Sentencia 42000 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación: 42000

SP1458-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado acta 40)

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En ejercicio del derecho de impugnación, el defensor del procesado interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Ibagué, con la pretensión que se revoque la condena decretada en contra de su representado, y en su lugar se le absuelva del concurso de delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Como los cargos que formula el demandante no se ajustan en estricto rigor a los postulados del principio de prioridad que de acuerdo con la jurisprudencia consolidada debe regir en sede extraordinaria de casación, la Sala abordara su estudio realizando los ajustes pertinentes, al igual que ofrecerá respuesta conjunta a las censuras que se fundamentan en argumentaciones idénticas.

Cargos frente al aspecto penal

1. Primer cargo (principal).

El recurso de casación, como juicio técnico jurídico a la sentencia, debe estar despojado de cualquier consideración especulativa y ha de adelantarse dentro de precisos parámetros de postulación y comprobación en orden a desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que acompaña a la decisión que pone fin al proceso. Estas formalidades atemperadas pacientemente por la jurisprudencia, lo han dotado de una naturaleza, requisitos y alcances, que lo diferencian claramente del ejercicio dialéctico inherente a las instancias.

En ese sentido, lo ha sostenido la Sala, aunque las nulidades permiten alguna amplitud para su proposición y desarrollo, no puede la demanda en que se invoquen equipararse a un escrito de libre formulación, sino que están sujetas, como las demás causales, a unos insoslayables requisitos, pues si se trata de un medio para preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos procesales, quien las invoque no solo debe acatar los principios generales que rigen este medio de impugnación extraordinario, sino además sustentarlas en debida forma, indicando el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial que alega, la manera como esta socava la estructura del proceso (error de estructura) o afecta las garantías de los sujetos procesales (error de garantía) y la actuación que en virtud del yerro queda viciada.

No sobra recordar que la declaración de nulidad constituye un remedio extremo para sanear la estructura del proceso o salvaguardar las garantías fundamentales de los sujetos procesales.

De esta manera, quien pretenda la anulación de la actuación, además de acreditar con suficiencia la existencia de alguna irregularidad, debe enseñar su carácter sustancial, pues no cualquier defecto puede aducirse para atentar contra la consistencia del proceso.

Debe demostrarse entonces la relevancia del vicio en el resquebrajamiento del proceso, de tal forma que la única ruta posible para garantizar los derechos esenciales de los intervinientes y restablecer la plenitud de las formas propias del juicio como mecanismo idóneo para obtener la realización de la justicia material, sea la declaración de nulidad.

En esta oportunidad se invoca la invalidez de lo actuado por la presunta existencia de una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, en atención a haberse superado el término de 18 meses previsto en el Código de Procedimiento Penal de 2000 para adelantar la etapa de instrucción.

En dicho contexto, el examen de la actuación procesal cumplida permite evidenciar que efectivamente, mediante pronunciamiento del 2 de abril de 2004, el funcionario instructor dispuso el inicio de formal investigación penal, y luego de allegados a la actuación algunos elementos de juicio, el 15 de noviembre de 2005 ordenó su cierre.

Posteriormente, a través de resolución del 10 de marzo de 2006, el mérito probatorio del sumario se calificó con preclusión de la investigación en favor de Miguel Antonio Cuellar Sagastuy por los delitos que le fueran endilgados en la indagatoria.

La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado, en respuesta a la apelación propuesta contra dicha providencia por el apoderado de la parte civil.

El 9 de octubre de 2007 se ordenó nuevamente el cierre de la investigación, y pendiente la calificación del mérito probatorio del sumario, el 2 de enero de 2008 se dispuso la nulidad a partir de la resolución del 9 de octubre de 2007, por cuanto no se había puesto en conocimiento de las partes el informe pericial rendido por el ingeniero mecánico del laboratorio de física del Instituto de Medicina Legal.

El 15 de abril se ordenó el cierre de la investigación, mientras que el 12 de mayo siguiente se calificó el mérito probatorio del sumario con preclusión de la instrucción en favor del procesado, decisión que en razón del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil, fue revocada por la Fiscalía Primera Delegada ante el tribunal el 16 de febrero de 2009, y en su lugar profirió resolución de acusación en contra del Miguel Antonio Cuéllar Sagastuy como presunto responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Indica lo anterior que desde un punto de vista simplemente formal, es claro que en verdad el término de 18 meses previsto para la instrucción, fue superado en esta oportunidad.

