Sentencia 42004 de junio 9 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 171

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Bernardo Alzate Gómez

Junio 9 de 2009.

Antecedentes

Los señores Álvaro Botero Restrepo y Jesús María Serna Hurtado, interpusieron acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que casó la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Manizales.

Inicialmente la acción se interpuso ante la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, la cual mediante auto de fecha 22 de septiembre del año 2008 inadmitió para trámite la acción de amparo, ordenando la devolución a sus actores.

Ante esta decisión los accionantes decidieron presentar la tutela en el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en donde se negó el amparo mediante decisión del diez (10) de noviembre del año 2008. Esta determinación fue impugnada y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 19 de diciembre del 2009 declaró la falta de competencia para continuar conociendo de la acción de tutela y ordenó su envió a la Corte Suprema de Justicia, y en el evento en que la Corte no entre a conocer, propuso anticipadamente conflicto negativo de competencia.

Remitido el expediente a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, correspondió en turno de la Sala Plena, a la Sala de Casación Penal de esta alta corporación y ante el impedimento aceptado a la totalidad de los miembros de la Sala que había conocido del recurso de casación, corresponde a esta Sala de conjueces, pronunciarse sobre la misma.

Reseña fáctica

Se tiene conocimiento que la Fiscalía Diez Seccional de Manizales, con base en un informe de prensa del periódico La Patria, ordenó llevar a cabo averiguación previa respecto del contrato celebrado entre la Caja de Vivienda Popular de Manizales, en su condición de entidad compradora y los señores Álvaro Botero Restrepo, Jesús María Serna Hurtado y José Gonzalo Ortiz Aguirre, en su condición de vendedores, de los predios Santa Ana y San Sebastián, previo desarrollo de algunas actividades de remoción de tierras y adecuación adicional de los terrenos para el desarrollo de los planes urbanísticos.

Abierta la investigación penal, se ordenó vincular mediante indagatoria a los señores Mauricio Arias Arango, alcalde de Manizales, en su condición de presidente de la junta directiva de la Caja de Vivienda Popular, Mario Uribe Hincapié, gerente de la misma, Omar Bernal Orozco, quien temporalmente desempeñó la misma función y en su condición de contratistas a los señores Jesús María Serna Hurtado, Álvaro Botero Restrepo y José Gonzalo Ortiz Aguirre.

Al resolver la situación de los indagados se profiere medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el momento de calificar el mérito del sumario, se les llamó a responder por la conducta ya mencionada.

Dentro de la audiencia pública de juzgamiento se varió la calificación jurídica con relación a Mauricio Arias Arango, quien fue acusado por interés ilícito en la celebración de contrato.

Habiendo correspondido el juzgamiento al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales, con fecha 8 de septiembre del 2004, se absuelve a los encausados, considerando para ello, la aplicación del principio del in dubio pro reo, tal como se manifiesta en la página 92 del citado proveído.

A su vez, el Tribunal Superior de Manizales, Sala de Decisión Penal, el 30 de noviembre del 2006 confirmó la sentencia del a quo, al considerar que el principio de presunción de inocencia y la duda no permitía proferir sentencia en su contra.

Ante esta decisión se interpuso recurso de casación por parte de la Fiscal Diez de Manizales, como también por parte del señor Procurador 107 Judicial Penal de Manizales.

Mediante decisión del 9 de abril de 2008 la Sala Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia casó el fallo del 30 de noviembre del 2006 y condenó a los enjuiciados.

Con fecha 21 de octubre del 2008 los condenados señores Álvaro Botero Restrepo y Jesús María Serna Hurtado interpusieron acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señalando que con su actuación se violaron derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad. Se detienen en su escrito en el análisis de la condición de coautores del ilícito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y las causales de procedibilidad de la acción. A su vez, insistieron en su no condición de servidores públicos al no haberles sido atribuida función pública de ninguna naturaleza en relación con el contrato de compraventa que dio origen a la investigación penal.

Sostuvieron los accionantes, que la decisión de la Corte se fundó en un defecto fáctico al considerarlos como servidores públicos para endilgarles el delito de celebración de contrato sin requisitos legales; como también, en un defecto sustantivo en tanto aplica este artículo a un supuesto en el que resulta inaplicable por no encontrarse contemplado en su descripción, insistiéndose en que no se había transferido el ejercicio de funciones públicas y por último la violación directa de la constitución por desconocimiento del principio de legalidad al condenarlo sin que su conducta se pueda ubicar dentro de aquella definida dentro del tipo penal. Se concluye entonces por parte de los mismos que: “Tal encuadramiento no resulta posible en tanto los particulares demandados no eran servidores públicos ni podían ser asimilados a estos debido a que en el momento de la celebración del contrato no ejercían funciones públicas...”.

