, por ejemplo) y el de “traslado” (v. gr. del escrito incoativo del proceso) son distintos e independientes, pues el primero alude al acto por medio del cual se ponen en conocimiento de los interesados, real o presuntamente, las providencias judiciales, en este caso concreto, el auto por medio del cual se admite a trámite la demanda, mientras que el otro hace relación al acto por medio del cual quedan a disposición de las partes, usualmente en la secretaría del despacho judicial, ciertos actos procesales que así lo exigen.

En lo concerniente con el traslado de la demanda, es palmario que, conforme a las disposiciones del artículo 87 ibídem, se trata, por regla general, de un acto complejo que, por regla general, se satisface adecuadamente con la notificación del auto admisorio de la demanda y con la entrega de las copias pertinentes, lo que presupone la conjunción, usualmente simultánea, de dos sucesos independientes y de diverso alcance. Sin embargo, suele ocurrir que esos dos actos no sean coincidentes, como acontece, por ejemplo, con las hipótesis normativas previstas tanto en el mismo artículo 87, respecto de la notificación por conducta concluyente y del artículo 320 ídem, relativamente a la notificación por aviso.

Así, respecto de la primera, es patente que atendiendo las prescripciones del artículo 330 del referido estatuto, cuando la parte manifieste que conoce una determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, se entenderá “notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia”, o, si se trata de la presentación del poder judicial, a partir de la notificación del auto que reconoce personería al abogado.

De ahí que en esa hipótesis, el demandado, ya notificado, dispondrá de tres días para retirar del juzgado las copias respectivas, vencidos los cuales “comenzará a correrle el traslado de la demanda”. Sin embargo, es incontrastable que el término que de este modo comienza a correr es el del traslado de la demanda, y así lo afirma perentoriamente la trasuntada regla, pues en lo concerniente con el plazo para recurrir el auto admisorio, no sufre alteración la regla general, de modo que el mismo se computa a partir del día siguiente de aquél en el que se tiene por surtida la notificación del referido proveído.

Algo similar acontece en la hipótesis prevista por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que la notificación allí reglada se entiende realizada “al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”, pero si debe surtirse un traslado con entrega de copias, “el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo”, término que no es otro que el del traslado, lapso este que varía dependiendo de la naturaleza del proceso y que transcurre, como es sabido, para que el demandado pueda ejercer ciertos y determinados mecanismos defensivos que de él dependen, tales como contestar la demanda, proponer excepciones, entre otros, distintos en todo caso del recurso de reposición, el que, como ya se ha dicho, está condicionado a la notificación de dicho auto, no al traslado de la demanda que en él se ordena. Nótese inclusive que el trasuntado precepto alude a que “el notificado” puede retirar las copias del traslado, queriendo subrayar con ello que el demandado ya ha quedado debidamente enterado de la providencia que admite la demanda.

Si las cosas son de ese modo, es diáfano que el recurso de reposición debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la NOTIFICACIÓN del auto, como tajante e ineludiblemente lo ordena el artículo 348 ya comentado, ya que, como repetidamente se ha señalado, el plazo de tres días con el que cuenta el demandado para retirar las copias subordina únicamente el término del traslado de la demanda.

No puede decirse que ese discernimiento de las normas comentadas menoscabe el derecho de defensa del demandado, quien se vería forzado a recurrir sin tener a su alcance todos los anexos de la demanda, pues nada impide que, estando ya notificado, como lo está, del auto admisorio de la demanda y enterado, por ende, de que cursa un asunto en su contra, se acerque al juzgado a consultar lo que estime pertinente para impugnar el auto que le ha sido comunicado, con mayor razón si, como aquí acontece, está impelido a alegar a través del recurso de reposición las circunstancias que estructuran las excepciones previas que quiera aducir.

Y es que al respecto no debe olvidarse que, conforme al mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución Política, el ejercicio de los derechos y libertades en ella reconocidos “implica responsabilidades” y que, por lo mismo, en tratándose de los poderes y facultades procesales es cada vez más acentuada la carga de diligencia que grava a las partes, de quienes se exige actuar emprendedoramente en salvaguarda de sus derechos; es decir, que ellas, atendiendo imperativos de su propio interés, están apremiadas a desplegar ciertas conductas, a riesgo de que sus derechos decaigan, sus facultades se frustren o, en general, que se desgajen en su contra distintas consecuencias desfavorables. He ahí la razón por la cual caducan los derechos que no se ejercen tempestivamente, se convalidan las nulidades no alegadas oportunamente, se declara la deserción de múltiples actos procesales, etc., amén que las reglas de lealtad y buena fe que gobiernan el proceso repelen abierta y frontalmente comportamientos impasibles, negligentes o taimados de las partes, de las cuales se reclama insistentemente diligencia, compromiso y rectitud.

Puestas así las cosas, reluce que en las determinaciones aquí censuradas no asoman la arbitrariedad y el capricho que caracterizan las vías de hecho y sí, por el contrario, afloran razones de toda índole que, como las brevemente expuestas, las explican y justifican con holgura.

Pedro Octavio Munar Cadena 

SALVAMENTO DE VOTO

Amén de las razones expuestas en el salvamento de voto del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, las cuales en esencia comparto, dado que la providencia de que respetuosamente me aparto confunde evidentemente los fenómenos procesales de la notificación, ejecutoria y traslado a efectos de determinar la oportunidad para formular la reposición (CPC, arts. 331, 348), debo anotar que resulta extremada la tesis consistente en que de no extenderse el término de ejecutoria, como si fuera idéntico al de traslado, según lo pregona la mayoría, se quebranta el derecho de defensa del demandado, lo cual no ocurre así en la medida en que éste mediante aviso queda enterado de la existencia del proceso y de la providencia por la cual se admite la demanda, a partir de la cual puede ejercer a plenitud aquel derecho. Obvio que, así, la aplicación de las normas procesales sobre la materia en la forma en que discurrió accionado no permite advertir una vía de hecho.

Silvio Fernando Trejos Bueno 

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