Es claro para la Sala que ninguna polémica puede despertar la afirmación relativa a que el trámite procesal ha de cumplirse sin dilaciones injustificadas, no obstante lo cual, cuando se trata de atacar el fallo por quebranto del debido proceso a causa de prolongación de los términos de instrucción, no basta con que la censura señale de modo objetivo el momento a partir del cual los lapsos para adelantar tal fase del proceso fueron superados, sino que se requiere un ejercicio adicional, pues es necesario además señalar si ello ocurrió por la interferencia de la actividad de alguno de los sujetos procesales, por la incuria del respectivo servidor judicial o por su simple capricho o arbitrio.

Lo anterior en razón a que solo en la medida en que tal prolongación del término instructivo sea injustificado puede catalogarse como irregularidad constitutiva de nulidad, en atención a que el simple vencimiento del término no configura per se vulneración de la mencionada garantía, toda vez que únicamente son relevantes en esta materia las dilaciones que menoscaben la estructura del proceso en aspecto sustancial o que ocasionen agravio, tal y como se desprende del inciso 4º del artículo 29 de la Carta Política.

De otra parte, la práctica de pruebas por fuera del término de instrucción no implica la afectación del trámite procesal, sino eventualmente la ilegalidad de los medios probatorios recaudados en esos términos, motivo por el cual, como lo ha precisado esta Sala(1), el cargo en tal caso debe formularse con apoyo en la causal primera de casación, pues tal circunstancia no es apta para resquebrajar la estructura del proceso.

Si bien el demandante indica el momento a partir del cual fue superado el término consagrado en el ordenamiento procesal penal para adelantar la instrucción, se encarga igualmente de exponer el motivo por el cual ello ocurrió, esto es debido a la declaratoria de nulidad de lo actuado en dos oportunidades, sin que lograra en consecuencia acreditar que la prórroga mencionada fuera injustificada, de modo que dejó el ataque a medio camino y traslada de esa manera la carga argumentativa a la Corte, la que quedaría en ciernes de completar el ejercicio demostrativo, lo cual, según se sabe, está vedado en virtud del principio de limitación que orienta el recurso.

Como se desprende del anterior recuento procesal, la irregularidad denunciada por el libelista no es constitutiva de nulidad, en cuanto la prolongación del término de instrucción más allá del lapso previsto en el ordenamiento procesal penal, en manera alguna obedeció al capricho del funcionario instructor, motivo por el cual el cargo no está llamado a prosperar.

2. Segundo cargo (subsidiario).

Concreta esta censura el defensor en la presunta nulidad acaecida en el curso de la audiencia preparatoria por no haberse indagado al representante de la defensa técnica respecto a las peticiones probatorias.

Ciertamente el principio de contradicción, como ejercicio legítimo del derecho de defensa ante la acción estatal, implica el acceso oportuno y eficaz a la justicia penal, a fin de trabar el contradictorio respecto del inculpado, a la par que envuelve la posibilidad de ser escuchado durante todo el proceso con la plenitud de las formas propias del juicio, que se articula mediante acto de postulación e impugnación, y en punto de la actividad probatoria, abarca la posibilidad de solicitar pruebas y participar en su práctica, a fin de verificar su correcta producción, obtención e incorporación, y controvertir su contenido frente al criterio valorativo de los funcionarios judiciales.

La vulneración del derecho de contradicción durante el curso del proceso penal puede ocurrir a través de dos situaciones: I) cuando se mantiene al margen de la actuación al interesado y se impide su ejercicio, por ejemplo, al no vincularlo oportunamente, omitir notificarlo de una decisión que lo afecta, ocultar una prueba debidamente practicada, pretermitir un acto procesal, II) si arbitrariamente se hace nugatorio el ejercicio de un derecho, tal como declarar desierto un recurso sustentado a tiempo, rechazarlo por falta de legitimidad pese a tenerla, no resolver una petición de nulidad pertinente o denegar una prueba conducente.

Sin embargo, en esta oportunidad no se aprecia vulnerada dicha garantía al procesado, toda vez que, en el evento de entenderse que la intención del demandante era cuestionar la ritualidad impartida a la audiencia preparatoria, en manera alguna su reproche está llamado a prosperar, si se tiene en cuenta que dicha diligencia se constituye en la oportunidad para resolver sobre las peticiones elevadas por las partes durante el término señalado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y no el escenario para proceder a su solicitud.

