Sentencia 42049 de noviembre 27 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Acta de Sala 393

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 235-3 y parágrafo de la Constitución Política, la Sala es competente para adoptar la presente decisión, aun cuando Withman Herney Porras Pérez no ostente en la actualidad la calidad de gobernador del departamento del Casanare, en tanto la conducta atribuida está vinculada con el ejercicio de las funciones desempeñadas.

2. Valga destacar que el sustento legal de esta providencia lo constituye el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, según el cual, el juez dictará la correspondiente sentencia cuando el implicado por iniciativa propia acepte los hechos y delito o los delitos imputados, circunstancia que le permite al Estado terminar de manera anticipada el proceso penal.

En efecto, como lo acotó la Corte Constitucional en la Sentencia SU 1300 del 6 de diciembre de 2001, la institución de la sentencia anticipada implica renuncias comunes: para el Estado, a seguir ejerciendo sus poderes de investigación, y para el imputado, a agotar los trámites normales del proceso y controvertir las pruebas en que se funda la acusación. Con ella se reconoce que los elementos de juicio aportados hasta ese momento son suficientes para respaldar un fallo condenatorio que parte de la certidumbre del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, certeza corroborada a través de la aceptación integral de los hechos por parte del imputado, entendida como confesión simple.

3. Siguiendo esos derroteros, en la audiencia correspondiente la Sala ilustró al doctor Porras Pérez sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de la sentencia anticipada, esto es, que en virtud de ella renunciaba a los derechos de no auto incriminarse, a ser oído y vencido en juicio, a controvertir la prueba recaudada en su contra y a continuar la fase normal del proceso, tema frente al cual expresó su voluntad de acogerse al mecanismo de terminación extraordinaria y, consecuente con ello, aceptó los cargos conforme con la imputación fáctica y jurídica efectuada en la resolución de acusación.

4. Ahora, como el pronunciamiento anticipado de fallo condenatorio exige además de la aceptación voluntaria y formal del procesado de los hechos imputados, la verificación de la existencia de pruebas indicativas de la comisión del ilícito por parte del acusado, se procede, entonces, a efectuar el correspondiente análisis a efecto de establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta admitida por Withman Herney Porras Pérez como presupuestos de su responsabilidad penal.

4.1. En cuanto al delito de prevaricato por acción corresponde indicar que el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 sanciona al servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

Desde el aspecto meramente objetivo este tipo penal se caracteriza por la divergencia que se presenta entre el contenido de la resolución, dictamen o concepto emitido por el servidor público y la descripción legal o conjunto de normas que regentan el caso específico. En otras palabras, esa característica de palmaria ilegalidad de la decisión surge cuando de manera sencilla y puntual es posible verificar que lo decidido es opuesto a la solución que el ordenamiento jurídico prevé para el asunto analizado.

El concepto de contrariedad manifiesta con la ley hace relación entonces a aquellas decisiones que sin ningún raciocinio o con él ofrecen conclusiones divergentes a lo que, según sea el caso, revelan las pruebas o los preceptos legales bajo los cuales se adopta alguna determinación, de tal modo que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico.

Atendido este marco conceptual, para la Sala es claro que el comportamiento del ex gobernador concreta el tipo penal descrito, conforme se analiza a continuación:

4.1.1. El doctor Withman Herney Porras Pérez desempeñó el cargo de gobernador del departamento del Casanare, según decreto de nombramiento 3271 del 22 de septiembre de 2006 y acta de posesión, entre el 23 de septiembre del año citado y el 31 de diciembre de 2007(8).

4.1.2. Durante su ejercicio recibió el 27 de noviembre de 2007 el Oficio 2007153050451,(9) por cuyo medio la directora de regalías, Amparo García Montaña, informó que ante las irregularidades presentadas en el manejo de los recursos de regalías y compensaciones por parte del departamento del Casanare durante la vigencia 2004, consistentes en la ejecución del presupuesto sin sujeción a los porcentajes de que trata el artículo 14 de la Ley 141 de 1994, se había expedido el 17 de julio de 2007 la Resolución 1010, mediante la cual se adoptaba una medida correctiva en relación con el manejo de las regalías.

