Sentencia 42001 de junio 2 de 2009

 

Sentencia 42001 de junio 2 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Aprobado Acta 160

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Junio 2 de 2009.

Se pronuncia la Sala acerca de la colisión de competencias negativa planteada entre el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, en relación con el conocimiento de la demanda de tutela instaurada por Yolanda Velásquez Osorio contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Antecedentes

1. Yolanda Velásquez Osorio demandó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por cuanto consideró que aquella Institución vulneró sus derechos fundamentales.

2. El Tribunal remitió el expediente a los juzgados penales del circuito de Medellín en aplicación del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

3. Asignado el asunto al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín, este devolvió el diligenciamiento al tribunal, por cuanto “en reciente pronunciamiento —Auto 124, mar. 25/2009— la Corte Constitucional sostuvo que al juez que por reparto le haya correspondido la tutela, no puede declararse incompetente so pena de incurrir en sanciones disciplinarias, por perjudicar los derechos fundamentales de las personas y por desconocer la informalidad que caracteriza a la acción de tutela” (1) .

4. Por lo anterior el tribunal remitió el expediente a esta corporación para dirimir el conflicto suscitado.

Consideraciones de la Sala

1. Es competente esta Sala para resolver la colisión originada entre el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, por disposición del artículo 54 y 341 de la Ley 906 de 2004, preceptos aplicables al trámite de la acción de tutela que no tiene norma expresa que regule lo concerniente al asunto planteado.

2. Para definir a qué autoridad corresponde el conocimiento del asunto, la Sala debe precisar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa de conformidad con el artículo 2º del Decreto 2160 de 1992.

Esto significa, que el Inpec es una entidad descentralizada del nivel nacional (2) y por ello, las demandas de tutela dirigidas en su contra, deben ser repartidas a los juzgados del circuito de conformidad con el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual “a los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental” —resaltado fuera de texto—.

3. De otra parte hay que precisar, que si bien la Sala comparte la preocupación de la Corte Constitucional expresada en auto de 25 de marzo de 2009, en el sentido de que en algunos casos los “conflictos de competencia con base en el Decreto 1382 de 2000 ha generado que los peticionarios deban sufrir por varios meses (sic) las graves consecuencias de la presunta violación de sus derechos fundamentales mientras los distintos jueces discuten aspectos meramente procesales relacionados con las reglas de reparto; lo cual, además, es muestra de una gran insensibilidad constitucional”, ello no implica que las autoridades judiciales y sus usuarios deban desconocer la citada reglamentación, toda vez que su inobservancia resta eficacia a la administración de justicia de cara a proteger los derechos fundamentales, pues no se puede olvidar que el Decreto 1382 de 2000 fue expedido por la necesidad cierta de “racionalizar y desconcentrar el conocimiento” (3) de las demandas de tutela. Desconocer aquella realidad advertida e el 2000, genera efectos contraproducentes como el ocurrido en el caso sub examine, y emite un mensaje equivocado a las personas, pues las incentiva a promover demandas ante cualquier autoridad judicial, creando caos judicial que en nada ayuda a la protección inmediata de los derechos fundamentales, ni al correcto funcionamiento de la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones ordinarias instituidas igualmente para garantizar los derechos constitucionales.

4. Adicionalmente, “En julio de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º del mismo, denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación.

“De esta manera, habiéndose pronunciado el organismo competente, el resto de la normatividad contenida en el referido decreto mantiene obligatoria aplicación, como desde entonces lo ha venido reiterando la Corte Constitucional” (4) .

En síntesis, considerando que omitir la aplicación del Decreto 1382 de 2000 a fin de evitar dilaciones aisladas en materia de tutela, ocasiona desproporcionadamente desorden generalizado en la administración de justicia y resta eficacia a aquel reglamento ajustado a la Constitución, la Sala remitirá la demanda de tutela promovida por Yolanda Velásquez Osorio, al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín.

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto planteado, asignando el conocimiento del asunto al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín, a donde se remitirá la actuación para lo de su cargo.

2. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Medellín y al accionante, enviando copias de la presente providencia.

Cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

(1) Folio 14 del cuaderno original.

(2) Ley 489 de 1998. Artículo 38 “La rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

2. Del sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

(...)”.

—resaltado fuera de texto—.

(3) Ver parte considerativa del Decreto 1382 de 2000.

(4) Corte Constitucional. Auto 147 del 1º de abril de 2009.

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