De otra parte, siendo claro que en materia de nulidades rige el principio de convalidación, no es factible que el actor pretenda censurar una actuación que se registró con anuencia de la defensa, sin que en aquella oportunidad se procediera, por ejemplo, a solicitar el uso de la palabra o a denunciar oportunamente la presunta nulidad de lo actuado.

Así las cosas, siendo evidente que la defensa ejercida en aquella época por otro profesional estuvo de acuerdo con la actuación censurada, a ello debe atenerse y por tanto no le es posible de manera tardía reprochar lo que en su momento no reprobó.

Además, en desarrollo del cargo formulado, el demandante se limitó a destacar el incumplimiento del ritualismo, pero no demostró cómo de haberse observado el mismo, la decisión de condena emitida en segunda instancia habría sido sustancialmente diferente.

Por consiguiente, la pretermisión del rito que echa de menos el censor ningún menoscabo real y concreto ocasionó a los intereses que este representa, es decir que la queja carece de trascendencia, de suerte que retrotraer la actuación para que se repita la audiencia preparatoria en los términos señalados, tiene como única finalidad hacer prevalecer lo formal sobre lo sustancial, lo cual va en contravía del principio de instrumentalidad que gobierna la declaración de nulidad.

Por las razones anotadas, la censura no está llamada a prosperar.

3. Cargo tercero.

Denuncia el defensor la estructuración de errores de hecho por falso juicio de identidad, yerros que impidieron concluir que su representado “... no infringió su deber objetivo de cuidado...”.

Se evidencia en toda su manifestación que la falta de entendimiento correcto de la ley que pregona el recurrente, la hace surgir del factum histórico que recoge el proceso, esto es, en la mera confrontación con la problemática del caso particular.

Se opone a los hechos tal y como fueron considerados por el sentenciador de segundo grado cuando cuestiona que hubiere concluido que su representado se desplazaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario, al tiempo que echa de menos el análisis e incidencia de las prendas de vestir que portaba la conductora de la bicicleta, al igual que no hubiere realizado señales manuales que indicaran su intención de atravesar la vía.

En otros términos, no comparte la forma cómo el juzgador analizó la conducta imprudente del procesado, sin conjugar el comportamiento culposo que también observaron las ocupantes de la bicicleta.

Al revés del ejercicio de demostrar que su prohijado actuó dentro de los límites del riesgo permitido que impedía la imputación jurídica del daño a su acción, en realidad mediante un juicio ex ante busca únicamente resaltar la mayor posibilidad de la producción del resultado por las prendas utilizadas por quien conducía la bicicleta, aspecto que en su sentir le impedía desplazarse adecuadamente por la incomodidad extrema en la conducción y lo reducido de su visibilidad, con la consecuente pérdida de equilibrio y falta de movilidad en caso de emergencia, y así desdeña el juicio del sentenciador que como criterio fundamental de imputación tomó el fin de protección de la norma de cuidado, el cual implica que en el daño se refleje la realización del riesgo creado a través de la infracción de aquella, tras encontrar acreditado que el exceso de velocidad y la invasión del carril contrario por parte del automotor fue la causa determinante del accidente.

El examen del contenido del fallo evidencia sin lugar a hesitación que los factores que destaca el censor respecto de la actitud de las víctimas, no fueron desconocidos por el sentenciador, solo que no le merecieron la entidad que reclama el recurrente; simplemente para el tribunal no fueron determinantes para explicar la producción del resultado.

Apela el opugnante a la autoridad de la jurisprudencia del máximo tribunal penal en torno a la teoría del incremento del riesgo, en su propósito de convencer sobre la validez de su argumentación, empero, es preciso recordar que, de antiguo, la crítica de la opinio doctoris no le ha sido extraña, porque se lo considera que no es un criterio que fundamente la imputación de resultado, por corresponder al razonamiento hipotético de cotejar entre la conducta dentro del riesgo permitido, con la realizada por el autor a fin de verificar que sí se aumentó la posibilidad de lesión se le imputará el resultado, análisis que se hace de manera residual ante la dificultad de establecer si el riesgo se ha realizado en el resultado.

Dicha teoría, son palabras de la doctrina, “... incurre, por tanto, en una idea versarista que conduce a esa expansión de la responsabilidad por imprudencia: una vez que una persona se comporta de forma inadecuada ya no se puede delimitar la parte típica de su comportamiento de la parte permitida. Todo su comportamiento es globalmente desvalorado...”(2).