La resolución en mención ordenaba en su artículo primero la: “suspensión del giro de recursos de regalías y compensaciones de que es beneficiario el departamento del Casanare, y en consecuencia aplazar la ejecución de las apropiaciones presupuestales financiadas con recursos de regalías y compensaciones en los términos del artículo 28 del Decreto 416 de 2007(10)”.

4.1.3. Atendiendo lo expuesto, Porras Pérez expidió el 3 de diciembre de 2007 el Decreto 0247, por medio del cual dispuso “reducir el presupuesto de ingresos en la suma de tres mil seiscientos noventa y tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos dos pesos con 26/100 ($ 3.693.684.702.26) en el ingreso de regalías y compensaciones monetarias” y consecuentemente “aplazar las apropiaciones presupuestales financiadas con recursos de regalías y compensaciones” por el mismo valor(11).

El acto administrativo fue expreso en identificar las inversiones suspendidas, atinentes todas a regalías petroleras, del 40% -RP40 y 60% -RP60.

4.1.4. si bien el procesado alegó que con este decreto cumplió la obligación impuesta en la Resolución 1010 del 17 de julio de 2007, es lo cierto que dejó de lado varios rubros presupuestales que también manejaban recursos de regalías.

Con oficio de 21 de noviembre de 2008 la dirección de presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Casanare, certificó que las siglas usadas para identificar los proyectos financiados con recursos de regalías,(12) eran entre otras, las siguientes:

NombreConcepto
FAEPRendimientos financieros generados en la subcuenta especial del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera
REFIRendimientos financieros generados a través de la cuenta única para el manejo del recurso de regalías(13)
RP40Giros de regalías para financiar proyectos prioritarios del plan de desarrollo 40%
RP60Giros de regalías para financiar proyectos de cobertura del plan de desarrollo
SF40Superávit fiscal de regalías destinados a financiar proyectos prioritarios.
SF60Superávit fiscal de regalías destinados a financiar proyectos de cobertura del plan de desarrollo.
RCRGReintegro por contratos de regalías
SRCRSuperávit fiscal recursos de capital de regalías
SFRPSuperávit fiscal regalías petroleras

A través de los decretos 259,(14) 271(15) y 274(16) del 16, 24 y 29 de diciembre de 2007, respectivamente, el representante legal de la entidad territorial efectuó traslados del presupuesto de gastos de inversión del departamento, que respondían, conforme con las anteriores siglas a recursos de regalías.

De hecho, los informes de policía judicial 562516 de octubre 28 de 2010(17) y 691967 de junio 29 de 2012,(18) revelan que en el periodo comprendido entre el 4 y 31 de diciembre de 2007, el departamento emitió diversos certificados de disponibilidad presupuestal con cargo a este ítem(19). Partidas que totalizadas ascendían a treinta y cuatro mil ciento setenta y ocho millones trescientos veinticinco mil quinientos veintiún pesos con sesenta y ocho centavos -$ 34.178’325.521.68.

Esta irregularidad fue igualmente advertida por el contralor de minas y energía de la Contraloría General de la República, doctor Octavio Rafael García, quien mediante oficio de 8 de septiembre de 2009 trasladó el resultado de la auditoria gubernamental realizada al departamento del Casanare, según el cual, con la expedición de los decretos 259, 271 y 274 de 2007, la entidad contrarió lo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, en lo relativo a la suspensión y aplazamiento de las regalías petroleras(20).

En el mismo sentido, la directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación, Amparo García Montaña, explicó en declaración rendida el 20 de agosto de 2010(21) ante la Fiscalía General de la Nación, que “Si bien el decreto expedido por la gobernación del Casanare cumplió con el plazo que prevé la norma para su expedición, de acuerdo con los antecedentes soportes de las evaluaciones hechas por los equipos técnicos de la dirección de regalías, se evidenció que con fecha posterior a dicho decreto fueron comprometidos recursos por parte de la administración departamental por más de veintiocho mil millones de pesos, cuando dicha entidad tenía vigente la medida de suspensión en el giro de los recursos, lo que se traduce en un incumplimiento al Decreto 4192 de 2007”(22).