Consideraciones

Sería del caso pronunciarse de fondo sobre la acción invocada por accionantes; sin embargo, la Sala encuentra algunos hechos de suficiente relevancia constitucional que le impiden hacerlo: En primer lugar, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante providencia del 10 de noviembre del 2008 negó el amparo pretendido, decisión que se encuentra vigente, pues el Consejo Superior de la Judicatura se limitó a declarar su incompetencia para conocer de la impugnación elevada por los accionantes; en segundo lugar, aun cuando esta Sala goza de competencia para conocer de las acciones de tutela presentadas en contra de la Sala de Casación Penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el reglamento interno de la corporación, también lo es que tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en pretéritas ocasiones y recientemente en el auto 124 de 2009 (1) , la competencia para conocer de las acciones de tutela está dada por el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Adicionalmente, si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la de sus Salas de Casación Penal y Laboral, ha evolucionado para dar curso a las acciones de tutela instauradas contra decisiones judiciales, y en particular contra decisiones de sus salas especializadas, bajo el cumplimiento de estrictos presupuestos de procedencia y procedibilidad (2) , también lo es, que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de segunda instancia, ha venido declarando insistentemente la nulidad de las decisiones que en este sentido ha emitido la Sala de Casación Penal (3) , de manera que el asumir el conocimiento de la presente acción se traduciría finalmente, en una pura negación de acceso a la administración de justicia.

Ahora bien, el juez constitucional está obligado a garantizar efectivamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de un procedimiento irradiado por principios de informalidad, sumariedad y celeridad, en el cual debe prevalecer el derecho sustantivo sobre el procedimental (4) , postulados que desconoce la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (actuando como juez de segunda instancia) al no resolver la impugnación, o en su defecto decretar la nulidad de lo actuado por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, invocar la falta de competencia y ordenar el envió a la Corte Suprema de Justicia.

No deja de preocupar a la Sala el tiempo transcurrido desde el momento en que se instauró la acción, hasta la fecha, por cuanto si se tiene en cuenta el no conocimiento por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de primera instancia del Consejo Seccional de la Judicatura que negó el amparo, lo decidido por el Consejo Superior de la Judicatura y lo actuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, encontramos que han transcurrido varios meses en la mera discusión de la competencia, cuando conforme lo analizado, el Consejo Superior de la Judicatura la tiene para conocer de la tan mencionada impugnación, y más aun, cuando se encuentra como precedente la posición de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de decretar la nulidad de lo actuado por la Sala de Casación Penal, en los casos que conoce por vía de impugnación, impidiendo en esta forma el acceso a la administración de justicia por parte de los accionantes.

En este orden de ideas y tomando en cuenta que: i) los accionantes escogieron a prevención como juez constitucional, el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, el cual decidió de fondo la acción de tutela mediante providencia del 27 de octubre de 2008, la cual no ha sido nulitada, ii) Que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria es competente para conocer de la impugnación presentada por los accionantes, iii) Que al continuar el trámite de la presente acción se terminaría por negar el acceso a la administración de Justicia, dada la postura vigente de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, iv) Que recientemente la Corte Constitucional mediante Auto 124 del 25 de marzo último clarificó su posición respecto de la imposibilidad de declarar nulidades por equivocaciones en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Sala de conjueces regresará el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que decida la impugnación presentada por los señores, Botero Restrepo y Serna Hurtado, dejando sin efecto la providencia de fecha 26 de mayo del presente año, mediante la cual se avocó el conocimiento de la acción de tutela a que nos estamos refiriendo.

En mérito de lo anterior la Sala de conjueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Dejar sin efecto el auto de fecha 26 de mayo del 2009 por medio del cual se avocó el conocimiento de la presente acción.

2. Ordenar la devolución del expediente al Consejo Superior de la Judicatura, para que conozca de la impugnación que se interpuso por parte de los accionantes contra la negativa de amparo que se profirió por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Manizales.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Bernardo Alzate Gómez—Francisco Acuña Vizcaya—Guillermo Angulo González—Fernando E. Arboleda Ripoll—Patricia Castro de Cárdenas—Ricardo Calvete Rangel—Diego Eugenio Corredor B.—Yesid Reyes Alvarado—William Monroy Victoria.

Teresa Ruiz Núñez, secretaria.

(1) Ver Auto de Sala Plena de la Corte Constitucional 124 del 25 de marzo de 2009.

(2) Ver entre otras, sentencias de tutela de la Corte Suprema de Justicia, del 23/09/08, Expediente 18816, M.P. Eduardo López Villegas; del 06/10/08, Expediente 18896, M.P. Eduardo López Villegas; 38875 del 09/10/09 M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; 39019 del 21/10/08, M.P. Javier Zapata Ortiz; y 39130 del 28/10/08 M.P. José Leonidas Bustos (esta última providencia fue anulada mediante Auto 2008-00770-3 del 11/12/008 del Dr. William Namén Vargas).

(3) Ver autos de 14 de abril de 2009 Expediente 2009-00370-01, de 11 de abril de 2008, Expediente 2008-00033-00, 00010-00 de 19 de noviembre de 2008, Expediente 2008-02587-01 y 4 de diciembre de 2008, Expediente 2008-02725-01. Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. William Namén Vargas.

(4) C.P., artículo 228.

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