En este concreto particular, es preciso tener presente que el juzgador colegiado una vez consideró el desvalor de la acción y del resultado, o en otros términos examinó la parte objetiva del tipo penal en relación con la infracción de la norma de cuidado del conductor del vehículo y la lesión al bien jurídico protegido, como también su extremo subjetivo (la representación que se pudo tener del resultado), se ocupó de lo concerniente al principio de confianza —entendido como la expectativa del individuo frente a la sociedad al entrañar que cada quien confíe en que los demás asuman y cumplan sus deberes—, y así encontró que nunca le era ajeno a quienes se desplazaban en la bicicleta, no obstante las prendas de vestir que utilizaba su conductora.

Efectivamente, el principio de confianza al estar relacionado con el riesgo permitido es predicable aun respecto de quien actúa imprudentemente, pues aunque obre sin el debido cuidado tiene el derecho de esperar que los demás asuman acciones ajustadas a los reglamentos, como aquí ocurrió respecto de los ocupantes de la bicicleta toda vez que por el número que allí se desplazaba y por las prendas utilizadas por la conductora, intentaron el cruce de la vía confiados en que el vehículo que venía a la distancia no invadiera la vía contraria y menos que se desplazara a excesos de velocidad.

En tales condiciones, la sinrazón de la pretensión torna carente de éxito la censura.

4. Quinto cargo (subsidiario).

Como oportunamente se anunció, la Sala se pronuncia sobre los cargos en el orden que impone el principio de prioridad, motivo por el cual aborda enseguida el análisis del quinto, en cuanto se fundamenta en la causal tercera de casación, esto es, por presunta nulidad de la actuación.

Efectivamente, denuncia el libelista que la sentencia de segundo grado incurrió en nulidad por irregularidad sustancial que afecta el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que contiene una motivación “... sofística, falsa o aparente...”, además que no cumple con las exigencias de debida redacción y técnica formal.

Ciertamente, la motivación de las decisiones judiciales es una garantía que le permite a los sujetos procesales conocer los fundamentos racionales de la decisión, constituye además una barrera a la arbitrariedad judicial que no puede tomar determinaciones sin fundamento o irracionales.

La decisión judicial debe ser siempre transparente, coherentemente lógica, soportada racionalmente sobre la adecuada apreciación de las pruebas y la correcta hermenéutica de las normas jurídicas. Para satisfacer el principio de contradicción, la decisión judicial ha de ofrecer respuestas satisfactorias a los planteamientos de los sujetos procesales que deben saber por qué no se acogen sus tesis u opiniones.

El artículo 170, numeral 4º de la Ley 600 de 2000, exige que la sentencia, entendida como el instrumento judicial mediante el cual se define de fondo sobre la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del sindicado, se encuentre debidamente afincada en un ejercicio lógico intelectivo sobre los hechos y el derecho, a fin de que aquel pueda conocer las razones en que se funda la determinación pertinente, haciendo posible su controversia.

No cabe duda que los defectos de motivación, bien sea por ausencia absoluta, deficiencia sustancial o ambigüedad, conllevan a la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa, pudiendo ser atacados por la vía de la nulidad.

No obstante, este no es el caso, pues revisados con detenimiento los motivos de la decisión condenatoria de segunda instancia, se advierte que existen suficientes razones de hecho y de derecho que establecen claramente la existencia de los punibles imputados al acusado.

Contrario a lo sostenido por el recurrente, el fallo es expreso, coherente, hilado, asertivo, no hipotético ni especulativo y conserva una línea argumentativa respetuosa de una percepción racional probatoria.

En efecto, las pruebas en que se funda la decisión de condena no fueron meramente enunciadas o ligeramente apreciadas, sino que a través de un ejercicio de apreciación objetivo fueron confrontadas entre sí, logrando con solidez palmaria una deducción sobre la responsabilidad del procesado en los delitos que le fueran atribuidos.

Se encuentra un ponderado estudio en el cual el juez colegiado explica por qué considera que en este caso no existe duda en torno a que el acusado Miguel Antonio Cuellar Sagastuy incurrió en exceso de velocidad e invadió el carril contrario, motivo por el cual no es factible afirmar que se trata de un premisa falsa.

De igual manera, indicó los motivos para concluir que no se podía atribuir responsabilidad a la víctima en el accidente, al igual que concluyó que no era factible acudir a la figura jurídica de la compensación de culpas.

La sentencia impugnada agota cuidadosamente todos los extremos de la decisión, y si bien los sujetos procesales podrían afirmar que no están de acuerdo con sus conclusiones o por lo menos con algunas de ellas, en manera alguna pueden afirmar que se trata de una decisión inmotivada, ya que el juez en este caso construyó su decisión sobre el cuidadoso estudio del proceso, además que explica el porqué de cada una de sus conclusiones, esto es, allí no hubo espacio a la arbitrariedad ni a la inmotivación.