4.1.5. Efectivamente, el artículo 1º del Decreto 4192 de octubre 30 de 2007, que modificó el artículo 28 del Decreto 416 del 15 de febrero del mismo año, reza de manera clara y precisa lo siguiente:

“Cuando se suspenda el giro de las regalías, el representante legal de las entidades beneficiarias de los recursos de regalías y compensaciones, deberá proceder a aplazar la ejecución de las apropiaciones financiadas con los recursos cuyo giro fue suspendido, medida que deberá adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la suspensión”.

La omisión de esta orden, señala la norma, genera las consecuencias fiscales, disciplinarias, penales y civiles previstas en las normas vigentes.

En similares términos el inciso 2º del artículo 121 de la Ley 1151 de julio 24 de 2007, consagra que cuando una entidad territorial sea objeto de la medida de suspensión de giros, no podrá contratar, comprometer u ordenar el gasto con cargo a las apropiaciones financiadas con dichos recursos.

4.1.6. Adviértase, entonces, acorde con las anteriores disposiciones, que la suspensión de los giros de recursos de regalías y compensaciones, y el aplazamiento de la ejecución de las apropiaciones presupuestales financiadas con estos, no traducían reducir el presupuesto de ingresos en la suma de $ 3.693’684.702.26, como lo hizo el mandatario seccional a través del Decreto 0247 de diciembre 3 de 2007, sino en su totalidad.

Con la emisión, entonces, de los decretos 259, 271 y 274 de diciembre 16, 24 y 29 de diciembre de 2007, respectivamente, el doctor Withman Herney Porras Pérez, soslayó de manera palmaria el artículo 121 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 1º del Decreto 4192 de octubre 30 de 2007 que modificó el artículo 28 del Decreto 416 de febrero 15 del mismo año y la Resolución 1010 de 17 de julio de 2007, que prohibían hacer uso de dichos recursos.

Basta leer los actos administrativos en mención para advertir cómo a través de ellos el gobernador certificó la disponibilidad de los recursos a contracreditar, muchos de ellos concernientes a regalías.

Estos decretos fueron la base para la expedición de certificados de disponibilidad que permitieron iniciar trámites precontractuales, no exentos en la normativa que reglamenta la medida coercitiva, en tanto no correspondían a compromisos adquiridos con anterioridad a la expedición del memorando que comunicaba la prohibición de utilización de los recursos de regalías.

En este punto destáquese que la norma autoriza dos excepciones: i) las apropiaciones presupuestales que respaldaran compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las vigencias futuras, debidamente perfeccionados antes de la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones y ii) apropiaciones presupuestales que ampararan licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación, iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones.

A ninguna de estas dos situaciones correspondían los certificados de disponibilidad expedidos con posterioridad a la notificación de la medida correctiva y de allí el desconocimiento de la ley.

4.1.7. Ahora, no es cierto como lo aseguró la defensa, que con la expedición de la Ley 1530 de 17 de mayo de 2012 dicha medida había quedado derogada. De conformidad con esta normatividad, el procedimiento preventivo, correctivo y sancionatorio por el uso inadecuado o ineficiente de los recursos regalías, quedó igual, y así lo prevé el artículo 122 cuando señala:

“De los efectos de la suspensión de giros de asignaciones directas de regalías. Cuando se suspenda el giro de los recursos del sistema general de regalías, el representante legal de la entidad beneficiaria debe proceder a aplazar la ejecución de las apropiaciones financiadas con esta fuente y los saldos en cuenta relacionados con este.

La medida descrita en el inciso anterior, debe adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la suspensión y se mantendrá hasta que la misma sea levantada. La omisión del aplazamiento de las apropiaciones generará las consecuencias fiscales, disciplinarias, penales y civiles previstas en las normas vigentes”.

Así las cosas, surge evidente que con la expedición de las resoluciones 259, 271 y 274 el 16, 24 y 29 de diciembre de 2007, respectivamente, el doctor Withman Hervey Porras Pérez adecuó perfectamente su conducta al tipo penal de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, pues sus contenidos resultan ostensiblemente contrarios a la legislación anteriormente mencionada, de suerte que la tipicidad objetiva del comportamiento es irrefutable.