Descartó la aplicación del principio de in dubio pro reo por convicción sobre la responsabilidad del procesado, tras señalar porqué no es factible la aplicación de este principio en esta oportunidad.

Respecto a la queja del libelista en torno a que se omitió desarrollar los aspectos señalados en los numerales 2º, 3º, 4º, y 6º del artículo 170 de la Ley 600 del 2000, y en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, se debe recordar que dentro de la dinámica de la formación integral de la decisión judicial, la segunda instancia, máxima expresión del derecho de contradicción, está limitada en su materia al tema de la impugnación, cuya dinámica no es asimilable a una consulta o revisión general e inmotivada de la decisión de primera instancia.

Por el contrario, es una protesta específica y concreta sobre la forma como fueron resueltos algunos temas en la primera instancia que hace el apelante, quien tiene el deber de precisar el motivo de la inconformidad y pedirle con ello al superior jerárquico que se pronuncie sobre ese punto en particular.

Por ello no tiene sentido tomar la decisión de segunda instancia para censurarla por falta de motivación, con el argumento que ella no agota todos los extremos de la sentencia judicial, acusando al tribunal de no haber revisado todo el debate con un nuevo ejercicio de apreciación probatoria y de análisis jurídico.

La decisión de segunda instancia debe ser criticada, cuando no da respuesta a los planteamientos específicos de inconformidad del apelante o la respuesta es inmotivada, arbitraria o anfibológica, pero solo en el tema de la impugnación en esa instancia.

En tales condiciones, se concluye que la censura no está llamada a prosperar, por cuanto la sentencia cuenta con la precisión y claridad necesarias para que los sujetos procesales conocieran los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión jurisdiccional de condena.

5. Cuarto cargo.

La exención de responsabilidad penal por la muerte y las lesiones de las víctimas, también la pretende el casacionista por la vía de la violación indirecta de la ley, debido a supuesto error de hecho por falso juicio de identidad en relación con determinados hechos y circunstancias esenciales y relevantes que conducían a una conclusión diferente a la asumida por el juzgador colegiado, específicamente en cuanto su representado “... no infringió su deber objetivo de cuidado...”.

Su argumento toral obedece al intento de demostrar que aquel no se desplazaba a exceso de velocidad ni invadió en ningún momento el carril contrario.

La observación del contenido del fallo permite concluir sin mayor dificultad que las pruebas reseñadas por el libelista fueron sopesadas y consideradas de manera integral, y en virtud de tales elementos de juicio se desestimó que el automotor marchara por el carril que le correspondía y cumpliera con el límite de velocidad permitido.

Su desplazamiento diagonal desde el carril que debía usar hasta el contrario, se estableció por la forma como quedaron los vehículos involucrados en el accidente y se corroboró de manera contundente con el vestigio de la frenada en su longitud y forma.

La huella de frenada que responde a un fenómeno físico por la fricción de las llantas contra el pavimento por el accionar de la fuerza que genera el freno ante la tendencia a evitar el cambio en el estado de movimiento por la inercia, se analizó por el juzgador en relación con el sistema especial de activación de los frenos previstos en esa clase de vehículos articulados y ello le permitió llegar a la conclusión de la invasión del carril contrario, que no se detuvo inmediatamente.

Cuando se acusa al fallo de violar en forma mediata la norma sustantiva, incumbe al interesado cumplir con un mínimo de requisitos para que la Corte pueda abordar el fondo de la censura, de modo que como en estos eventos se trata de demostrar que las conclusiones de la sentencia no armonizan con la prueba recogida, forzosamente es necesario identificar de qué concreta manera se erró en la apreciación de ella, sin que en ese empeño sea admisible enfrentar la opinión particular con la del juzgador, por cuanto compete acreditar con objetividad, que la equivocada valoración de los elementos de persuasión se enmarca en un falso juicio de identidad, de existencia —por invención o supresión— o de raciocinio, cuando se encuentre motivada en un error de hecho; o falso juicio de legalidad o de convicción, cuando la causa esté en un yerro de derecho.

Pero en este concreto particular es evidente que el censor se aparta de demostrar la apreciación errónea del medio de persuasión, limitándose simplemente a rechazar las conclusiones del juzgador para sobreponer las suyas y edificar el vicio por habérsele restado valor probatorio al dicho del acusado.

En definitiva el hecho de que las conclusiones del defensor no hubieran coincidido con las del Tribunal Superior, en manera alguna significa que se incurrió en un error de estimación probatoria, y en ese orden el cargo no está llamado a prosperar.

Cargos frente al aspecto civil

1. Primer cargo.

Señala el casacionista en esta oportunidad, que el fallo de segundo grado fue emitido en un juicio viciado de nulidad, por cuanto la demanda de constitución de parte civil fue admitida pese a que no reúne los requisitos de ley, específicamente respecto a la prueba de representación legal de los menores.

La determinación de intervinientes en calidad de sujetos procesales, corresponde de modo exclusivo al legislador que señala las oportunidades de su vinculación y facultades que corresponden a cada uno de ellos. Sin embargo, el reproche del demandante se limita a una simple manifestación de inconformidad, que debió alegar en la oportunidad procesal pertinente.

El daño causado da origen a obligaciones de carácter civil, bien que se tenga como su origen el delito, el hecho propio, el hecho de terceros, o de las cosas o animales, o el ocasionado por el ejercicio de las actividades peligrosas; y desde este punto de vista el perjudicado, en cualquiera de las modalidades enunciadas, tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios sufridos.

En el ámbito penal, dicho resarcimiento o reparación del daño tiene como finalidad hacer efectivo el restablecimiento del derecho, y cuando ello no es posible, a ser compensadas por los daños sufridos, es decir, lo que se persigue es dejar a la víctima y a los perjudicados con el delito en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del hecho, lo cual se cumple, en principio, con la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por el ilícito, es decir, que la responsabilidad civil derivada de la conducta punible surge del deber que tiene el responsable de restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuere posible, y de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.

De acuerdo con lo anterior, el actor parte entonces de un supuesto equivocado, en la medida en que pretende asimilar la obligación que tienen los padres para con los hijos, con la obligación que surge de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con el delito, eventualidad esta en que no es aplicable la limitante a que hace referencia en su escrito de demanda.

En tales condiciones, tal y como lo señala el Ministerio Público, es claro que las deficiencias de la demanda de constitución de parte civil ninguna incidencia tienen en la decisión que adopte el Juez respecto de los daños y perjuicios ocasionados con el delito, debido a que su reconocimiento no está supeditado a la existencia de representante de la parte civil, como tampoco a la presentación de la demanda.

De otra parte, los sujetos procesales cuentan con las oportunidades pertinentes para exponer sus consideraciones en torno a las pretensiones de la parte civil, en el entendido que se trata de un problema de litis consorcio facultativo, esto es de partes autónomas, cada una de las cuales con intereses procesales diversos e independientes entre sí.

Por consiguiente, si los mecanismos instituidos para oponerse a la admisión de la demanda de parte civil o a las pretensiones allí incluidas no se utilizan en la debida oportunidad para los fines previstos, en manera alguna la irregularidad referida exclusivamente a tales aspectos puede contaminar la actuación procesal posterior.

En el curso de esta actuación contaron las partes con la oportunidad de expresar sus opiniones en torno al contenido de la demanda de constitución de parte civil, sin que se realizara objeción alguna respecto de su contenido, específicamente acerca de la representación legal de los menores perjudicados.

Adicionalmente, no satisface el planteamiento del libelista las exigencias del principio de trascendencia, acorde con el cual solo si la anomalía afecta realmente la garantía de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento, resulta inevitable la declaratoria de nulidad, y en esta oportunidad, ninguna finalidad loable implicaría declarar la nulidad para otorgar al defensor un término para pronunciarse en torno a la representación legal de los menores, si ya contó con dicha oportunidad y no fue aprovechada en su momento.

Adicionalmente debe agregarse que el artículo 193-2 del Código de Infancia y Adolescencia, valida la representación de la abuela en relación con los menores, cuando convive con ellos, como en este caso, lo cual no es predicable del padre.

Así las cosas, la censura no está llamada a prosperar.

2. Segundo cargo.

Denuncia el casacionista en esta oportunidad la incongruencia manifiesta de la sentencia proferida por el Tribunal Superior con las pretensiones de la demanda, con apoyo en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

Acorde con dicho principio previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, es claro que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas.

En tales condiciones, no le es permitido al juzgador desbordar cualitativa o cuantitativamente la pretensión y sus fundamentos, y por ello si la sentencia que pone fin al debate recae sobre materias no debatidas en el curso del mismo, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia se traduce inexorablemente en una violación clara del derecho de defensa de la parte afectada con ella.