Asimismo, la tipicidad subjetiva es igualmente diáfana a título de dolo. Es claro que con pleno conocimiento y entendimiento de los elementos que estructuran el delito de prevaricato activo, el acusado se determinó a su realización, es decir, se satisfacen totalmente los elementos intelectivo y volitivo del dolo.

En efecto, de nada valió que la ex directora técnica de presupuesto del departamento del Casanare, en encargo, Jenny Patricia Gutiérrez Montes, advirtiera al mandatario sobre los efectos que implicaba la medida correctiva. En su relato ante la Fiscalía la servidora hizo saber que por su negativa de expedir certificados de disponibilidad que comprometían recursos de regalías, el gobernador Porras Pérez le exigió la presentación de su renuncia al encargo,(23) afirmación que demostró con la entrega en copia, del escrito presentado a su nominador en la oficina de correspondencia interna el 28 de noviembre de 2007, es decir al día siguiente en que el gobernador recibió el memorando comunicando la determinación adoptada, y donde se lee:

“De conformidad con el contenido del presente escrito le indico que mi posición en relación con el asunto se circunscribe en que no se debe expedir certificado de disponibilidad presupuestal alguno que involucre recursos de regalías, por cuanto estas se encuentran suspendidas, circunstancia que debe acatarse a partir del momento en que la administración tuvo conocimiento de la decisión adoptada por el Departamento de Planeación Nacional(24)”.

El anterior suceso fue corroborado por Miguel Gustavo López Casas, jefe de la funcionaria, al relatar que su asesora le había manifestado el 27 de noviembre de 2007 que el gobernador la había citado al despacho para exigirle la suscripción de varios certificados de disponibilidad presupuestal con cargo a los rubros de regalías, y ante su negativa exigió la presentación de la renuncia(25).

Fue tal la presión que ejerció el procesado para este fin, que López Casas también se vio obligado a presentar renuncia al cargo de director técnico de presupuesto el 13 de diciembre de 2007.

En suma, no cabe duda de la actitud dolosa del procesado.

El comprobado abuso funcional vulneró el bien jurídico de la administración pública, por quebrantar normas que buscan priorizar proyectos que garanticen las coberturas en educación, salud, agua potable y mortalidad infantil, fines que persigue la utilización o inversión de los recursos de regalías, de tal modo que el carácter antijurídico del comportamiento ejecutado por el acusado es indiscutible.

La culpabilidad también emerge con la claridad necesaria, porque sin duda consciente de la antijuridicidad del comportamiento, el procesado de forma libre y con plena capacidad de autodeterminación, dadas sus condiciones síquicas y físicas, se dispuso a su ejecución, hallándose en circunstancias de haber actuado de manera diferente, esto es, dentro del marco estricto de la ley.

Lo anterior lo pone de presente, además de los testimonios atrás citados, su profesión de economista, afín con los hechos que originaron su vinculación a este proceso, y su historia laboral. Recuérdese que en los últimos diez años ha ocupado los cargos de tesorero municipal, secretario de planeación municipal y asesor de la Secretaría de Hacienda del departamento del Casanare, actividades demostrativas de su preparación y experiencia en el ramo que le competía decidir.

Desde luego, el allanamiento a cargos expresado por el procesado de forma voluntaria, inteligente e informada, con respeto de sus garantías fundamentales, refuerza lo sostenido, pues es lógico concluir que no de otra manera había dado su asentimiento.

Por manera que, lo consecuente es proferir sentencia de carácter condenatorio al satisfacerse los requisitos del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, es decir, certeza acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad penal del acusado.

1. Determinación de la pena.

Previo a la determinación de la pena, aclárese que la conducta endilgada al procesado se desarrolló en Yopal en el año 2007, cuando aún no estaba rigiendo en este distrito judicial la Ley 890 de 2004 que modificó y adicionó la Ley 599 de 2000, entre otros aspectos, en lo relativo al aumento de las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, en una tercera hasta la mitad,(26) motivo por el cual resulta ineludible aplicar la Ley 599 de 2000, con prescindencia de la norma que hizo los incrementos de la sanción.