En el caso sometido a análisis se aprecia que las pretensiones de la parte civil difieren de la decisión adoptada por los funcionarios de instancia.

Así, respecto de la acción civil promovida por Maritza Prada Guzmán, los valores pretendidos fueron los siguientes:

— Por concepto de daño emergente $ 5.000.000.

— Por concepto de lucro cesante $ 93.849.000.

— Por perjuicio moral, la suma equivalente en pesos colombianos de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A su vez, en la sentencia de segunda instancia se ordenó cancelar en favor de Maritza Prada Guzmán el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral, y setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño a la vida de relación, para un total de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De acuerdo con lo anterior, se aprecia que no se incurrió en la irregularidad denunciada, por cuanto, de un lado, los perjuicios morales pretendidos alcanzaban el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la condena los limitó a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, se encuentra por debajo de las pretensiones de la parte civil.

Respecto a la condena por concepto de daño a la vida de relación, explicó el juzgador colegiado que ello obedecía a las huellas que quedaron en el cuerpo de la joven que “... reflejan el dolor que debió sentir desde que se produjo el hecho generador de las mismas...” y por “... las deformidades permanentes...” que alteraron su calidad de vida y que le impiden desenvolverse en sus actividades cotidianas y relacionarse en su medio social.

Así, como se trata de un interés no patrimonial, ante la dificultad para su tasación existe un margen de relatividad cuyo límite lo marca la ley al fijar un tope en salarios mínimos legales, a fin de que razonablemente los estime el juzgador.

Además, los setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes ordenados por este concepto, equivalen únicamente a $ 25.060.000,oo si se tiene en cuenta que el salario mínimo para la fecha de los hechos se fijó en $ 358,000.oo.

Por su parte, la demanda instaurada en representación de María Trinidad Lombo y de sus nietos, pretendía los siguientes pagos:

— Por lucro cesante, la cuantía que se determine por medio de un experticio.

— Por perjuicios morales, la suma equivalente en pesos colombianos de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin señalar específicamente a favor de quien se establecía tal condena.

El juzgador dispuso pagar a cada uno de los reclamantes el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral, para un total de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

No se efectuó condena por perjuicios materiales, en ninguna de sus variantes (daño emergente y lucro cesante), por no estar acreditados dentro del proceso.

Comparadas las pretensiones de la parte civil con la decisión adoptada por el Tribunal Superior, se evidencia sin lugar a equívocos que efectivamente pese a haberse solicitado en la demanda de parte civil a título de perjuicios unas determinadas cantidades, en la sentencia se reconocieron unas sumas superiores, lo cual conduce a admitir que sí existe la incongruencia denunciada por el actor, entre la parte dispositiva de la sentencia demandada y las pretensiones propuestas.

El principio de congruencia aparece en el ordenamiento jurídico colombiano como una barrera en contra de la arbitrariedad y límite a las facultades que se otorgan a los administradores de justicia cuando deben resolver un determinado asunto, y en consecuencia, irradia su efectividad al impedir que se emitan condenas por fuera de los límites previamente establecidos, ya en la acusación en cuanto a las consecuencias penales, o bien en las pretensiones de los demandantes en el ámbito de la responsabilidad civil.

Por lo tanto, en tales condiciones, si la decisión a través de la cual se define el asunto sometido a consideración de la administración de justicia recae sobre materias no debatidas en el curso del mismo, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, necesariamente ha de concluirse que se han afectado las garantías de los intervinientes en la actuación.

En tales condiciones, procede casar el fallo en orden a limitar la condena en perjuicios morales a la pretensión expresada por el apoderado de la parte civil en su intervención, en la medida en que la condena a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral a cada uno de los reclamantes supera el monto señalado en la demanda como pretensión de la parte civil.

Así las cosas, el cargo en cuanto se refiere a este específico aspecto, está llamado a prosperar.

3. Tercer cargo.

Se denuncia la infracción indirecta de la ley sustancial por la falta de aplicación del artículo 2357 del Código Civil.

Parte el recurrente de la premisa del reconocimiento por el juzgador del actuar imprudente de las víctimas, y censura que pese a ello se desconoció la disminución en la proporción señalada en dicho precepto respecto de los perjuicios que se ocasionaron con el delito, por el fenómeno de la compensación de culpas.

Según el contenido del artículo 2357 del Código Civil, “la apreciación del daño está sujeta a la reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”, y en esa forma contempla la denominada por la doctrina “compensación o concurrencia de culpas” (paria delicta mutura compensatione dissolvuntur), cuya razón de amortiguamiento o atenuación de la responsabilidad se encuentra en el hecho de que no merece igual protección jurídica el que coopera en el perjuicio que sufre al que es totalmente ajeno al mismo.

En relación con la inteligencia o hermenéutica de este precepto se ha estimado que para que proceda la reducción en la indemnización, no es suficiente con la existencia de la culpa de la víctima sino además es necesario el nexo causal con el daño padecido y su incidencia o relevancia para producirlo.

Según la jurisprudencia civil, “la aplicación de este precepto determina que, primeramente, se deba averiguar por el nexo causal entre la culpa de la víctima —al igual que debe hacerse antes con la del demandado— y el daño padecido, pues solo si aquella tiene incidencia en este hay que considerar dicha culpa con miras a buscar una reducción en la indemnización correspondiente; y seguidamente, o sea después de establecido dicho nexo o incidencia de la culpa concurrente del reo, el juez, en ejercicio de la que le otorga la ley, ha de señalar en qué proporción debe operar la reducción de la indemnización que se reclama”(3).

El juzgador corporativo, imputó la producción del accidente a la infracción de la norma de cuidado por parte del acusado, específicamente por el exceso de velocidad y la invasión del carril contrario.

En esas condiciones, para obtener la reducción de la indemnización a su cargo no le bastaba a los recurrentes con anunciar que la imprudencia de las víctimas existió, sino además demostrar, lo que no hizo, que esta tuvo incidencia en el daño.

Si en la mente del defensor estuvo que por error en la apreciación probatoria el sentenciador desestimó la relevancia o incidencia de la actitud imprudente de los ocupantes de la bicicleta para la producción del daño que sufrieron, lo cierto es que no logró acreditarlo.

Tiene sentado la jurisprudencia que se ocupa de la materia civil, que “la aplicación de las disposiciones atinentes a la denominada compensación de culpas presupone, no simplemente de una actividad imprudente de la víctima, abstractamente considerada, sino también de la existencia de un nexo causal entre ese específico proceder y el daño. De donde hipotéticamente el sentenciador no obstante encontrar demostrados los anotados factores, no aplicase o aplicase indebidamente las disposiciones que regulan el fenómeno en cuestión, sería factible imputarle un error netamente jurídico. Pero si por el contrario, como aquí sucede, el juzgador entiende que la actividad de la víctima no concurrió a la realización del daño, no puede pretender el censor que sé de aplicación a la norma sustancial en cuestión sin antes acreditar que el acervo probatorio indica que tal incidencia sí existió, o, lo que es lo mismo, deberá comprobar que el fallador se equivocó al no haber encontrado en el material probatorio, la demostración de dicha circunstancia”(4).

Como anteriormente se dijo, el juicio ex ante al que acude el libelista busca únicamente resaltar la mayor posibilidad de la producción del resultado por las prendas utilizadas por quien conducía la bicicleta, aspecto que en su sentir le impedía desplazarse adecuadamente por la incomodidad extrema en la conducción y lo reducido de su visibilidad, con la consecuente pérdida de equilibrio y falta de movilidad en caso de emergencia, eventualidad que no logró ser acreditada en la actuación.

Por el contario, el criterio fundamental de imputación se basó en encontrar acreditado que el exceso de velocidad y la invasión del carril contrario por parte del automotor fue la causa determinante del accidente.

El examen del contenido del fallo evidencia que los aspectos señalados por el defensor en relación con la actitud de las víctimas, no fueron desconocidos por el sentenciador, solo que no le merecieron la entidad que reclama el recurrente; simplemente para el tribunal no fueron determinantes para explicar la producción del resultado.

En tales condiciones, el cargo no está llamado a prosperar.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE el fallo impugnado, en orden a limitar la condena en perjuicios morales en favor de María Trinidad Lombo y de sus nietos, a la pretensión expresada por el apoderado de la parte civil en su demanda, esto es, al equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de ellos.

2. DESESTIMAR los demás cargos formulados en la demanda, y en consecuencia, NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 20 de abril de 1999. Radicado 14143.

(2) Bernardo Feijoo. “Resultado lesivo e imprudencia”. JM Bosch, Universidad Externado de Colombia. 2003. Pág. 186.

(3) Providencia G.J CLXXXVIII, pág. 186 CCIV, pág. 73

(4) Cfr. sentencia de casación civil del 28 de agosto de 1978