Así, de acuerdo con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, la pena para el ilícito de prevaricato por acción se extiende de tres (3) a ocho (8) años de prisión, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) años a ocho (8) años.

El ámbito punitivo de movilidad para este delito está conformado por un primer cuarto comprendido entre 36 y 51 meses de prisión y multa de 50 a 87.5 salarios mínimos mensuales legales; dos cuartos medios que van de 51 a 81 meses de prisión y multa de 87.5 a 162.5 salarios mínimos legales mensuales; y un cuarto máximo hasta 96 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales.

En lo atinente a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se tiene que el primer cuarto está entre 60 y 69 meses, los cuartos medios, entre 69 y 87 y una última fracción que culmina en 96 meses.

Conforme con el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, el espacio de movilidad para fijación de la pena es el comprendido en el cuarto mínimo, esto es, entre 36 y 51 meses de prisión; multa de 50 a 87.5 salarios mínimos mensuales legales, e inhabilitación de derechos y funciones públicas entre 60 y 69 meses, comoquiera que la fiscalía no dedujo circunstancias de mayor ni menor punibilidad.

Atendiendo el texto del inciso 3º del artículo 61 del estatuto punitivo resulta incontrovertible la gravedad de la conducta agotada por el procesado, pues como representante legal del departamento es el primero llamado a respetar el ordenamiento jurídico, y obrar con sujeción a las disposiciones legales.

El daño ocasionado es significativo en la medida en que este tipo de conductas, sin duda, enloda la función administrativa que deben cumplir los ordenadores del gasto en el departamento, para velar por la efectiva realización de los fines del Estado.

Con estos fundamentos, entonces, se parte de una pena de prisión de 51 meses —4 años, 3 meses—; multa de 87.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 69 meses.

Ahora, dada la presencia de un concurso de conductas —para el caso sería dos delitos de prevaricato adicionales—, por la expedición de cada una de las resoluciones. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, la pena se aumentará hasta otro tanto, sin superar la suma aritmética de ellas, debidamente dosificadas.

Atendiendo las pautas del canon citado, se considera suficiente y razonable incrementar la sanción por el concurso, en 36 meses de prisión, 50 salarios de multa y 36 meses para la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas.

Así las cosas, la pena quedaría en 87 meses de prisión, multa de 137.5 salarios mínimos legales e inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas en 105 meses.

Sin embargo, en atención a que el procesado se acogió a la figura de sentencia anticipada antes de llevarse a cabo la audiencia preparatoria, procede la reducción de la pena en proporción de una tercera parte en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad.

Ciertamente mientras el artículo 356-5 de la Ley 906 de 2004, establece una disminución de una tercera parte, la Ley 600 de 2000 prevé una octava parte(27).

Así las cosas, resulta procedente la aplicación del artículo 356-5 de la Ley 906 de 2004, toda vez que se trata de una ley procesal de efectos sustanciales, cuyo reconocimiento resulta más favorable a los intereses del procesado, habida cuenta que posibilita una rebaja de pena hasta de la tercera parte.

De esta forma, efectuadas las correspondientes operaciones aritméticas se tiene que la pena de prisión a imponer es la de cincuenta y ocho (58) meses(28); multa de 91.67 salarios mínimos legales vigentes,(29) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por setenta (70) meses(30).

2. Determinación de los perjuicios causados.

El artículo 56 de la Ley 600 de 2000 prescribe que en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes de la conducta investigada, el funcionario condenará al responsable al pago de los daños ocasionados con el delito.

Como en el caso en estudio no se demostró la existencia de perjuicios materiales y morales derivados del acontecer fáctico materia de este proceso, resulta improcedente emitir condena por ese aspecto.

3. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

Comoquiera que la pena principal a imponer supera los tres 3 años de prisión, el procesado Porras Pérez no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena regulada en el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, habida consideración que no se cumple con el presupuesto objetivo que habilita su concesión.

En torno a la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria, de conformidad con el artículo 38 del Código Penal, esta se otorga cuando concurren los siguientes presupuestos: que la sentencia se imponga por delitos cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos y, siempre que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado, permita el pronóstico serio, fundado y motivado, en el sentido de ausencia de peligro para la comunidad y de garantía de cumplimiento de la pena.

Si bien en el presente caso no se discute el requisito objetivo demandado por la norma mencionada, es claro que el segundo impide otorgar tal beneficio, pues desde el punto de vista del desempeño laboral se tiene que este no es el primer proceso que afronta el ex gobernador por el manejo de los recursos públicos del departamento del Casanare. En su contra pesa sentencia condenatoria por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambos en concurso homogéneo y sucesivo(31).

Como bien se sabe, el departamento del Casanare es una de las entidades territoriales con problemas en las áreas de la salud y los acueductos, temas íntimamente ligados al manejo de las regalías, de allí que sea necesario transmitir a la comunidad el mensaje de la particular tutela y severidad de la sanción que envuelve la afrenta al bien jurídico de la administración pública; adicionalmente, la aflicción de la pena debe corresponder a una retribución justa y proporcional al daño causado a efecto de que la sanción sirva de elemento disuasivo a quienes potencialmente pretendieren infringir la ley, motivo por el cual, resulta imposible su concesión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar penalmente responsable a Withman Herney Porras Pérez como autor de la conducta de prevaricato por acción descrita en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, en concurso homogéneo y sucesivo, vigente para el momento de los hechos y realizada cuando se desempeñó como gobernador del departamento del Casanare, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

2. Condenar a Withman Herney Porras Pérez en consecuencia, a las penas principales de prisión de cincuenta y ocho (58) meses; multa de 91.67 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de setenta (70) meses.

3. No condenar a Withman Herney Porras Pérez por concepto de indemnización de perjuicios materiales derivados de la ejecución de la conducta punible.

4. Declarar que Withman Herney Porras Pérez no se hace acreedor al sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni al de prisión domiciliaria.

5. En consecuencia, se ORDENA que cumpla la pena impuesta en el lugar de reclusión que determine el director del Inpec.

6. Librar por la secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000.

7. Comunicar esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efecto del recaudo de la multa impuesta.

8. En firme esta providencia, remítase la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

Contra este fallo no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Folios 52 a 55 del cuaderno o. 1.

(9) Folios 89 del cuaderno o. 1.

(10) Folios 33 a 37 del cuaderno anexo 2A.

(11) Folios 4 y siguientes del cuaderno o. 1

(12) Folios 82 y siguientes del cuaderno anexo 2.

(13) El artículo 33 del Decreto 416 de 2007 establece: “Los rendimientos financieros que generen las regalías directas se deberán destinar a las mismas finalidades del recurso origen”.

(14) Folios 12 y siguientes del cuaderno o. 1’0.

(15) Folio 18 del cuaderno o. 1.

(16) Folios 25 y siguientes del cuaderno o. 1.

(17) Folio 284 del cuaderno o. 2.

(18) Folio 113 del cuaderno o. 3.

(19) En oficio del 21-11-08 la directora técnica de presupuesto relacionó las siglas que identifican en el presupuesto los gastos financiados con recursos de regalías.

(20) Folio 79 del cuaderno o. 1.

(21) Folios 236-254 del cuaderno o. 1.

(22) Folio 281 del cuaderno o. 1.

(23) Folios 45 y siguientes del cuaderno o. 3.

(24) Folios 51 del cuaderno o. 3.

(25) Cfr. declaración de 4 de octubre de 2010. Folio 162 del cuaderno o. 2.

(26) Artículo 14.

(27) Cfr. Sentencia 25306 de abril 8 de 2008 y 25304 de abril 16 del mismo año.

(28) La disminución de la 3ª parte se encuentra representada en veintinueve (29) meses, es decir que 87 menos 29, arroja un resultado de 58 meses.

(29) La 3ª parte de 137.5 salarios, es 45.83, aplicada la operación, el resultado es 91.67.

(30) La rebaja aplicada en este caso fue de 35 meses, restada a 105, arroja 70.

(31) El 13 de marzo de 2013 se profirió condena por 18 años y 6 meses de prisión. Radicado 37858.